El
mantenimiento de la ocupación en Iraq depende cada vez más de la
seguridad privada
Por
Sinfo
Fernández Navarro(*)
CSCAweb, 07/05/04
"Una
de las consecuencias más graves de la presencia y aumento del número
de compañías y de integrantes de las mismas es que el precio de esta
entente entre militares y compañías está aumentando
vertiginosamente, detrayendo fondos del presupuesto previsto para la
reconstrucción de Iraq. La APC estimó en sus inicios que los costes
de seguridad consumirían el 10% de los 18.000 millones de dólares
del dinero de la reconstrucción aprobado por el Congreso. [...]
Estimaciones realizadas por el propio gobierno de EEUU confirman que
ese porcentaje ha aumentado por el momento hasta el 25%"
En el
contexto de las operaciones que lleva a cabo la resistencia en Iraq,
la práctica de los secuestros de civiles no puede dejar de asociarse
con el fenómeno de la privatización de la seguridad que ha
convertido al Iraq ocupado en un escenario donde confluyen mercenarios
de toda procedencia al servicio de empresas de seguridad privada
estadounidenses y de otros países que ofertan protección a la
autoridad de la ocupación e igualmente a las empresas que pretenden
hacer negocio en Iraq.
Como ya
se ha informado anteriormente [1], el fenómeno de la privatización
de la guerra que se está llevando a cabo de forma paradigmática en
Iraq ha derivado en que las compañías privadas de seguridad asuman
una gran diversidad de funciones que tradicionalmente se encomendaba a
los militares. En los conflictos en los que EEUU ha intervenido hasta
ahora no se ha experimentado ningún conjunto de hechos y actuaciones
similares ni en extensión ni en profundidad. En efecto, la asociación
acelerada entre los militares y las compañías de seguridad privada
ha excedido todas las previsiones.
Funciones
de las compañías de seguridad privada
Al
principio una de las funciones encomendadas a las compañías privadas
de seguridad era la de vigilar los innumerables proyectos de
reconstrucción que EEUU, a través de la Autoridad Provisional de la
Coalición (APC) dirigida por el procónsul Bremer, pretendía llevar
a cabo en Iraq. Pero debido a la aparición e incremento de la
resistencia armada iraquí en todo el país esa función se ha visto
prácticamente paralizada y carente de sentido: no hay proyectos que
vigilar porque nadie puede ni quiere invertir en un país en el que la
situación de guerra no ha cesado al resistirse sus ciudadanos a
aceptar el papel en comparsas que les asignaban los planes del equipo
y beneficiarios del presidente Bush: hace pocos días los medios de
comunicación daban la noticia de que Siemens y General Electric
abandonaban el país ante la imposibilidad material de desarrollar
ningún proyecto [2].
Esa misión
de vigilancia ha ido derivando progresivamente a funciones diferentes
de las previstas como consecuencia de la veloz espiral de
acontecimientos que ha sorprendido a las fuerzas de ocupación.
Fundamentalmente, las compañías privadas de seguridad empezaron a
asumir tareas de seguridad directamente al servicio de la APC y de sus
altos funcionarios, incluido el propio Bremer [3]. Sus misiones son
defender lugares esenciales y neurálgicos de la APC, incluyendo sus
15 cuarteles regionales e incluso la denominada "Zona
verde", situada en el corazón de Bagdad y donde se ubica el
centro de poder de EEUU en Iraq; escoltar convoyes de suministros a
través del territorio donde opera la resistencia y, finalmente,
desarrollar acciones de combate.
¿Quiénes
integran esas compañías llamadas de seguridad?: miles de individuos
provenientes de todo el planeta aunque contratados mayoritariamente
por compañías con sede estadounidense con presencia en Iraq. Así,
se pueden hallar comandos navales de Carolina del Norte; gurkas de
Nepal; soldados del anterior régimen del apartheid sudafricano,
comandos con antiguos miembros del Ejército chileno, soldados del
disuelto Ejército de la extinta URSS, etc. La cifra de los
mercenarios de estas compañías en Iraq oscila dependiendo de la
fuente consultada. Así, para Randolph Holhuf, son 15.000, según
Robert Fisk y Patrick Cockburn, 18.000 y para David Barstow alcanza
hasta 20.000, sobre una presencia militar multinacional de 153.000
efectivos, de ellos 130.000 estadounidenses.
Los
mejor pagados proceden de unidades de élite de fuerzas especiales de
todo el mundo. Algunas de las compañías de seguridad más poderosas
han llegado incluso a componer sus propias "Fuerzas de Reacción
Rápida" y sus propios servicios de inteligencia que elaboran
informes diarios con una red de mapas de "Zonas calientes",
disponen de helicópteros e incluso algunas de ellas han llegado a
fraguar determinadas alianzas con clanes locales.
Competencia
entre Ejército y seguridad privada
Sin
embargo, no todas disponen de tantos medios y ante el número
creciente de muertos que se va produciendo entre estas fuerzas, el
sector ha empezado a reclamar armamento pesado con mayor potencia de
fuego, ya que, además, se quejan de que las fuerzas militares de la
coalición no dan apoyo a sus peticiones de ayuda cuando se han visto
sorprendidos y atacados por la resistencia, como ocurrió en la ciudad
de Kut, al sureste de Bagdad, donde ucranianos integrantes de las
fuerzas de la coalición hicieron caso omiso de las llamadas de
socorro de cinco guardias de seguridad personal del grupo Hart, una
consultora de seguridad registrada en Bermudas y dirigida por un
antiguo oficial de las fuerzas armadas británicas, Richard Bethell,
hijo de lord Westbury. Ese incidente en Kut no ha sido un hecho
aislado; se ha repetido en otras ciudades como en la de Hit, situada a
180 kilómetros al oeste de Bagdad, en la provincia de Mosul. Tendría
una cierta lógica dado que los soldados de las fuerzas de ocupación
no ignoran lo que cobran esas otras fuerzas especiales de seguridad y
parece que ese pequeño detalle no ha permitido que aflore mucha
solidaridad en sus corazones.
Ha
habido intentos de llegar a acuerdos pero no parece fácil
conseguirlos, ya que sería necesario clarificar numerosos elementos
confusos y mientras tanto la línea divisoria entre compañías
privadas de seguridad y unidades de combate se va difuminando poco a
poco. Este hecho se vio claramente durante el cerco a los cuarteles de
la APC en Nayaf a primeros de abril, que afectó a la compañía
estadounidense de seguridad Blackwater. Para esta compañía
trabajaban los cuatro mercenarios asesinados y luego mutilados en
Faluya, hecho a partir del cual se difundió masivamente a nivel
internacional el fenómeno de la privatización de la seguridad en el
marco de la ocupación de Iraq.
Para
Michael Donovan, del Centro de Información de la Defensa en
Washington, "[...] definir qué papel vamos a permitirles cumplir
es una cuestión plagada de arenas movedizas". Y así, según
avanza el poderío de la resistencia en una zona de guerra donde no
existe un frente definido, estas compañías de seguridad se han ido
implicando cada vez más en los combates, acrecentando con ello el
resentimiento de los iraquíes contra los civiles de la seguridad
privada.
Esta
situación también alarma a expertos en Defensa y a algunos
dirigentes del partido Demócrata de EEUU, que estiman que la
seguridad en un área hostil es una misión militar clásica y que
delegarla en compañías privadas plantea cuestiones graves. Uno de
los miembros del Comité de Servicios Armados, el senador Jack Reed,
de Rhode Island, escribió a principios de abril una carta al
secretario de Defensa Rumsfeld, firmada también por otros doce
senadores demócratas, en la que le transmitían su preocupación por
haber delegado en compañías privadas la misión de la seguridad en
un área de combate. No obstante, en cada estallido de violencia se ha
ido viendo cada vez más claramente la amplitud y la importancia
estratégica de la alianza ente el Pentágono y la industria de
seguridad privada.
La
creciente dependencia de la Administración Bush de las compañías de
seguridad privada no es tampoco producto del azar. Muchos funcionarios
del Pentágono y de la APC aceptan ahora que el papel en expansión de
las compañías es también resultado del equivocado optimismo de la
Administración acerca de cómo los iraquíes iban a recibir los
proyectos estadounidenses de reconstrucción.
El
precio de la seguridad privada para la ocupación
Una de
las consecuencias más graves de la presencia y aumento del número de
compañías y de integrantes de las mismas es que el precio de esta
entente entre militares y compañías está aumentando
vertiginosamente, detrayendo fondos del presupuesto previsto para la
reconstrucción de Iraq. La APC estimó en sus inicios que los costes
de seguridad consumirían el 10% de los 18.000 millones de dólares
del dinero de la reconstrucción aprobado por el Congreso. Pero tras
meses de sabotajes y otras operaciones de la resistencia, algunos
funcionarios dicen ahora que un porcentaje mucho mayor irá a parar a
las compañías de seguridad, que cobran entre 500 y 1.500 dólares al
día por sus mercenarios más especializados.
Stuart
W. Bowen, el nuevo inspector general de la APC, declaró en una
entrevista telefónica desde Bagdad que "[...] La situación
actual de amenaza requiere ahora que un porcentaje sustancial e
inesperado de los dólares destinados a reconstrucción se dediquen a
seguridad privada; las cifras se han elevado hasta alcanzar un
25%". Mark J. Lamer, el funcionario del Pentágono responsable de
supervisar los contratos del Ejército que se establecen en Iraq,
manifestó que había considerado cifras parecidas. Estimaciones
realizadas por el propio gobierno de EEUU alcanzan por el momento la
misma cifra del 25% de esos 18.000 millones de dólares previstos para
la reconstrucción del país. Como consecuencia directa, buena parte
del dinero que debería ir destinado a proyectos de reconstrucción de
servicios e infraestructuras como escuelas, hospitales, plantas de
tratamiento de agua, líneas eléctricas, etc. han sufrido un retraso
o han sido simplemente cancelados.
Recientemente
se ha conocido otro dato referido al aspecto y volumen económico al
que se está llegando con estas compañías: el gobierno
estadounidense abrió una licitación hace pocos días para otorgar un
nuevo gran contrato por valor de 100 millones de dólares para vigilar
la "Zona verde" en Bagdad. Bush está obteniendo un doble
provecho al confiar en estas compañías: le sirven tanto para
enmascarar el coste de la guerra como para ampliar el número de
fuerzas no uniformadas.
¿Quién
controla las compañías de seguridad privadas?
No hay
un control central sobre las compañías, no hay normas de contratación,
no hay pautas consistentes para supervisar o preparar nuevos
contratos. Algunos guardias de seguridad se quejan por tener que
intervenir en combate sin armas, sin preparación ni equipos
adecuados. Además, la comunicación entre los mandos militares y los
guardias de seguridad no funciona ni se coordinan las operaciones.
Es ahora
cuando los funcionarios de la APC están trabajando para preparar
normas para las compañías privadas de seguridad. Las normas requerirán
que el ministerio del Interior iraquí registre e investigue a todas
las compañías. Se les reconocerá el derecho de detener a civiles y
utilizar fuego mortal en defensa propia o en la de sus clientes. Son
las propias compañías de seguridad, sobre todo las más poderosas,
las que han presionado para la creación de una normativa arguyendo
que una afluencia de compañías pequeñas y sin experiencia ha
contribuido a crear un ambiente caótico. El experto en la industria
militar privatizada Peter Singer ha comparado la situación en Iraq
con el "salvaje Oeste". Según Jerry Hoffman, ejecutivo jefe
Grupo Armor, una gran compañía de seguridad que opera en el Iraq
ocupado, se deben elaborar políticas que sean "justas,
igualitarias y respetables", alegando que sus servicios han
evitado que miles de tropas entraran en operaciones de combate.
El
secretario de Defensa Rumsfeld también ha alabado el trabajo de las
compañías de seguridad y se ha mostrado disconforme con la opinión
de que estaban siendo presionados para entrar en acción sustituyendo
a tropas con niveles inadecuados.
Los
muertos aumentan mientras los buitres hacen negocio
Las
palabras no acompañan a las imágenes reales que se producen en Iraq.
En el mes de abril durante una conferencia en Filadelfia, un
funcionario del gobierno hizo publicidad de Iraq ante docenas de
empresarios interesados en conseguir contratos de reconstrucción.
William H. Lash III, antiguo funcionario del Departamento de Comercio,
sostuvo que Bagdad estaba floreciendo, que los restaurantes y los
hoteles estaban volviendo a abrir. Habló de que conducía por Bagdad
y se sentía fuera de lugar llevando un chaleco blindado entre iraquíes
normales. Pero la realidad de Iraq es mucho menos optimista. Según
Michael Battles, cofundador de la compañía de seguridad Custer
Battles "[...] Estamos aquí realmente en una situación sin
precedentes. Los contratistas civiles están trabajando en medio de
las partes hostiles de un conflicto o en un escenario
post-conflicto".
El
Departamento Federal de Trabajo de EEUU encargado de las reclamaciones
de compensación de los trabajadores por muertes y heridas entre los
empleados contratados que trabajan para los militares en zonas de
guerra ha registrado desde el comienzo de 2003, reclamaciones por 94
muertes y 1.164 heridos. En contraste, el conjunto entre 2001 y 2002
ascendió a 10 muertes y 843 heridos. No se dispone de un análisis
preciso nación por nación, pero los funcionarios del Departamento de
Trabajo sostienen que desde el año 2003 una mayoría abrumadora de
los casos se han producido en Iraq.
Los
mercenarios que operan en Iraq están en su mayoría en nómina de
EEUU a través de contratos directos con las agencias gubernamentales
o indirectamente a través de subcontratos con compañías contratadas
para reconstruir Iraq.
Global
Risk Strategies, una de las primeras compañías de seguridad en
entrar en Iraq, ha pasado de 90 guardas de seguridad a comienzos de la
invasión de Iraq a la actual de 1.500. La Fundación Steele también
ha crecido de 50 a 500. Erinys, una compañía muy poco conocida en la
industria de seguridad antes de la guerra emplea ahora unos 14.000
iraquíes.
En
muchos casos, las compañías se están adaptando a los peligros de
Iraq copiando las tácticas perfeccionadas en los equipos de las
fuerzas especiales. Michael A. Janke, jefe de operaciones de la compañía
Special Operations Consulting-Security Management Group, ha reclutado
informantes iraquíes que confeccionan notas de inteligencia para
avisar a las compañías de la existencia de situaciones de riesgo. La
combinación de una insurgencia mortal y miles de millones de dólares
para ayuda ha desatado poderosas fuerzas de mercado en la zona de
guerra. Nuevas compañías de seguridad compiten frenéticamente por
conseguir contratos lucrativos. La mencionada compañía Fundación
Steele rechazó recientemente un contrato de 18 millones de dólares
para una empresa que quería una fuerza de seguridad desplegada en
pocos días; Steele dijo que no podía encontrar suficientes guardias
cualificados de forma tan rápida, sin embargo, otra compañía se
apresuró a conseguir el contrato.
Al
principio de la guerra los contratistas de seguridad privada procedían
en su mayoría de fuerzas de élite de operaciones especiales. Era fácil
examinar las credenciales en un mundo que es bastante reducido. Pero
como la demanda aumenta también lo hace la dificultad de encontrar e
investigar a gente cualificada. "¿En qué punto estamos
empezando a rozar los límites?, preguntó Simon Faulkner, jefe de
operaciones de Hart, una compañía de seguridad británica, ante el
desconocimiento sobre la procedencia y personalidad de sus reclutados.
En este orden de cosas, se ha sabido que un subcontratista de Erinys
tenía personal procedente de las fuerzas de seguridad de la etapa del
apartheid sudafricano con algún criminal reconocido entre sus
miembros. Se le hacen pocos ascos a cualquier posible recluta y se
confía en las compañías de seguridad para todo.
¿Cómo
distinguir entre fuerzas militares y guardias de seguridad?
Para los
contratistas de seguridad privada las normas del contrato son
aparentemente simples: pueden defenderse pero no realizar ofensivas.
Los expertos legales militares dicen que se arriesgan a ser tratados
como combatientes ilegales si apoyan a unidades militares en combates
hostiles. Pero en Iraq la resistencia no hace distinciones entre
tropas combatientes y guardias de seguridad privada que considera en
cualquier caso fuerzas de ocupación al estar asociadas a los
proyectos de la APC. Al haber convertido los convoyes y los edificios
de la APC en objetivos esenciales, los guardias de seguridad son
igualmente objetivos militares de la resistencia. Es en estos casos
donde se borra la distinción entre la función de proteger con la de
atacar. Un ejemplo: hace dos semanas, durante un ataque importante al
edificio de la APC en Nayaf, ocho contratados de seguridad de
Blackwater USA respondieron disparando miles de balas hasta que se
agotaron sus municiones y tuvieron que pedir refuerzos a los helicópteros
de su propia empresa.
Patrick
Toohey, vicepresidente para relaciones con el gobierno de Blackwater,
describe las acciones de sus hombres incurriendo en abierta
contradicción: por un lado, habla orgullosamente sobre cómo los
hombres de Blackwater "lucharon y atacaron con fuego de precisión
a cada insurgente" y, por otro, insiste en que sus hombres no habían
entrado en combate y que era tan sólo una misión de seguridad. La línea,
como se indicaba, se sigue borrando. Y cada vez se borrará más si
las compañías de seguridad privada siguen presionando y consiguen
permisos para llevar armas pesadas.
Encontrar
líneas de autoridad y vías de comunicación resulta complejo. Muchos
guardias de seguridad son contratados como "contratistas
independientes" por compañías que, a su vez, son subcontratadas
por las grandes compañías que pueden también haber sido contratadas
por una agencia de EEUU. En términos prácticos estas relaciones en
espiral tienen como consecuencia que las autoridades en el gobierno no
llevan a cabo ninguna supervisión de las compañías de seguridad
bajo nómina pública. Aunque en algunos casos el gobierno insiste en
que están sujetos a normas detalladas.
Los
funcionarios del gobierno y los ejecutivos de las compañías aceptan
que los guardias privados tienen todo el derecho a abandonar sus
puestos si se ven en una situación muy insegura ya que no están
sujetos al Código de Justicia Militar ni pueden ser perseguidos por
leyes civiles en caso de deserción. En ese sentido, el caso de Scott
Earhart es ilustrativo. Dejó Iraq al no aceptar los riesgos que le
pedían que corriera sin entrenamiento ni protección adecuada. Había
sido contratado por Custer Battles como entrenador de perros para una
compañía de detección de bombas. Pero se marchó alegando que ni
las armas ni el chaleco blindado que le habían entregado reunían los
mínimos necesarios. La compañía lo niega.
En un
cambio de papeles inusual, el impulso para dotar de normas a la
industria privada está partiendo de los propios ejecutivos de
seguridad. En Washington, los abogados del Pentágono están revisando
las normas que rigen las compañías de seguridad y al mismo tiempo la
APC y funcionarios iraquíes están preparando también normas de
actuación que, al parecer, según ha manifestado desde el anonimato
un funcionario de Defensa, estarán desarrolladas para mayo.
Igualmente, se afirma que los mercenarios de la seguridad privada
trabajarán bajo control político iraquí a partir del 30 de junio,
fecha señalada para la transmisión de soberanía, por parte de la
APC a una nueva instancia iraquí.
Notas de
CSCAweb:
(*) Sinfo
Fernández ha elaborado esta nota para CSCAweb utilizando las
siguientes fuentes: www.guardian.co.uk; 'The New York Times', 19 de
abril de 2004; 'The Guardian', 17 de abril de 2004; y 'The Star', 13
de abril de 2004.
1. Véase
en CSCAweb: Sinfo Fernández: Tras los sucesos de Faluya. Soldados,
mercenarios y empresarios: La privatización de la guerra avanza en el
Iraq ocupado y enlaces relacionados.
2. En el
mes de abril de 2004, 25% de las compañías privadas se habían
retirado de Iraq por motivos asociados a la inseguridad física y
financiera (véase en CSCAweb la nota 3 del texto: Quiebra de la
ocupación militar de Iraq: EEUU presiona para la aprobación de una
nueva resolución de NNUU, mientras renuncia a asaltar Faluya).
3. El
propio Bremer hace descansar su circulo de seguridad inmediato en
agentes de seguridad privada y no en miembros del ejército de EEUU.
Ello no debe resultar extraño habida cuenta de que previamente a ser
nombrado procónsul de Iraq, Bremer dirigía desde el 11 de septiembre
de 2001 una empresa de "servicios contraterroristas"
dirigidos a las grandes multinacionales estadounidenses (véase en
CSCAweb: El 'Procónsul' Bremer: administrar Iraq como una empresa
privada).
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