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Informe de ‘Global Policy Forum’ (IX)
(*)
No se ha procesado a ningún ejecutivo de una
gran empresa o alto cargo civil o militar
Corrupción, fraude y delitos económicos
Global Policy Forum, marzo–mayo de 2007
IraqSolidaridad, 18/06/07
Traducido por Consuelo Delgado
“La corrupción se inició en los primeros
días del mandato de la Autoridad Provisional de la Coalición (APC)
liderada por EEUU y desde entonces ha continuado, mientras los altos
cargos y asesores estadounidenses miraban para otro lado. La corrupción
ha puesto de manifiesto la codicia de los ocupantes y el sistema de
gobierno tan nefasto que han implantado. A muy pocos de los que han
robado se les ha exigido responsabilidades, la corrupción parece
seguir yendo en aumento y los iraquíes sufren las consecuencias.”
“En todos los sectores ha ocurrido todo lo
imaginable.” (William McCoy, general de División estadounidense
[1])
Poco después de la toma de Bagdad, los altos
mandos militares y políticos de EEUU anunciaron un programa de
reconstrucción a gran escala para la recuperación de Iraq tras los
destrozos de la guerra y para llevar al país un nuevo nivel de
prosperidad. El presidente Bush comparó este esfuerzo incluso con el
Plan Marshall que [EEUU] aplicó a Europa tras la Segunda Guerra
Mundial. Los ocupantes gastaron miles de millones de dólares de los
ingresos [obtenidos] del petróleo iraquí —y miles de millones en
subvenciones de ayuda estadounidense— para financiar miles de
proyectos. Pero el fraude, la corrupción y el robo hicieron que estos
programas fracasaran y el dinero se desviara cada vez más hacia
oscuras operaciones de “seguridad”. La corrupción se inició en
los primeros días del mandato de la Autoridad Provisional de la
Coalición (APC) liderada por EEUU y desde entonces ha continuado,
mientras los altos cargos y asesores estadounidenses miraban para otro
lado. La corrupción ha puesto de manifiesto la codicia de los
ocupantes y el sistema de gobierno tan nefasto que han implantado. A
muy pocos de los que han robado se les ha exigido responsabilidades,
la corrupción parece seguir yendo en aumento y los iraquíes sufren
las consecuencias [2].
El Fondo para el Desarrollo de Iraq
El 22 de mayo de 2003, justo tres meses después
de la invasión, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CS de
NNUU) creó el Fondo para el Desarrollo de Iraq (FDI), para gestionar
tanto los futuros ingresos procedentes del petróleo de Iraq como el
dinero sobrante del programa Petróleo por Alimentos de NNUU. El Fondo
se traspasó a los ocupantes, pero el Consejo exigió que se “[…]
gestionara de manera transparente” para “[…] satisfacer las
necesidades básicas del pueblo iraquí” [3]. Además, el CS creó
la Junta Internacional de Asesoramiento y Control para que supervisara
el Fondo y diera cuentas de él.
Al principio, la APC dominada por EEUU
controlaba por completo el Fondo [4]. En sólo trece meses, los
responsables de la APC liberaron o se vieron obligados a liberar
19.600 millones de dólares —más del 90% de todos los recursos del
FDI disponibles entonces— [5]. Posteriormente, los auditores
descubrieron que, de la mayoría de los contratos adjudicados con
dinero del FDI en 2003, el 74% fue a parar a empresas estadounidenses;
el 11% fue a empresas británicas y sólo un 2% a empresas iraquíes.
No menos del 60% fue a parar al consorcio estadounidense Halliburton
mediante contratos abusivos otorgados sin licitación [6]. Los libros
contables eran imprecisos o no existían [7].
Cuando finalmente el 28 de junio de 2004 se
disolvió la APC, la gestión del FDI se traspasó al gobierno
interino iraquí y a sus sucesores [8]. El gasto del FDI aumentó
entonces de forma aún más opaca. El ministerio de Hacienda iraquí
no creó ningún departamento de contabilidad para el FDI hasta
febrero de 2005 y todavía a finales de 2006 no había una cuenta
separada para permitir un control adecuado del dinero del FDI [9]
En cada fase, los asesores estadounidenses
ejercieron una gran influencia, incluso decisiva, sobre el ministerio
de Hacienda así como sobre los gastos de otros ministerios. Los
programas de ayuda estadounidense afirmaban que iban dirigidos a
“fomentar la autonomía” los “controles de auditoría”, la
“buena administración”, la “revisión y la reforma de las
funciones del personal” y cosas por el estilo [10]. Sin embargo, la
corrupción y los delitos económicos en Iraq se agravaron sin cesar
[11].
El bloqueo y debilitamiento de la Junta de
supervisión
Junta Internacional de Asesoramiento y Control,
creada por el CS de NNUU, parecía un poderoso instrumento para
obligar a rendir cuentas. Pero EEUU hizo todo lo posible para bloquear
y debilitar la autoridad de la Junta. Miembros de la Junta (el Banco
Mundial, el FMI, el Banco de Desarrollo Árabe y NNUU) tuvieron que
negociar el “marco de actuación” con la APC. Las exigencias de
Washington provocaron discusiones diplomáticas y retrasos que duraron
meses [12]. Aunque finalmente en octubre de 2003 las partes llegaron a
un acuerdo sobre las normas básicas, la Junta no celebró su primera
reunión hasta diciembre y no firmó un contrato de auditoría hasta
abril de 2004. Habían transcurrido diez meses y el control ni
siquiera había comenzado [13].
Debido a la insistencia de EEUU, la Junta carecía
del mandato preceptivo para acceder a los documentos contables. Sólo
tenía poderes limitados para investigar y ningún poder coercitivo o
de actuación judicial [14]. Es más, la Junta no ha tenido personal
estable a tiempo completo y su presupuesto era tan insuficiente que
apenas podía hacer algo más que contratar contables [15]. La Junta
“controla” las ventas de petróleo y la entrada y salida de dinero
del FDI, pero no puede garantizar la contabilidad. “[...] No tenemos
autoridad para exigir [que se tomen] medidas a partir de nuestro
trabajo”, admite Jean–Pierre Halbwachs, presidente de la Junta, en
una rueda de prensa a finales de 2005 [16]. Otro miembro reconoció
que la Junta no se creó para detectar el fraude y, de hecho, no había
encontrado ni un sólo caso [17].
Cuando por fin en la primavera de 2004 el
equipo auditor de la Junta llegó a Bagdad recibió una fría acogida.
Los auditores se estuvieron semanas intentando conseguir pases para
entrar en la Zona Verde, donde se guardaban todos los apuntes
contables de la APC, pero aún tuvieron más dificultades para acceder
a los documentos de la APC y del ministerio. Cuando finalmente se
entregó la auditoría y la contabilidad, [ambas] fueron sumamente
censuradas y resultaban casi inutilizables [18]. La Junta no pudo
emitir su primer informe de auditoría hasta mediados de julio,
catorce meses después de que se hubiera autorizado el proceso de
supervisión. Para entonces, la APC estaba disuelta.
La Junta se ha quejado reiteradamente de que
las autoridades estadounidenses e iraquíes no han llevado
adecuadamente los apuntes contables, que no se han podido contrastar
las principales transferencias de dinero y que las autoridades no han
cooperado. También se ha quejado sobre procedimientos de licitación
defectuosos, datos dudosos de contratación de personal y,
especialmente, ventas de petróleo sin medición [19]. Iraq Revenue
Watch, una ONG afincada en EEUU, ha vigilado de cerca el proceso y le
ha dado publicidad a través de la prensa. Pero el CS de NNUU ha
mirado para otro lado y no ha tomado ninguna medida correctiva para
proteger “[...] las necesidades primarias del pueblo iraquí”.
Fondos para la reconstrucción
El gobierno de EEUU ha gastado grandes sumas de
dinero para la “reconstrucción” en Iraq. En 2003, el Congreso
aprobó por votación la asignación de unos 21.000 millones de dólares
para crear el Fondo para la reconstrucción y la rehabilitación de
Iraq (FRRI) [20]. EEUU creó también el Fondo para las Fuerzas de
Seguridad en Iraq (FFSI), financiado a través del ministerio de
Defensa con un total de 11.000 millones de dólares [21]. Otros
programas, entre los que figura el programa de respuesta urgente de
altos mandos, han añadido 6.000 millones de dólares más, sumando un
total de 38.000 millones de dólares [22]. A fecha de hoy se ha
gastado la mayor parte de este dinero y ya se destinará poco más,
excepto para el sector de la seguridad [23].
Desde octubre de 2004 Stuart Bowen, inspector
general especial para la reconstrucción de Iraq, y anteriormente
inspector general de la APC, controla el FRRI. Bowen disfruta de carta
blanca en el acceso a los apuntes contables y de la autoridad
necesaria para extirpar de raíz la corrupción. Bowen, un protegido
del presidente Bush, se ha ido haciendo cada vez más crítico y
molesto para la Casa Blanca. En 2006, con una plantilla de 55
auditores, inspectores e investigadores sacó a la luz escándalos en
las contrataciones, dio reiterado testimonio de ello al Congreso y
remitió casos para su enjuiciamiento penal. En el otoño de 2006, el
gobierno Bush intentó sin éxito cerrar la oficina de Bowen [24].
Resulta atractivo ver al inspector general como el valiente defensor
de un gobierno honesto, pero en realidad Bowen ha tenido que trabajar
con un mandato escrupulosamente limitado. A pesar de sus muchos
logros, no ha pedido cuentas a las grandes contratas ni ha investigado
el papel de los altos cargos en el gobierno Bush ni ha desvelado los
escándalos ocultos de los oscuros gastos habidos en el “sector de
la seguridad”.
El petróleo desaparecido y el misterio de
los contadores
Aparentemente, desde marzo de 2003 se han
robado y sacado de contrabando del país miles de millones de dólares
de la producción petrolera vital para Iraq sin que,
sorprendentemente, las autoridades de la Coalición o el gobierno
iraquí hayan tomado apenas medidas [25]. Los contrabandistas también
han reexportando o vendido productos refinados robados, como la
gasolina y el diésel. El gobierno importa estos productos para
compensar la escasez de las refinerías y los vende a precios
altamente subvencionados. Aunque los ataques de la resistencia también
afectan, la mayor parte de las pérdidas de crudo al parecer se debe a
los responsables corruptos que controlan el sistema petrolero; los
cargos estadounidenses podrían estar posiblemente implicados junto
con, por supuesto, los iraquíes. El trabajo de los contrabandistas se
ha visto simplificado por la ausencia de contadores —instrumentos de
medida del flujo de petróleo—. Normalmente, las operaciones
petroleras se someten a una exhaustiva medición, desde los pozos de
petróleo y las refinerías hasta las terminales de exportación. Pero
Iraq no dispone de contadores que funcionen, por lo que es prácticamente
imposible controlar el flujo de crudo o de productos refinados o
seguir el rastro de las operaciones de contrabando y las prácticas de
corrupción.
“[…] Es como un supermercado sin cajera”,
comenta Mike Morris, un experto de la industria petrolera que
trabajaba para el Departamento de Estado en Bagdad [26]. “[…] No
hay medición alguna [en la terminal de exportación], ni tampoco en
los pozos petrolíferos. No hay medición en ninguno de los empalmes
de los oleoductos.” [27] Morris calcula que no se contabilizan:
“[…] Entre 200.000 y 500.000 barriles al día” [28].
La APC podría haber instalado los contadores
de forma inmediata pero, curiosamente, no lo hizo. Se advirtió de
este problema de los contadores a Bremer y su equipo, pero una y otra
vez pospusieron tomar medidas [29]. Cuando la Junta Internacional de
Asesoramiento y Control señaló la falta de contadores, ni el
Organismo Estatal Iraquí de Comercialización del Petróleo [SOMO] ni
las autoridades estadounidenses pudieron dar una explicación
satisfactoria [30]. Los contables de la Junta advirtieron que ni
siquiera había contadores en funcionamiento en las plataformas de
carga para la exportación, con lo cual era imposible conocer el
volumen o el valor de las exportaciones de crudo de Iraq [31]. Al
parecer, los responsables han estado recibiendo sobornos por cargar
los petroleros con cientos de miles de barriles de petróleo sin
incluirlos en la factura del flete.
El ministerio del Petróleo iraquí informa de
que cientos de barcos pequeños zarpan de Shatt al–Arab con crudo o
producto refinado iraquí procedente del contrabando [32]. Estos
contrabandistas operan ante las mismas narices de la Marina
estadounidense y directamente dentro de la zona operativa de las
fuerzas británicas. El ministerio de Petróleo indica que en 2005 el
contrabando de productos refinados, incluidos la gasolina y el diésel,
costó al gobierno 800 millones de dólares [33]. Pero la pérdida de
crudo es mucho más costosa. La publicación Platt’s Oilgram, una
hoja informativa sobre temas de industria, calcula esta pérdida en
3.000 millones de dólares al año [34]. El Grupo de estudio de Iraq
señaló que en 2006 el índice de robos podría haber llegado hasta
los 180 millones de barriles, pero un informe más reciente de la
Oficina de contabilidad del gobierno aporta una cifra total de 110
millones de barriles al año, con una pérdida económica que puede
calcularse alrededor de los 5.500 millones de dólares [35].
La historia de los contratos de los contadores
sigue siendo un misterio. En julio de 2004, Halbwachs, presidente de
la Junta Internacional de Asesoramiento y Control, manifestó ante el
CS que los contadores se instalarían en las plataformas de carga. Los
contratos se hicieron primero con Halliburton y luego con Parsons. Al
final, el trabajo no se inició hasta marzo de 2006 [36], pero
posteriormente la responsable de los importantes retrasos respecto a
lo pactado en el contrato fue Parsons [37]. El Cuerpo de Ingenieros
insiste en que la terminal petrolera de Basora podría tener los
contadores, por fin, a mediados de 2007 [38], pero el resto de la
inmensa red de producción, transporte, refinado y sistema de
almacenamiento del petróleo de Iraq sigue sin contadores y sin planes
inmediatos para instalarlos [39].
El dinero viaja en puente aéreo
Las autoridades de la ocupación han sido
igualmente negligentes en la gestión y el control de los ingresos
procedentes del petróleo de Iraq. Utilizando un método sumamente
irregular, y que raya en la corrupción, Bremer y la APC retiraron un
total de 12.000 millones de dólares en billetes estadounidenses de la
cuenta que tenía el FDI en el Banco de la Reserva Federal de Nueva
York. El dinero en efectivo se trasladó a Bagdad en aviones de carga
Hércules C–130 de las fuerzas aéreas estadounidenses para
invertirlo en reconstrucción, así como en administración y
servicios [40].
Los desembolsos de dinero en efectivo a esta
escala son muy difíciles de controlar y hacen que sea prácticamente
imposible realizar auditorías adecuadas. En los primeros días de la
ocupación, quizá era inevitable utilizar dinero en efectivo de forma
generalizada. Pero a medida que iban pasando los meses, la APC podía
haber establecido mecanismos bancarios, sistemas de supervisión y
controles de auditoría adecuados. Por el contrario, la APC aumentó
cada vez más su gasto en metálico. En la última semana de la APC
los altos cargos ordenaron el envío de más de 4.000 millones de dólares
en billetes desde Nueva York a Bagdad para cubrir un gasto de última
hora [41]. El 24 de junio de 2004, un envío en metálico por valor de
2.400 millones de dólares fue el desembolso en efectivo de mayor
envergadura en la historia de la Reserva Federal de EEUU [42].
En el transcurso de trece meses, desde mayo de
2003 hasta junio de 2004, estos envíos de moneda llegaron a un total
de 363 toneladas de billetes recién impresos, en forma de 281
millones de billetes [43]. Frank Willis, un antiguo alto cargo de la
APC, comenta:
“[…] Iraq estaba inundado de dinero, de
billetes de dólares. Montones y montones de dinero. Jugábamos al fútbol
con algunos de los fajos de billetes de 100 dólares antes de
entregarlos. Era una situación de locura, como en el salvaje oeste,
algo que ninguno de nosotros había vivido jamás.” [44]
Después de que el dinero llegase a Bagdad, la
APC llevaba escasos apuntes contables de a quién se pagaba y menos aún
en concepto de qué. Aunque la propia normativa de la APC exigía que
una empresa pública de contabilidad “[…] asegurara que el Fondo
[FDI] se administraba y se utilizaba de forma transparente”, las
investigaciones descubrieron después que la pequeña empresa San
Diego contratada para este fin no se dedicaba a la contabilidad y
nunca revisó los apuntes contables ni los controles de la APC [45].
La APC tuvo que almacenar enormes sumas de
dinero en efectivo, lo cual era una invitación al robo, dado que no
había cámaras acorazadas ni procedimientos bien establecidos para
manejar el dinero. Paul Bremer, el más alto cargo estadounidense,
guardaba un fondo en metálico de casi 600 millones de dólares, del
que había poca o ninguna documentación. Según ciertas
informaciones, en una habitación del antiguo palacio republicano de
Sadam Husein, dentro de la Zona Verde donde estaba la oficina de
Bremer, había almacenados 200 millones de dólares [46].
Las auditorías revelaron que “[…] un
delegado de empresa tenía aproximadamente dos millones de dólares en
efectivo en una caja de caudales en el cuarto de baño de su
oficina” y que “[…] un agente pagador amontonaba cerca de
678.000 millones de dólares en metálico en un armario de zapatos que
se abría con una simple llave” [47]. Un informe de la Junta
Iinternacional de Asesoramiento y Control indica que una vez robaron
774.300 dólares de la cámara acorazada de una división [militar]
[48]. Un empresario recibió un pago de dos millones de dólares en
una mochila llena hasta arriba de fardos de billetes estadounidenses
empaquetados al vacío, y a otro de los responsables le dieron
6.750.000 dólares en efectivo y le ordenaron que lo gastara en una
semana antes de que el gobierno interino iraquí tomase el control
[49].
Las autoridades estadounidenses distribuyeron
millones de dólares en efectivo en comunidades locales por todo el país
[50]. Los responsables de la APC entregaron montones de billetes de
100 dólares a dignatarios cuyo apoyo precisaban y a cuyos servicios
de espionaje necesitaban [51]. 100.000 dólares en efectivo, a nombre
de un centro de mujeres en Hilla [Babilonia], se entregaron a un
dignatario local que los empleó en financiar su campaña electoral
[52]. Aparte del gasto directo sin contabilizar, la APC entregó 8.800
millones de dólares a ministros iraquíes durante este periodo, una
suma que ahora no se puede justificar debidamente [53].
La investigación del congresista Henry Waxman
sobre las transferencias en metálico finaliza en junio de 2004 con la
desaparición de la APC [54]. A partir de ese momento, nadie con
conocimientos [del asunto] puede de divulgar cuántos fondos se han
transferido desde Nueva York a Bagdad. A comienzos de 2007, un
portavoz de la Junta internacional de asesoramiento y control afirmó
que la Junta “no sabe” si el dinero en metálico o los trasvases
de fondos se invirtieron en los oleoductos [55]. Parece, sin embargo,
que el uso de moneda estadounidense ha continuado y, por las mismas
razones obvias, resulta difícil seguirle el rastro al dinero en
efectivo, lo que tiene sus ventajas [56].
Graves defectos de ejecución
El gobierno de EEUU adjudicó muchos de los
primeros contratos sin sacarlos a concurso (“sin licitación”) y
sin especificar los costes (“cost–plus” [método por el que se añade
a los costes de producción una cantidad previamente acordada]). Los
empresarios tenían así un gran incentivo para elevar sus gastos y de
esta forma maximizar los beneficios [57]. La mayoría de los contratos
fue a parar a unas pocas grandes empresas que tenían fuertes vínculos
políticos con altos cargos gubernamentales en Washington.
Halliburton, la empresa que acumuló el mayor número de contratos,
estaba estrechamente vinculada al vicepresidente Dick Cheney, que había
sido el presidente ejecutivo de la empresa antes de tomar posesión de
su cargo. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU adjudicó en
secreto a Halliburton un contrato multimillonario para revitalizar el
sector petrolero de Iraq, sin licitación alguna y con las cláusulas
que la propia empresa había redactado. El alto cargo de
aprovisionamiento del Pentágono, responsable del contrato, intentó
poner objeciones pero no tuvo éxito [58].
Incluso los concursos de licitación de
contratos para Iraq que se celebraron fueron una pantomima. A la
empresa consultora BearingPoint se le pagó para que redactara las cláusulas
de un contrato y luego se le permitió presentarse a concurso para la
adjudicación de ese contrato. Los licitadores sólo disponían de una
semana para presentar sus ofertas [59]. Por norma general, el gobierno
de EEUU obvió muchas de sus normas de contratación. Los organismos
estadounidenses ejercieron poco o ningún control. Entre los
principales beneficiarios, además de Halliburton (y su filial KBR),
estaban Bechtel, Fluor, Parsons y un puñado de otras grandes empresas
de ingeniería afincadas en EEUU, con vínculos con el Pentágono
desde hacía tiempo y una buena red de amigos dentro del gobierno.
Algunos ejemplos lo ilustrarán:
–
Los centros médicos de atención primaria debían ser un
elemento clave del programa de sanidad pública, proporcionando
servicios médicos a las poblaciones y barrios de las ciudades iraquíes.
En marzo de 2004, a la compañía Parsons se le adjudicó un contrato
por valor de 253 millones de dólares para construir 150 centros de
asistencia primaria locales. Dos años después, sólo se habían
terminado cinco de ellos, pero se habían gastado ya 186 millones de dólares
del presupuesto [60]. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército,
responsable de la supervisión, había tenido conocimiento de las
deficiencias y no hizo nada [61].
–
El Hospital Infantil de Basora, un proyecto emblemático, tuvo
el patronazgo de la primera dama Laura Bush y de la secretaria de
Estado Condoleeza Rice [62]. En agosto de 2004, la USAID [Agencia
Estadounidense para el Desarrollo Internacional] adjudicó a la compañía
Bechtel un contrato de 50 millones de dólares que debía finalizar en
diciembre de 2005 [63]. En julio de 2006, los auditores descubrieron
que el proyecto estaba irremediablemente retrasado y que finalmente
costaría entre 150 y 170 millones de dólares [64]. El Cuerpo de
Ingenieros del Ejército de EEUU retiró a Parsons como contrata, ya
que otra docena de proyectos de Parsons, tales como prisiones, parques
de bomberos (…) y los contadores de la terminal petrolera de Basora
también mostraban defectos de ejecución [65].
–
La reconstrucción del sector petrolero afectaba a la principal
fuente de ingresos de Iraq, muy en declive tras 13 años de sanciones
y tres guerras. Halliburton consiguió un contrato sin licitación por
valor de 2.400 millones de dólares para modernizar las instalaciones
de los campos de petróleo, con el fin de relanzar las exportaciones y
obtener más ingresos. Pero la empresa fue incapaz de hacerlo. En una
planta de inyección de agua en Qarmat Ali, cerca de Basora, unas
nuevas y potentes bombas hicieron estallar las tuberías antiguas y
poco después las propias bombas se averiaron. La ya achacosa planta
funcionaba tan mal que los campos de petróleo del sur de Iraq se
vieron seriamente afectados [66].
–
El cruce del oleoducto de al–Fatah era otro proyecto de
Halliburton. Al norte de Bagdad, el oleoducto cruzaba el río Tigris
sobre un puente que había sido seriamente dañado durante los
bombardeos estadounidenses de 2003. KBR, la filial de Halliburton, fue
la encargada de repararlo. Pero en lugar de arreglar el puente, cuyo
coste era de cinco millones de dólares, la empresa insistió en
perforar un túnel bajo el río, lo cual exigía un presupuesto de 75
millones de dólares. Los ingenieros de la compañía hicieron caso
omiso de las advertencias sobre la inestabilidad del subsuelo y las
formaciones rocosas. Después de haber malgastado todo el presupuesto,
la empresa interrumpió el trabajo y abandonó el proyecto [67].
La realización de los proyectos de un gran número
de los contratos más importantes fue gravemente deficitaria. Si se
juzgan los resultados finales resulta incomprensible los pocos
beneficios duraderos que los trabajos han supuesto para los iraquíes.
Fraude, robo y soborno
A medida que Paul Bremer y su equipo de la APC
repartían cientos de millones de dólares en efectivo, muchas pequeñas
empresas e individuos vieron la oportunidad de un rápido
enriquecimiento. Muchos de ellos, dándose cuenta que la contabilidad
era muy laxa, el dinero en metálico abundante y las normas fáciles
de sortear, se embarcaron en el fraude, el robo, el soborno y otras
formas de corrupción. “[…] Es como un enorme frasco de miel que
atrae a un montón de moscas”, afirmó John McCain, senador
republicano de Arizona en el otoño de 2003 [69].
Custer Battles, una pequeña empresa
estadounidense, consiguió algunos de los primeros contratos para la
seguridad del Aeropuerto y otros servicios en Bagdad. Su rápido
ascenso terminó menos de un año después cuando altos cargos de la
compañía dejaron olvidada una hoja de cálculo tras una reunión con
el personal de contratación del gobierno estadounidense. La hoja de cálculo
reveló que la empresa estaba inflando tremendamente los costes añadidos
de sus contratos y estaban estafando al gobierno de EEUU al menos seis
millones y medio de dólares [70]. En marzo de 2006, en un juicio por
vía penal, Custer Bateles fue declarada culpable por 37 cuentas
fraudulentas. Se descubrió que la compañía había creado empresas
de paja en lugares a poca distancia de la costa para falsificar
facturas. Había robado equipos en Iraq y no había cumplido con las
estipulaciones básicas del contrato [71].
A finales de 2003 la empresa británica
Zeroline fue la adjudicataria de un contrato de 8,48 millones de dólares
a por la compra de 51 vehículos blindados para el gobierno iraquí.
Otras dos empresas, APTx y Alchemie Technology, también
intervinieron. La fabricación de los vehículos se contrató en
Rusia. Aunque el contrato principal se pagó en su totalidad a finales
de 2004 con fondos del FDI, los vehículos no se entregaron nunca
[72].
Una serie de personas han sido culpables de
conspiración, blanqueo de dinero, soborno y otros actos delictivos.
Robert J. Stein, interventor y el encargado de los pagos de la oficina
de la APC para la región sur de Iraq, era responsable de 82 millones
de dólares en efectivo los cuales repartió entre empresarios amigos
suyos a cambio de dinero, bienes y otros favores. Poco se cumplió, si
es que se cumplió algo, de los trabajos contratados mientras Stein
robaba al menos dos millones de dólares, recibía un millón [de dólares]
en sobornos y se apropiaba de 683.000 dólares más en joyas, automóviles,
dinero en efectivo y otros favores [73]. En enero de 2007, se le
condenó a nueve años de cárcel [74]. Philip Bloom, un hombre de
negocios que trabajaba con Stein, sobornó a varios altos cargos
estadounidenses, tanto civiles como militares, pagándoles en
efectivo, con joyas y automóviles y demás. En enero de 2007 se le
condenó a pena de prisión [75].
Otro caso semejante es el del teniente coronel
del ejército estadounidense Bruce D. Hopfengardner, que confesó
[haber participado en] una conspiración para robar fondos de la
reconstrucción a base de sobornos, contrabando y favores sexuales. El
25 de agosto de 2006 se declaró culpable de fraude y blanqueo de
dinero. Hopfengardner recibió 175.000 dólares de Bloom, así como un
fantástico coche, una moto, una cámara, un reloj Breitling y un
ordenador [76]. También se acusó a tres mandos militares: el coronel
Curtis Whiteford, la teniente coronel Debra Harrison y el teniente
coronel Michael Wheeler, que trabajaban como responsables de la
contratación para la APC en Bagdad. Los han acusado de adjudicar
contratos a cambio de sobornos en efectivo y artículos de lujo. Al
parecer, también sacaban dinero en metálico directamente de los
fondos de la APC [77].
Nunca sabremos cuántos miembros del personal
militar y civil han estado implicados en estos delitos de corrupción
y cuánto se robó en total, pero es evidente que la corrupción
estuvo muy extendida. El cinismo era casi universal y muchos
consideraban justificado apropiarse de lo que pudieran. La coronel
Harrison manifestó a los responsables de su detención que ella sentía
que estaba en su derecho de apropiarse del dinero [78]. El bienestar
de los iraquíes de a pie evidentemente importaba bien poco.
Los gastos en “seguridad”
Otros tantos miles de millones de los fondos
para la reconstrucción se perdieron mediante su desvío hacia la
“seguridad”. A medida que la resistencia aumentaba, las contratas
presupuestaban elevados costes de seguridad, devorando millones de dólares
en la carísima protección de los solares en construcción,
guardaespaldas para el personal de elite, protección del transporte
del material para la construcción, costosos vehículos blindados y
otros medios para hacer frente a un entorno violento e inestable [79].
Los guardias de seguridad privados costaban mil dólares al día y las
empresas que subcontrataban la seguridad cobraban fuertes primas por
este tipo de trabajo. El inspector general especial para la
reconstrucción de Iraq inspeccionó a nueve de las grandes contratas
y vio que el coste medio en la seguridad era un 12,5% de los costes
totales de los contratos, lo que inevitablemente había que deducir
del total disponible para la ejecución del objeto del contrato [80]
A comienzos del otoño de 2004, Washington
decidió variar las prioridades básicas del gasto en reconstrucción.
Del total de los 21.000 millones [para reconstrucción] se
“reprogramaron” para la seguridad más de 5.000 millones de dólares
[81]. Casi 2.000 millones de dólares procedían del presupuesto para
agua potable y saneamiento, cuyo programa se recortó a la mitad, y se
recortaron más de mil millones del ya inestable sector de la
electricidad [82]. La mayor parte de ese dinero se desvió a las
nuevas unidades militares, policiales y de mando de Iraq a través de
programas de entrenamiento, armamento y otro tipo de apoyo directo, así
como programas para las cárceles, campos de entrenamiento y logística
[83].
Algunos de estos presupuestos reprogramados
pagaron los edificios y otras construcciones en el sector de la
seguridad, con resultados predecibles. Un contrato de 75 millones de dólares
con Parsons para construir una nueva Escuela de Policía en Bagdad iba
a ser según el inspector general especial para la reconstrucción de
Iraq: “[…] El proyecto de seguridad civil más importante del país”,
[84]; sin embargo, tras la llegada de nuevos reclutas en mayo de 2006,
los cadetes protestaron por las intolerables condiciones [que sufrían].
Los inspectores descubrieron que los baños inundaban los dormitorios,
los cimientos se hundían y los suelos oscilaban [85]. Finalmente, los
ingenieros dictaminaron que el trabajo estaba tan mal hecho que tendrían
que derribar y volver a construir varios de los edificios recién
construidos [86]. Muchos otros proyectos de “seguridad” para
comisarías, cárceles, puestos fronterizos y cuarteles militares
fracasaron espectacularmente [87].
A medida que aumentaban los programas de
“seguridad”, los políticos y los ministros iraquíes exigieron
fondos del FDI para sus propios proyectos. En enero de 2004, un
consorcio en el que participaba Ahmed Chalabi, el favorito del Pentágono,
consiguió un contrato de 327 millones de dólares para suministrar
armas, camiones, uniformes y otro equipamiento, pero al parecer los
artículos nunca se entregaron [88]. El general Hazem Shaalan,
ministro de Defensa del gobierno interino iraquí, obtuvo 1.300
millones de dólares para nuevos tanques, helicópteros y vehículos
blindados así como rifles, chalecos antibalas y cascos.
Investigaciones posteriores demostraron una corrupción a gran escala
[89]. Los fondos se transfirieron a través de intermediarios y
cuentas secretas. Hay muy pocos apuntes contables.
El 16 de mayo de 2005 se emitieron las órdenes
de detención contra el antiguo ministro de Defensa Shaalan, el jefe
de aprovisionamiento Ziad Cattan y otras personas del ministerio de
Defensa, sobre la base de la investigación realizada por la Junta
suprema de auditoría Iraquí [90]. Pero para entonces Shaalan estaba
en el exilio entre Londres y Amán. Otros cuantos ministros, con el
mismo tipo de acusación, también habían abandonado el país [91].
Ali Allawi, el antiguo ministro de Hacienda, calculó que en total se
habían robado 800 millones de dólares y que se habían gastado 400
millones en equipamiento de inferior calidad, con el peligro que ello
conllevaba [92]. Como Radhi al–Radhi, el juez, encargado de
investigar la corrupción, declaró a un periodista: “[…] Tenemos
expertos estadounidenses en el ministerio de Defensa. Cuando vieron
estos delitos, ¿por qué no hicieron algo?” [93].
Aún más grave es el desvío de dinero del
“sector de la seguridad” hacia fuerzas de seguridad irregulares y
a las cárceles iraquíes donde se practica la tortura. Cuando se
reasignaron los fondos del programa de reconstrucción estadounidense,
la suma más alta —1.400 millones de dólares— fue a parar a
proyectos dependientes del ministerio del Interior, famoso por su
turbio trabajo contra la resistencia y por su absoluto desprecio de
los derechos humanos [94]. Este dinero pagó el equipamiento,
transporte, entrenamiento, operaciones y “mantenimiento de fuerzas
[armadas]” sin
especificar del ministerio. Los informes indican que estos fondos, así
como dinero de ayuda que envió paralelamente Reino Unido, sirvió
para mantener unidades [militarizadas] que han participado en
actividades de tortura, tales como los comandos especiales de policía,
un cuerpo dentro del ministerio implicado en torturas y atrocidades
[95]. El Instituto para la Paz estadounidense ha publicado un informe
que concluye que la Policía Nacional del ministerio del Interior es:
“[…] Una organización multiforme de unidades contra la
resistencia que funcionan a modo de comandos, [y] que alberga en su
seno escuadrones de la muerte sectarios” [96].
También se destinaron 73 millones de dólares
de los fondos destinados a la reconstrucción para “operaciones con
detenidos” del ministerio [del Interior], aun cuando el ministerio
ha sido responsable de significativos casos de tortura a prisioneros
[97]. El inspector general especial para la reconstrucción de Iraq
apenas ha investigado alguno de estos contratos ni tampoco ninguna
otra instancia ha realizado un control o evaluación pública eficaz.
Responsabilidades
Tras cuatro años de corrupción a gran escala
en Iraq, resulta sorprendente que se hayan pedido muy pocas
responsabilidades por lo sucedido. La Junta Internacional de
Asesoramiento y Control, creada por NNUU a iniciativa propia, no ha
perseguido ni un solo caso de fraude, robo o corrupción relacionado
con el FDI ni ha investigado si el Fondo, tal como especifica el CS,
está funcionando para “[…] satisfacer las necesidades primarias
del pueblo iraquí”. Sometido a una intensa presión ejercida por
EEUU y Reino Unido, el CS no ha abordado este fracaso ni ha buscado
medios nuevos y más contundentes para hacer cumplir el propio mandato
del Consejo [98].
El inspector general especial estadounidense ha
sido mucho más activo. A de 31 de diciembre de 2006 había realizado
85 inspecciones detalladas de contratos [99] así como muchas auditorías,
investigaciones y análisis. Destapó numerosos casos de corrupción y
los sacó a la luz pública; el 1 de mayo de 2007 había remitido 28
casos al ministerio de Justicia de EEUU para su procesamiento
judicial, con el resultado de 10 detenciones y cinco condenas [100].
No obstante, si se considera la extensión del fraude, las condenas
son pocas. Más grave es el hecho de que el inspector general especial
para la reconstrucción de Iraq no haya pedido responsabilidades a
altos cargos tanto del gobierno como de las empresas. Asimismo, los
fiscales civiles y militares sólo han actuado en unos pocos casos,
fundamentalmente en los que estaban implicadas empresas pequeñas y
personas que ocupaban puestos relativamente bajos en la cadena de
mando, tanto civil como militar.
El gobierno iraquí ha creado varios cuerpos
anticorrupción, como la Comisión para la Integridad Pública, la
Junta Suprema de Auditoría, [el Cuerpo de] Inspectores Generales del
ministerio y el Consejo Unificado Anticorrupción Iraquí. Pero no han
sido capaces de frenar la marea de creciente corrupción, ni han
podido perseguir las prácticas corruptas de los empresarios
estadounidenses o de otros países.
No se ha condenado, juzgado o procesado a ningún
ejecutivo de una gran empresa contratada como es Halliburton o
Parsons, ni siquiera ha sido investigada por ningún órgano de
control y no se le ha impuesto ninguna multa importante, orden de
restitución o castigo similar a ninguna de las empresas, aun cuando
las deficiencias en la ejecución de su contrato hayan sido enormes,
flagrantes y sistemáticas [101].
No se ha acusado a ningún alto cargo civil o
militar estadounidense de un acto delictivo por su supervisión,
claramente negligente, ni por el resto de actuaciones que han dado
lugar a la enorme corrupción; tampoco se han pedido responsabilidades
a nadie en los ministerios iraquíes por no garantizar la adecuada
supervisión, a pesar de
que en los ministerios trabajan cientos de asesores, y a pesar de los
millones de dólares invertidos en programas financiados por EEUU
supuestamente creados para promover la responsabilidad, la honestidad,
el buen gobierno, los procedimientos adecuados de contratación, etc.
El inspector general especial para la reconstrucción de Iraq ha
abordado la política de EEUU sobre la corrupción en Iraq con una
credulidad inoperante y el control del “buen gobierno” llevado a
cabo por el inspector sobre estos contratos parece indicar que se han
realizado adecuadamente, sin que se haya hecho la investigación que
es tan necesaria [102].
En cada momento, Washington ha actuado para
intentar minimizar la responsabilidad por robo y fraude. El Decreto número
17 de 2004 de Paul Bremer otorga total inmunidad a las fuerzas y a las
contratas de la Coalición respecto a la legislación iraquí [103].
El Decreto–ley 13003 de 2003 de la presidencia de EEUU otorga, en la
práctica, total inmunidad a las compañías petroleras frente a
demandas judiciales relativas a sus actuaciones en Iraq [104]. EEUU y
Reino Unido modelaron la Junta internacional de asesoramiento y
control para que apenas tuviera capacidad, y el mandato del inspector
general especial para la reconstrucción de Iraq dejaba fuera de su
alcance muchos de los temas más importantes. Poco sorprende, pues,
que se hayan pedido tan pocas responsabilidades y que el Iraq bajo la
ocupación sea ahora el segundo país, tras Haití, en la lista de las
naciones más corruptas del mundo [105].
Conclusión
Desde los primeros días [de la ocupación],
EEUU y sus socios construyeron en Iraq un sistema despilfarrador, sin
control y corrupto. El robo, el fraude, el soborno y la corrupción de
cualquier tipo y a gran escala han infectado el proceso de
reconstrucción, aprovisionamiento y gobernabilidad. Hay cientos de
proyectos fraudulentos, inconclusos, malogrados o inútiles que han
consumido los ingresos de decenas de miles de millones de dólares de
Iraq. Si se juzgan los resultados finales los proyectos,
sorprendentemente, apenas han generado beneficios duraderos a los
iraquíes.
Estos actos de corrupción constituyen una
clara trasgresión de las responsabilidades de los ocupantes según
las Convenciones de Ginebra, la Convención de NNUU contra la corrupción
de 2003, y las Resoluciones del CS. El Consejo y la comunidad
internacional deberían intervenir para recuperar los miles de
millones de dólares malgastados y robados de los fondos para llevar a
los tribunales a los verdaderos responsables de estas violaciones tan
graves del derecho internacional.
Notas de ‘Global Policy Forum’ e
IraqSolidaridad:
(*) Novena parte del informe “War and
Occupation in Iraq”, elaborado por ‘Global Policy Forum’ como
balance de los cuatro primeros años de ocupación de Iraq. Las partes
anteriores de este informe fueron publicadas en las ediciones de SoB
del 6 y el 20 de mayo y del 3 y 10 de junio pasados, y en la presente
edición del 24 de junio.
1.
Iraq Operational Update, Briefing by Major General William McCoy,
Commander, Gulf Regional Division of the US Army Corps of Engineers,
10 de julio de 2006. Véase en IraqSolidaridad: Zaid al–Ali:
La catástrofe económica de Iraq. La corrupción y la mala
administración están detrás de la quiebra de la economía , Jeff
Lincoln: Iraq, 'Zona de libre–fraude'. Nuevas revelaciones sobre la
corrupción estadounidense en Iraq , Dave Whyte: El pillaje de las
corporaciones empresariales de EEUU en Iraq. Un total de 7.500
millones de euros del Fondo para el Desarrollo de Iraq no han podido
ser justificados y Nicole Colson: Despilfarro, pillaje y miseria: El
coste de la guerra para EEUU e Iraq. La malnutrición entre los niños
iraquíes se ha duplicado desde el inicio de la ocupación .
2. Entre el gran número de fuentes que tratan
estos escándalos están los informes del inspector general especial
para la reconstrucción de Iraq, los de la Oficina contable gobierno
de EEUU, lo de Iraq Revenue Watch, los de la Junta internacional de
asesoramiento y control, los del Servicio de investigación del
Congreso de EEUU y los de la Oficina general contable de EEUU, así
como sumarios judiciales, informes periodísticos y audiencias e
informes de las comisiones del Congreso de EEUU.
3. Resolución del CS de EEUU S/RES/1483, 2003,
párrafos 12 y 14.
4. La Junta de revisión de programas creada
por la APC para gestionar el FDI estaba compuesta por altos cargos de
la APC, militares estadounidenses, personal de USAID, representantes
de los gobiernos de Australia y Reino Unido, el FMI, NNUU y el Banco
Mundial, y representantes de varios ministerios iraquíes. En la
primera época, los miembros con voto de EEUU eran siempre mucho más
numerosos que los miembros iraquíes con voto.
5. Fondo para el Desarrollo de Iraq, Financial
Reporting Matrix, 26 de junio de 2004. Aunque Washington tenía su
propia caja de fondos para la reconstrucción, la APC gastó casi
exclusivamente dinero del FDI, ya que el dinero iraquí no estaba
sujeto ni a las normas de licitación pública estipuladas por el
Congreso [de EEUU] ni a responsabilidad penal bajo la legislación
iraquí o estadounidense.
6.
Iraq Revenue Watch, informe núm. 7, Disorder, Negligence and
Mismanagement: How the CPA Handled Iraq Reconstruction Funds,
septiembre de 2004, p. 2. Los contratos en cuestión eran
aquellos que superaban los cinco millones de dólares.
7. El problema de los libros contables de la
APC se explica detenidamente más adelante, sobre la base de los
informes de la Junta internacional de asesoramiento y control, del
inspector general especial para la reconstrucción de Iraq y de la
Oficina general contable de EEUU.
8. Inspector general especial para la
reconstrucción de Iraq, Quarterly Report to Congress, 30 de enero de
2005.
9.
Véase [la empresa contable] KPMG Iraq, Development Fund for Iraq,
Statement of Cash Receipts and Payments for the period from 1 January
2005 to 30 June 2005, 28 de septiembre de 2005, nota 3; KPMG Iraq,
Development Fund for Iraq, Management Report on Internal Controls for
the period from 1 Jan 2005 to 30 June 2005, 29 de septiembre de 2005,
p.3; inspector general especial para la reconstrucción de Iraq,
Quarterly Report to Congress, enero de 2007.
10. Inspector general especial para la
reconstrucción de Iraq, Quarterly Report to Congress, enero de 2007,
especialmente p. 91.
11. Véase, por ejemplo, Transparency
International, Corruption Perceptions Index para los años
2003–2006. Durante estos años, Iraq baja del puesto 113 al 160 en
el índice.
12.
Iraq Revenue Watch, informe núm. 6, Racing the Deadline: the Rush to
Account for Iraq’s Public Funds, abril de 2004, p. 1.
13.
Ibid., pp. 2–3.
14.
Ibid, p. 3. Iraq Revenue Watch dice, entre otras cosas, que la
Junta internacional de asesoramiento y control “no tenía poder para
sancionar a la APC por mala gestión contable ni para obligarla a
cooperar en las investigaciones de la Junta”.
15. Al parecer, los representantes tenían
muchas otras responsabilidades dentro de sus organizaciones. Se dice
que la Junta internacional de asesoramiento y control tiene “en
realidad un secretariado”. (Conversación con Mary Hoare, personal
del FMI y portavoz de la Junta, enero de 2007.)
16. Junta internacional de asesoramiento y
control, Press Conference, New York, 28 de diciembre de 2005.
17. Ibid.
18. Véanse los informes de Iraq Revenue Watch,
especialmente el informe núm. 7, op. cit. y el informe breve núm. 8,
Auditors Find Poor Practices in Management of Iraqi Oil Revenue, junio
de 2004. Véase
también Gareth Smyth y Thomas Catan, “UN Auditors Attack US
Occupiers over Spending of Iraq’s Oil Revenues”, Financial Times,
22 de junio de 2004.
19. Véase, por ejemplo, Junta internacional de
asesoramiento y control del Fondo para el desarrollo de Iraq, nota de
prensa, 18 de diciembre de 2006.
20. Inspector general especial para la
reconstrucción de Iraq, Quarterly Report to Congress, enero de 2007,
pp. 113–114.
21. Ibid.
22. Ibid. El total oficial de EEUU, que incluye
el alto gasto en “seguridad”, expresa en realidad una idea
exagerada del gasto real en “reconstrucción”.
23.
Ibid., p. 5.
24.
James Glanz, “Congress Tells Auditor in Iraq to Close Office”, New
York Times, 3 de noviembre de 2006. El cierre de la oficina del
inspector general especial para la reconstrucción de Iraq fue una
idea que quedó enterrada en el proyecto de ley de autorización de
gasto militar, donde la incluyeron los dirigentes republicanos.
Mediante la Ley PL109–440 de responsabilidades de la reconstrucción
de Iraq se concedió un nuevo mandato a la oficina; esta ley entró en
vigor el 20 de diciembre de 2006 debido a la presión de la opinión pública
tras las elecciones al Congreso de noviembre [donde obtuvieron mayoría
los demócratas].
25. El petróleo es fundamental para la economía
de Iraq, pues representa el 70% del PIB y más del 95% de los ingresos
del gobierno. James
A. Baker III y Lee H. Hamilton et al., “The Iraq Study Group
Report”, Vintage Books, New York, diciembre de 2006, p. 22.
26.
Robert Riggs, “Meters Cost Iraq Billions in Stolen Oil”, CBS News,
8 de febrero de 2007.
27.
Ibid.
28.
Ibid.
29.
Véase, por ejemplo, Rob Collier, “Black Market Drains Iraq Oil:
Pentagon Out to Stop Ships Plying Booming Trade”, San Francisco
Chronicle, 22 de octubre de 2003. Christian Aid, Fuelling Suspicion:
The Coalition and Iraq’s Oil Billions, junio de 2004.
30. Véase la primera serie de informes de
auditoría de la Junta internacional de asesoramiento y control, 15 de
julio de 2004. La
edición está anotada por Ed Harriman, “Where Has All The Money
Gone?”, London Review of Books, 7 de julio de 2005. Véase también
Iraq Revenue Watch, informe breve núm. 9, Audit Finds More
Irregularities and Mismanagement of Iraq’s Revenues, diciembre de
2004.
31.
Colum Lynch, “US Won’t Turn Over Data for Iraq Audits”,
Washington Post, 16 de julio de 2004.
32. El informe del ministerio de Petróleo
iraquí señala que las operaciones efectuadas condujeron sólo en
2006 a la detención de 166 barcos. Ministerio de Petróleo iraquí,
Oficina del inspector general, Smuggling Crude Oil and Oil Products:
Second Transparency Report, 2006, p. 5.
33. Ibid., p. 42. Véase también “Iraq Oil Hit by Graft and Attacks”, BBC, 25 de abril
de 2006.
34.
Citado por Pratep Chatterjee, “Mystery of the Missing Meters”,
CorpWatch, 22 de marzo de 2007. Véase en IraqSolidaridad:
Pratap Chatterjee: No se contabilizan hasta 3.000 millones de dólares
anuales en ventas de petróleo. ¿Cuánto petróleo iraquí se está
robando?: El 'misterio' de los contadores perdidos .
35.
Iraq Study Group, op. cit., p. 22. El Grupo de estudio de Iraq
hizo un cálculo por arriba de 500.000 barriles diarios, lo cual,
sobre la base de unos ingresos de 50 dólares por barril, produciría
unas pérdidas de alrededor de 9.000 millones de dólares anuales. En
su informe de enero de 2007, el inspector general especial para la
reconstrucción de Iraq calcula las pérdidas totales, por cualquier
causa, durante el periodo de 2004 a 2006 en 15.000 millones de dólares
(op. cit., p. 44). Para el informe de la Oficina general contable [de
EEUU], véase James Glanz, “Billions in Oil Missing in Iraq, U.S.
Study Funds”, New York Times, 12 de mayo de 2007.
36.
“Iraq Oil Metering System Mysteriously Delayed”, Reuters, 9 de
febrero de 2006; Irwin Arieff, “Work Set on Oil Metering System”,
Reuters, 25 de marzo de 2006.
37.
Chatterjee, op. cit. Se espera que el inspector general
especial para la reconstrucción de Iraq publique un informe sobre la
medición del petróleo a mediados de 2007.
38. Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU,
ABOT Isolation Spools Installed Ahead of Time, 20 de enero de 2007. El
artículo afirma que habrá 14 nuevos contadores y 10 contadores
reparados en la terminal, como parte de un proyecto de 55 millones de
dólares.
39. En 2007, el Gobierno iraquí ha manifestado
que está en negociaciones con Shell para que realice este trabajo.
40. Cámara de los representantes de EEUU,
Comisión de reforma del gobierno, miembros del partido en minoría,
Rebuilding Iraq: U.S. Mismanagement of Iraqi Funds, junio de 2005, p.
10.
41. Ibid., p. 12.
42. Ibid., p. 13. El anterior récord también
lo había batido la APC con otra retirada de fondos.
43.
Ibid., p. 10.
44.
Callum Macrae y Ali Fadhil, “Iraq Was Awash in Cash. We Played
Football with Bricks of $100 Bills”, The Guardian, 20 de marzo de
2006.
45. Cámara de los Representantes de EEUU, op.
cit., p. 16.
46
Harriman, “Where Has All The Money Gone?”, op. cit.
47.
Tim Reid, “How US Lost Billions in Wild West Gamble to Rebuild
Iraq”, Times, Londres, 26 de enero de 2006.
48.
Iraq Revenue Watch, Informe breve núm. 9, Audits Find More
Irregularities and Mismanagement of Iraq’s Revenues, diciembre de
2004.
49.
Robert L. Borosage, Eric Lotke y Robert Gerson, “War Profiteers:
Profits Over Patriotism in Iraq”, Campaign for America’s Future,
septiembre de 2006.
50.
Harriman, “Where Has All The Money Gone?”, op. cit.
51.
Ed Harriman, “Cronyism and Kickbacks: The Economics of
Reconstruction in Iraq”, London Review of Books, 26 de enero de
2006.
52. Ibid.
53. Ibid.
54. Hasta comienzos de 2007, cuando cambió el
equilibrio de fuerzas en el Congreso, Waxman actuaba como miembro de
la minoría de la Comisión de control y reforma del gobierno, de la Cámara,
y después, como presidente.
55. Conversación telefónica con Mary Hoare,
miembro del FMI, portavoz de la Junta internacional de asesoramiento y
control, 5 de enero de 2007. El inspector general especial para la
reconstrucción de Iraq ha afirmado igualmente que él no conoce este
hecho tan importante.
56. Un informe de auditoría de marzo de 2006
del inspector general especial para la reconstrucción de Iraq
investigó la gestión de los fondos en efectivo del FDI bajo control
de los militares estadounidenses. En la época en que se hizo la
auditoría, había 7,2 millones de dólares en el comando local de
Faluya, en su mayoría en billetes de 100 dólares. Inspector general
especial para la reconstrucción de Iraq, Development Fund for Iraq
Cash Accountability Review: Joint Area Support Group, Central/Falluja,
28 de abril de 2006.
57. En un contrato con costes añadidos
[contratos cost–plus] no hay precio fijado de antemano. El proyecto
se aprueba y al final los pagos se basan en los costes presentados por
el contratista más un margen de beneficio que suele ser el 15%. Éste
es un método habitual en las contrataciones del Pentágono, pero
obviamente se presta a muchos abusos y abultamiento de costes. Véase
el análisis de T. Christian Miller, Blood Money, New York, 2006.
58. Ibid., pp. 84–91. Poco después, el alto
cargo de aprovisionamiento perdió su empleo.
59.
Seth Borenstein, “Sweetheart Deal of Iraq Contract”, Knight
Ridder, 27 de marzo de 2004.
60.
Stuart W. Bowen, Jr., inspector general especial para la reconstrucción
de Iraq, Statement before the U.S. House Committee on Governmental
Reform, Oversight Hearing on: “Reconstruction Contracting in
Iraq”, 28 de septiembre de 2006, p. 3. Véase también inspector
general especial para la reconstrucción de Iraq, Audit Report on
Management of the Primary Healthcare Centers Construction Projects, 29
de abril de 2006. El inspector general especial para la
reconstrucción de Iraq informó en abril de 2007 que sólo se habían
abierto ocho centros médicos de atención primaria.
61. Declaración de Stuart W. Bowen, Jr., 28 de
septiembre de 2006, op. cit., pp. 3–4. En este caso surgió un
problema mayor, porque también se compró equipamiento, muebles y
material sanitario para esas instalaciones por valor de 43 millones de
dólares mediante contratos paralelos. Todo este material no se pudo
utilizar a corto plazo y se tuvo que almacenar, por lo que fue objeto
de robo y deterioro.
62.
T. Christian Miller, Blood Money, New York, 2006, pp. 46–51.
63. Declaración de Stuart W. Bowen, Jr. (28 de
septiembre de 2006, op. cit., p. 5, y el informe especial relacionado
fechado el 31 de julio de 2006.
64.
Ibid.
65.
James Glanz, “Series of Woes Mar Iraq Project Hailed as Model”,
New York Times, 28 de julio de 2006.
66.
Miller, op. cit., pp. 100–103.
67. Inspector general especial para la
reconstrucción de Iraq, Al Fatah Pipe River Crossing, Al Fatah, Iraq,
7 de marzo de 2006. Véase
también James Glanz, “Rebuilding of Iraqi Pipeline as Disaster
Waiting to Happen”, New York Times, 25 de abril de 2006.
68.
Véase James Glanz, “U.S. Agency Finds New Waste and Fraud in Iraqi
Rebuilding Projects”, New York Times, 1 de febrero de 2007, e Ian
Austin, “Iraq Reconstruction Is Doomed Ex–Chief of Global Fund
Says”, New York Times, 3 de mayo de 2007.
69.
Según citan Thomas B. Edsall y Juliet Eilperin, “Lobbyists Set
Sights On Money–Making Opportunities in Iraq”, Washington Post, 2
de octubre de 2003.
70.
Charles R. Babcock, “Contractor Fraud Trial to Begin Tomorrow”,
Washington Post, 13 de febrero de 2006.
71. Laura Parker, “Jury Fines Defense
Contractor in Iraq $10M”, USA Today, 10 de marzo de 2006. En una
actuación muy significativa, el juez desestimó la decisión del
jurado dictaminando que no se podía procesar jurídicamente a [la
empresa] Custer Battles porque le habían pagado con fondos iraquíes
y, por tanto, no estaba trabajando para el gobierno de EEUU a pesar de
que los contratos los hubiera firmado la APC, controlada por EEUU. El
dictamen del juez fue confirmado en [el recurso de] apelación, de
modo que a Custer Battles y a sus altos cargos no se les ha impuesto
castigo alguno.
72.
Nick Fielding y Ian Cobain, “British Firms Face Fraud Allegations
over ‘Phantom’ Armoured Vehicles”, The Guardian, 20 de marzo de
2007. [La empresa] Zeroline estaba dirigida por cargos
retirados del ejército y de la policía de Reino Unido. El caso no
salió a la luz hasta 2007.
73. Ibid.
74. Ministerio de Justicia de EEUU, publicación
de prensa, Former DoD Contractor Sentenced in Case Involving Bribery,
Fraud and Money–Laundering Scheme in al–Hillah, Iraq, 29 de enero
de 2006.
75. Bloom fue condenado el 16 de febrero de
2007. Véase
“Contractor gets 46 Months for Iraq Bribery”, Associated Press, 17
de febrero de 2007.
76.
Ministerio de Justicia de EEUU, nota de prensa, Army Reserve Officer
Pleads Guilty to Money Laundering Conspiracy Involving Stolen Currency
and Fraud in Iraq, 25 de agosto de 2006. Véase también Griff Witte,
“Reservist Pleads Guilty in Iraq Bribery Scheme”, Washington Post,
26 de agosto de 2006.
77.
“US Army Officers Accused of Reconstruction Scam in Iraq”, Evening
News, 8 de febrero de 2007; Miller, Blood Money, op. cit., p. 200.
78.
Miller, Blood Money, op. cit., p. 200.
79.
Peter Grier, “Funds for Iraq Run Low”, Christian Science Monitor,
15 de junio de 2006.
80.
Inspector general especial para la reconstrucción de Iraq, Fact Sheet
on Major U.S. Contractors’ Security Costs Related to Iraq Relief and
Reconstruction Fund Contracting Activities, 30 de enero de 2007.
81. La reprogramación afectó al Fondo para la
reconstrucción y recuperación de Iraq. Véase inspector general
especial para la reconstrucción de Iraq, enero de 2007, op. cit., p.
6; Charles J. Hanley, “Can Iraq Fill the Reconstruction Gap?”,
Associated Press, 15 de octubre de 2006.
82. La cuantía final de las variaciones fue de
1.320 millones de dólares en electricidad y 2.200 millones en agua y
saneamiento; inspector general especial para la reconstrucción de
Iraq, Quarterly Report to Congreso, abril de 2007, pp. 18 y 36.
83. Inspector general especial para la
reconstrucción de Iraq, enero de 2007, op. cit., p. 6.
84. Inspector general especial para la
reconstrucción de Iraq, Quick Reaction Report on the Baghdad Police
Academy, Baghdad, Iraq, 27 de septiembre de 2006. Véase también Amit
Paley, “Heralded Iraq Police Academy a ‘Disaster’,” Washington
Post, 28 de septiembre de 2006, y Griff Witte, “Iraq Contractor’s
Work is Further Criticized”, Washington Post, 29 de septiembre de
2006.
85. Inspector general especial para la
reconstrucción de Iraq, “Baghdad Police Academy”, op. cit.
86. Ibid.
87. Parsons fue responsable de muchos de estos
proyectos, tal como se detalla en los informes del inspector general
especial para la reconstrucción de Iraq.
88.
Knut Royce, “Start–Up Company with Connections”, Newsday, 15 de
febrero de 2004. Según algunos informes, [los artículos] no
se entregaron debido a la cancelación del contrato, ya que ciertas
facciones iraquíes pelearon por conseguir estos lucrativos contratos.
89.
Miller, op. cit., pp. 236–237. Harriman, “Cronyism”, op. cit.
90.
Harriman, “Cronyism”, op. cit.
91.
Ibid.
92.
“Iraqi Officials ‘Stole Millions’,”, BBC, 24 de octubre de
2006.
93. Miller, op. cit., p. 241. El ministro de
Hacienda Ali Allawi ha señalado que EEUU y Reino Unido han hecho muy
poco por recuperar el dinero robado o para atrapar a los sospechosos. (“Iraqi
officials”, BBC, op. cit.).
94. Inspector general especial para la
reconstrucción de Iraq, enero de 2007, op. cit. Sobre los errores del
ministerio del Interior, véase Robert Perito, “Reforming the Iraqi
Interior Ministry, Police and Facilities Protection”, US Institute
for Peace, febrero de 2007. Véase también en este informe el capítulo
sobre torturas y malos tratos a prisioneros, para conocer más
detalles sobre este ministerio y sus cárceles secretas.
95.
Peter Beaumont y Martin Bright, “UK Air Funds Iraqi torture Unit”,
Observer, 3 de julio de 2005. Puede encontrarse información
sobre los Comandos especiales de la policía en Peter Maas, “The Way
of the Commandos”, New York Times, 1 de mayo de 2005.
96.
Robert Perito, “Reforming the Iraqi Interior Ministry, Police and
Facilities Protection Service”, United States Institute of Peace,
febrero de 2007.
97. El 13 de noviembre y el 8 diciembre de
2005, varias redadas en Bagdad revelaron la existencia de prisiones
del ministerio del Interior donde había un gran número de presos
gravemente torturados, algunos de los cuales informaron que les habían
sometido a descargas eléctricas o que les habían arrancado las uñas.
Véase Ellen
Knickmeyer, “Abuse Cited in 2nd Jail Operated by Iraqi Ministry”,
Washington Post, 12 de diciembre de 2005.
98. En conversaciones privadas que han
mantenido los autores de este informe con delegados del Consejo [de
Seguridad de NNUU] se ha constatado que la presión ha sido intensa y
continua y que incluso se han producido presiones entre jefes de
gobierno y ministros de Asuntos Exteriores.
99. Inspector general especial para la
reconstrucción de Iraq, enero de 2007, op. cit., apéndice J, pp.
1–4.
100. Comunicación del inspector general
especial para la reconstrucción de Iraq a los autores de este
informe, realizada el 1 de mayo de 2007.
101. Los únicos castigos impuestos hasta ahora
por el gobierno de EEUU han sido la inhabilitación para volver a
contratar [en un futuro con la administración] o la suspensión de
los contratos, y esto sólo se ha aplicado a pequeñas empresas y,
sobre todo, a empresarios individuales. El inspector general especial
para la reconstrucción de Iraq informa de que hasta finales del
primer trimestre de 2007 la División de investigación penal del ejército
estadounidense había suspendido los contratos con 19 empresarios o
compañías y a había excluido a nueve para futuros contratos. La
lista de estos afectados se puede encontrar en: inspector general
especial para la reconstrucción de Iraq, abril de 2007, apéndice K.
102. Véase inspector general especial para la
reconstrucción de Iraq, Joint Survey of the U.S. Embassy–Iraq’s
AntiCorruption Program, 28 de julio de 2006.
103. Autoridad Provisional de la Coalición,
Decreto 17: Status of the CPA, MNFI, Certain Missions and Personnel in
Iraq, con un anexo revisado, 27 de junio de 2004.
104.
Casa Blanca, George W. Bush, Decreto–ley: Protecting the Development
Fund for Iraq and Certain Other Property in Which Iraq has an
Interest, 22 de mayo de 2003.
105.Véase
Transparency International, Corruption Perceptions Index, 2006. Iraq,
junto con Myanmar y Guinea, ocupaba el puesto 160, justo por encima de
Haití, que ocupaba el último lugar entre los 163 países analizados.
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