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La corrupción norteamericana en Iraq
Preguntan los iraquíes a Bush: ¿dónde quedó todo
nuestro dinero?
Por Evelyn Pringle
CounterPunch / Rebelión, 22/09/05
Traducido para Rebelión por Germán Leyens
He
llegado a la conclusión de que incluso si llego a vivir 100 años,
jamás podré rastrear a cada logrero relacionado con Bush involucrado
en este artilugio de la falsa guerra contra el terror. Según un
informe publicado en marzo de 2005 por Transparency International
(TI), una organización internacional que se concentra en temas de
corrupción, Irak podría convertirse en “el mayor escándalo de
corrupción de la historia”.
“Puedo ver todo tipo de niveles de corrupción en
Irak”, dijo el colaborador en el informe Reinoud Leenders al
Christian Science Monitor, “comenzando con funcionarios de mala
muerte que piden sobornos para procesar un pasaporte, hasta
contratistas que suministran trabajo de pacotilla, y el tipo de
corrupción de alto nivel que implica a ministros y a altos
funcionarios que asignan contratos a sus amigos y clientes.”
Uno de los principales diez pillos tiene que ser
Ahmed Chalabi. Antiguo banquero en Jordania, Chalabi se vio obligado a
huir del país en 1989 antes de que se le pudiera arrestar por su
participación en una estafa financiera de 200 millones de dólares. Más
tarde fue juzgado y condenado en ausencia, y sentenciado a 22 años en
prisión por más de 30 cargos de robo, malversación, abuso de fondos
de depositantes, y especulación con divisas.
Evidentemente, sin embargo, unos pocos antecedentes
criminales no preocuparon a la pandilla de Bush, porque Chalabi fue
uno de los primeros iraquíes llevados a Irak por el Pentágono
durante la invasión de 2003, supuestamente para que pudiera
solidificar su base política, que resultó ser más o menos
inexistente.
Ahora mismo, no puedo creer que alguien haya podido
llegar a dudar del papel de Chalabi en la conspiración para
apoderarse de Irak. Estuvo metido desde el primer día, según un
informe del 17 de marzo de 2005 de Newsnight de la BBC que dijo: “La
administración Bush hizo planes para la guerra y para el petróleo de
Irak antes del 11–S, provocando una batalla política entre los
neoconservadores y el Gran Petróleo”. Personas informadas
declararon a Newsnight que la planificación comenzó “semanas después”
de la toma del poder por Bush.
Un consultor de la industria petrolera nacido en
Irak, Falah Aljibury, declaró a Newsnight que participó en reuniones
secretas en California, Washington y Medio Oriente. Describió un plan
del Departamento de Estado para un golpe de estado forzado. Aljibury
dijo que incluso había entrevistado a sucesores potenciales para
Sadam por cuenta de la administración Bush.
Sin embargo, “El plan preferido por la industria
fue dejado de lado y en cambio se adoptó otro plan secreto”,
escribió Newsnight, “preparado justo antes de la invasión en 2003,
que proponía la venta de todos los campos petrolíferos de Irak”.
El plan de venta fue aprobado en una reunión secreta
dirigida por el mismísimo Ahmed Chalabi, poco después de la invasión
de Bagdad, según Robert Ebel, antiguo analista de Energía y de la
CIA. Participó en la reunión en Londres a pedido del Departamento de
Estado, declaró Ebel a Newsnight.
Falah Aljibury asevera que lo que llevó en última
instancia a la insurgencia y a los ataques contra las fuerzas de
ocupación de EE.UU. fue el plan de vender el petróleo de Irak
“Presenciamos un aumento en los ataques con bombas contra
instalaciones petroleras, oleoductos, basados en la premisa de que venía
la privatización”, informó.
Desde luego seguramente no fue positivo el que los
iraquíes hayan sido obligados a contemplar como la fortuna de
Halliburton aumentaba con dinero del Fondo de Desarrollo para Irak, a
través de la asignación de 5 contratos sin licitación, por parte de
la Autoridad Provisional de la Coalición, por sumas de 222 millones
de dólares, 325 millones, 180 millones, y un total de 194 millones
para los últimos dos, que encontré por casualidad en una lista en el
Apéndice de un informe del 28 de julio de 2004 del inspector general
de la CPA, intitulado “Controles del manejo de efectivo del
contralor respecto al Fondo de Desarrollo para Irak”.
La oficina del inspector general de la CPA [CPA–IG
por sus siglas en inglés] fue establecida por el Congreso el 6 de
noviembre de 2003, para servir como “un evaluador independiente,
objetivo, de las operaciones y actividades de la CPA”, según el
sitio oficial en la Red. La CPA–IG informó directamente al
administrador Paul Bremer, aunque tuvo autoridad independiente para
realizar auditorías e investigaciones independientes sin la aprobación
del administrador.
Un informe en enero de 2005, del inspector general de
la CPA, Stuart Bowen, concluyó que las autoridades de la ocupación
contabilizaron mal 8.800 millones de dólares en fondos iraquíes.
“La CPA no implementó controles financieros adecuados”, dijo
Bowen.
Fue definitivamente un eufemismo. Un ex alto
consejero de la CPA, Franklin Willis, comparó Irak con el “Lejano
Oeste”, diciendo que entregó un pago de 2 millones de dólares a
una compañía, Custer Battles, en manojos de billetes.
“Llamamos a Mike Battles y le dijimos: ‘Trae una
bolsa’,” dijo Willis en un testimonio ante el Congreso en febrero
de 2005.
Custer fue diferente. Dos antiguos empleados que
pasaron a ser informantes presentaron una demanda contra la compañía
con una queja que decía entre otras cosas, que Custer Battles hizo
una doble facturación de salarios y repintó las carretillas
elevadoras de Iraqi Airways que encontró en el aeropuerto de Bagdad,
para cuya seguridad había sido contratada, y luego las volvió a
alquilar al gobierno de EE.UU. Los dos antiguos empleados, Pete
Baldwin y Robert Isakson, afirman que Custer estafó a la CPA por unos
50 millones de dólares.
Bush se apuró en criticar a la ONU por millones de dólares
robados del Programa de Petróleo por Alimentos bajo Sadam. Pero la
CPA, como sucesores del Programa de Petróleo por Alimentos, alias
Fondo de Desarrollo para Irak [DFI, por sus siglas en inglés],
involucra la estafa de miles de millones de dólares.
Y Custer es sólo uno de los contratistas corruptos.
La investigación de la CPA–IG que resultó en el Informe de
Administración de Fondos del Contralor, determinó que cuando se trató
de dinero en efectivo iraquí, no se mantuvo una contabilidad
adecuada, la seguridad física fue inadecuada, los registros estaban
incompletos, y las responsabilidades de los administradores de los
fondos no fueron asignadas de modo adecuado.
Los auditores que participaron en la investigación
no pudieron cuadrar las declaraciones financieras del DFI, en gran
parte por la decisión de la CPA de utilizar una contabilidad sobre la
base de valores de caja, lo que es más difícil de rastrear que una
contabilidad basada en el criterio de lo devengado.
Los investigadores también establecieron que hubo
una mala supervisión de los gerentes de fondos responsables por las
transferencias de pagos. Al examinar 15 sitios de desembolsos, los
auditores establecieron que los funcionarios no documentaron
rutinariamente los adelantos a los agentes de pago, y los recibos. Por
ejemplo, los funcionarios en 14 de los sitios ni siquiera mantuvieron
un registro de ingresos. Al examinar 26 recibos pagados descubrieron
que 25 no tenían facturas comprobantes y que en todos los 26 faltaba
una o más de las firmas exigidas.
Determinaron que de 400 millones de dólares
disponibles para su desembolso, hasta 50 millones fueron entregados
sin recibos apropiados. “Durante el estudio, descubrimos que no había
recibos comprobantes para algunas facturas; que recibos fueron
aprobados con limitadas explicaciones de los servicios o de los
materiales recibidos, y que fondos fueron desembolsados por servicios
que contradecían los gastos permisibles, dijo el inspector general en
el informe.
Del mismo modo, una auditoría avalada por Naciones
Unidas concluyó que no se han presentado explicaciones sobre el
destino de aproximadamente la mitad de los 5.000 millones de dólares
en fondos para la reconstrucción de Irak por males controles
financieros, según el “Fondo de Desarrollo de Irak –– Informe
Sobre Conclusiones de Hecho en Conexión con Desembolsos del 1 de
enero de 2004 al 28 de junio de 2004”, del Consejo Consultivo y de
Control Internacional, en septiembre de 2004.
Hasta el verano de 2004, la CPA se negó a dar a
conocer los nombres de las compañías que obtuvieron contratos
pagados con fondos iraquíes. Aunque había información disponible
sobre los contratos financiados por EE.UU., no existía información
disponible sobre las compañías pagadas con dinero iraquí. En agosto
de 2004, terminaron por dar a conocer información sobre contratos
evaluados en más de 5 millones de dólares. Pero hasta la fecha, no
se han publicado detalles sobre contratos por un valor de menos de 5
millones de dólares.
Un análisis de los datos publicados en agosto de
2004, mostró que la CPA había asignado un 85% de los contratos a
firmas estadounidenses y británicas. Por contraste, compañías iraquíes
recibieron sólo un 2% de los contratos pagados con fondos iraquíes.
Una informe de auditoría del 18 de marzo de 2004 de
la Oficina del Departamento de Defensa del Inspector General
intitulado “Contratos de adquisición otorgados por la Autoridad
Provisional de la Coalición por el Comando de Contratación para la
Defensa – Washington”, determinó que la CPA y su predecesora, la
Oficina para la Reconstrucción y la Ayuda Humanitaria (ORHA, por sus
siglas en inglés), habían soslayado los procedimientos federales de
contratación de los primeros días de la ocupación.
La auditoría estableció que no se siguieron las
reglas federales de compra en 22 de 24 contratos otorgados por el
Comando de Contratación para la Defensa y que el personal del
departamento de la defensa realizó “un control inadecuado sobre más
de la mitad de los contratos; no “realizó o apoyó decisiones sobre
la sensatez de los precios; y permitió actividad que estaba “fuera
del alcance de los contratos originales”.
La auditoría dijo que el Departamento de Defensa no
puede estar seguro de que “suministró la mejor solución
contractual o pagó precios justos y razonables por los bienes y
servicios adquiridos durante el proceso de reconstrucción”.
Sin embargo, no sólo la CPA no siguió las reglas de
información del Departamento de Defensa, tampoco siguió sus propias
reglas. La regulación Número 2 exigía que la CPA contratara una
firma de contabilidad pública independiente para asegurar que el
Fondo de Desarrollo de Irak era utilizado de modo transparente y en
beneficio del pueblo iraquí.
Pero, en lugar de contratar a una firma de
contabilidad pública certificada, la CPA entregó el contrato de 1,4
millones de dólares a North Star Consultants, una firma de servicios
financieros, para que revisara sus controles internos para el DFI.
Finalmente, ni North Star, ni ninguna otra firma, realizaron alguna
vez una revisión, porque el Contralor “modificó verbalmente el
contrato y empleó al contratista para realizar sobre todo tareas de
contabilidad en la oficina del Contralor”, dijo el informe.
Como reacción ante el informe, la CPA afirmó que el
motivo por el que North Star no realizó una revisión fue que el
contrato no fue firmado hasta poco antes de que la CPA fuera disuelta.
Aunque reconoció que el contrato “debería haber sido modificado
para que reflejara el cambio, la CPA no se dio la molestia de explicar
por qué otorgó un contrato para revisar su control del DFI, si la
organización estaba a punto de ser disuelta”.
La verdad es que los deshonrosos procedimientos
contables de la CPA dejaron todas las puertas abiertas al fraude, el
derroche, el soborno, y la malversación de fondos, y que nadie podrá
jamás establecer qué es lo que ocurrió exactamente con el dinero
iraquí.
Persiste el hecho de que Halliburton recibió un 60%
de todos los contratos pagados con dinero iraquí, incluso después de
que se demostró una y otra vez que sus proyectos involucraban fraude
en todos los frentes, desde el pago de más de 6 millones de dólares
en comisiones clandestinas a un contratista kuwaití, al cobro de tres
veces más comidas que las que la compañía sirvió realmente a los
soldados; hasta el gasto de millones en lavado y en toallas con
monogramas; hasta acumular costos conduciendo camiones vacíos por
doquier en Irak; hasta alquilar vehículos demasiado caros de oficinas
de adquisición kuwaitíes.
En 2003, Halliburton entregó gasolina a través del
subcontratista de Kuwait, Altanmia Commercial Marketing Company, por
un precio promedio de 2,65 dólares por galón. En la primavera de
2004, el contrato fue anulado y el nuevo gobierno interino iraquí
firmó un contrato idéntico con Lloyd Owens International [LOI], una
compañía británica que administra 700 camiones de 7 subcontratistas
diferentes, lo que provocó el resentimiento de Halliburton contra la
nueva compañía por haber perdido el contrato.
LOI, y su socio, Geotech Environmental Services of
Kuwait, sólo cobró 18 centavos por galón por transportar la
gasolina a los mismos sitios.
Una audiencia por negligencia sobre “Derroche,
Fraude, y Abuso en Contratos del Gobierno de EE.UU. en Irak” tuvo
lugar el 27 de junio de 2005, dirigida por el senador Byron Dorgan de
Dakota del Norte, presidente del Comité Político Demócrata.
Alan
Waller, presidente de Lloyd Owens International,
y su socio, Gary Butters, volaron a EE.UU. para testificar en la
audiencia.
Waller dijo que durante el año anterior, mientras
trabajaba en el sur de Irak, había encontrado a un solo trabajador de
Halliburton y que cada gasolinera establecida para suministrar
combustible a los iraquíes estaba en mal estado, incluyendo aquellas
que supuestamente habían sido reparadas por Halliburton.
“Como Lloyd–Owen entrega combustible a casi cada
refinería o depósito en el sur de Irak, encontramos frecuentemente
ejemplos de malos equipamientos, ningún equipamiento o quejas del
personal iraquí”, dijo Waller.
Waller y Butters declararon a los parlamentarios en
la audiencia que cada mañana los conductores de 120 camiones que
hacen fila en la frontera entre Kuwait e Irak para entregar gasolina
tienen que cruzar la frontera en la madrugada porque si esperan
demasiado, empleados de KBR que patrullan la frontera durante el día,
los someten a inspecciones exhaustivas y efectivamente detienen la
operación.
LOI también informó que el 9 de junio de 2005, un
convoy de camiones de LOI que iba en camino a entregar materiales de
construcción a una instalación de refectorio de Halliburton en una
base militar cerca de Faluya, fueron atacados y 3 conductores fueron
presumiblemente muertos y seis camiones tuvieron que ser abandonados.
Los conductores sobrevivientes renquearon a una base
militar, a la espera de obtener ayuda del personal de Halliburton que
dirigía la instalación, pero en lugar de recibirla se les hizo el
vacío. Cuando los conductores trataron de abandonar Irak, fueron
atacados con una bomba al borde de la ruta y murió uno más.
Waller dijo que los empleados de Halliburton
recibieron instrucciones de no ayudar a los conductores y que la compañía
no había advertido a LOI que otros dos convoyes habían sido atacados
en la misma área durante la semana anterior.
Al comienzo de la audiencia, el congresista Henry
Waxman, (demócrata de California), presentó un nuevo estudio basado
sobre todo en informes confidenciales provenientes de la Agencia de
Auditoría de Contratos de Defensa (DCAA, por sus siglas en inglés).
El estudio reveló que en general Halliburton había
recibido aproximadamente un 52% de los 25.400 millones de dólares que
fueron pagados a contratistas privados en Irak. El 52% se dividió
entre dos contratos diferentes. El primero, conocido como LOGCAP, debía
suministrar apoyo logístico como ser cocinar y limpiar para las
tropas, y fue subcontratado a trabajadores civiles, por lo que
Halliburton había recibido 8.600 millones de dólares.
Por el contrato LOGCAP cobró por sus costes reales,
más una comisión adicional de entre un 1 y un 3 por ciento,
dependiendo de su efectividad.
El contrato “Restauración del Petróleo Iraquí”
[RIO por sus siglas en inglés] cubría la reparación de los campos
petrolíferos iraquíes en el período subsiguiente a la invasión de
2003 e importaciones de combustible para el consumo. El contrato RIO
ha sido completado y terminó costando 2.500 millones de dólares. Un
segundo contrato RIO está en vías de ejecución.
Nueva evidencia de fraude y de abuso de contratos fue
publicada justo antes de la audiencia y mostró que KHB:
1) Había cobrado de más o presentado facturas
dudosas por cerca de 1.500 millones de dólares, casi cuatro veces el
monto previamente revelado.
2) Había perdido 12 bases prefabricadas por un valor
de más de 75 millones de dólares que podrían haber albergado hasta
6.000 soldados.
3) Había facturado 152.000 dólares por el
suministro de una biblioteca para 2.500 soldados.
4) Había facturado todo el tiempo de modo
incoherente. Por ejemplo, los reproductores de vídeos cuestan 300 dólares
en algunos casos, y 1.000 dólares en otros; la compañía facturó un
día 2,31 dólares por toallas y 5 dólares por las mismas toallas en
otra ocasión.
Rory Mayberry, antiguo contratista de Halliburton,
que trabajó en el refectorio de la mayor base militar en Irak, también
testificó en la audiencia. Mayberry dijo que la compañía cobró al
gobierno por servir 20.000 comidas al día cuando en realidad estaba
sirviendo sólo 10.000, y que fue enviado a un puesto más peligroso
como castigo por hablar con los auditores.
En un testimonio grabado en vídeo, presentado en la
audiencia, Mayberry declaró que Halliburton suministraba a veces
comida con caducidad vencida hace más de un año o que había sido
afectada por mala refrigeración. Las pocas veces que los militares se
negaron a aceptar la comida en mal estado, Mayberry dijo que se
instruyó a los camioneros que la entregaran a la próxima base en la
esperanza de que escapara al examen.
Dijo que también Halliburton debía suministrar
supuestamente 600 comidas a trabajadores turcos y filipinos en Irak, y
que “aunque KBR cobró por este servicio, no preparó las comidas.
En su lugar, se sirvió a estos trabajadores los desechos de comida en
cajas y bolsas de basura después de que habían comido los soldados.
Algunas veces no quedaron restos para alimentarlos”, dijo.
Según
Mayberry, “conductores iraquíes de convoyes
con alimentos que llegaban a la base no recibían alimentación. Se
les daban Comidas Listas para Comer, con carne de cerdo, que no podían
comer por motivos religiosos”.
“El resultado fue que los conductores robaban
alimentos de los camiones”, dijo.
La testigo estrella de la audiencia fue Bunnatine
Greenhouse, antigua profesora de matemáticas, que llegó a ser la
empleada civil de más alto nivel en el Cuerpo de Ingenieros del
Ejercito, responsable de firmar los contratos para Irak. Testificó
que sus superiores la obligaron a firmar contratos sin licitación
para Halliburton la víspera de la invasión de Irak.
Presentó una queja contra sus superiores por acoso,
pero el acoso no ha cesado. Dijo que abogados del Pentágono trataron
de convencerla de que no testificara en la audiencia tres días antes
de que ésta comenzara.
“He aceptado voluntariamente aparecer en esta
audiencia en mi capacidad personal porque he agotado todos los caminos
internos para corregir abusos contractuales que observé mientras servía
a esta gran nación como la ejecutiva superior de compras del Cuerpo
de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos”, dijo Greenhouse.
“A fin de cumplir con mi juramente, tengo que revelar a miembros
apropiados del Congreso abusos serios y continuos de contratos que no
puedo encarar internamente”, dijo.
“Puedo declarar inequívocamente que el abuso
relacionado con contratos asignados a KBR representa el abuso más
flagrante e indecoroso que he visto durante el curso de mi carrera
profesional”, dijo en su testimonio.
Miembros del Congreso en la audiencia mostraron una
fuerte reacción ante las revelaciones de Greenhouse.”Este
testimonio no sólo exige vigilancia del Congreso – clama por
ella”, dijo el senador Dorgan.
Sin embargo, no he oído de ninguna audiencia de
vigilancia como reacción al testimonio de Greenhouse. En su lugar,
poco tiempo después de la audiencia leí el New York Times del 29 de
agosto de 2005 que decía: “Una alta funcionaria del Ejército que
criticó un gran contrato no–competitivo con la compañía
Halliburton por trabajo en Irak, fue degradada el sábado por lo que
el Ejército calificó de mal rendimiento en su trabajo”.
“La funcionaria, Bunnatine H. Greenhouse,"
escribió el Times, “trabajó en la adquisición militar durante 20
años y en los últimos años ha sido la supervisora jefe de contratos
en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la agencia que ha
administrado gran parte del trabajo de reconstrucción en Irak.
En realidad, ninguno de los testimonios de ninguno de
los testigos afectó en lo más mínimo a los mandamases del Pentágono.
El 1 de mayo de 2005, el Ejército otorgó silenciosamente a la compañía
un nuevo contrato por un valor de cerca de 5.000 millones de dólares
para continuar con su maravilloso apoyo logístico a los soldados en
Irak, y lo último que he oído, es que el contrato equivale a
depositar dinero en las cuentas de KBR.
Pero después de todo, ¡qué diablos! La gente ha
estado fastidiando a Halliburton porque se enriquece con la guerra
desde hace más de 40 años. En 1966, un miembro republicano de
Illinois de la Cámara de Representantes, quiso informarse sobre la
asociación de treinta años entre el presidente de Halliburton,
George R. Brown, y Lyndon B. Johnson. Brown había contribuido 23.000
dólares al Club del Presidente mientras el Congreso estaba
considerando si continuar otro proyecto multimillonario de Brown &
Root Services, según un informe del Centro por la Integridad Pública
del 2 de agosto de 2001. “¿Por qué este inmenso contrato no ha
sido y no es auditado ahora adecuadamente es algo que se me escapa. El
potencial para el derroche y el enriquecimiento bajo un contrato
semejante es sustancial, digo el indignado congresista republicano
Donald Rumsfeld.
En 1982, la GAO [siglas en inglés de Oficina de
Responsabilidad Gubernamental] informó que la compañía perdió el
control contable de 120 millones de dólares y que su seguridad era
tan miserable que millones de dólares en equipamientos habían sido
robados.
Para aquellos lectores que puedan seguir confiando en
que los millones de dólares en impuestos gastados en todas las
investigaciones y audiencias discutidas en este informe pudieran
llevar a un cambio positivo de los contratistas en Irak, menciono el
siguiente chisme incómodo. Según el Boston Globe del 15 de julio de
2005: “El investigador jefe del gobierno federal arremetió ayer
contra el Pentágono por su “atroz administración financiera”,
diciendo que el Departamento de Defensa no fue capaz de rendir cuentas
plenamente a los funcionarios supervisores federales sobre los 1.000
millones de dólares que están siendo gastados cada semana en el
guerra en Irak”.
No estoy segura de si los estadounidenses o los iraquíes
están pagando la cuenta por los mil millones por semana, pero creo
que deben ser los iraquíes a la luz del último anuncio por parte de
funcionarios en Irak. El 9 de septiembre de 2005, el Guardian informó
que: “Proyectos cruciales de reconstrucción en Irak se están
paralizando porque se está acabando el dinero estadounidense y la
seguridad ha desviado fondos previstos para la electricidad, el agua y
los servicios sanitarios, según funcionarios de EE.UU.”
Se calcula que en la actualidad hay 20.000
contratistas extranjeros de seguridad en Irak, y que algunos cobran más
de 1.000 dólares por día. Según IG, Stuart Bowen, 5.000 millones de
dólares de los 18.400 millones presupuestados por el Congreso para la
reconstrucción han sido desviados hacia la seguridad.
Un informe de la GAO dijo que se debía a “ataques,
amenazas e intimidación contra contratistas y subcontratistas de
proyectos”.
Para los que se preguntan qué tipo de éxito
obtuvieron los iraquíes a cambio de su dineral, baste mencionar que
algunas áreas de Irak siguen obteniendo menos de cuatro horas de
electricidad por día. El costo estimado de un suministro suficiente
para el país hasta 2010 es de 20.000 millones de dólares según el
Guardian.
Los proyectos de agua y servicios sanitarios han sido
fuertemente afectados. Según un informe publicado a principios de
este mes por la GAO, hasta ahora se ha gastado 2.600 millones de dólares
en proyectos de agua, pero esa suma equivale a sólo la mitad de la
suma presupuestada para el trabajo, porque el resto fue gastado en
seguridad y otros usos.
Un cuarto de los proyectos terminados de suministro
de agua por 200 millones de dólares entregados a las autoridades
iraquíes ya no funcionan correctamente debido a “saqueos,
suministros inestables de electricidad o personal y suministros iraquíes
inadecuados”, dijo el informe de la GAO. Ha habido un aumento de los
casos de deshidratación y de diarrea entre niños y ancianos.
La escasez de combustible ha causado colas de más de
un kilómetro en las gasolineras. La producción de crudo promedia
unos 2,2 millones de barriles por día, menos todavía que los picos
de antes de la guerra, según la Brookings Institution en Washington.
En cuanto a Halliburton, actualmente confronta una
serie de investigaciones por cobros excesivos en Irak, según informe
publicado en marzo de 2005 por el congresista Henry Waxman (demócrata
de California).
Pero, ¡oiga!, ¿qué mejor elección podía haber
hecho Bush que otorgar a Halliburton el contrato de reconstrucción
por 700 millones para reparar el daño causado por Katrina? Quiero
decir, ¡mira lo que ha hecho la firma por los iraquíes!
Y piensa en lo agradecidos que deben estar los iraquíes
hacia Bush, especialmente los que han logrado seguir en vida.
(*) Evelyn Pringle
es columnista de Independent Media TV y periodista investigadora que
se concentra en la denuncia de la corrupción. Para contactos:
epringle05@yahoo.com
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