La
filtración de un informe de la Cruz Roja considera que el equipo de
Bush debe comparecer ante un tribunal por crímenes de guerra
La
historia no los absolverá
Por
Nat Hentoff
Village Óbice / La Haine, 11/09/07
Traducido por Felisa Sastre
Jane Mayer, del New
Yorker, posee fuentes que han tenido acceso a montones de entrevistas
llevadas a cabo por la Cruz Roja con presos retenidos en cárceles
secretas de la CIA. Sin embargo, pocos ciudadanos estadounidenses
medios se han sentido inquietos por lo que la CIA hace en nuestro
nombre.
Si se llegara a crear
un tribunal semejante al de Nuremberg para quienes han perpetrado crímenes
contra la humanidad en Guantánamo, Iraq, Afganistán y en las cárceles
secretas de la CIA, habría montones de pruebas disponibles
procedentes de informes elaborados por organizaciones de defensa de
los derechos humanos, entre ellos el de una parte del Parlamento
europeo, y de libros muy documentados como el de Stephen Grey, Ghost
Plane: The True Story of the CIA Torture Program [Aviones fantasma: La
verdadera historia del programa de torturas de la CIA], (St.
Martin’s Press) y el de Charlie Savage, de reciente aparición,
Takeover: The Return of the Imperial Presidency and the Subversión of
American Democracy [Toma de posesión: El retorno de la presidencia
imperial y la subversión de la democracia estadounidense] (Little,
Brown).
Mientras el Congreso
de mayoría demócrata tiene todavía pendiente una investigación
seria sobre lo que muchos legisladores europeos ya saben respecto a
los crímenes de guerra estadounidenses, se ha filtrado un informe
especialmente revelador del Comité Internacional de la Cruz Roja que
desempeñaría un papel fundamental en ese potencial Tribunal de
Nuremberg. La propia Cruza Roja se ha visto obligada a guardar
silencio preocupada por los resultados de sus investigaciones sobre el
respeto a los derechos humanos en cárceles de todo el mundo o
exponerse a que los gobiernos no les permitan visitar las prisiones.
Pero Jane Mayer, del
New Yorker, tiene fuentes que han tenido acceso a montones de
entrevistas llevadas a cabo por la Cruz Roja con presos retenidos en cárceles
secretas de la CIA. En su artículo “Black Sites” (13 de agosto,
The New Yorker), Mayer revela asimismo los efectos en nuestros
torturadores de sus acciones (a las órdenes del presidente) para
“proteger los valores estadounidenses”.
Mayer cita a un ex
agente de la CIA: “Cuando se cruza esa línea oscura, resulta difícil
volverse atrás. Se pierde la sensibilidad y se puede hacer todo lo
posible para justificarlo, pero... resulta im posible regresar de ese
lugar tenebroso sin sentirse cambiado”.
Sin embargo, pocos
ciudadanos estadounidenses medios se han sentido inquietos por lo que
la CIA hace en nuestro nombre. Se responsabiliza al secreto oficial
que sigue existiendo sobre los métodos que utiliza la CIA para
obtener información. El 20 de julio, el gobierno Bush publicó una
nueva orden ejecutiva por la que autorizaba a la CIA a continuar con
esas técnicas, sin revelar nada sobre ellas.
Si un tribunal
internacional finalmente nos condena a nosotros, el pueblo, por
nuestra complicidad y silencio antes esos crímenes de guerra, siempre
podremos intentar imitar a los alemanes que afirmaban no saber lo que
Hitler y sus fuerzas de seguridad estaban haciendo. Pero en la
Alemania nazi, la gente no tenía medios para insistir en que se
investigara qué había ocurrido con sus vecinos desaparecidos.
Nosotros, sin
embargo, tenemos el derecho y la fuerza para insistir en que el
Congreso investigue y revele los detalles de las torturas y demás
brutalidades que la CIA, en nuestro nombre, ha estado infligiendo a
sospechosos de terrorismo.
Sólo un congresista,
Ron Wyden, senador demócrata por Oregón, ha insistido en investigar
la legalidad de las técnicas utilizadas por la CIA (hasta el punto de
bloquear el nombramiento de John Rizzo, candidato de Bush, como jefe
de los servicios jurídicos de la CIA). Rizzo, agente de la CIA desde
2002, ha dicho públicamente que no se opuso a los memoranda sobre la
“tortura” del Departamento de Justicia de 2002, que permitían el
maltrato salvo que provocara daños como “el fallo orgánico... o
incluso la muerte”. (Cualquier maltrato que llegara a ese punto se
consideraba comportamiento profundamente no-estadounidense). Rizzo sería
un testigo clave en cualquier Tribunal de Nuremberg en el futuro.
El 6 de agosto, Jane
Mayer declaró a la Radio Nacional Pública que había encontrado en
el desvelado informe de la Cruz Roja, y en su amplia investigación
sobre nuestros interrogadores (alentados por nuestro comandante en
jefe) la existencia de “un programa detallado de maltratos,
controlado de arriba abajo, autorizado por la Casa Blanca y
desarrollado después por la CIA desde los niveles superiores hasta
los agentes de base... que mantenían a las personas desnudas hasta 40
días en celdas donde se les privaba de cualquier tipo de luz. Les
quitaban el sentido del tiempo en el que vivían o... de cualquier
indicio que les indicara dónde se encontraban”.
Habló también del
interrogatorio al que sometió la CIA a Abu Zubaydah, quien no sólo
fue sometido al waterboarded (una técnica en la que se le hizo sentir
que estaba a punto de ser ahogado) sino al que también “se le
mantuvo... en una pequeña jaula, de aproximadamente un metro por un
metro, en la que no podía estar de pie durante mucho tiempo. [La CIA]
la denominaba la caseta del perro”.
Haya o no otro juicio
de Nuremberg- y mientras el Congreso sigue durmiendo- los
historiadores futuros del gobierno Bush se referirán seguramente a
Leave No Marks: Enhanced Interrogation Techniques and the Risk of
Criminality [No dejar señales: Técnicas de Interrogatorio
Autorizadas y el Riesgo de Delitos], un informe de julio elaborado por
Human Rights Firts y Physicians for Social Responsability.
El informe resalta
que la orden ejecutiva presidencial del mes de julio sobre los
interrogatorios de la CIA, que aún siendo confidencial ha sido
ampliamente ensalzada como si se tratara de una prohibición de la
“tortura y el trato cruel e inhumano”, “ no excluye explícitamente
el empleo de técnicas “refinadas” autorizadas a la CIA en marzo
de 2002” con la aprobación del presidente (la cursiva es del
autor).
En 2002, el entonces
Secretario de Estado, Colin Powell denunció los memoranda sobre la
tortura y demás técnicas de interrogatorio en informes internos que
llegaron a la Casa Blanca. Es una pena que Powell no nos los
presentara también a nosotros. Sin embargo, las objeciones de Powell
podrían mantenerlo fuera del banquillo de los acusados en cualquier
juicio internacional futuro.
A continuación se
detallan algunas de las normas estadounidenses, recogidas en el
informe Leave No Marks, violadas en su totalidad por la CIA y los
Departamentos de Justicia y Defensa:
En la Torture
Convention Implementation Act de 1994, que convierte en ley
estadounidense el artículo 5 de la Convención de la ONU contra la
tortura, definida como “acción ‘cometida’ por un individuo
oficialmente autorizado’... específicamente dirigida a infligir
graves daños físicos o mentales o sufrimientos... contra otra
persona bajo su custodia o control físico.”
La ley estadounidense
sobre crímenes de guerra de 1997: “considera delito... los crímenes
de guerra específicamente enumerados a los que las leyes denominan
‘violaciones graves’ del artículo 3 de las Convenciones de
Ginebra, entre los que se consideran crímenes de guerra la tortura y
‘el trato cruel e inhumano’”.
El muy valioso
informe Leave Not Marks llevó al Tribunal Supremo -antes de que se
apoderara de él el presidente del Tribunal John Roberts- a
enfrentarse al historial de crímenes de guerra de este gobierno. Yo
sugiero con entusiasmo que Human Rights First y Physicians for Social
Responsability envíen su informe ( con los párrafos siguientes
subrayados) a todos los miembros del actual Tribunal Supremo y del
Congreso:
“El Tribunal
Supremo durante mucho tiempo ha considerado que el trato a los
prisioneros viola los procedimientos debidos si ‘atenta contra la
conciencia’, supera los límites de sensibilidades incluso
endurecidas, o quebranta ‘un principio de justicia tan enraizado en
las tradiciones y conciencia de nuestro pueblo hasta el punto de ser
considerado como fundamental.”
Entre esos derechos
fundamentales citados por anteriores Tribunales Supremos, continúa el
informe, están “los derechos a la integridad física y el derecho a
tener cubiertas las necesidades básicas de la persona; y el derecho a
la dignidad humana básica (cursiva añadida por el autor).
Si la conciencia de
la mayoría de los miembros del Tribunal de Roberts no se siente
conmocionada por lo que hemos hecho a nuestros prisioneros, entonces
corresponderá al próximo presidente y al próximo Congreso ( y en
consecuencia, a todos nosotros) el cambiar, en algunos aspectos el
juicio de la Historia respecto a nosotros. Pero ¿se ven señales
significativas entre los estadounidenses medios de tener su conciencia
intranquila? ¿Y qué decir de los candidatos presidenciales de ambos
partidos?
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