Invadido
y robado
Por
Emad Mekay
Inter Press Service (IPS), 09/12/04
Washington.
El manejo de la economía de Iraq bajo la ocupación de Estados Unidos
ha estado plagado de irregularidades, corrupción y mala administración
de miles de millones de dólares, según analistas y auditorías de
varios organismos.
La
contabilidad descuidada y la supervisión laxa de los contratos
otorgados fueron rutinarias bajo la ahora desaparecida Autoridad
Provisional de la Coalición (CPA, por sus siglas en inglés), que
manejó los fondos de reconstrucción y estableció modelos económicos
practicados por el actual gobierno interino iraquí.
La
Autoridad tuvo pleno control de la economía de Iraq desde la invasión
encabezada por Estados Unidos, en marzo de 2003, hasta junio de este año,
cuando traspasó el poder civil a líderes iraquíes promovidos por
Washington.
Cientos
de funcionarios y expertos estadounidenses, tanto del gobierno como
del sector privado, ocupan todavía cargos importantes en ministerios
iraquíes o trabajan como asesores, y son aún la fuerza real detrás
de las políticas económicas de ese país del Golfo.
“El
legado de las prácticas contables de la CPA es un mal modelo para el
actual gobierno y futuros gobiernos iraquíes”, comentó Julie
McCarthy, directora interina de Iraq Revenue Watch, un grupo con sede
en Nueva York que vigila las finanzas iraquíes.
“El
hecho de que las instituciones públicas de Iraq hayan comenzado a
tomar forma en este clima de negligencia genera graves preocupaciones
sobre la viabilidad del actual sistema financiero del gobierno”,
agregó McCarthy en el último informe del grupo, publicado esta
semana.
Iraq
Revenue Watch es mantenido por el financista húngaro-estadounidense
George Soros, quien habría invertido 18 millones de dólares de su
propio dinero en la última campaña electoral de Estados Unidos para
tratar de impedir la reelección del presidente George W. Bush.
Según
el grupo, la CPA permitió cientos de irregularidades en el desembolso
de fondos para la reconstrucción de Iraq, y el gobierno
estadounidense tampoco estableció un sistema financiero transparente
para la nación ocupada. Otros grupos observadores independientes
corroboraron esas afirmaciones.
En
octubre de 2004, la Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión
del Fondo de Desarrollo para Iraq, de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), informó del hallazgo de numerosos ejemplos de malas prácticas
económicas en los últimos seis meses de gestión de la CPA.
Las
irregularidades incluían la omisión de licitaciones para el
otorgamiento de grandes contratos, la pérdida de información sobre
contratos, el pago por servicios no supervisados y, en algunos casos,
robo liso y llano.
La
CPA debía supervisar el desembolso de más de 4.000 millones de dólares
de ingresos iraquíes durante su gestión, señalaron los auditores de
la Junta Internacional.
Asimismo,
agregaron, la autoridad civil estadounidense no tomó medidas
suficientes para controlar el tráfico de petróleo al final de su
mandato, aunque la junta le advirtió en marzo de 2004 que debía
instalar equipos de medición.
Como
resultado, la CPA admitió a los auditores que no podía “estimar de
manera confiable la cantidad de petróleo y productos derivados que se
exportaron ilegalmente entre el 1 de enero y el 28 de junio de
2004”.
La
auditoría concluyó también que en el último semestre de su gestión,
la CPA hizo muy poco para asegurar que todos los ingresos derivados de
la venta de petróleo se destinaran al Fondo de Desarrollo para Iraq,
órgano autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU para
controlar los ingresos del petróleo y otros fondos asignados a
programas de reconstrucción.
La
corrupción en el manejo de los fondos iraquíes bajo la ocupación de
Estados Unidos también fue documentada por el inspector general de la
CPA, que en su tercer informe al Congreso legislativo, en octubre, señaló
numerosas irregularidades en la administración de esos fondos.
Entre
otros casos, citó la firma de un contrato pese a las objeciones explícitas
del único representante de Iraq en la junta de gastos, y el uso de
fondos de reconstrucción para fines prohibidos por las leyes
estatutarias de la ocupación.
Por
ejemplo, 1,4 millones de dólares fueron asignados a un programa de
recompra de armas que debía financiar el gobierno de Estados Unidos.
La
conducta financiera de la ocupación estadounidense de Iraq ha sido
criticada por numerosos observadores.
Los
críticos señalan que Washington infringió normas internacionales de
contabilidad y licitación para beneficiar a empresas estadounidenses
o cercanas al gobierno de Bush.
Por
ejemplo, la multinacional Halliburton obtuvo contratos del
Departamento de Defensa por 8.200 millones de dólares para ofrecer
servicios de alimentación, vivienda, lavandería y conexión a
Internet para los soldados estadounidenses en Iraq.
La
empresa ha sido acusada de cobrar un precio excesivo por esos
servicios. Actualmente es objeto de una investigación penal y otra
del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
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