Guantánamo:
ONU
tiene informes confiables sobre torturas
Por
Gustavo Capdevila
Inter Press Service (IPS), 23/06/05
Ginebra.
Cuatro expertos de derechos humanos de la ONU investigarán todos los
aspectos relacionados con la base naval estadounidense de Guantánamo,
donde se encuentran detenidas sin causa unas 500 personas, pese a la
repugnancia de Washington a que visiten esa prisión militar.
Los
especialistas dijeron este jueves que Washington elude desde hace un año
una respuesta a su solicitud para visitar Guantánamo, donde el
gobierno estadounidense recluye desde inicios de 2002 a quienes define
como ”combatientes enemigos”, sin reconocerles estatus de
prisioneros de guerra, sin formularles cargos ni permitirles defensa
legal.
El
pedido de la visita se fundó en informaciones de fuentes confiables
sobre torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detenciones
arbitrarias y violaciones a los derechos a la salud y al debido
proceso, dijeron los especialistas de la ONU (Organización de las
Naciones Unidas).
A
pesar de la falta de colaboración de las autoridades estadounidenses,
los investigadores se proponen una investigación de todos los
aspectos relacionados con el centro de detención de Guantánamo.
Los
expertos apelarán a informaciones y pruebas obtenidas de fuentes creíbles.
Los resultados de la investigación serán presentados a la próxima
sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que debería
realizarse en marzo y abril del año venidero.
La
declaración crítica fue efectuada por los expertos Leandro Despouy,
de Argentina, relator especial sobre la independencia de los jueces y
de los abogados, y Paul Hunt, de Nueva Zelanda, relator especial sobre
el derecho a la salud.
También
suscribieron el documento Manfred Nowak, de Austria, relator especial
sobre la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o
degradantes, y la argelina Leila Zerrougui, presidenta y relatora del
Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.
El
reclamo se produce un año y medio después de que los mismos cuatro
investigadores dirigieran una solicitud ”enérgica y urgente” al
gobierno de George W. Bush para que invitara a los mecanismos
especiales de la Comisión de Derechos Humanos a visitar Guantánamo y
otros centros de detención controlados por ese país, en particular
en Iraq y en Afganistán, recordó Nowak.
”Hasta
la fecha no hemos recibido una respuesta definitiva de Washington
referida por lo menos a la visita a Guantánamo”, pero tampoco una
negativa, dijo el relator sobre tortura.
Los
mandatos de los cuatro expertos guardan estrecha relación con las
principales preocupaciones sobre Guantánamo: las condiciones de
detención, la duración de la misma sin instrucción de procesos
judiciales y las posibilidades de que estén actuando comisiones
militares, describió Nowak.
Despouy
sostuvo que esas personas llevan ya más de tres años detenidas.
”Aceptar eso significa aceptar una regresión del Estado de derecho
en el mundo”, dijo el jurista argentino.
Nowak
dijo haber recibido numerosas denuncias de abogados y de
organizaciones no gubernamentales sobre torturas y malos tratos contra
detenidos en Guantánamo. Pero la práctica establece que para
realizar una investigación objetiva se requiere tener en cuenta tanto
las informaciones de fuentes de la sociedad civil como de los
gobiernos.
Zerrougui
precisó que la preocupación del Grupo de Trabajo sobre Detenciones
Arbitrarias se concentra en las personas que han estado detenidas más
de tres años y medio.
”No
se sabe cuál es el marco legal en que se encuentran, ni tampoco si se
los puede considerar como detenidos en un proceso administrativo o en
uno judicial. Otro motivo de inquietud es la existencia de
interrogatorios y la posibilidad de que no existan notificaciones de
cargos contra las personas encarceladas”, dijo la experta argelina.
Hunt
relató la urgencia de efectuar las visitas a causa de informes
persistentes y atendibles de violaciones del derecho a la salud de los
detenidos, capturados por Estados Unidos en Afganistán, Iraq y otros
países, en el marco de su ”guerra contra el terror”.
”Los
informes dan cuenta de un preocupante deterioro de la salud mental de
numerosos detenidos. Se ha denunciado que las tentativas de suicidio
entre los encarcelados se cuentan por docenas. Otras fuentes sostienen
que personal médico ha participado del diseño de las estrategias de
interrogatorios, que emplean métodos como la privación de sueño y
otras formas coercitivas”, dijo Hunt.
”La
mejor manera que tengo de verificar la veracidad de esas y otras
denuncias referidas a la salud de los detenidos es mediante una
visita, para conversar en privado con esas personas y para discutir
con los médicos y otro personal de los establecimientos de detención”,
dijo el investigador neocelandés.
Hunt
se declaró defraudado, pues tras una espera de casi 18 meses y de
varias solicitudes, las autoridades estadounidenses no están en
condiciones de garantizar el permiso de visitar Guantánamo.
A
fines de mayo, al presentar el informe anual de la organización
Amnistía Internacional, su secretaria general Irene Khan se refirió
a la red de centros de detención establecidos por Washington en
territorios extranjeros como al ”gulag de nuestros tiempos”, en
alusión al sistema carcelario y de labores forzadas que existió en
la disuelta Unión Soviética.
Parece
que Amnistía basara sus opiniones ”sobre la palabra y acusaciones
de personas que fueron mantenidas en detención, personas que odian a
Estados Unidos”, replicó Bush poco después.
Ante
quienes argumentan que los detenidos son malas personas, ”sean
buenas o malas, el imperio de la ley también les alcanza pues son
seres humanos”, dijo Hunt este jueves.
”Eso
es lo que distingue a un sistema basado sobre el Estado de derecho de
uno fundado en el ejercicio arbitrario del poder”, observó.
”El
imperio de la ley no puede ser aplicado selectivamente. Un Estado no
puede respetar la ley en un lugar, pero no en otro, ni tampoco
garantizar el derecho a un grupo de personas y negarlo a otro”,
insistió.
Despouy
dijo que desde el comienzo de su mandato, hace ya tres años, se ocupa
del problema de las personas detenidas no reconocidas, una cuestión
grave y preocupante en el plano internacional, explicó.
El
mandato del experto argentino se refiere al derecho de toda persona a
ser juzgada por un tribunal ordinario o por un juez imparcial, natural
y ordinario, mencionó.
Las
personas en detención no reconocida, normalmente bajo condición
militar, se encuentran sin aplicación del derecho a la defensa, sin
las comunicaciones de los cargos que se les formulan y con una serie
de privaciones al derecho elemental a un proceso justo, describió
Despouy.
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