¿Entregará el Irak ocupado su petróleo a
las «majors» corporaciones?

Por Arthur Lepic (*)
Red Voltaire, 23/06/07

Luego de haber derrocado al único gobierno del mundo que tenía la intención de no seguir aceptando dólares por sus contratos petroleros, la coalición anglosajona trata de obligar al Irak ocupado a ceder sus ingresos petroleros a las compañías occidentales. Una huelga general del sector petrolero iraquí ha retrasado la firma de los contratos más desequilibrados del siglo.

Cuatro años después de la invasión de Irak por las tropas anglosajonas, Washington, Londres y Canberra tratan de regularizar según la visión del derecho internacional el saqueo que están cometiendo. Las convenciones internacionales son claras: las tropas de ocupación no pueden confiscar en provecho propio las riquezas de un país, sobre todo si se trata de petróleo. En el caso que nos ocupa, luego de un primer período de explotación desenfrenada mediante una empresa privada hábilmente designada con el nombre de «Autoridad Provisional de la Coalición» [1], se le entregó el poder, durante un segundo período, a un gobierno títere atrincherado en la zona verde de Bagdad.

Este tenía una doble función: por un lado, la de crear fuerzas de seguridad capaces de aliviar a las tropas ocupantes, y, por otro lado, la de cerrar los ojos ante la evaporación cotidiana de entre 200 000 y 300 000 barriles de petróleo. Ahora, ha llegado el momento de entrar en un tercer período durante el cual las fuerzas de ocupación podrán poner en manos de los títeres la responsabilidad del orden público y concentrarse en la protección de los pozos de petróleo, mientras que se legaliza el saqueo para las próximas décadas mediante contratos leoninos.

Es en medio de este contexto que una huelga de los obreros del sector petrolero iraquí, emprendida el 4 de junio de 2007, paralizó la principal zona productora del sur del país e interrumpió durante varios días las exportaciones legales de petróleo. Hasta ahora, estas se elevan, oficialmente, a 2 millones de barriles diarios; una catástrofe para las compañías extranjeras si se compara esa cifra con la de 3,5 millones de dólares diarios correspondiente a la época anterior a la invasión de mayo de 2003.

Entre sus demandas, además de la anulación de medidas que han empeorado seriamente las condiciones de trabajo y aumentado el índice de desempleo en el sector, la Federación iraquí de sindicatos del petróleo, que representa a 26 000 trabajadores, pide que se le consulte sobre el muy controvertido proyecto de Ley sobre los Hidrocarburos [2]. La Federación reclama también la anulación del aumento generalizado de los precios de los combustibles en el interior del país, medida que empeora una situación económica que ya es difícil para la población.

Los responsables sindicales declaran que están actuando en nombre del pueblo y denuncian específicamente la privatización de los ingresos que el país obtiene de las ventas del petróleo en «condiciones escandalosamente provechosas» para las compañías extranjeras, medida prevista en el proyecto de ley.

Desde el principio mismo de la huelga, el gobierno de Nuri Al Maliki ordenó que sus tropas rodearan a los huelguistas y emitió órdenes de arresto contra los líderes sindicales, acusándolos de «sabotear la economía», mientras que aviones de guerra estadounidenses volaban sobre los manifestantes [3]. Hasta ahora, los cuerpos armados del gobierno iraquí se han negado a practicar los arrestos ordenados.

Inquieto por la posibilidad de que se agote la fuente de dólares, Nuri Al Maliki acabó formulando algunas promesas a los huelguistas para que reanudaran el trabajo, pero éstos últimos saben bien que la lucha está lejos de terminar.

Dos sucesivos avisos de huelga habían sido pospuestos durante el mes de mayo, como consecuencia de varios intentos negociadores con los sindicatos emprendidos por el gobierno de Al Maliki. Este último está tratando, desde el mes de febrero, de imponer el famoso proyecto de ley, redactado bajo la supervisión del Departamento de Estado estadounidense a pesar de la oposición de gran número de parlamentarios, de un grupo de 60 expertos iraquíes del sector petrolero y de todos los sindicatos, o sea a contrapelo de la opinión de la población que lleva cuatro años viviendo bajo la ocupación militar extranjera.

¿El botín?, 10% de las reservas mundiales de petróleo

Poseedor del 10% de las reservas mundiales de petróleo, Irak despierta la codicia de las principales compañías, sobre todo porque los costos de explotación de los yacimientos iraquíes se encuentran entre los más bajos del mundo. Las declaraciones del actual vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, cuando dirigía el consorcio Halliburton, y los trabajos de la comisión secreta sobre la energía que él mismo dirigió en el año 2001 no engañaban a nadie sobre cuáles eran sus intenciones para después que se concretara el derrocamiento de Sadam Husein y se restableciera el acceso de las compañías anglosajonas a las reservas petrolíferas iraquíes [4].

Inquieta ante el estancamiento del valor de sus acciones y la disminución del retorno de sus inversiones, la industria petrolera anglosajona temía en aquel entonces a la posibilidad de verse definitivamente excluida de la zona petrolífera más rica del mundo. El discurso de Dick Cheney tuvo entonces el valor de una promesa de que, cuando llegara a la Casa Blanca, gracias a las donaciones de las majors, las volvería a meter dentro del juego.

Desde la invasión de Irak por la coalición petrolera, las acciones de Exxon, BP–Amoco y Shell comenzaron a subir de nuevo, de forma espectacular y sin otra explicación que la perspectiva de grandes dividendos para sus accionistas, dividendos que habían perdido desde que Sadam Husein nacionalizó el sector petrolero, en 1972 [5]

En el marco del proyecto Future for Iraq, puesto en marcha por el Departamento de Estado estadounidense en abril de 2002, o sea un año antes de la invasión, el grupo «Petróleo y Energía», que se reunió cuatro veces entre diciembre de 2002 y abril de 2003 y del era miembro Bahr Al Ulhum, quien se convertiría más tarde en ministro del petróleo en el país «liberado», expresaba sus conclusiones de la siguiente manera: Irak «debe estar abierto a las compañías internacionales tan rápidamente como sea posible al término de la guerra». Otra de sus conclusiones era que: «El país debe instaurar un clima comercial propicio de forma tal que atraiga las inversiones en los recursos petroleros y el gas».

En efecto, el argumento más utilizado en la prensa vinculada a los grandes grupos financieros para justificar la privatización de los ingresos petroleros iraquíes (ya en marcha) o iraníes (ardientemente deseada para el futuro) es el de la necesidad de inversiones masivas, que los países en cuestión no podrían realizar, para poder aumentar la producción con vistas a responder a la creciente demanda de los países consumidores. El problema es que dicho razonamiento entre en conflicto directo con los intereses de los Estados productores: mientras que las compañías tienen que elevar al máximo sus ganancias a corto plazo para aportar dividendos anuales a sus accionistas, los Estados tienen la obligación de administrar sus recursos nacionales pensando en sus ciudadanos y en las futuras generaciones.

En el contexto del declive, ahora seguro, de la producción global de petróleo para los próximos años, el interés de las compañías petroleras privadas es absorberlo todo lo más rápidamente posible, y, después, vivir de la escasez. Por el contrario, el interés de los Estados productores es distribuir la producción para mantenerla y prolongarla el mayor tiempo posible.

La intervención de BearingPoint

Con vistas a organizar la privatización de la economía iraquí, el Departamento de Estado estadounidense recurrió a la sociedad BearingPoint. La creación de BearingPoint tuvo lugar en 2002, luego del escándalo de Enron, mediante la fusión de las ramas de consultoría de KMPG en Estados Unidos (las mismas que habían «reorganizado» las economías de los Estados postsoviéticos en los años 1990) y de Arthur Andersen, en Francia. Esta nueva firma opera conjuntamente con la USAID en más de 60 países, principalmente en Afganistán y en Irak, pero también opera en Serbia y en Egipto [6]. La SEC (Security and Exchange Commission), organismo estadounidense de control de las actividades financieras, viene examinando de cerca sus cuentas desde hace años, sin llegar a nada en concreto.

Resulta revelador el hecho que esta misma comisión confió recientemente la reorganización de su sistema de ficheros a… BearingPoint, lo cual dice mucho en cuanto a los vínculos existentes entre esa sociedad et la administración [7].

En Irak, la USAID concede primeramente a BearingPoint, ya en 2003, un contrato de más de 200 millones de dólares para que ayuda a desarrollar el «sector privado competitivo», contrato redactado para la USAID por… la propia BearingPoint, lo cual dio lugar a que el Center for Corporate Policy de Ralph Nader la señalara como una de las firmas que más se están aprovechando de la guerra [8]. El mencionado contrato consiste en organizar, bajo la supervisión de otra empresa privada, la Coalition Provisional Authority, la atribución de ingresos provenientes del petróleo a las empresas estadounidenses encargadas de la reconstrucción, como Halliburton [9].

Mientras que los primeros 10 000 millones de dólares del fondo proveniente de los ingresos petroleros iraquíes se gastan en contratos de reconstrucción, otros 4 000 millones simplemente desaparecen. Y esto no era más que el principio.

Este vacío jurídico y esta ausencia total de transparencia eran indispensables para mantener el saqueo del país mientras que los nobles objetivos de la invasión se mantenían bajo la luz de los proyectores, ya que Estados Unidos, el Reino Unido y Australia siempre han negado que hayan invadido Irak por sus recursos petrolíferos. El 18 de marzo de 2003, el primer ministro británico Tony Blair declaraba que: «Los ingresos petroleros, que algunos designan erróneamente como nuestro objetivo de guerra, deberían depositarse en un fondo destinado al pueblo iraquí y administrado por la ONU». Paul Wolfowitz, gran arquitecto de la destrucción del Estado iraquí y secretario adjunto de Defensa en el momento de la invasión, declaraba, por su parte que: «Se trata de un país que realmente puede financiar su propia reconstrucción bastante rápidamente.».

Si el primero expresaba un deseo que en realidad no lo comprometía a nada, el segundo mentía por omisión: es cierto que Irak podía financiar su reconstrucción, pero no reconstruirse a sí mismo. El verdadero problema era, por tanto, saber más bien quién reconstruiría Irak, cobrando de paso con los ingresos provenientes del petróleo.

Luego de haber dilapidado de manera espectacular los fondos existentes [10], Paul Bremer se encargó de decidir a favor de… Halliburton y compañía, cuya costumbre de sobrefacturar sistemáticamente sus contratos públicos es harto conocida, además de servir de correa de transmisión del endeudamiento de las naciones poseedoras de recursos naturales ante el Banco Mundial, cuya presidencia sería entregada posteriormente a Wolfowitz, quizás a modo de recompensa.

Ahora que la ocupación del país se justifica a sí misma, en la medida en que su objetivo oficial es solucionar la situación de caos que ella misma ha creado, la prioridad para las potencias de la coalición es aprovechar la atmósfera de terror para imponer la Ley sobre los hidrocarburos (Iraq Hydrocarbon Law) que permitirá transferir los ingresos petroleros del Estado a las compañías petroleras extranjeras.

Y de es de nuevo la BearingPoint quien recibe del Departamento del Estado la misión de redactar el proyecto de ley. Una primera versión fue rápidamente adoptada por el gobierno colaboracionista de Maliki en enero de 2007. [11].

De forma paralela, se organiza una importante operación de cabildeo entre los iraquíes encargados de decidir. Representantes de las principales compañías petroleras extranjeras (BP, Shell, ExxonMobil, Chevron, Total y Eni), agrupadas en el seno de una organización designada como Centro Internacional de Tasas r Inversiones (ITIC, International Tax and Investment Centre), comunican sus quejas al gobierno británico en 2004. Este último, después de indicarles su estrategia tendiente a influir sobre el gobierno iraquí, transmite esas quejas al ministerio iraquí de Finanzas y organiza un encuentro en Beirut, en enero de 2005, entre los representantes de las majors y los ministros iraquíes del Petróleo, de Finanzas y de Planificación. Por otro lado, ya en 2003, un ex dirigente de BP recibe la misión de redactar un documento que establece los términos del acuerdo, documento destinado al gobierno iraquí para que éste tome decisiones conformes a los deseos de BP.

Aunque es probable que los demás países implicados en esas negociaciones hayan hecho lo mismo, los documentos desclasificados desde entonces no permiten determinarlo con certeza [12]. La invitación que recibió Total a que participara en esas decisiones explica por lo menos en parte el cambio de actitud de Francia, que se produjo a principios de 2005, en cuanto a la ocupación de Irak.

Por su parte, los parlamentarios iraquíes no vieron el proyecto de ley hasta enero de 2007, en el momento de su adopción por parte de la administración Maliki. Siendo así, ¿resulta acaso sorprendente que una proposición como esa, redactada por un gabinete de consultoría especializado en el desmantelamiento de los servicios públicos, con el apoyo de una campaña de cabildeo de las compañías extranjeras ante un gobierno títere, enfrente tanta oposición de parte de los parlamentarios y los sindicatos?

El método: los contratos PSA

Lo más inquietante sigue siendo la naturaleza misma de este proyecto de ley. Basado en un tipo de contrato llamado «Contrato de Repartición de la Producción» (production sharing agreement, o PSA) que dejó de usarse en el Medio Oriente después de las nacionalizaciones de los años 1970, este garantiza a las compañías extranjeras un retorno de sus inversiones anormalmente elevado durante un período anormalmente largo, términos que los interesados justifican debido a… ¡los problemas de seguridad del país!

De hecho, durante un período indefinido de amortización de las inversiones, los PSA garantizan al inversionista extranjero un por ciento de los ingresos, cuando en realidad el tipo de concesión que más se practica entre los países productores prevé un retorno fijo, que se calcula en función del costo de producción, no del precio de venta final, durante un período bien definido. Muy a menudo la compañía nacional toma incluso el control íntegro de las operaciones y percibe todos los ingresos después del período de amortización, como sucede en Irán con numerosos yacimientos (contratos llamados «buyback»).

Cuando está en vigor un contrato PSA, la compañía extranjera sólo tiene que hacer creer que está haciendo muchas inversiones, sean estas reales o no, para así prolongar sus prerrogativas. Esto es lo que está sucediendo en Rusia, el único país en tener importantes reservas que ha firmado contratos PSA. Dichos contratos se negociaron bajo la corrupta administración de Boris Yeltsin, durante los años 1990, cosa que la actual administración de Putin deplora hoy amargamente. Esta última ha logrado, sin embargo, revocar algunos de esos contratos (como el de Shell sobre los yacimientos de Sajalin, por razones ecológicas) y limitar las inversiones extranjeras en las futuras concesiones.

Los términos de los contratos PSA previstos en Irak con las majors, en virtud del mencionado proyecto de ley, elevarán la parte correspondiente a las majors a un nivel situado entre el 60 y el 70% de los ingresos durante un período de amortización que iría hasta 40 años, y las majors se echarán en el bolsillo el 20% de las ganancias al cabo de este período. Para establecer un nivel de comparación, el contrato PSA que Sadam Husein negoció con Total en 1992 –y que no llegó a aplicarse por causa del embargo– para la explotación del yacimiento gigante de Majnun era del 40% al 10%, para un período de retorno de la inversión de 20 años, lo cual corresponde a la media de los contratos PSA.

La justificación oficial de las condiciones, anormalmente ventajosas para las majors, que estipula el proyecto de ley es la cuestión de la seguridad en Irak. Deseosas de proteger a su personal, las majors exigen sólidas garantías en cuanto al retorno de sus inversiones.

Coincidentemente, la escalada militar que ha instrumentado George W. Bush empeoró la situación de la seguridad y reforzó los argumentos que esgrimen las majors para exigir márgenes cada vez más extravagantes.

Resulta por demás interesante señalar que BearingPoint dice realizar su trabajo teniendo en cuenta el pico petrolero [13]. En efecto, para las grandes compañías petroleras, firmar ahora contratos PSA en un país como Irak constituye la garantía de poder mantener la cabeza fuera del agua después del principio del declive global, y ayuda a mantener a flote las economías nacionales de sus respectivos países. Coinciden en este punto los intereses de las compañías petroleras anglosajonas y los de los Estados miembros de la coalición.

Además, los retornos de inversiones calculados según la proporción de los ingresos provenientes del petróleo privarán a la economía iraquí de miles de millones de petrodólares a medida que vayan aumentando los precios de ese recurso, aumento que ya constituya una certeza para el futuro debido al pico de producción. Siguiendo el guión habitual, los ingresos petroleros que se queden en el país productor se dedicarán finalmente, en gran parte, al pago de los contratos, que Halliburton y compañía sobrefacturan, por la construcción de infraestructuras civiles, y al pago de las deudas.

¿Qué pasará con los miles de millones provenientes de las ganancias suplementarias provenientes del alza del precio del barril? Por supuesto, la ley iraquí sobre los hidrocarburos tiene previsto que puedan volver al extranjero, contrariamente a otras legislaciones petroleras que estipulan que sean reinvertidas en la economía nacional del país productor. El capítulo intitulado «Régimen fiscal» estipula que «las compañías extranjeras no están sometidas a ninguna restricción en cuanto a sacar las ganancias del país, y no están sometidas a ninguna tasa para ello».

Además, todo litigio entre el Estado iraquí y una compañía extranjera tendrá que someterse al arbitraje no de un tribunal iraquí sino de una corte internacional. De hecho, en caso de que el gobierno iraquí pidiera cuentas algún día por los cargamentos fantasmas que están saliendo constantemente de las terminales de Basora desde el período de embargo de la ONU, la «comunidad internacional» se reserva el derecho de desempeñar ella el papel de juez, cuando es ella misma quien se aprovecha de esos cargamentos, de no ser así ya se habría encargado de imponer un sistema de medida [14]. Finalmente, de los 80 yacimientos descubiertos en Irak, sólo 17 quedarán bajo el control mayoritario del Estado central iraquí, de ser aprobado este proyecto de ley.

Hasta el momento, diferentes tipos de obstáculos se oponen a la adopción de esa ley en la Asemblea Nacional iraquí. A la resistencia de los sindicatos, anteriormente mencionada, se unen la reticencia de la minoría kurda del norte de Irak (segunda región productora del país, después del sur, mayoritariamente chiíta) que aspira a administrar sus recursos petrolíferos en forma autónoma. En función de ello, las autoridades kurdas han otorgado ya varios contratos de repartición de la producción y han anunciado incluso la creación de su propio ministerio del Petróleo, bajo la mirada benevolente de las potencias ocupantes, que dicen, sin embargo, desear la unidad del país y que se comparta la renta petrolera. Después de haber recibido la promesa de una rápida emancipación a cambio de su colaboración con los ocupantes, los kurdos se dan cuenta –un poco tarde– de que, en vez de compartir la renta petrolera con sus compatriotas sunnitas y chiítas, van a tener que ceder buena parte de ella a las majors occidentales, perspectiva que no les hace sentirse precisamente felices.

Durante los últimos días, el almirante Fallon, y más tarde John Negroponto, segundo responsable del Departamento de Estado, han viajado a Bagdad para presionar al gobierno de Maliki con vistas a que éste acelere la adopción del proyecto de ley sobre los hidrocarburos. Y es que George W. Bush, aunque no tiene intenciones de retirar sus tropas del país, tampoco exponerlas más aún.

Simplemente desea imponer una privatización de los ingresos petroleros a un Estado iraquí en situación de debilidad y bajo la amenaza de las bayonetas, para luego ordenar a sus tropas replegarse a bases permanentes, siguiendo un «modelo coreano» frecuentemente mencionado en Washington en los últimos tiempos. Pero antes, los parlamentarios iraquíes tienen que decidir el destino de su economía nacional para los próximos 40 años. Alrededor de ellos, para ayudarlos a decidir, se mantienen 120 000 soldados estadounidenses y una cifra similar de mercenarios armados hasta los dientes, listos proclamar el cumplimiento de la segunda misión de la Coalición del Petróleo en Irak.

La primera consistía en revertir, mediante el restablecimiento del dólar como moneda utilizada en las transacciones petroleras, el movimiento que Sadam Husein y Hugo Chávez habían emprendido en el seno de la OPEP, y salvar así la economía estadounidense. La segunda consiste en garantizar, durante 40 años como mínimo y por tanto más allá del pico petrolero, el monopolio de las majors occidentales sobre el petróleo iraquí y aliviar así el desplazamiento del poder petrolero hacia los países del Medio Oriente.

Notas:

(*) Arthur Lepic: Periodista francés, miembro de la sección francesa de la Red Voltaire especializado en los problemas energéticos y militares.

[1] «Qui gouverne l’Irak?», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 13 de mayo de 2004.

[2] «Iraq Federation of Oil Workers strike demands», Iraqi Federation of Oil Unions, 5 de mayo de 2007.

[3] «Irak’s workers strike to keep their oil», por David Bacon, Truthout, 9 de junio de 2007.

[4] Ver los artículos «Dick Cheney, le pic pétrolier et le compte à rebours final», por Kjell Aleklett, Voltairenet, 9 de marzo de 2005 y «Les ombres du rapport Cheney», por Arthur Lepic, Voltairenet, 30 de marzo de 2004.

[5] En ese contexto, es importante diferenciar la noción de privatización de los yacimientos de la noción de privatización de los ingresos. En efecto, el único país del mundo que ha privatizado sus yacimientos es… Estados Unidos. En cambio, la naturaleza de los contratos que se otorgan a las compañías extranjeras puede ser tremendamente variado en los países que siguen siendo, teóricamente, dueños de sus propios recursos, pero no de los ingresos que provienen de estos.

[6] «Shock and Oil: Iraq’s Billions and The White House Connection», por Stephen Foley, The Independent, 15 de enero de 2007.

[7] «SEC Hires a Company It’s Investigating», por Marie Leone, cfo.com, 27 de septiembre de 2006.

[8] «The Center for Corporate Policy’s Ten Worst War Profiteers of 2004», Center for Corporate Policy, 2004.

[9] «Halliburton, profiteur de guerre », por Arthur Lepic, Réseau Voltaire, 23 de septiembre de 2004.

[10] Sobre este aspecto y sobre los otros miles de millones provenientes del petróleo iraquí que desaparecieron, ver el artículo «So, Mr Bremer, where did all the money go?, The Guardian, 7 de julio de 2005.

[11] La última versión presentada a los parlamentarios de la asamblea colaboracionista iraquí, y aún sin aprobar, puede consultarse aquí: versión en inglés y versión en árabe.

[12] «Exposed: British government pushing oil interests in Iraq», Platform, 9 de marzo de 2007.

[13] Ver la presentación de las actividades de la sociedad BearingPoint en el sector de los hidrocarburos.

[14] Para un análisis más detallado del ley iraquí sobre los hidrocarburos, consultar el excelente informe de la organización británica PLATFORM: «Crude Designs: The rip–off of Iraq’s oil wealth» (disponible solamente en inglés y árabe).