Indignación por inminente ejecución de tres mujeres

Por Dahr Jamail y Ali al–Fadhily (*)
Inter Press Service (IPS), 02/03/07

Bagdad.– La ejecución en Iraq prevista para este sábado de tres mujeres, acusadas de integrar la insurgencia y estar vinculadas al "terrorismo", desató protestas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que temen una ola de sentencias a muerte.

A las tres mujeres, Wassan Talib, Zaineb Fadhil y Liqa Omar Muhammad, se les sumará otra, Samar Sa'ad Abdullah, pero por distintos motivos: fue hallada culpable de haber asesinado a cinco miembros de su familia.

Las cuatro se encuentran detenidas en la prisión para mujeres de Khadamiya, en el norte de Bagdad.

Una de las tres "terroristas", Muhammad, de 25 años, dio a luz a una niña luego de ser arrestada y todavía la amamanta en prisión. Por su parte, Talib, de 31 años, sigue en la cárcel con su niño de tres, según la organización Amnistía Internacional.

Talib y Fadhil, ambas de 25, fueron sentenciadas a muerte por el Tribunal Penal Central de Iraq (CCCI) el 31 de agosto de 2006, por el asesinato en 2005 de varios miembros de las fuerzas de seguridad en el distrito bagdadí de Hay al Furat. Ambas negaron estar involucradas.

Fadhil aseguró que se encontraba en el extranjero cuando ocurrieron los asesinatos, según Amnistía.

Muhammad, según fuentes del Sindicato de Abogados Iraquíes, fue sentenciada a muerte el 6 de febrero también por el CCCI, acusada de haber secuestrado en 2005 a un funcionario de gobierno dentro de la "Zona Verde", el sector fortificado de Bagdad donde se hallan las principales oficinas públicas y la embajada de Estados Unidos. Su esposo habría sido detenido y acusado del mismo delito.

No se sabe si las tres "terroristas" presentarán apelaciones. Aunque esto es posible, es poco probable que tengan éxito si, como hasta ahora, se les niega una representación legal independiente, según algunas fuentes. Una apelación de Abdullah ya fue rechazada, y ahora espera su inminente ejecución, indicó Amnistía.

Muchos abogados iraquíes interpretan las sentencias a muerte de estas tres "terroristas" como un intento del gobierno para intimidar a los insurgentes. Dos de ellas, Fadhil y Mohammad, fueron acusadas de haberse unido a sus esposos y otros miembros de sus familias en los supuestos delitos.

Algunos expresaron sorpresa por las condenas y dudas sobre las acusaciones. Es cuestión de honor para los hombres iraquíes que sus mujeres no participen en ninguna forma de violencia, explicaron a IPS.

Abogados independientes han criticado los juicios, señalando que son "injustos" y que violan las convenciones internacionales. El abogado Walid Hayali indicó que el tribunal no le permitió defender a las tres "terroristas". "A ningún abogado se le dio la oportunidad de hacer su trabajo", confirmó a IPS un cercano amigo de Talib.

Abogados iraquíes subrayan que el privilegio de una representación legal independiente está garantizado en el derecho internacional, y que sentenciar a muerte a la madre de un niño recién nacido también viola específicas pautas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Muchos iraquíes creen que podría proliferar la pena capital, sobre todo luego de la ejecución el 30 de diciembre pasado del ex presidente Saddam Hussein (1979–2003), y temen que esto agrave la violencia en todo el país.

"Esto no quedará sin castigo", dijo a IPS Fadhil Aziz, de 40 años, residente del distrito bagdadí de Amiriya. "Estados Unidos y sus colaboradores iraquíes deben pagar por los crímenes que están cometiendo contra nuestro honor", añadió.

Las inminentes ejecuciones probablemente aumenten el éxodo de iraquíes hacia el exterior. "Me voy a llevar a mi familia a cualquier otra parte del mundo en lugar de quedarme aquí y ver esto", dijo a IPS Abu Muhannad, un maestro escolar del distrito capitalino de Kadhamiya.

La ONU estima que unas dos millones de personas ya han abandonado el país. Aproximadamente 50.000 dejan Iraq cada mes, lo que amenaza con crear crisis humanitarias en los países cercanos de Medio Oriente, en particular Siria, Jordania y Líbano.

Cerca de un millón de iraquíes viven hoy en Siria, y más de 750.000 en Jordania, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Se estima que 40 por ciento de la clase media iraquí ya dejó el país desde la invasión liderada por Estados Unidos en 2003.

Tras el derrocamiento de Saddam Hussein, las fuerzas de ocupación suspendieron la aplicación de la pena de muerte, pero el nuevo gobierno interino iraquí la reinstauró en agosto de 2004 para delitos como el homicidio, el secuestro y las amenazas a la seguridad nacional.

En octubre de 2005 fue adoptada una nueva y más severa ley que establece la pena máxima por "planificar, financiar o permitir" actos de terrorismo.

El año pasado, los tribunales iraquíes sentenciaron a muerte a 235 personas, y otras 6.000 fueron condenadas a prisión de por vida, según el diario árabe londinense Al Sharq Al Awsat. Hay más de 2.000 mujeres consideradas "detenidas de seguridad", según el periódico.

No se sabe a ciencia cierta cuántas han sido ejecutadas desde agosto de 2004, pero se cree que la cifra ronda entre 50 y 100. El año pasado, al menos 65 hombres y mujeres fueron llevados a la horca, incluyendo a Saddam Hussein.

(*) Ali al–Fadhily es nuestro corresponsal en Bagdad. Dahr Jamail es periodista especializado en Iraq y ha escrito sobre asuntos de Medio Oriente durante varios años.

El cuerpo femenino, otro campo de batalla

Por Dahr Jamail y Alí al–Fadhily (*)
Inter Press Service (IPS), 01/03/07

Bagdad.- Al asegurar que tres policías chiitas acusados de violar a una sunita eran inocentes y merecían ser felicitados, el primer ministro Nouri al–Maliki creó conmoción política en Iraq, donde las mujeres parecen otro campo más de la batalla religiosa.

Sabrine al–Janabi, de 20 años, fue llevada por la fuerza de la casa donde vive con su esposo, en la meridional zona bagdadí de Hai al–Amil, a una estación de policía en la que fue acusada de preparar alimentos para miembros de la resistencia a la ocupación estadounidense.

"Uno de los agentes me tapó la boca con la mano para que nadie me escuchara fuera de la habitación", declaró Janabi la cadena qatarí de television satelital Al Jazeera. "Les dije: 'No sabía que un iraquí pudiera hacerle esto a otro iraquí'."

"Les rogué que no me violaran y les juré que yo era una buena mujer, como una hermana para ellos, pero me violaron uno tras otro", agregó.

Lo peculiar no fue la violación cometida por uniformados, un fenómeno creciente desde la ocupación, sino la imputación pública de los agresores en un país donde ni siquiera es usual la denuncia penal de estos casos.

La oficina del primer ministro Maliki aseguró a través de un comunicado que, según la evidencia médica recogida, Janabi no había sufrido violación alguna. Esa declaración derivó en una crisis política.

Janabi es practicante del Islam sunita, y en la policía predominan los agentes de la corriente chiita. La comunidad sunita acusa a la policía de usar tácticas represivas ilegales en el marco de "operaciones de seguridad".

El incidente elevó la ya elevada tensión entre las dos corrientes islámicas mayoritarias en Iraq.

La oficina de Maliki calificó a Sabrine al–Janabi de "mentirosa" y, ante los reclamos de una investigación independiente sobre la violación formulados por organizaciones opositoras tanto chiitas como sunitas, recomendó a la policía que felicitara a los acusados.

Una enfermera iraquí aseguró al diario estadounidense The New York Times que Janabi presentaba signos de agresión sexual y otros maltratos físicos.

Numerosos casos de violación cometida tanto por uniformados iraquíes como estadounidenses comenzaron a conocerse desde los primeros días de la ocupación de Iraq en 2003.

Los primeros se registraron dentro de la prisión bagdadí de Abu Ghraib. La fehaciente documentación fotográfica de humillaciones sexuales y otros abusos dieron origen a una ola de indignación dentro de Iraq y en todo el mundo.

Pero las víctimas de violación raramente la denuncian, pues temen el escarnio público. Una musulmana que admita haber sido violada corre peligro de ser asesinada por parientes del agresor que procuran restaurar el honor familiar.

El secretario general de la organización religiosa sunita Asociación de Académicos Musulmanes, Arit Al–Dhari, dijo a la prensa esta semana que las violaciones son frecuentes, si bien confirmó la tendencia de las víctimas a no presentar demandas.

Pero desde que el público accedió a las declaraciones de Janabi el 19 de febrero, otros casos salieron a la luz.

Tres días después, una sunita de 50 años acusó a cuatro soldados iraquíes de intentar violarla a ella y a sus dos hijas. El ministro del Interior, Izzidin Dola, ordenó al alcalde de la ciudad donde vive la mujer y a un grupo de dirigentes tribales visitarla a su casa para tomarle declaraciones.

"Al menos cuatro policías participaron en la violación y afrontan un proceso penal", dijo Dola a IPS.

Ahmed Mukhtar, director de una escuela de la septentrional ciudad de Mosul, dijo a IPS que "los policías iraquíes siguen el ejemplo de quienes los entrenaron", en alusión a los expertos estadounidenses que organizaron las fuerzas de seguridad nacionales. "Los soldados estadounidenses lo hicieron más de mil veces y se salieron con la suya. Condenaron al soldado que violó y mató a Abeer a cien años de prisión, pero los iraquíes no somos tontos y sabemos que obtendrá la libertad condicional antes de lo que él mismo cree", sostuvo.

Mukhtar se refería a la violación de Abeer al–Janabi, de 14 años, cometida el año pasado cerca de la ciudad de Mahmudiya, al sur de Bagdad. Janabi fue asesinada junto con sus padres y su hermana menor.

Los soldados estadounidenses que participaron en el acto quemaron los cuerpos de las víctimas para encubrir el crimen.

El sargento Paul E. Cortez, de 24 años, se confesó culpable de violación y asesinato y fue condenado el 23 de febrero a 100 años de cárcel, pero podrá pedir la libertad condicional dentro de 10.

Organizaciones iraquíes armadas opositoras a la ocupación anunciaron que policías y soldados participantes en violaciones recibirán "un castigo adecuado".

(*) Ali al–Fadhily es nuestro corresponsal en Bagdad. Dahr Jamail es periodista especializado en Iraq y ha escrito sobre asuntos de Medio Oriente durante varios años.