Hacia
el mercenariado empresarial
Empresas
militares privadas en el caos iraquí
Por
Sami Makki (*)
El Diplo, 11/11/04, traducción de Carlos Alberto Zito
CSCAweb, 12/11/04
La
visión clásica de la guerra sugiere que es obra de ejércitos
oficiales. Sin embargo, históricamente, los actores de los conflictos
armados fueron a menudo entidades privadas con fines de lucro. La caótica
situación vigente en Iraq pone de manifiesto la importancia de la
"tercerización" de ciertas funciones de defensa por parte
de Estados Unidos.
Las
sociedades militares privadas (SMP) que suministran hombres, servicios
y material, ocupan un lugar cada vez más importante en la
arquitectura de seguridad nacional estadounidense. Esa utilización de
empresas llamadas "de seguridad" facilita la proyección
puntual de fuerzas al exterior, extiende la influencia geopolítica y
tecnológica de las grandes potencias, permite evitar los controles
parlamentarios, evita las consecuencias nefastas de acciones de dudosa
legalidad, y reemplaza a los ejércitos que disponen de escasos
medios. En los países del Sur, el recurso a las SMP es símbolo de un
debilitamiento global de los Estados, cuyos presupuestos son cada vez
menores. En las naciones industrializadas, permite a las elites políticas
utilizar, a su favor, la porosidad de los límites entre lo público y
lo privado. En todos los casos, al enturbiar los puntos de referencia,
esa mezcla de géneros se realiza al margen del derecho y de la
responsabilidad política.
Pocos
meses después de la caída del régimen de Saddam Hussein, se
contaban en Iraq unas 20.000 personas afectadas a la seguridad
privada. La incapacidad de las tropas estadounidenses para mantener el
orden y la creciente demanda de los actores internacionales -como los
inversores estadounidenses presentes en Iraq- explican ese fenómeno.
La degradación de las condiciones de seguridad hizo que esos grupos
occidentales -las sociedades militares privadas (SMP) o private
military companies- proliferaran en gran medida. Un documento del
Departamento de Estado titulado "Security Companies Doing
Business in Iraq", fechado en mayo de 2004, señala la existencia
de veinticinco SMP, fundamentalmente estadounidenses y británicas.
Esas empresas son apenas la parte comercial visible de un mundo más
sombrío. (**)
Desde
el fin de la Guerra Fría, las prácticas de tercerización (outsourcing)
se desarrollaron rápidamente en el seno de las fuerzas armadas
estadounidenses, bajo el efecto conjunto de la globalización del
sector militar-industrial, de la reducción de armamentos y de las
exigencias de "racionalización" de los presupuestos de
defensa. Forma avanzada de la subcontratación, para volúmenes
financieros importantes y que implican un reparto de riesgos entre el
Estado y la industria privada, la tercerización es ante todo una
aplicación de los métodos del "new public management"
(nueva gestión del Estado) conforme a las políticas liberales de
privatización (1).
Esas
nuevas asociaciones publico/privadas obedecerían a limitaciones
presupuestarias, pues liberan fondos para modernizar las fuerzas
armadas y desarrollar y adquirir nuevos sistemas de armamentos. Así,
el Departamento de Defensa afirmaba en 2002 que podría economizar más
de 11.000 millones de dólares entre 1997 y 2005, gracias a la
tercerización. Se trataba sobre todo de utilizar ese anuncio para
ocultar las consecuencias de la reorganización operada en la economía
de defensa a través de la reducción del número de empleados
federales, en beneficio del sector privado.
Cuando
el ejército estadounidense anunció -en octubre de 2002- que más de
200.000 empleos serían "tercerizados" en el marco de la
tercera fase de la privatización, fue objeto de duras críticas. Para
muchos especialistas, la profundidad de esa reforma no implicaría
necesariamente la obtención de una mayor eficacia (2). Según el
sindicalista Robert Harnage, presidente de la Federación
estadounidense de funcionarios federales, "[a comienzos del año
2003] la cantidad de personas que trabajaban para la defensa bajo
contrato era cuatro veces superior al número de funcionarios
civiles". Desde su punto de vista, la tercerización
"significa por lo tanto una supresión de empleos y la desaparición
de una cierta ética de la responsabilidad [individual]" (3).
En
el marco de la tercerización de los servicios en las unidades
militares en operaciones exteriores, se firmaron más de 3.000
contratos entre los sucesivos gobiernos y las SMP, en el periodo
1994-2004, por un monto superior a los 300.000 millones de dólares. Las
firmas involucradas fueron DynCorp (www.dyncorp.com), Military
Professional Ressources Inc. (MPRI - www.mpri.com) y Kellogg Brown and
Root (KBR). El ingreso de esas firmas implicó un aumento
progresivo de personal privado que trabaja junto a las fuerzas armadas
estadounidenses (logística, mantenimiento, ingeniería, ingeniería
de los sistemas de armas) en el campo de batalla. Durante la primera
Guerra del Golfo, en 1991, la proporción era de 1 actor privado por
cada 100 soldados; mientras que en 2003 pasó a ser de 1 por cada 10
soldados. En la fase actual del despliegue en Iraq, esos actores
privados representan la segunda fuerza de ocupación, es decir, el
equivalente al 20% de las fuerzas estadounidenses.
Desde
un punto de vista económico, y a pesar de las reducciones
presupuestarias encaradas por el Consejo Científico de la Defensa
(Pentágono) de entre 4.500 y 6.000 millones de dólares, la baja de
gastos esperada no se produjo. En el caso de varios de esos contratos
el Tribunal de Cuentas estadounidense demostró que el costo real
superaba en varios millones de dólares las estimaciones, y que por
medio de abusos se había llegado a una sobrefacturación importante
de ciertos servicios en los contratos para la reconstrucción de Iraq
(4). La multinacional Halliburton, que hasta el año 2000 era dirigida
por el actual vicepresidente Richard Cheney, obtuvo en 2003,
fundamentalmente a través de su filial KBR, una serie de contratos
por un valor superior a 1.000 millones de dólares, y estuvo
directamente implicada en escándalos relativos a las condiciones de
atribución de licitaciones, probando así la existencia de colusión
entre los intereses de la administración Bush y las multinacionales
del complejo militar-industrial estadounidense (5).
Flexibilidad
y capacidad de reacción rápida
Más
allá de la "racionalización presupuestaria" y de la
dimensión ideológica inicial de la tercerización, se inició una
reflexión estratégica. Implicado en una guerra de baja intensidad
-pero de largo aliento- contra el "terrorismo" en todo el
mundo, y sin dejar por ello de preparar sus fuerzas armadas para
grandes confrontaciones, Estados Unidos no pude permitir que se
debilite su liderazgo retirándose totalmente de los espacios de menor
importancia estratégica. Esto explica la delegación de ciertas
tareas, con el objeto de descargar a las fuerzas armadas de misiones
menos vitales para la seguridad nacional.
Una
cantidad creciente de esos programas también prevén un despliegue de
fuerzas que optimice la flexibilidad y la capacidad de reacción rápida,
eliminando etapas de control administrativo y procedimientos burocráticos.
Además, ofrecen una solución de recambio a una política exterior
que está bajo el control del Congreso en lo que hace al envío de
tropas sobre el terreno, al objetivo político de "cero
muertos" y al desarrollo de acciones clandestinas. También
permitirían operaciones en contradicción con las opciones estratégicas
"oficiales": así, a la vez que declaraba su neutralidad y
se implicaba en el mantenimiento de la paz en Bosnia por medio de la
Implementation Force (IFOR), el gobierno de Estados Unidos permitía a
la firma MPRI facilitar el tráfico de armas en violación del embargo
de la ONU y entrenar al ejército de la Federación Croato-musulmana
que preparaba la gran ofensiva de 1994 en Krajina (6).
Las
empresas estadounidenses (Vinnell Corp., MPRI, Cubic y Logicon)
instruyeron y entrenaron a las fuerzas armadas de más de cuarenta países
en la década de 1990, en el marco de programas de cooperación
militar (7). Esas redes son excelentes intermediarios para la difusión
de las normas militares estadounidenses en América Latina, en África
y en Medio Oriente, y para el establecimiento de alianzas ad hoc. En
el continente africano las SMP se encargan de la logística militar
estadounidense y de la gestión de los expertos de apoyo a las
operaciones urgentes. Por otra parte, esas firmas desarrollaron
estrategias de expansión y conquista de nuevos mercados, en Europa y
en los países del Sur. Por lo tanto, las SMP cumplen actualmente un
papel vital en el sistema de defensa estadounidense, y sobre todo en
el apoyo a su lógica expedicionaria (8). Muchas de ellas realizan
desde hace varios años una importante tarea de lobbying para
presentarse como interlocutores fiables en la gestión de operaciones
de paz. Y ello, a riesgo de profundizar aun más la confusión que ya
existe entre la ayuda para el desarrollo, la ayuda humanitaria y las
operaciones militares.
Precedió
a esta fase una reestructuración en la industria de la defensa
estadounidense, en la que se produjeron numerosas
fusiones/adquisiciones en los últimos cinco años (9). Gracias a las
actividades de servicios, las multinacionales que proponen utilizar
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC)
para "dominar los futuros campos de batalla", desembarcan en
un sector lucrativo. Como lo explicaba el dirigente de L-3
Communications, Frank Lanza, al producirse la compra de MPRI en 2000:
"MPRI es una sociedad en plena expansión, con buenos márgenes
de ganancia y ventajas competitivas que ninguna otra empresa puede
igualar en el terreno del entrenamiento de fuerzas, y sus servicios
son complementarios de nuestros productos. (...) MPRI también es muy
activa en la escena internacional, dado que el cambio del clima político
generó un aumento en la demanda de ciertos servicios. Por otra parte,
esos programas tienden a extenderse y a brindarnos nuevas
oportunidades" (10).
Pero
hay un revés de la medalla: un informe del Government Accountability
Office (GAO) señala que no existe control sobre las SMP, dado que
ningún sistema centralizado puede hacer el seguimiento de los
numerosos contratos de tercerización firmados por las diferentes
agencias estadounidenses (11). A pesar de que la reglamentación
internacional no se adapta en absoluto a la lucha contra los excesos
del mercenariado empresarial y de la existencia de un control sobre la
venta de servicios militares en Estados Unidos, las prácticas
actuales apuntan a eludir la legislación, fundamentalmente en el
terreno de las operaciones de inteligencia y de las operaciones
especiales (12).
Para
la administración republicana, la explotación de esos vacíos jurídicos
constituye un elemento de respuesta eficaz al terrorismo. Pero la
desresponsabilización de lo político por medio de la tercerización
plantea los límites de esa "mercenarización" disfrazada.
La fachada comercial y liberal de ese movimiento puede conducir a
graves desviaciones (13). La creciente utilización de los recursos
civiles para apoyar las intervenciones prolongadas, que moviliza al máximo
las fuerzas de reserva y los actores privados, llega incluso a
amenazar el equilibrio del ejército profesional creado luego de la
guerra de Vietnam. Además, a comienzos de 2004, operadores que
trabajaban para las SMP estadounidenses CACI Inc. y Titan Corporation
estuvieron implicados en el escándalo de malos tratos a los
prisioneros iraquíes.
Una
invitación a los abusos
Kenneth
Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, dijo ante la prensa el
30 de abril de 2004: "Si el Pentágono planea utilizar
contratistas privados para realizar misiones militares o de
inteligencia, debe asegurarse de que los mismos están sujetos a
restricciones y controles legales [pues permitir a esos operadores]
actuar en un vacío jurídico es una invitación a los abusos".
En 2000, un informe de la muy oficial Universidad Nacional de la
Defensa, de Washington, reconocía por su parte: "La privatización
es posiblemente menos costosa que una intervención militar, pero la
calidad del resultado y el respeto de los derechos humanos pueden
verse comprometidos" (14).
En
la tercerización se distinguen tradicionalmente los servicios de
apoyo a las fuerzas militares de las funciones operativas en el campo
de batalla. Sin embargo, luego del 11 de septiembre, los límites
entre unos y otros se volvieron borrosos. Debido a las opciones político-estratégicas
asumidas en Iraq, la tercerización y la mercenarización se funden en
nuevas doctrinas operacionales, al punto de que actores privados
estuvieron implicados en varias ocasiones en los combates.
Tras
la derrota de Iraq, la securización de los sitios sensibles fue
inmediatamente confiada a empresas privadas, sin que existieran
realmente medios para controlarlas. En septiembre de 2003, el gobierno
estadounidense anunció que la firma Erinys Iraq Ltd. tendría a su
cargo la instrucción de los miles de iraquíes que debían custodiar
las instalaciones en torno del oleoducto Kirkuk-Ceyhan, blanco de
frecuentes ataques. A la vez, se convocó a numerosos efectivos de
elite de la policía sudafricana para ocupar puestos de
responsabilidad intermedia e instruir a los hombres que trabajan para
Erinys Iraq. Con efecto boomerang, esa dinámica afecta gravemente las
instituciones militares y de seguridad occidentales: atraído por
remuneraciones que pueden llegar a ser diez veces superiores, el
personal de las fuerzas especiales emigra hacia el sector privado
(15). A largo plazo, esa hemorragia de recursos humanos muy
especializados puede generar una pérdida de capacitación (en el
mantenimiento de los sistemas de armamentos sofisticados, en la
formación de pilotos) que se desarrollaría únicamente en el sector
privado.
El
hecho de que no exista ningún tipo de unidad de mando ni de control,
y la ausencia de procedimientos normatizados para el reclutamiento del
personal de las SMP, inquieta a un número creciente de oficiales
estadounidenses. Los secuestros y asesinatos de "soldados
privados" aumentan, y los militares no están en condiciones de
proteger a esos "civiles". Los cuatro hombres quemados y
colgados por una muchedumbre en Fallujah a fines de marzo de 2004, y
cuya muerte generó violentos combates, eran empleados de la compañía
estadounidense Blackwater Security.
A
pesar de que el plan de desarme, desmovilización y reinsersión (teórica)
en la vida civil de los ex soldados iraquíes -mal concebido y
aplicado de manera desastrosa- generó un "vacío de
seguridad", el Pentágono anunció a fines de junio de 2003 la
firma de un contrato por 48 millones de dólares con la firma Vinnell
Corp. para crear y entrenar el núcleo del nuevo ejército iraquí.
Otras firmas, como MPRI, fueron asociadas a ese programa en calidad de
subcontratistas. Al mismo tiempo, en abril de 2003 el Departamento de
Estado confió a la empresa DynCorp Aerospace Operations el
entrenamiento de las fuerzas policiales iraquíes.
Finalmente,
con el aumento de las milicias locales y la intensificación de lo que
los estadounidenses describen como una insurrección, Iraq entró en
una espiral de violencia. En medio de ese panorama, la intervención
de efectivos de seguridad privados, generó paradójicamente mayor
inestabilidad, al punto de crear un mercado muy lucrativo para ese
personal, con remuneraciones que pueden llegar a los 1.000 dólares
diarios. Varios miles de ex militares trabajan, en el marco de
contratos de seguridad, al servicio de agencias civiles occidentales.
Las firmas Kroll y Control Risks, por ejemplo, tienen a su cargo la
seguridad del personal de la Agencia estadounidense para el desarrollo
internacional (Usaid) y del personal diplomático y de los organismos
de cooperación británicos.
La
crisis iraquí pone claramente en evidencia que esos actores privados,
presentes durante las fases esenciales de la guerra y la posguerra,
cumplen funciones indispensables al ejercicio de fuerza por parte de
la potencia estadounidense. La proliferación del mercenariado
empresarial occidental en Iraq es el resultado de una política
deliberada, que busca experimentar nuevas formas de intervención.
Pero esas opciones políticas ignoran la importancia de las
dificultades actuales, como lo prueba la atribución en mayo de 2004
de un contrato de 293 millones de dólares a Aegis Defence Service
(una SMP creada en 2003 y dirigida por el coronel británico Tim
Spicer) para coordinar más de cincuenta empresas privadas y ocuparse
de la seguridad de proximidad de las empresas de reconstrucción.
Sin
embargo, numerosos diplomáticos anglosajones no parecen considerar la
privatización como algo preocupante, sino más bien lo contrario. En
mayo de 2004, un alto responsable civil de la coalición había
afirmado en una conferencia de prensa en París, pidiendo mantenerse
anónimo, que la proliferación de SMP era "algo sano", y
que la experiencia podía repetirse si al cabo de un tiempo lograba
tener éxito en Iraq. Así es que la privatización de las operaciones
de paz se realiza de manera progresiva, "ampliando
permanentemente los límites" de la tercerización de las
funciones militares.
Al
excluir el sector de la seguridad privada de la nueva legislación
iraquí, el ex administrador civil estadounidense en Iraq, Paul Bremer,
impidió toda posibilidad de control de ese sector por parte de los
iraquíes. Si bien, en el caso de Estados Unidos, el aumento de
actores privados civiles y militares sirve a sus intereses estratégicos
nacionales (la cantidad de contratos firmados con el gobierno federal
obliga a las SMP a mantenerse leales al poder) los últimos
acontecimientos muestran que esa proliferación es sobre todo fuente
de caos y de perpetuación de los conflictos.
En
realidad, esa privatización de la violencia pone en peligro la futura
soberanía iraquí, y subraya la incompatibilidad de los objetivos
económicos estadounidenses con la realidad política local. Así, la
creciente concentración de conocimientos técnicos específicos, y la
naturaleza dual de los sistemas de armas informatizadas, consecuencia
de las NTIC, hace que las SMP propongan soluciones
"integradas", que incluyen desde el asesoramiento hasta la
ejecución sobre el terreno. Así es como esas compañías imponen una
lectura excesivamente técnica de los conflictos, en detrimento de una
lectura política.
Las
SMP trastornan profundamente los equilibrios cívico-militares y políticos
tradicionales en las sociedades que emergen de períodos de crisis,
pero también en las sociedades occidentales. Al mezclar las categorías
tradicionales: civil/militar y privado/público, esos actores híbridos
trabajan a menudo con redes informales que favorecen la corrupción y
la criminalidad. El sistema estratégico estadounidense de intervención
global tal como se construye actualmente, asignándole a las SMP un
lugar central, genera inestabilidad y hasta caos. De manera insidiosa
legitima el ejercicio unilateral del poderío estadounidense en el
mundo, o en las zonas "inestables" del Sur donde la CIA, las
fuerzas especiales y las compañías militares privadas desarrollan
guerras de baja intensidad.
El
mercenariado empresarial es consecuencia de la aparición de un nuevo
tipo de conflictos y del debilitamiento de los Estados en la escena
internacional. Aunque nacido en el marco de políticas
gubernamentales, prefigura los conflictos que habrán de producirse en
las nuevas fronteras de la globalización. Allí, la privatización de
la violencia desempeñará un papel determinante. Para los dirigentes
de la coalición, Iraq habrá permitido simplemente experimentar mejor
con los efectos de la tercerización, antes de sistematizarla.
Notas:
(*)
Investigador del Centro interdisciplinario de investigación sobre la
paz y de estudios estratégicos (Cirpes), París, y autor de Militarisation
de l'humanitaire, privatisation du militaire, Cirpes, París,
2004.
1
Frank Camm, Expanding Private Production to Defense Services, Rand
Report MR734, Santa Monica, 1996.
2
John Deal y James Ward, "Second thoughts on outsourcing for the
Army", Army Magazine, Association of the United States
Army, Arlington (Virginia), mayo de 2001; y Michael O'Hanlon, "Breaking
the Army", The Washington Post, 3-7-03.
3
Citado por Maya Kulycky, "How far can a war be outsourced?",
MSNBC News, 14-1-03.
4
US GAO, Contingency Operations: Army Should Do More to Control
Contract Cost in the Balkans, NSDIAD-00-225, octubre de 2000.
5
Walter F. Roche Jr. y Ken Silverstein, "Iraq: advocates of war
now profit from Iraq's reconstruction ", Los Angeles Times,
14-7-04.
6
Sami Makki, Sarah Meek et al., Private Military Companies and the
Proliferation of Arms, "Biting the Bullet Briefing 11", International
Alert, Londres, junio de 2001.
7
Deborah Avant, "Privatizing military training", Foreign
Policy in Focus, vol. VII, N° 6, Institute for Policy Studies,
Washington DC, mayo de 2002.
8
Stephen Perris y David Keithly "Out-sourcing the sinews of war:
contractor logistics", Military Review, US Army Command
and General Staff College, Fort Leavenworth (Kansas), octubre de 2001.
9
Murray Weidenbaum, "The Changing Structure of the US Defense
Industry", Orbis (Foreign Policy Research Institute),
Filadelfia (Pensilvania), otoño (boreal) de 2003.
10
"L-3 Com. announces acquisition of MPRI", Business Wire, 18-7-00.
Citado por Peter W. Singer, Corporate Warriors: the Rise of the
Privatized Military Industry, Ithaca and London, Cornell
University Press, 2003, p. 134.
11
US GAO, Military Operations: Contractors Provide Vital Services to
Deployed Forces but are not Adequately Addressed in DoD Plans,
Report GAO-03-695, Washington DC, junio de 2003.
12
Eugene B. Smith, "The new condottieri and US policy: the
privatization of conflict and its implications", Parameters, US
Army War College Quarterly, Carlisle (Pensilvania), invierno (boreal)
2002-2003.
13
Thomas Adams, "The new mercenaries and the privatization of
conflict", Parameters, US Army War College Quarterly,
Carlisle (Pensilvania), verano (boreal) 1999, p. 103.
14
National Defense University, Strategic Assessment 1999,
Washington DC, 2000, p. 240.
15
Ver el dossier de Courrier international, N° 710, "Iraq:
drôle d'indépendance", junio de 2004.
(**)
Sobre estos extremos véase en CSCAweb: Sinfo Fernández Navarro: La
privatización de la tortura: Asesinos y 'expertos civiles' al
servicio de la ocupación de Iraq
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