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¿A
dónde ha ido a parar todo el dinero?
Por
Ed Harriman (*)
London
Review of Books, 07/07/05
Traducido
y publicado por Cubadebate, 19/07/05
Las
escuelas y los hospitales están cerrando. La atención a los ancianos
es casi inexistente. Los costos de la asistencia médica están por
los cielos y se dirigen hacia otro planeta. La seguridad social pronto
será una reliquia del pasado. ¿Hacia dónde va todo el dinero? Eche
un vistazo:
Informe
anonadante y fidedigno que todos los estadounidenses que pagan sus
impuestos deben leer, muy, muy cuidadosamente…
Citas
Extraídas:
“Los
auditores detectaron que la Autoridad Provisional de la Coalición
(APC) no había llevado la contabilidad de los cientos de millones de
dólares en efectivo en sus bóvedas, había adjudicado contratos
valorados en miles de millones de dólares a firmas estadounidenses
sin licitación, y no tenía idea de lo que ocurría con el dinero del
Fondo de Desarrollo para Iraq (FDI) que gastaban los ministerios del
Gobierno interino iraquí.”
“El
administrador de un hospital iraquí me dijo, que cuando estaba a
punto de firmar un contrato, el oficial del ejército estadounidense
que representa a la APC, había tachado el precio original y lo había
duplicado. El iraquí objetó que el precio original era suficiente.
El oficial estadounidense explicó que el aumento de la cantidad (más
de un millón de dólares) era el monto para su retiro.”
“…
Otros 19 mil millones de dinares iraquíes, con un valor de 6,5
millones de libras esterlinas, se encontraron en el Líbano, en un avión
que el ministro del interior iraquí, designado por los Estados
Unidos, había enviado allí”.
“Nuestro
examen mostró que los registros financieros… restaba importancia a
los pagos hechos por 108 255 875 dólares y daba más importancia a
las obligaciones pendientes ascendentes a 119 361 286 dólares.
“Se
percataron de que no se justificaron debidamente 8 800 millones de dólares,
todos los gastos del Gobierno Interino Iraquí desde octubre de 2003
hasta junio de 2004”.
“En
ausencia de datos contables significativos, los iraquíes no tienen
forma de conocer qué parte de las riquezas nacionales se entrega a
los amigos y las familias de los ministros y de los empleados públicos
o cuánto se destina a cuentas secretas en bancos en ultramar. En
vista de que ahora muchos baazistas están de nuevo en el Gobierno,
parte de ese dinero puede incluso estar siendo utilizado para
financiar a los insurgentes”.
El
12 de abril de 2004, la Autoridad Provisional de la Coalición en
Erbil, en la región norte de Iraq, entregó más de 1500 millones de
dólares en efectivo a un mensajero local. El dinero, billetes nuevos
de 100 dólares en fajos, que llenó tres helicópteros Blackhawk,
provenía de las ventas de petróleo, en virtud del Programa Petróleo
por Alimentos de las Naciones Unidas, que el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas había confiado a los estadounidenses para que se
empleara en beneficio del pueblo iraquí. La APC no examinó al
mensajero debidamente antes de hacer entrega del dinero en efectivo y,
como resultado de ello, según un informe de auditoria del inspector
general de la APC, se expusieron a un riesgo mayor de pérdida o robo
del dinero en efectivo. Paul Bremer, el cónsul pro estadounidense en
Bagdad hasta junio del pasado año, mantuvo un fondo para sobornos de
casi 600 millones de dólares, de los que no hay constancia: de ellos
200 millones de dólares se mantuvieron en una habitación de uno de
los antiguos palacios de Saddam, y el soldado estadounidense a su
cargo solía llevar la llave de la habitación en su mochila, la que
dejaba en su buró cuando salía a almorzar. Una vez más, se pone de
relieve que era dinero iraquí, no fondos estadounidenses.
La
“reconstrucción” de Iraq es el programa de ocupación más grande
liderado por los Estados Unidos desde el Plan Marshall. Sin embargo,
hay una diferencia: el gobierno de los Estados Unidos financió el
Plan Marshall, mientras que Donald Rumsfeld y Paul Bremer se han
asegurado de que la reconstrucción de Iraq sea pagada por el país
“liberado”, por los propios iraquíes. Quedó un remanente del
Programa Petróleo por Alimentos de las Naciones Unidas de 6 mil
millones de dólares, así como activos secuestrados y congelados, e
ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo que se habían
reanudado (por lo menos 10 mil millones de dólares en el año
siguiente a la invasión). En virtud de la Resolución 1483 del
Consejo de Seguridad, aprobada el 22 de mayo de 2003, todos esos
fondos se transfirieron a una nueva cuenta en el Banco de la Reserva
Federal de Nueva York, llamada Fondo de Desarrollo para Iraq (FDI),
para que la APC los pueda gastar de forma transparente… en beneficio
del pueblo iraquí. Es cierto que el Congreso votó por invertir 18
400 millones de dólares del dinero de los estadounidenses que pagan
los impuestos en la reurbanización de Iraq. No obstante, el 28 de
junio del pasado año, cuando Bremer partió de Bagdad con dos días
de antelación para evitar un posible ataque, camino al aeropuerto, su
APC había gastado 20 000 millones de dólares del dinero iraquí, en
comparación con los 300 millones de dólares de los fondos
estadounidenses.
Las
“irregularidades financieras” descritas en los informes de
auditoria realizados por organismos del gobierno estadounidense y
auditores de la comunidad internacional en conjunto, permitieron
conocer en detalles la mentalidad de las autoridades estadounidenses
de ocupación y la manera en que operaban, entregando grandes sumas de
dólares que ni ellos ni los receptores consideraban necesario
contabilizar. Hasta ahora los auditores han mencionado más de cien
contratos, que implican miles de millones de dólares pagados a
empleados y corporaciones estadounidenses, por investigaciones y
posibles procesos penales. Han descubierto además, que no se llevó
la contabilidad de 8 800 millones de dólares que pasaron por las
manos de los ministerios del nuevo gobierno iraquí en Bagdad, cuando
Bremer estuvo a cargo, y que existen pocas posibilidades de averiguar
qué rumbo tomaron. Otros 3 400 millones de dólares, destinados por
el Congreso para el desarrollo iraquí desde entonces han sido
desviados para financiar la “seguridad”.
El
que se haya encargado la elaboración de estos informes de auditoria
se debe, en gran medida, a Henry Waxman, demócrata y además miembro
de la minoría de alto nivel del Comité de la Cámara de
Representantes para las Reformas del Gobierno. Waxman votó en favor
de la invasión de Iraq, pero desde que comenzó la guerra ha exigido
que el Gobierno de Bush rinda cuentas de sus costos. En seis meses de
invasión, el comité de Waxman tuvo pruebas de que las autoridades
estadounidenses de ocupación estaban pagando dinero en exceso a la
corporación Halliburton por el petróleo que importaba de Kuwait a
Iraq, por una ganancia de más de 150 millones de dólares. Waxman y
sus asistentes se percataron de que la Halliburton cobraba 2,64 dólares
el galón de petróleo a los civiles iraquíes, mientras que las
fuerzas estadounidenses importaban el mismo combustible por 1,57 dólares
el galón.
El
presidente de la Halliburton, David Lesar, quien sustituyó a Dick
Cheney en julio de 2000, defendió enérgicamente su firma. Sin
embargo, Waxman planteó otra pregunta: si a la Halliburton se le
permitió timar al pueblo iraquí, ¿estaba permitiendo el gobierno de
Bush que también se sacara todo lo que se pudiera del gobierno
estadounidense? La Comisión de Waxman instruyó a la Oficina General
de Contabilidad del Congreso que examinara los contratos de mayor
envergadura de la Halliburton en Iraq: proporcionar prácticamente
todos los servicios de apoyo (desde alimentos hasta jabón de lavar)
para las fuerzas estadounidenses. Los contratos LOGCAP (Programa de
Aumento de la Logística Civil) como éste son resultado del nuevo ejército
estadounidense “reducido”, el equivalente del intendente de la
“invasión ligera” de Rumsfeld. En vez de tener soldados
uniformados pelando papas y fregando pisos, se han privatizado y
contratado los servicios de apoyo básico, de manera que los soldados
puedan continuar la lucha. Los contratos se pagan atendiendo a los
costos de producción, lo cual permite al contratista cobrar por lo
que ha gastado, y después adicionar las ganancias. Los contratos
LOGCAP no han sido sacados a licitación, más bien adjudicados a unas
pocas firmas estadounidenses, de ellas la más importante es la
Halliburton y su filial Kellogg, Brown & Root.
El
informe de la Oficina General de Contabilidad (OGC), de julio de 2004
reveló que durante los nueve primeros meses de la ocupación, la KBR
tenía luz verde en Iraq: por ejemplo, para pasarle la factura al Pentágono
sin importar límites de gastos, supervisión de la gestión o trámites
burocráticos. Nuevos equipos valorados en millones de dólares
desaparecieron. La KBR cobró 73 millones de dólares por casas
rodantes para dar alojamiento a la 101 División Aerotransportada, el
doble de lo que el Ejército dijo que costaría construir cuarteles; y
88 millones de dólares por tres millones de comidas para las tropas
estadounidenses que nunca se sirvieron. Según los cálculos de la OGC,
el Ejército hubiera podido ahorrar 31 millones de dólares al año
sencillamente negociando directamente con las compañías de catering
contratadas por la KBR. En junio de 2004 la OGC prosiguió “con la
eliminación del uso de LOGCAP y convirtiendo el subcontratista LOGCAP
en primer contratista; la orden redujo los costos en comida en un 43
por ciento sin pérdidas en la calidad o los servicios.”
El
informe de la OGC deja claro que los estadounidenses no habían
pensado mucho en la forma de evitar el saqueo y reconstruir la
sociedad iraquí. Ni siquiera habían planificaban cómo abastecer sus
fuerzas durante su estancia en Iraq: “el Comando Central del Ejército
no desarrolló ningún proyecto para utilizar el contrato (KBR) para
apoyar sus fuerzas militares en Iraq hasta mayo de 2003”, un mes
después de la caída de Saddam. Incluso en aquel entonces, este
contrato (con un valor estimado de 3894 millones de dólares) no
estipulaba debidamente los comedores, la lucha contra las plagas, los
servicios de lavandería, la moral, la asistencia social y la recreación,
el transporte de las tropas o servicios de apoyo combativo en las
bases estadounidenses, construidas apresuradamente por toda Iraq.
Incitado por las revelaciones de Waxman acerca de la especulación de
gasolina de Halliburton, y al percatarse de que los costos de KBR se
estaban yendo de control, subiendo vertiginosamente (los costos de
LOGCAP en Kuwait, Iraq y Afganistán subieron de un total proyectado
anualmente de 5 800 millones de dólares en septiembre de 2003 a 8 600
millones de dólares en enero de 2004) el vice jefe del Estado Mayor
del Ejército pidió a las unidades que controlaran los costos y que
buscaran alternativas para el contrato de LOGCAP. Esta fue la primera
vez que el Pentágono reconoció que no podía costear la ocupación
además de la guerra.
Al
mismo tiempo, los propios auditores del Pentágono, la agencia de
auditoria de contratos para la defensa, se dirigieron a Houston para
examinar los libros de la KBR. No le gustó lo que encontraron:
Nuestro
examen reveló varias deficiencias en el sistema de facturación de la
KBR que se traducen en facturaciones para el Gobierno que no se
preparan de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables y los términos
contractuales. También hemos observado deficiencias del sistema que
acarrean tergiversaciones en la facturación de materiales que no se
previnieron, ni se detectaron ni tampoco se corrigieron oportunamente.
Asimismo,
se percataron de que ‘la KBR tampoco dio seguimiento al avance físico
de los subcontratos o de los costos y facturaciones conexos’. Cuando
los auditores pidieron ver los archivos de pagos a los subcontratistas
para confrontarlos con los que la KBR presentó al Gobierno, no había
ninguno: ‘No encontramos documentos de ese tipo en los archivos de
subcontratos de la KBR, ni registro alguno de pagos a
subcontratistas’. Entonces, ¿cómo calculó la KBR sus facturas
mensuales para el Gobierno por su enorme contrato de 3 900 millones de
dólares? ‘La explicación comienza con los costos en una hoja de cálculo
en la que no se indica dónde o cómo se acumularon esos costos’.
Los auditores también querían saber qué pasó con el dinero que el
Gobierno había pagado por esos tres millones de raciones alimentarias
inexistentes:
A
pesar de las solicitudes reiteradas durante dos meses, la KBR no pudo
dar una explicación adecuada o una documentación adecuada sobre los
pagos a cualquier subcontratista de la DFAC [refectorios]. La
documentación limitada que se ha ofrecido muestra, por ejemplo, que
la KBR ha añadido factores ‘excesivos’ del orden del 10 al 35% a
cada cuenta por uno de los subcontratistas. Aún no tenemos una
explicación adecuada del factor ‘excesivo’.
La
respuesta de la KBR ha sido no transigir. La empresa dijo en carta a
los auditores que su posición en cuanto a las raciones alimentarias
‘ha sido tergiversada además de malinterpretada’. Los auditores y
la corporación dijeron saber muy bien que la KBR había ‘creado un
equipo de expertos que está investigando y analizando intensamente
los hechos y circunstancias que rodean cada uno de sus subcontratos
con la DFAC’. Los ‘equipos de expertos’ están en unidades de
investigación en la empresa. El equipo de expertos de la KBR se alojó
en el hotel cinco estrellas Kuwait Kempinski, donde sus miembros debían
más de un millón de dólares. Esto indignó al Ejército, cuyos
soldados dormían en tiendas de campaña a un costo de 1,39 dólares
diarios. El Ejército le pidió al equipo de expertos mudarse a las
tiendas de campaña. Ellos se negaron. En cuanto a cómo el equipo de
expertos ‘investigaba y analizaba intensamente los hechos’,
tenemos el testimonio que dio bajo juramento un empleado de la KBR al
comité del congresista Waxman: ‘El equipo de expertos analizó los
subcontratos sin factura ni confirmación que los productos
contratados se estaban utilizando. En lugar de investigar más a
fondo, recomendaron extender el subcontrato’.
Los
auditores del Pentágono solicitaron ver ‘pruebas de que el
Departamento de Auditoria Interna de la KBR es independiente desde el
punto de vista funcional y organizativo y estaba suficientemente
distante de la administración como para asegurar que podía realizar
auditorias objetivas e informar sus resultados, opiniones y
conclusiones sin temor a represalias’. La KBR los expulsó de su
departamento de auditoria.
Entonces,
los auditores preguntaron quién realizó las auditorias de KBR. La
KBR de Halliburton respondió con una misiva. Los auditores del Pentágono
dijeron que en lo adelante la KBR tendría que entregarles todas las
cuentas “para recibir aprobación provisional antes de solicitar el
pago”. Difícil tema a tratar. Sin embargo, a pesar de todas las
amenazas para retener el pago, y con varios juicios pendientes, a la
KBR y a Halliburton se les ha pagado hasta ahora más de 10 mil
millones de dólares por su papel de intendente de las fuerzas
estadounidenses en Iraq.
Uno
de los contratos de la KBR consistió en el transporte de suministros
entre las bases estadounidenses. Flotas de camiones Mercedes Benz
nuevos, con un costo por unidad de 85 000 dólares, viajaron a lo
largo de las autopistas de Iraq a diario, escoltados por efectivos
armados del ejército estadounidense. Si no hubiera productos que
transportar, la KBR los enviaría de todas formas en camiones vacíos
y cobraría por concepto del servicio prestado. Los camiones no contenían
aire de reposición ni filtros de combustible, esenciales cuando se
maneja en el desierto. Ni siquiera llevaban consigo gomas de repuesto.
Si uno se rompía, lo abandonaban, lo destruían para que nadie más
pudiera utilizarlo y lo dejaban quemándose a un lado de la carretera.
Por temor a las emboscadas, se le indicó a los chóferes de la KBR
que no debían aminorar la marcha. “El camión que iba delante del
que yo viajaba sacó de la carretera a un auto con una familia iraquí
compuesta por cuatro personas”. Expresó un empleado de la KBR al
comité de Waxman. “Mi chofer dijo que eso era normal”.
El
despilfarro estadounidense del dinero iraquí ha sido, en todo caso, aún
peor. Según las reglas internas de la Autoridad Provisional de la
Coalición (APC), “se esperaba que la autoridad manejara los fondos
iraquíes de forma transparente que cumpliera totalmente las
obligaciones de la APC bajo las leyes internacionales, incluida la
Resolución 1483 del Consejo de Seguridad”. A pesar de los repetidos
esfuerzos, sin embargo, no fue hasta octubre de 2003, seis meses después
de la caída de Saddam, que se estableció una Junta Internacional de
Asesoramiento y Supervisión (IAMB), con representantes de Naciones
Unidas, del Banco Mundial, del FMI y del Fondo Árabe para el
Desarrollo Económico y Social, para brindar supervisión
independiente financiera e internacional de los gastos de la APC.
La
IAMB dedicó meses entonces tratando de encontrar auditores que fueran
aceptables para Estados Unidos. La oficina de Bahrain de KPMG fue
designada finalmente en abril de 2004. Fue bloqueada. “La KPMG
encontró la oposición del personal de la APC en lo relacionado a la
entrega de información requerida para terminar nuestros
procedimientos”, escribieron en un informe interino. “El personal
ha indicado…que se otorga poca prioridad a la cooperación en relación
con los compromisos de KPMG”. La KPMG tuvo una reunión en el
Ministerio de Finanzas de Iraq; las reuniones en todos los otros
ministerios fueron pospuestas en repetidas ocasiones. Los auditores
incluso tuvieron problemas para obtener los pases para la Zona Verde.
Existía
una razón de peso para que los estadounidenses se detuvieran. A
finales de junio de 2004, la APC sería disuelta y Bermer abandonaría
Iraq. El gobierno de Bush no iba a permitir que auditores
independientes estuvieran en una posición en la que pudieran publicar
un informe sobre el decoro financiero de su gobierno iraquí mientras
Bermer pudiera todavía ser blanco de preguntas por parte de la
prensa. El informe se publicó en julio. Los auditores descubrieron
que la APC no contaba con cuentas para justificar los cientos de
millones de dólares en efectivo en su bóveda, había otorgado
contratos por concepto de miles de millones de dólares a firmas
estadounidenses sin oferta, y no tenía idea de qué pasaba con el
dinero del Fondo de Desarrollo para Iraq (FDI), que habían gastado
los ministerios del gobierno interino iraquí.
Un
administrador de un hospital iraquí me dijo que cuando estaba a punto
de firmar un contrato, el oficial del ejército estadounidense que
representaba a la APC, tachó el precio original y lo duplicó. El
iraquí protestó alegando que el precio original era suficiente. El
oficial estadounidense le explicó que el aumento (más de un millón)
era su parte para su retiro. Los iraquíes más cercanos a los
estadounidenses, los que tenían acceso a la Zona Verde o los que poseían
puestos importantes en los nuevos ministerios del gobierno también
estaban en condiciones en la que se podían beneficiar enormemente.
Los empresarios iraquíes se quejaban constantemente de que ellos tenían
que ofrecer sobornos cuantiosos a intermediarios iraquíes sólo para
que se les permitiera hacer ofertas para contratos de la APC. Los
familiares de los ministros iraquíes contaban con los mejores empleos
y contratos jugosos.
Las
pruebas concluyentes provienen de adicionales series de auditorias e
informes llevadas a cabo por la oficina del propio inspector general
de la APC (IG de la APC). Organizado en enero de 2004, informó al
Congreso. Sus auditores, contadores e investigadores criminales con
frecuencia se encontraban sentados en mesas de una cafetería en la
Zona Verde, rechazados por sus compatriotas. Su informe de auditoria,
publicado en julio de 2004, reveló que los funcionarios
estadounidenses encargados de los contratos en la APC y los ministros
iraquíes “no garantizaron que… los expedientes de los contratos
contaran con todos los documentos requeridos, se pagó un precio justo
y razonable por el servicio recibido, los contratistas fueron capaces
de cumplir con la programación de entregas, o que se le pagó a los
contratistas de conformidad con requisitos del contrato”.
Proliferaban
los robos. Millones de dólares en efectivo se perdieron del Banco
Central iraquí. No se dio explicación sobre propiedades iraquíes
por valor de entre 11 y 26 millones de dólares secuestradas por la
ACP. La nómina estaba cubierta con cientos de empleados fantasma. Se
pagaron millones de dólares a contratistas por trabajos fantasmas:
Por ejemplo, se facturaron 3 379 505 dólares por personal que no se
encontraba trabajando y por otros cargos inapropiados en un simple
contrato de reparación de oleoducto. La ACP le pagó a un entrenador
deportivo iraquí 40 000 dólares quien se los dio a un amigo que los
perdió jugando y posteriormente se declararon como una pérdida
justificada. Un reclamante alegó que Iraqi Airlines se vendió a un
precio reducido a una familia influyente que tenía vínculos con el régimen
anterior. La investigación reveló que Iraqi Airlines se disolvió básicamente
y no quedó constancia de la transacción. La mayoría de las 69
investigaciones criminales que el IG de la APC inició estaban
relacionadas con presunto robo, fraude, pérdida, asalto y extorsión.
También se investigaron otra serie de casos que debido a su
confidencialidad no se pueden incluir en el informe. Alrededor de esta
fecha, 19 000 millones de dinares, equivalente a 6,5 millones de
libras esterlinas, se encontraron en un avión en el Líbano enviado
allí por el ministro interior iraquí nombrado por los Estados
Unidos.
Entretanto,
la IAMB descubrió que las exportaciones de petróleo iraquíes no se
podían medir. Ni la Organización Estatal para la Comercialización
del Petróleo Iraquí, ni las autoridades estadounidenses pudieran
ofrecer una explicación satisfactoria al respecto. “La única razón
por la que ustedes no los supervisarían es si ustedes no desearan que
nadie más conociera cuánto está en juego”, me dijo un ejecutivo
de la rama del petróleo. Oficialmente, Iraq exportó petróleo por un
valor de 10 000 millones de dólares en el primer año de la ocupación
estadounidense. Christian Aid ha estimado que el petróleo valorado en
4 000 millones de dólares adicionales también se pudo haber
exportado y no existe forma de contabilizarlo. Si esto es correcto,
podía haber creado un fondo no determinado y fuera de todo registro
que tanto los estadounidenses como sus aliados iraquíes pudieron usar
con impunidad para cubrir gastos que preferían mantener en secreto,
entre ellos los costos de ocupación, que aumentaban más allá de lo
que el gobierno de Bush podía admitir cómodamente al Congreso y a la
comunidad internacional.
La
situación de los Estados Unidos en Iraq empeoró en abril de 2004,
con los levantamientos en Najaf y Fallujah, el escándalo en la prisión
de Abu Ghraib y la deserción en masa en las nuevas fuerzas de
seguridad iraquíes. “A principios de abril”, una de las
auditorias apuntó, “la fuerza de la Guardia Nacional iraquí se
mantuvo estable, con 32 000 efectivos aproximadamente. Entre el 9 y el
16 de abril, esta cifra disminuyó hasta llegar a 17 500 efectivos”.
En cuanto a la policía, “el Ministro del Interior iraquí ha
decidido reducir el número de oficiales de la policía de 120 000 a
89 000, teniendo en cuenta a los que por su función no han resultado
idóneos”. Al mismo tiempo, “los recientes ataques a los
oleoductos redujeron las exportaciones en abril a un promedio de 1,7
millones de barriles por día y, en mayo, a 1,4 millones de barriles
por día, la cifra posiblemente sea inferior en junio”; lo que
representa una exportación de un millón de barriles menos por día
que lo que se exportaba bajo el mandato de Saddam. Por todo Iraq las
escuelas y los hospitales quedaron en ruinas, la electricidad era
intermitente y los suministros de agua estaban contaminados.
La
respuesta estadounidense a la sublevación de los militares y a la pérdida
de sus credenciales morales en Abu Ghraib constituyó una campaña de
mentes y corazones. Se debía mostrar respeto a los iraquíes
respetuosos de la ley y se les debía entregar inmensas cantidades de
dinero, mientras Bremer y la APC se preparaban para entregar el
mandato de Iraq a un gobierno provisional escogido por los
estadounidenses. Se les dijo a los camioneros de la KBR que no sacaran
a los iraquíes del camino; y los comandantes estadounidenses
repartieron, en comunidades locales, millones de dólares en efectivo,
en su mayoría dinero iraquí, en un intento de comprar amigos. Según
un informe del inspector general de la APC, el Programa de
reconstrucción en caso de emergencia de ′Los
Comandantes′ continúa manteniendo gran eficacia y ha fomentado la confianza y el
apoyo hacia los Estados Unidos a nivel comunitario. El 19 de junio de
2004, los comandantes locales habían invertido 364,6 millones en más
de 27 600 proyectos pequeños: en la reparación y restauración de
acueductos y alcantarillas, en la limpieza de carreteras al eliminar
desechos y escombros, al llevar el servicio de agua hasta comunidades
apartadas, en la compra de equipos para estaciones de policías
locales, al reparar escuelas y clínicas, en la compra de artículos
escolares, al eliminar pertrechos de espacios públicos; se realizó
muy poco y muy tarde. Con la concentración en grandes proyectos de
infraestructura y contratos para compinches empresariales
estadounidenses y con hombres de negocios iraquíes que se consideran
“amigos”, a los iraquíes comunes les queda muy poco de que
beneficiarse o formar parte. Rumsfeld supo a principios de 2004 que su
gobierno y el de Bremer se encontraba en un gran problema. Los iraquíes
están desconcertados: de hecho, no saben lo que los Estados Unidos se
proponen hacer realmente con ellos. No nos hemos comunicado en la
debida forma. No se han creído la “historia”, notificó el Grupo
de evaluación del personal a Rumsfeld el 11 de febrero de 2004.
“Contamos en esencia con una organización selecta para concebir y
poner en práctica la transformación más exigente de la historia
reciente”.
El
pasado septiembre fue un mes decisivo, en aquel momento el gobierno de
los Estados Unidos había invertido 60 000 millones de dólares en las
fuerzas estadounidenses en Iraq y mil millones en las fuerzas de
seguridad iraquíes. Los estadounidenses sabían eran muy odiados.
“En la guerra de ideas o en la lucha de mentes y corazones, los
esfuerzos estadounidenses no sólo han fracasado, sino que pueden
haber logrado lo opuesto a lo que pretendían que fuera la principal
conclusión de la Junta de Ciencias de la Defensa del Pentágono. La
respuesta fue un gran replanteamiento, un examen estratégico de los
gastos. El Fondo de Socorro y Reconstrucción para Iraq ascendente a
18 400 millones de dólares, que el Congreso había votado a favor de
la reconstrucción del país, y que Bremer ni a penas había utilizado
y que quizás nunca utilizaría como se estableció por mandato, se
emplearía en la guerra contra la subversión dirigida por comandantes
estadounidenses y por John Negroponte, de la nueva embajada
estadounidense en Bagdad.
En
primer lugar, 3 000 millones de dólares se desviaron del presupuesto
para restablecer los destruidos suministros de electricidad y agua, así
como el sistema de alcantarillado de Iraq hacia la seguridad y al
mantenimiento del orden público. El reducido presupuesto de
electricidad (disminuido de 5 600 millones a 4 400 millones de dólares)
se debía invertir para remodelar los vecindarios arrasados por el
poderío de fuego estadounidense, así como las torres de alta tensión
y las estaciones saboteadas por los insurgentes. El suministro de
electricidad se había convertido en uno de los principales campos de
batalla de la guerra.
Esto
significaba menos contratos significativos para los estadounidenses y
las firmas internacionales de energía, que se desalentaron aun más
por quedarse en Iraq en la medida que atacaban a su personal y el
precio de la seguridad privada aumentaba. También significaba que
bajaría el voltaje de las luces y que habría horas de apagones para
los iraquíes comunes. Sin embargo, se aplazaban de manera oficial el
desarrollo y la reconstrucción o como los auditores exponían,
‘esta redistribución de fondos…parecía ser consecuente por lo
general con el establecido objetivo de administración de reducir la
importancia de los proyectos de plazos más extensos para el
desarrollo mientras los fondos se desvían hacia objetivos alcanzables
en un plazo más inmediato’.
La
infraestructura muy defectuosa del tratamiento de aguas residuales del
país y la esporádica disponibilidad de agua potable, como
escribieran los auditores, ‘continúan representando amenazas para
la salud y empañan las impresiones generales de los logros de la
reconstrucción.’ No obstante, se redujo a la mitad el presupuesto
para el agua y los servicios sanitarios, mientras que el desarrollo a
largo plazo se ponía nuevamente en manos del gobierno iraquí, de
modo que los fondos estadounidenses se pudieran repartir a los iraquíes
en los vecindarios donde los insurgentes ejercían el dominio y ya era
inseguro para los extranjeros frecuentar la zona. Los auditores
acotaban, ‘se han reducido los primeros planes para rehabilitar
grandes porciones de sistema de agua y de aguas residuales del país
mediante el Fondo de Reconstrucción y Apoyo a Iraq (IRRF)’. Se han
redistribuido los fondos para los recursos hídricos y el sector de
los servicios de saneamientos hacia la seguridad, la gobernanza, el
alivio de la deuda y los esfuerzos para incrementar las oportunidades
de empleos para los iraquíes…al crear proyectos para el agua local
y las aguas residuales con el objetivo de estimular el empleo a los
iraquíes y prestar servicios necesitados para áreas de altos
riesgos’.
El
presupuesto para el empleo a los iraquíes aumentó en más del 350
por ciento, que debía invertirse principalmente en ‘proyectos
locales que repercutirían visiblemente en las comunidades iraquíes
antes de las elecciones nacionales del 30 de enero de 2005’. Al
mismo tiempo, ‘el sector de la construcción presenció la retirada
de Iraq del principal contratista de diseño y construcción de
carreteras, según se dijo por la preocupación por el personal y la
seguridad del sitio’. Los insurgentes obligaron a realizar una
reestructuración esencial de las prioridades de gastos por parte de
los estadounidenses, ampliaron aun más la tierra de nadie entre ellos
y las tropas estadounidenses y de esta manera polarizaron Iraq y
tomaron la iniciativa de la guerra.
Nada
de esto ha cambiado. En diciembre de 2004, la misión estadounidense
en Iraq asignó otros 457 millones de dólares para mantener
funcionando la electricidad y aumentar los empleos a corto plazo
mediante las iniciativas en la salud, la electricidad y el agua en
Najaf, Samarra, en la ciudad Sadr y Fallujah. Los auditores informaron
que en conjunto los dos ajustes reflejan un cambio importante en las
prioridades de gasto de los Estados Unidos.
En
marzo de este año, otros 832 millones de dólares se reprogramaron
para iniciativas de dirección, en su mayoría para operaciones y
mantenimiento de varias plantas eléctricas y de agua, trabajos
urgentes en el sector eléctrico y de petróleo para reparar daños
provocados por sabotajes y para pagar por contratos de construcción
donde resulta extremadamente peligroso y caro trabajar. La auditoria más
reciente, hecha en abril, informa que los proyectos operan entre el 50
y el 85 por ciento por encima de los costos estimados en un principio.
Los días de gastar el dinero libremente se terminaron. Los
estadounidenses están teniendo que desviar cantidades cada vez
mayores de dinero de los Estados Unidos destinadas al desarrollo, solo
para mantener funcionando lo que queda de los servicios públicos dañados
en Iraq y para financiar la policía y el ejército iraquíes.
A
los seis meses de la ocupación, en el otoño de 2003, los
estadounidenses se propusieron transferir la seguridad a la policía y
ejército iraquíes, de modo que pudieran retirar fuerzas
estadounidenses de Iraq. El objetivo era tener 250 000 iraquíes en
las fuerzas de seguridad en el verano siguiente. Sin embargo, como se
explica en el informe de la OGC, presentado al Congreso en marzo del año
en curso, la mayoría de los reclutas no fue sometida a investigación
ni recibieron entrenamiento apropiado. Por ello, las fuerzas de
seguridad del Ministerio del Interior cometieron numerosas y serias
violaciones de los derechos humanos; los ex miembros del partido Baath
y otros insurgentes se han infiltrado fácilmente en la policía y ejército
iraquíes y la moral es baja.
Según
la OGC, las unidades de la policía y el ejército tuvieron un desempeño
deficiente durante una intensificación de los ataques de la
insurgencia contra la Coalición en abril de 2004… Muchas fuerzas
iraquíes de seguridad del país sucumbieron durante este
levantamiento… las unidades abandonaron sus puestos y
responsabilidades y en algunos casos ayudaron a la insurgencia… La
policía encargada de un punto de control situado en una zona
informaba a los terroristas sobre movimientos de convoyes por teléfono
móvil. Elementos del régimen anterior infiltraron la policía en
otra zona.
“En
respuesta a que un batallón del ejército regular no estaba dispuesto
a combatir a los insurgentes iraquíes en Fallujah”, los
estadounidenses crearon una Fuerza intervencionista especial iraquí.
Por tanto, el pasado otoño decidieron reforzar el servicio de la
policía iraquí, de 90 000 a 135 000 con el fin de añadir 20
batallones a la Guardia Nacional de Iraq y duplicar la guardia
fronteriza. En febrero de este año, el Departamento de Estado notificó
con entusiasmo que casi 82 000 policías y 60 000 tropas iraquíes
recibieron entrenamiento.
Esas
cifras son extremadamente engañosas. Según el informe de marzo que
la OGC presentó al Congreso “la cantidad notificada de la policía
iraquí no es nada fiable porque el Ministro del Interior no recibe
información coherente y precisa de las fuerzas de la policía del país.
Los datos no excluyen del total a los policías ausentes al
servicio”. En cuanto al ejército, “en los informes del Ministerio
de Defensa se exluyen de sus totales al personal militar ausente. Según
funcionarios del DOD, la cantidad de ausentes esté probablemente en
el orden de decenas de miles”. Por otra parte, el Departamento de
Estado ya no informa si las fuerzas de seguridad iraquíes tienen las
armas, vehículos, equipo de comunicación e indumentaria de protección
requeridos. Sin andar con rodeos, “las instituciones gubernamentales
estadounidenses no proporcionan datos fiables sobre la magnitud en que
las fuerzas de seguridad de Iraq están entrenadas y equipadas”. La
OGC observó además que la policía iraquí está siendo entrenada
para el “mantenimiento del orden en la comunidad en un ambiente de
seguridad permisivo” y no recibir “entrenamiento paramilitar para
un medio hostil de gran amenaza”. Es apenas sorprendente que 2000
policías iraquíes hayan muerto. Esto recuerda horriblemente la política
estadounidense en Viet Nam. Las tropas estadounidenses se quedan en
Iraq para fortalecer las fuerzas iraquíes que están muriendo a
montones en una guerra de contrainsurgencia en aumento, para la que no
están preparados ni los estadounidenses ni las fuerzas iraquíes.
Inicialmente los estadounidenses asignaron 5 800 millones de dólares
para constituir las fuerzas de seguridad iraquíes. En febrero del año
en curso, George Bush pidió otros 5 700 millones de dólares para
asignarlos a esta tarea. ¿Qué ha sucedido con la reconstrucción de
la sociedad iraquí y la gobernanza real basada en la transparencia y
rendición de cuentas? Algunas semanas antes que Bremen partiera de
Iraq, la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA) entregó más de
3000 millones de dólares en nuevos contratos que se pagarán con
cargo a fondos iraquíes y administrados por la embajada
estadounidense en Bagdad. El inspector general de la APC, ahora
denominado Inspector General Especial para la Reconstrucción del Iraq,
acaba de publicar un informe de auditoria sobre la forma en que la
embajada ha enfrentado esa responsabilidad. Los auditores examinaron
los expedientes de 225 contratos que ascienden a un total de 327
millones de dólares para comprobar si la embajada “podía
determinar el valor actual de las obligaciones contractuales pagadas y
no pagadas”. No pudo. “Nuestro examen mostró que los registros
financieros…. Restaron importancia a los pagos efectuados por la
cantidad de 108 255,875 dólares” y exageraron las obligaciones
impagas por la cantidad de 119 361 286 dólares”. Los auditores
también examinaron el papeleo relativo a otros 300 contratos por
valor de 332 900 millones de dólares. “No se disponía de
documentación en el caso de 198 de los 300 contratos… para indicar
que la ejecución de contratos se monitoreo en cuanto al desempeño y
pago… Los expedientes no contenían pruebas de que se recibieron
bienes y servicios en relación con 169 contratos o que se efectuaron
pagos por 144 contratos”. Evidentemente los estadounidenses no
consideraban necesario explicar los gastos de la renta nacional de los
iraquíes mucho más de lo que hicieron cuando Bremen estaba a cargo.
Ni tampoco el jefe de la embajada de la misión ni tampoco el jefe
militar estadounidense respondió a la invitación de los auditores
para que hicieran comentarios. En su lugar, el jefe de contrataciones
del ejército estadounidense señaló, de manera poco convincente, que
“las condiciones pacíficas previstas en la planificación inicial
continúan eludiendo los esfuerzos dirigidos a la reconstrucción”.
Es un eufemismo notable. Es también una admisión de que no puede
esperarse que los estadounidenses hagan sus sumas cuando están
gastando el dinero de otras personas para financiar una guerra. No
solo los estadounidenses son culpables de una falta de
responsabilidad. En enero del año en curso, el Inspector General
Especial para la Reconstrucción de Iraq (IGSRI) publicó un informe
en que detalla pruebas de fraude, corrupción y despilfarro por parte
del gobierno interino iraquí cuando Bremen estaba a cargo de la
situación. Observaron que 8 800 millones de dólares –todo el gasto
del Gobierno Interino Iraquí de octubre de 2003 a junio de 2004—no
estaban debidamente justificados. La Oficina iraquí de Presupuesto y
Gestión tenía en un momento sólo seis empleados, todos sin
experiencia, y pocos ministerios tenían departamentos de presupuesto.
Los ministros recientemente designados de Iraq y sus funcionarios de
alto nivel estaban en libertad de distribuir cientos de millones de dólares
en efectivo como les diera la gana, mientras los “asesores”
estadounidenses miraban. “El personal de la APC no examinó ni
comparó el desempeño financiero, presupuestario y operacional con
los resultados previstos o esperados”, explicaron los auditores. Un
ministerio repartió 430 millones de dólares en contratos sin que sus
asesores de la APC vieran el trámite burocrático. Otro alegó que
pagaba a 8206 guardias, pero solo podía justificar el pago a 602.
Sencillamente no hay forma de saber qué cantidad de los 8 800
millones de dólares se destinaron a pagar a las milicias privadas y
qué cantidad fue a parar a bolsillos privados. “”Es sorprendente
que la oficina del inspector general pudiera haber elaborado incluso
un proyecto de informe con tantísimos errores e inexactitudes”,
indicó Bremen en su respuesta al informe el IGSRI. “En la liberación,
la economía iraquí estaba estancada. Por tanto, la prioridad
principal de la APC era lograr que la economía marchara”. El IGSRI
respondió con la publicación de otra auditoria este abril, una
investigación de la forma en que la APC de Bremen manejó los pagos
en efectivo del Fondo para el Desarrollo destinado al Iraq en solo una
región de ese país: alrededor de Hillah: “Durante la auditoria,
detectamos deficiencias en el control del efectivo… de tal magnitud
que exigía inmediata atención. Esas deficiencias eran tan
significativas que nos impidió lograr nuestros objetivos planteados.
“Encontraron que la sede de la APC en Bagdad no mantenía un control
total ni responsabilidad de aproximadamente 119, 9 millones de dólares
y que los agentes en el terreno “no podían justificar o apoyar
debidamente más de 96,6 millones de dólares en efectivos y
recibos”. Esos agentes eran principalmente estadounidenses en Iraq
con contratos a corto plazo. El saldo de cuenta de un agente estaba
exagerado en 2 825 755 dólares y el error pasó sin que lo
detectaran. Otro agente recibió 25 millones de dólares en efectivo
por los que la oficina de Bremen “reconoció que no tenía ninguna
documentación complementaria”. De más de 23 millones de dólares
que se entregaron a otro agente, sólo hay documentos en relación con
6 306 836 dólares pagados a los contratistas. Muchos de los agentes
estadounidenses presentaron sus papeleos horas antes de que se
dirigieran al aeropuerto. Dos se fueron de Iraq sin justificar 750 000
dólares cada uno; el dinero nunca se encontró. La oficina principal
de la APC autorizó los saldos de varios agentes de entre 250 000 y 12
millones de dólares sin ningún recibo. Un agente que no entregó los
recibos, al decírsele que todavía debía 1 878 870 dólares, se
presentó tres días después con exactamente esa cantidad. Los
auditores pensaron que “esto indica que el agente tenía una reserva
de efectivo”, al señalar que si sus cifras iniciales hubieran
estado correctas, él habría justificado a la APC unos 3,8 millones
de dólares más de lo que había recibido inicialmente, lo cual
“indica que los documentos de recibos proporcionados al gerente de
cuentas del FBI no eran nada fiables”.
El
personal de la oficina matriz de la APC en Bagdad solía trabajar doce
horas al día, los siete días de la semana, a menudo en puestos de
seis meses. No confiaban en la red de computadoras por lo que muchos
de ellos ponían sus registros en memorias USB y en archivos de
computadoras privadas que no se podían abrir con sus accesorios. En
un momento dado, sólo había un funcionario en la oficina del gerente
de cuentas de la APC, que autorizaba a todos los agentes de pago en
Iraq. Dichos agentes sobre el terreno no podían a menudo verse
envuelto en el papeleo y mucho menos molestarse por eso, lo cual era
frustrante para los honestos y una gran ayuda para sus colegas
deshonestos. Por tanto, ¿A dónde iba a parar el dinero? No se podía
ver en Hillah. Las escuelas, hospitales, abastecimientos de agua y
electricidad, todo lo cual se suponía que se beneficiaran de este
dinero, están en ruinas. La inevitable conclusión es que muchos de
los agentes de pagos estadounidenses se apropiaban de grandes
cantidades de efectivo y hacían tratos ventajosos con sus contactos
iraquíes.
Y
así continuaba la historia. La auditoria más reciente que la IAMB
realizó en cuanto a los gastos del gobierno iraquí, que aun no se ha
publicado, se refiere a la “contabilidad incompleta, falta de
justificación documentada para la competencia limitada de contratos
en los ministerios iraquíes, la posible malversación de los ingresos
provenientes del petróleo, dificultades significativas para
garantizar la exhaustividad y precisión de los presupuestos iraquíes
y los controles sobre los gastos, así como el no depósito de los
ingresos derivado de las ventas de las exportaciones de productos del
petróleo en las cuentas apropiadas en contravención de la resolución
1483 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Bremen
restableció la Junta iraquí de Auditoria Superior un mes antes de
irse de Bagdad. Ahora se dice que tiene más de mil auditores y
personal de apoyo distribuidos en todos los ministerios del gobierno
iraquí. Se dice que la nueva comisión iraquí de integridad pública,
equivalente del FBI, tiene 200 miembros y 15 asesores estadounidenses.
Sin embargo, según las cifras estadounidenses más recientes, de más
de 3 400 quejas, sólo alrededor de una de 50 ha pasado a la comisión
de integridad pública para su posible tramitación.
Existe
una explicación para esta inactividad. El jueves, 1ro de julio de
2004, dos días después que Bremen partiera de Bagdad, Ehsan Karim,
el nuevo jefe de la Junta de Auditoria Superior, resultó muerto por
una bomba al salir del Ministerio de Finanzas. Dos semanas después,
Sabir Karim (sin ningún parentesco) fue asesinado cuando tirotearon
el auto en que viajaba rumbo a su trabajo en el Ministerio de
Industria, donde estaba a cargo de investigar la corrupción. Hace
unas semanas, fue asesinado otro funcionario de alto nivel que
investigaba casos de corrupción. La IAMB no revela los nombres de sus
delegados iraquíes con el fin de mantenerlos vivos.
“En
ausencia de datos contables significativos, los iraquíes no tienen
forma de conocer qué parte de las riquezas nacionales se entrega a
los amigos y las familias de los ministros y de los empleados públicos
o cuánto se destina a cuentas secretas en bancos en ultramar. En
vista de que ahora muchos baazistas están de nuevo en el Gobierno,
parte de ese dinero puede incluso estar siendo utilizado para
financiar a los insurgentes”.
Tanto
Saddam como los Estados Unidos obtuvieron un excelente beneficio
durante su reinado. Controlaba la riqueza de Iraq mientras la mayor
parte del petróleo de ese país se enviaba a las refinerías
californianas para proporcionar gasolina barata a los votantes
estadounidenses. Las corporaciones estadounidenses, como las que
disfrutaban del favor de Saddam se enriquecieron. En la actualidad, el
sistema es casi el mismo: el petróleo va para California y el nuevo
"gobierno iraquí" gasta impunemente el dinero del país.
(*) Periodista y
realizador de documentales de televisión.
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