Pieza clave del mantenimiento de la ocupación:

Un vacío legal garantiza plena impunidad a los mercenarios contratados en Iraq

Por Sinfo Fernández Navarro (*)
CSCAweb, 02/08/04

Nadie puede sorprenderse por el estado de ruina general en el que la guerra de 2003 y la posterior ocupación militar han subsumido a Iraq. La violencia de los ocupantes y los sabotajes de los insurgentes han socavado profundamente hasta límites incalculables y trágicos la situación cotidiana de la población, por ejemplo, ya en pleno verano, en relación al suministro eléctrico y las posibilidad de refrigeración de domicilios y hospitales, de almacenes de alimentos, etc.[1]. Únase a todo esto los preámbulos vividos a través de una década de guerra con Irán propiciada por Occidente con EEUU a la cabeza; súmese también la primera Guerra del Golfo (con una destrucción de infraestructura civil cifrada por las propias Naciones Unidas en varios miles de millones de dólares), los doce años posteriores de sanciones y la situación final nos llevará hasta un cocktail explosivo de desmantelamiento de las infraestructuras en todos los ámbitos. Por eso, ¿a quién puede extrañarle que según la encuesta encargada por la anterior instancia de poder en Iraq, la Autoridad Provisional de la Coalición (APC), y de cuyo resultado daba cuenta The New York Times, la gran mayoría del pueblo iraquí quiera que las tropas ocupantes salgan definitivamente del país?

Mercenarios y contratistas

Como refleja Stewart Nusbaumer en un reciente artículo [2], la Administración Bush sobrevaloró la capacidad de sus militares que según se ha demostrado carecen realmente de habilidad, formación, comprensión y, por supuesto, interés para poder controlar y dirigir un país de 25 millones de personas abocadas a un profundo estado de resistencia civil y armada frente a la indignación y frustración que provoca la ocupación. Si en algo son hábiles los militares estadounidenses es precisamente en reventar situaciones y después largarse sin solucionar nada dejando el caos sobrenadando.

Los militares del Pentágono tienen amplia experiencia en los resultantes de sus aventuras militares. Vietnam les enseñó una lección que, de aprovecharla, hubiera resultado muy valiosa: aunque su poder militar sea el más fuerte del mundo, existen unos límites a ese poder que no pueden ignorar. Y que el adversario más difícil es precisamente el que no sigue las normas tradicionales de la guerra.

Sin embargo, fueron los halcones civiles de la Casa Blanca y sus intereses económicos, y los de las compañías privadas con las que mantienen firmes lazos, los que insistieron en el ataque militar contra Iraq. La oposición asentada en el exterior -con el ya periclitado Chalabi y el actual primer ministro Allawi a la cabeza- llevó a la Administración Bush a pensar que sus tropas serían recibidas como liberadores y que campañas del modelo Conmoción y Pavor acobardarían a todos los que ellos consideraban criminales. Quizá tuvo también algo que ver su profunda ignorancia, ¿su demencia?, su arrogancia, sus mentiras, su absoluto desprecio hacia la dignidad y las capacidades de otros pueblos

Todas las previsiones falsamente levantadas han llevado hasta la presente situación. La economía nacional permanece muerta, sin inversiones y sin esperanza. Poco más de un año después de la declaración por Bush del fin de la guerra, la resistencia armada en Iraq ha continuado creciendo y extendiéndose, pudiendo alcanzar también en el comprometido año de las elecciones estadounidenses al resultado de las mismas, que se presenta cada vez más incierto para los republicanos, aunque su actual presidente, ante el riesgo de no resultar reelegido, esté dispuesto a dar otro quiebro más a la situación obsequiando a sus ciudadanos con una nueva letanía de amenazas para la patria que aconsejaría retrasar la fecha de las elecciones.

Con las tropas en franco retroceso, el vacío se ha ido llenando con los mercenarios alquilados de las compañías militares privadas [3]. El fenómeno, que empezó a manifestarse en la época del presidente Ronald Reagan, ha alcanzado en la actualidad y en Iraq su punto de inflexión máximo debido a un notable cambio cualitativo: de proporcionar apoyo logístico (transporte, construcción de barracones, servicios de cocina, etc.) han pasado a convertirse en las tropas que luchan en Iraq, con sus propios arsenales militares y helicópteros, y en los interrogatorios dentro de las cárceles. Se trata de un ejército privado, armado, comprado y pagado por los contribuyentes estadounidenses, una fuerza mercenaria que lucha en su nombre en una guerra. Los contratistas militares aseguraban equipos y servían comida por dinero; los mercenarios matan gente por dinero. La distinción entre contratista y mercenario no siempre está clara pero lo que está claro es que los militares estadounidenses están delegando cada vez más en mercenarios que matan y son matados.

La economía de Occidente y de forma fundamental la de EEUU, ha llegado a ser totalmente dependiente del petróleo extranjero en virtud de los intereses de las grandes compañías del sector, y para defender finalmente ese statu quo es por lo que los militares han pasado también a depender de los soldados privados. En muchas de las instancias oficiales nadie parece preocuparse por el desarrollo de esos acontecimientos. Sin embargo, y como recoge en su artículo Nusbaumer, esa es la deriva que siguen los Imperios cuando entran en período de decadencia.

La participación libanesa

Esa fuerza mercenaria, comprada y pagada por los contribuyentes de los países ocupantes, está afectando aún más las sensibilidades del Mundo Árabe con el reciente reclutamiento de libaneses para las empresas de seguridad privadas, debido a las demandas relativamente inferiores de salarios por parte de aquéllos. Los libaneses son requeridos debido a la experiencia desarrollada en temas militares y de seguridad durante las numerosas guerras que machacaron también su país debido a sus demandas de salario relativamente bajas comparadas con las de sus colegas occidentales y por su conocimiento de la lengua árabe, que les permite desenvolverse en un ambiente hostil a los occidentales [4]. Los salarios ofrecidos a los libaneses fluctúan entre los mil y los cuatro mil dólares al mes, una suma baladí comparada con los salarios que se pagan a franceses, estadounidenses, británicos, croatas, etc., que pueden demandar pagos hasta de 1.500 dólares al día por determinadas misiones.

Parece ser que la mayoría de los reclutados son antiguos milicianos de la guerra civil de 1975-90, la mayoría integrantes de facciones cristianas, los temibles falangistas. Ese éxodo de nacionales para luchar en la guerra de Iraq ha empezado a preocupar al gobierno libanés, que se opuso en su día con firmeza a la ocupación estadounidense. Los servicios de seguridad estatales publicaron un anuncio de prensa pidiendo testimonios que pudieran contribuir a elaborar "[...] listas completas de nacionales libaneses y refugiados palestinos en Líbano que hubieran sido reclutados para trabajar en Iraq", habiéndose llegado a identificar a unos 70. Este anuncio se publicó tras la noticia de que tres libaneses fueron secuestrados en Iraq, uno de ellos fue liberado más tarde mientras un cuarto era asesinado.

Impunidad de los mercenarios

Uno de los múltiples aspectos preocupantes de privatización de la guerra y la ocupación en Iraq, y al que habría que hacer frente de forma ejemplar para impedir que se sigan produciendo nuevos capítulos de violaciones y para prevenir abusos futuros, es impedir que los responsables de las torturas contra los prisioneros iraquíes -o contra cualquier prisionero en cualquier otro lugar del mundo- no puedan ser perseguidos, procesados y castigados. El vigilante oficial de las Convenciones de Ginebra, el Comité Internacional de la Cruz Roja, ha denunciado la ignominia que supone dar poder a los contratistas civiles para interrogar a los detenidos y que a causa de esto sean responsables de actos de violencia y abusos infamantes. Pero lo más terrible de todo es que los autores de esos hechos salgan impunes de los mismos.

Sin duda, las víctimas iraquíes y sus familias preferirían los juicios en el país, pero esa opción es altamente improbable, por no decir nula. En Iraq, bajo el paraguas de un decreto promulgado el año pasado por las autoridades de la APC, los contratistas civiles gozan de protección e inmunidad frente a encausamientos penales locales por todo tipo de conductas criminales, incluso por hechos tales como asesinato, tortura y violación. Este decreto seguirá en vigencia incluso dentro de la nueva Ley de Seguridad Nacional aprobada por el nuevo gobierno de Allawi [5].

¿Enjuiciamiento en tribunales de EEUU?

La opción que podría tener alguna posibilidad sería la de que esos criminales fueran procesados en tribunales penales estadounidenses. El pasado mes de mayo, el Fiscal General estadounidense Ashcrof declaró que el Departamento de Justicia tenía jurisdicción para perseguir a los civiles implicados en los crímenes en Iraq. Hay dos leyes federales que podrían ser utilizadas dependiendo de la ofensa en cuestión:

Los crímenes más graves podrían ser procesados bajo el Acta de Crímenes de Guerra de 1996. Los crímenes de guerra, como los define la ley, incluyen las violaciones graves de las Convenciones de Ginebra de 1949 (tales como tortura o trato inhumano) y las violaciones del artículo 3 común a las dos Convenciones ("ultrajes a la dignidad personal" y "trato humillante y degradante"). Las posibles penas por las condenas bajo esa Ley incluyen la cadena perpetua, prisión durante una serie de años o, si la víctima del crimen ha muerto, pena de muerte.

Otro tipo de crímenes podrían ser perseguidos bajo el Acta de la de la Jurisdicción Militar Extraterritorial. Este Acta que fue promulgada en su origen para proteger a los soldados estadounidenses y a sus familias que viven fuera del país abarca crímenes punibles con más de un año de prisión. Sin embargo, aunque fue aprobada en 2000 todavía no se ha estrenado.

Sin embargo, pesar de la citada declaración del Fiscal General estadounidense Ashcroft de que el Departamento de Justicia tenía jurisdicción sobre los crímenes de los contratistas civiles en Iraq no ha mencionado lo que piensa hacer el gobierno estadounidense con estos casos. Y desde luego, las posibilidades de procesamiento no parecen ir muy lejos. Ashcroft ha declarado que mejor que enviar a los agentes del FBI a Iraq para investigar los crímenes, era que los fiscales federales esperaran el resultado de las investigaciones del Pentágono. Pero mientras los investigadores militares quizá pueden ser competentes para reunir pruebas para los procedimientos de un tribunal militar, es tarea del FBI responder por los crímenes civiles.

La negativa del gobierno de EEUU para llevar a cabo una investigación seria es un signo preocupante. Para poder perseguir con éxito los crímenes cometidos en Iraq se requeriría una asignación seria de recursos. ¿Quien podría, por ejemplo, llevar a EEUU a las víctimas para testificar? ¿Y sería posible o imaginable que un jurado estadounidense llegara a condenar a un contratista de su país responsable de causar daños a un detenido -considerado incluso como enemigo- extranjero?

Reclamaciones de empleados

Otro aspecto más de los hechos considerados que está alarmando además a los responsables de la elaboración de algunas partidas del presupuesto de EEUU, es que desde hace un año casi la mitad de todas las reclamaciones por muertos y heridos presentadas por los contratistas privados ante el gobierno de EEUU fue por sucesos que habían tenido lugar en Iraq [6]. El gobierno federal tendrá que gastar millones de dólares en pagos para compensar a estos trabajadores.

La ley federal requiere que todos los contratistas y subcontratistas del gobierno de EEUU tengan seguros de compensación para sus empleados civiles que trabajen en el exterior. Si se informa sobre un caso de herido o muerto provocado por un "riesgo por motivo de guerra", el Acta de Compensación por Amenazas en Caso de Guerra proporciona a los corredores de seguros una serie de reembolsos por parte del gobierno.

De las 771 reclamaciones por heridos presentadas este año por contratistas de EEUU, 345 tuvieron lugar en Iraq. De las 66 muertes sobre las que se informó durante la primera semana de junio, excepto 9, todas habían sucedido en Iraq, según el Departamento de Trabajo, que es quien maneja los informes de reclamaciones y compensaciones. Desde enero de 2003 ha habido reclamaciones por 476 heridos y 80 muertes en Iraq.

Los funcionarios del Departamento de Trabajo declaran que no han valorado el coste de los reembolsos por las reclamaciones referidas a Iraq pero considerando que el pago máximo es de 1.030,78 dólares por semana y teniendo en cuenta la cifra de heridos y muertos, las compensaciones ascenderán a cantidades multimillonarias. El Fondo de Compensación de los Empleados, organismo encargado de pagar por los riesgos que puedan correr los trabajadores federales, tiene asignado unos 2.300 millones de dólares anuales.

Notas:

1.The Washington Post, 28 de julio de 2004. Véase al respecto al reciente informe de la US General Accounting Office del Congreso de EEUU, de 28 de junio de 2004, Rebuilding Iraq. Resources, Security, Governance, Essebtial Services, and Oversights Issues, que concluye que la situación cotidiana de los iraquíes ha empeorado desde la invasión al menos en lo que atañe a prestaciones sociales.

2. Nusbaumer, S.: "Bush's Mercenary Army", 18 de junio de 2004 en Intervention Magazine, www.uruknet.info/?=3638

3. Véase en CSCAweb: Sinfo Fernández Navarro: El mantenimiento de la ocupación en Iraq depende cada vez más de la seguridad privada y enlaces relacionados.

4. An-Nahar, www.middle-east-online.com/english/?id=10338

5. Véase en CSCAweb: Una "ley de seguridad nacional" contra la resistencia y para la ocupación militar de Iraq