El teniente Kendall–Smith reitera que la guerra es ilegal

Condenan a ocho meses de cárcel a oficial británico que se negó a ir a Irak

The Independent / La Jornada, 14/04/06

Aldershot, 13 de abril.– El primer oficial británico que se negó a ir a Irak por considerar que era una guerra "ilegal", fue sentenciado el jueves a ocho meses de cárcel, tras ser hallado culpable por un tribunal militar que lo juzgó por desobediencia, en la base de Aldershot, en el sur de Inglaterra.

El médico y teniente de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), Malcolm Kendall–Smith, que rechazó servir en Irak alegando que la invasión y ocupación del país árabe es ilegal, fue hallado culpable de cinco cargos, al término de tres días de un proceso militar.

Cinco oficiales de la RAF juzgaron en una corte marcial al médico de 37 años, y lo hallaron culpable de negarse a viajar a Basora (sur de Irak), y de rehusar recibir entrenamiento militar antes de partir.

El juez, Jack Bayliss, no permitió que los abogados de Kendall–Smith usaran el argumento de que el médico actuó de acuerdo con su conciencia, alegando que en el momento en que se le dio orden de ir a Basora, las fuerzas británicas y estadounidenses ya estaban en Irak "por invitación del gobierno iraquí", y no como invasores.

Bayliss tampoco permitió que la defensa llamara a testigos como Ben Griffin, un miembro del ejército británico quien se negó a dar servicio, convencido de que la guerra en Irak era ilegal y se rehusó a apoyar a las fuerzas estadounidenses por considerar que éstas han cometido numerosos excesos contra la población iraquí.

El juez también prohibió al equipo defensor de Kendall–Smith trasladar a Gran Bretaña a un médico iraquí que iba a describir sus experiencias de lo que ha sucedido en el país tras la invasión.

Durante las audiencias, el acusado reiteró que, a su juicio, desplegar tropas británicas en Basora era ilegal y comparó las acciones de los estadounidenses en Irak con las de los nazi.

Tras la sentencia, Kendall–Smith, que tiene nacionalidad británica y neozelandesa, reafirmó en una declaración leída por su abogado que, con base en la legislación internacional, Gran Bretaña no tenía potestad para atacar Irak, por lo que su deber era desobedecer las órdenes de ir a Basora.

El oficial estuvo destacado en Irak dos veces, pero en junio pasado rehusó regresar, alegando que la invasión de Irak era ilegal porque el país árabe nunca atacó a Gran Bretaña ni a ninguno de sus aliados.

En la declaración leída por su abogado, Hugheston Roberts, el acusado insistió en que sus acciones "fueron totalmente justificadas".

"Si estuviera otra vez en la misma situación, volvería a desobedecer las órdenes de servir en Irak", afirmó el médico y militar, quien informó que apelará el fallo del tribunal militar.

El martes, en el primer día del juicio, Kendall–Smith declaró que había adquirido conciencia de "la ilegalidad" de la guerra lanzada por Estados Unidos y Gran Bretaña contra Irak desde julio de 2004, 10 meses antes de que le ordenaran ir a Basora.

Bayliss afirmó, al leer la sentencia, que la ofensa cometida por el oficial era tan seria que merecía la cárcel. La "obediencia a las órdenes está en el corazón de cualquier fuerza con disciplina", dijo.

"Los que escogen vestir el uniforme de la reina no pueden elegir qué órdenes obedecen. Y los que así lo hacen, deben enfrentar las consecuencias", declaró el juez.

Tras la sentencia, organizaciones de derechos civiles y la coalición contra la guerra en Irak anunciaron que van a respaldar el recurso de apelación que presentará el oficial británico. "Sabemos que hay muchos oficiales, hombres y mujeres, que piensan como él", declaró Lindsey German, de la coalición contra la guerra en Irak, tras el anuncio del fallo del tribunal militar.

Por otra parte, este jueves entraron en vigor en Gran Bretaña nuevas leyes que castigan la glorificación del terrorismo y que permitirán prohibir más fácilmente a grupos que se considere alaban actos terroristas o inducen a cometerlos. Entre ellos se menciona a los "predicadores del odio" que actúan dentro de la comunidad islámica.

Las nuevas leyes fueron aprobadas a pesar de la oposición de numerosos legisladores, incluso oficialistas, que las consideraron perjudiciales para los derechos civiles.