Todo listo para el
saqueo
Por Emad Mekay
Inter
Press Service (IPS), noviembre 2005
Washington.
Los acuerdos de exploración de crudo que negocia el gobierno
iraquí con empresas multinacionales podrían representar pérdidas
por 194.000 millones de dólares para ese país, y la transferencia de
más de dos tercios de sus reservas a manos de firmas extranjeras.
"En síntesis,
quienes obtendrán el control del petróleo iraquí serán Estados
Unidos, Gran Bretaña y sus empresas petroleras", dijo Steve
Kretzmann, de la organización Oil Change International y coautor del
estudio "Diseños crudos: la estafa de la riqueza petrolera de
Iraq", divulgado el 22 de este mes.
"Los perdedores
son los iraquíes", agregó.
El informe afirma que,
atando al gobierno interino de Iraq a un tipo de contrato que da
ventajas a los ejecutivos de las petroleras transnacionales, éstas se
asegurarán márgenes de ganancia de 42 a 162 por ciento, muchísimo más
que las metas usuales de la industria, establecidas en el entorno de
12 por ciento.
Las petroleras de
Estados Unidos y Gran Bretaña presionaron por semejantes márgenes
para invertir en Iraq, citando la inseguridad y la inestabilidad política
que vive el país, ocupado militarmente por ambas naciones desde marzo
de 2003.
La resistencia violenta
a la invasión, los ataques militares a civiles, los secuestros y los
atentados suicidas son moneda corriente desde entonces.
"El formato de los
contratos es el más costoso y antidemocrático posible", dijo
Greg Muttitt, de Platform, una organización de vigilancia de la
industria petrolera con sede en Londres. "El petróleo de Iraq
debería beneficiar al pueblo iraquí, no a las empresas
extranjeras".
Los contratos de
reparto de producción (PSA, por sus siglas en inglés), suelen tener
una vigencia estimada de entre 25 y 40 años y están fuera de
cualquier control público.
Esta modalidad de
acuerdos es defendida por algunos funcionarios iraquíes, según los
cuales darán vía rápida al desarrollo de la industria, muy
deteriorada por los embargos internacionales de los años 90 y por la
guerra.
"Para obtener
aumentos considerables en la producción de petróleo, necesitamos
contratos de reparto de producción", dijo el viceprimer ministro
iraquí Ahmad Chalabi.
Pero los críticos señalan
que los términos de esos contratos, que promueven con entusiasmo
Estados Unidos y Gran Bretaña, prohíben a las autoridades locales
enmendarlos en el futuro y están sujetos a disposiciones de
confidencialidad.
Desarrollado en los años
de 1960, este formato de contrato mantiene la propiedad legal de las
reservas en manos del Estado, evitando acusaciones de que la riqueza
nacional es transferida a manos extranjeras.
Pero en la práctica,
dan a las compañías petroleras los mismos resultados que los
acuerdos de concesión que reemplazaron. Los PSA aseguran a los
inversores impuestos fijos durante la vida del proyecto.
Los iraquíes no podrán
impugnar los contratos en sus propios tribunales, porque se requiere
que todas las disputas sean ante tribunales internacionales privados.
Estos organismos suelen fallar con base sobre los intereses
comerciales, en lugar del interés de las naciones, el derecho
internacional o los derechos humanos.
"Este informe
exige un debate completo y abierto en Iraq sobre la manera en que van
a desarrollarse los recursos petroleros, no acuerdos de 30 años
negociados a puertas cerradas", dijeron los autores en un
comunicado.
Las empresas
petroleras, respaldadas por el poderío de Estados Unidos y Gran Bretaña,
pueden aprovecharse más de la fragilidad institucional de Iraq, añadieron.
"Las instituciones
de Iraq son nuevas y débiles", dijo Muttitt. "La
experiencia en otros países muestra que las empresas petroleras
generalmente obtienen ventajas en las negociaciones de los PSA con los
gobiernos. Las compañías inevitablemente utilizarán la
inestabilidad para presionar por términos muy ventajosos y encerrar
al país durante décadas".
La nueva Constitución
iraquí, aprobada en octubre, abrió el camino a una participación
extranjera mucho mayor en las riquezas de crudo. Ya están en curso
las negociaciones con empresas, antes de las elecciones previstas para
diciembre y a la aprobación de una nueva ley petrolera.
El estudio señaló a
un grupo de poderosos políticos y tecnócratas iraquíes que están
presionando por este sistema de contratos a largo plazo con las
empresas extranjeras. Estos arreglos "estarán fuera del alcance
de los tribunales iraquíes, del conocimiento público y del control
democrático", advirtió el estudio.
Los autores del informe
afirman que sus hallazgos confirman lo que muchos iraquíes creen
desde hace tiempo: que una de las razones de la invasión liderada por
Estados Unidos fue el botín de guerra de Iraq: las terceras mayores
reservas petroleras del mundo.
"Muchos iraquíes
creen que la guerra fue por el petróleo, y la opinión pública está
abrumadoramente en contra de la ocupación estadounidense, de modo que
los arreglos secretos con petroleras extranjeras sólo abonarán las
causas de la inestabilidad política", dijo el coautor del
informe, Erik Leaver, investigador del Instituto de Estudios Políticos,
con sede en Washington, una de las organizaciones que los auspiciaron.
Los PSA no son las únicas
opciones disponibles, afirma el informe citando cifras de la Agencia
Internacional de Energía Atómica según las cuales, este tipo de
contratos se utilizan para explotar apenas 12 por ciento de las
reservas petroleras mundiales, la mayor parte en países con elevados
costos de producción y resultados de exploración inciertos.
El informe sugiere como
alternativa que Iraq financie su producción firmando con las empresas
contratos con plazos más cortos y condiciones menos restrictivas. Éstas
podrían inclusive financiar la exploración con sus propios recursos
o apelar a préstamos internacionales, que pagarían con los futuros
flujos de crudo.
Si el país árabe,
cuyos ocupantes se declaran promotores de la libertad, sigue adelante
con los PSA, "podría terminar entregando su democracia tan
pronto como la consiga", advierte el documento.
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