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Los movimientos sociales populares
y el futuro de la política egipcia
Por Joel Beinin (*)
CSCAweb , 02/04/05
Traducción de Luisa Sirvent
El Cairo.– El inesperado anuncio del
Presidente Hosni Mubarak de que el Artículo 76 de la constitución
egipcia va a ser enmendado para dar paso a un voto directo y
competitivo en las elecciones presidenciales de septiembre ha atraído
la atención de los medios de comunicación y la clase política
locales e internacionales. La esencia de la enmienda constitucional
propuesta, anunciada el 26 de febrero, queda sin determinar. Aunque el
presidente no se presente sin oposición en un referéndum de partido
único, como ha hecho en las últimas cuatro ocasiones, puede que una
carrera multipartidista no acabe con sus 24 años de gobierno.
Elecciones multipartidistas para el parlamento en el pasado han estado
plagadas de intimidaciones a los votantes, fraude y otros chanchullos
con la intención de inflar la mayoría del Partido Democrático
Nacional en el poder.
No está nada claro que la decisión
de Mubarak anuncie el comienzo de una genuina democracia electoral en
el Nilo. Por otra parte, el centrarse en maniobras políticas de alto
nivel pasa por alto las presiones desde abajo que han jugado un papel
importante en forzar estas concesiones desde el régimen.
Desde hace varios meses, una
colección dispar de cada vez más numerosa de movimientos entre
varios sectores de la sociedad egipcia ha convergido sobre un mensaje:
oposición al status quo. Desde el 11 de diciembre de 2004, el
movimiento Kifaya (Suficiente) ha organizado tres manifestaciones
exigiendo que Mubarak se retire y que se abstenga de pasar la
presidencia a su hijo, tal como sucedió en Siria y en las monarquías
democráticas y aliadas de EEUU de Jordania y Marruecos. Los
activistas de Kifaya han recogido más de 1.000 firmas de figuras públicas
en un manifiesto solicitando una elección presidencial directa y
disputada. Los afiliados y simpatizantes del Partido Ghad (Mañana)
han protestado de forma contundente el encarcelamiento de su líder,
Ayman Nur. Los activistas de derechos humanos han continuado
criticando las redadas arbitrarias de islamistas como respuesta al
atentado terrorista del 7 de octubre de 2004 en la zona turística de
Taba en el Sinaí. Los trabajadores se han sumido en huelgas
prolongadas en protesta por las políticas de favoritismo comercial
apoyado por Mubarak, y más aún, por su hijo Gamal. Al cubrir estos
hechos, los medios no gubernamentales han ido mucho más allá de los
límites existentes con anterioridad sobre la libertad de la prensa.
Desde el año 1952, ningún jefe de
estado egipcio ha sido atacado de forma tan directa. Se ha roto un tabú
y es imposible prever hacia donde pueden dirigirse estos movimientos
Una huelga contra la privatización
A unas 12 millas al norte de El
Cairo, 400 trabajadores textiles de la empresa de hilado Qalyub,
una filial del grupo ESCO, han estado llevando a cabo una sentada
desde el 13 de febrero. Protestan por la venta del gobierno de su fábrica
a un inversor privado porque consideran que la nueva dirección
privada no mantendrá el nivel salarial y de beneficios que han
disfrutado desde que ESCO, al igual que la mayoría de otras empresas
manufactureras egipcias, fuera nacionalizada a principios de los años
60. La huelga empezó porque el gobierno y la dirección de la empresa
no cumplieron lo prometido de contar con un paquete de prejubilaciones
aceptables en contestación a una huelga más corta, de diez días de
duración, en octubre de 2001.
La privatización del sector público
ha contado con un gran apoyo por parte de Washington al igual que de
los acreedores egipcios en el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial. Al temer disturbios sociales, el régimen de Mubarak retrasó
las medidas de privatización recomendadas durante años antes de
moverse con relativo vigor para vender empresas públicas en 1993. A
pesar de varias huelgas enconadas y salvajes e indicios de que las
privatizaciones estaban contribuyendo a ensanchar en gran medida la
diferencia entre ricos y pobres, el Estado pasó más de 100 fábricas
a manos privadas entre 1993 y 1999. En mayo de 1999, el Fondo
Monetario Internacional manifestó su satisfacción porque Egipto
finalmente estaba haciendo caso de sus consejos. Pero las ventas se
frenaron al estancarse la economía. La venta de la filatura Qalyub
es parte de una ola renovada de privatizaciones. El sector textil,
una de las mayores e incluso más antiguas de las industrias egipcias,
ha sido abordado porque el sector ha estado en crisis desde los años
70 debido a la competencia del este y sudeste asiático.
El primer paso en la preparación
de las empresas para la privatización es la reducción de la mano de
obra. Las seis fábricas de ESCO empleaban 24.000 trabajadores en
1980; se han reducido a 3.500 por medio de una combinación de bajas
vegetativas,de congelación de contrataciones desde 1987 y cinco
expedientes de prejubilaciones, siendo el último en el año 2000. En
la instalación de ESCO en Bahtim, se vendieron a un inversor privado
las oficinas de administración, garaje y la fábrica hilera sin
ninguna obligación por su parte de contratar a los trabajadores que
trabajaban allí con anterioridad. Los huelguistas de ESCO consideran
que la cantidad de años que han trabajado en la fábrica, muchos con
una antigüedad de 20 a 30 años, les da el derecho a continuar
trabajando allí en vez de ser reemplazados por trabajadores nuevos
que indudablemente recibirán salarios más bajos y menos beneficios.
El salario básico mensual oscila en la actualidad entre las 250
libras egipcias (43 $, 33 euros) y las 600 libras (103 $, 80 euros) al
mes, por debajo del nivel de la pobreza en el extremo más bajo de la
escala.
Los trabajadores de la empresa de
hilado Qalyub consideran que el Estado se está librando de activos
por medios poco regulares, y a precios de saldos. Gamal Shaaban, un
trabajador cualificado con 23 años de antigüedad, preguntó que
"¿con qué derecho se estaba llevando a cabo la venta (de la fábrica)?"
Los trabajadores poseen el 10 por ciento de la empresa, pero no se les
consultó sobre la venta. Muhsin Abd al–Wahhab al–Gilani (el
director del holding del sector público que posee la fábrica) estuvo
de acuerdo con la venta. ¿Era la empresa de su propiedad o propiedad
de las personas?"
Muhammad Gabr Abdallah, un
supervisor del turno de noche con 28 años de antigüedad en ESCO y
portavoz de los trabajadores, hizo un recorrido por la fábrica y
explicó que en 1999 se valoró la empresa en 60 millones de libras.
En 2003, el gobierno invirtió 7 millones en mejoras, incluido husos
informatizados. Después concertó un acuerdo de arrendamiento por un
período de tres años por 2,5 millones con un hombre de negocios
llamado Hashim al–Daghri, contando con que comprara la fábrica.
Antes de que el arrendamiento expirara, se vendió la fábrica a al–Daghri
por el bajo precio de 4 millones de libras.
Los trabajadores de ESCO son muy
conscientes de que su huelga cuestiona la estrategia económica de
Egipto. No sólo Gamal Mubarak y su séquito de economistas y magnates
de negocios educados en EEUU están resueltos a introducir más políticas
de mercado libre, sino que en diciembre, Egipto también suscribió un
acuerdo comercial con EEUU que creaba siete Quality Industrial
Zones (QIZ) en los que los propietarios de las fábricas
extranjeros y locales tendrán la libertad de pagar salarios más
bajos. Rashid Muhammad Rashid, el nuevo ministro de Industria asociado
con el joven Mubarak, intentó parar las críticas sobre el acuerdo
aduciendo que las zonas revitalizarían la crisis del sector textil.
En efecto, las instalaciones de Qalyub no son las únicas que se
encuentran en la sección de saldos. Gilani anunció el 25 de febrero
que la Empresa de Hilado y Tejido Delta estaba en venta.
'Pregunte al gobierno'
Dada la importancia política de la
huelga de Qalyub, los activistas del Centro de Servicios a Sindicatos
y Trabajadores (CTUWS) de Helwan han apoyado a los trabajadores. Los
periodistas de Al–Ahali, el semanario del legalizado Partido de la
Unión Progresista Nacional y el semanario liberal en habla inglesa al–Ahram
han escrito sobre ello. El nuevo semanario de habla inglesa, Cairo,
publicó un informe confuso que sin embargo contenía más información
que la habitualmente disponible en árabe.
En contraste, Ibrahim Nafie,
redactor jefe de al–Ahram, hizo saber que no le entusiasmaba
cubrir la huelga en el diario cuasi oficial en árabe. Los
trabajadores no han recibido ningún apoyo de la Federación de los
Sindicatos de Hilado y Tejido [miembro de la Confederación de
Sindicatos Egipcios]. Sin embargo, el portavoz de la Federación, Ali
Muhammad Mansour, confirma que ESCO no puede pagar un paquete adecuado
de pensiones a los trabajadores. Los paquetes de prejubilaciones han
sido una parte integral, aunque controvertida, de los planes de
privatización de Egipto. Los trabajadores afectados por los recortes
de plantilla reciben un primer pago, que el Estado les anima a
invertir en pequeños negocios, y después reciben un subsidio mensual
que bastante a menudo es mucho menos que la pensión que hubieran
recibido si la fábrica hubiera seguido bajo la propiedad del Estado.
Los trabajadores llevan tiempo quejándose de que los subsidios son
demasiado bajos para satisfacer el nivel de vida en alza. Con el drástico
descenso que ha sufrido la economía de Egipto desde 1999, también ha
disminuido el poco atractivo pago inicial. El representante del
sindicato ESCO dimitió porque no quería asumir la responsabilidad de
los paquetes ofrecidos a los empleados de la empresa de hilado Qualyub.
La dirección de ESCO es igualmente
consciente de la importancia de la huelga. Sentado ante su escritorio
bajo un póster de la Caaba de la Meca, el director de la fábrica,
Sayyid Abd añ–Fattah, un musulmán ostentosamente devoto con una
gran marca del rezo en su frente, evadió las preguntas directas
formuladas por un grupo de periodistas. Se quejó de que los
trabajadores le estaban "presionando" a él y a los
inversores privados para que accedieran a sus demandas. Para reforzar
su afirmación de que la huelga en curso y la de octubre de 2004, en
la que se descontaron tres días de sueldo de las nóminas de los
trabajadores, eran ilegales, sacó del cajón de su escritorio el
texto de la Nueva Ley Laboral (Número 12 de 2003) y citó las
secciones apropiadas. Es prácticamente imposible hacer una huelga
legal en Egipto ya que requiere la aprobación de la Confederación de
Sindicatos, controlada por el gobierno.
Los trabajadores en huelga han
propuesto tres opciones a la dirección de ESCO y al gobierno. Quieren
que su fábrica se mantenga en el sector público. Si no fuera posible
(que es lo más probable al haberse firmado ya el contrato de venta)
quieren que se permita a los trabajadores trasladarse a otras fábricas
del Holding Egipcio de Hilado y Tejido, que gestiona todas las
empresas textiles en el sector público. Si no se les puede trasladar,
quieren recibir unos paquetes de prejubilación
"razonables". La tercera opción es el escollo, porque
mientras que se deduce el 10 por ciento del salario mensual de los
trabajadores para beneficios de jubilación, la empresa no ha pagado
su 20 por ciento correspondiente en el fondo de pensiones desde 1992.
Por consiguiente, el fondo de pensiones no puede pagar un paquete de
jubilaciones adecuado. Se le preguntó a Abd al–Fattah si el
incumplimiento de la empresa de surtir los fondos no era tan ilegal
como afirmaba que era la huelga. Respondió, "Pregunte al
gobierno".
Islamistas en política
Los 287 trabajadores de la empresa
egipcio–española Asbestos Products Company (Ora Misr) en la Ciudad
Diez de Ramadan, una de las seis ciudades satélite construidas por el
Estado para aliviar la presión demográfica en el gran Cairo, llevan
en huelga desde el 20 de noviembre de 2004. El propietario de la fábrica,
Ahmad abd al–Azim Luqma, es un conocido miembro de los Hermanos
Musulmanes, un partido islamista ilegal, pero tolerado, considerado
extensamente como la mayor y mejor organizada fuerza de la oposición
en Egipto. Los trabajadores afirman que echó arbitrariamente a 52
trabajadores después de que el Ministerio de Trabajo cerrara la fábrica
por violaciones al código sanitario. Luqma también se ha negado a
pagar los salarios de los trabajadores desde septiembre. Afirman que
tiene la intención de vender las existencias de las materias primas
en la planta y evadir el pago de la multa impuesta por el gobierno y
la compensación que se debe a los trabajadores por perjuicios a su
salud.
Los Hermanos Musulmanes tienen una
larga historia de reventar huelgas y oponerse a actividades de
militancia sindical desde los años 40, cuando se enfrentaron a los
comunistas en el centro textil de Shubra al–Khayma, al norte de El
Cairo. Los Hermanos continuaron oponiéndose a la izquierda los años
80 y 90. Pero durante este periodo, la alianza entre los Hermanos y el
Partido del Trabajo adoptó una postura más a favor de éste último.
Desde la muerte de Adil Husayn en el año 2001, un ex comunista que se
hizo islamista y líder del Partido del Trabajo, los Hermanos han
vuelto a su postura más a favor de los negocios.
En Ora Misr, la sección sindical a
nivel de fábrica está apoyando la huelga, aunque la federación
sindical no lo esté haciendo. El gobierno, aunque no sienta muchas
simpatías por el propietario de la fábrica, no ha actuado de forma
contundente para acabar con el punto muerto.
Algunos sospechan que el gobierno
actúa de manera muy meditada cuando opta por enfrentarse a los
Hermanos Musulmanes. El régimen conoce la extensión del apoyo
popular a los Hermanos y, por esta razón, los líderes son periódicamente
detenidos. Pero un asalto general a los Hermanos conlleva muchos
riesgos políticos en una situación política ya inestable.
Muhammad Mahdi Akif, que asumió la
responsabilidad de guía general de la Sociedad de los Hermanos
Musulmanes hace justo más de un año, ha anunciado que los Hermanos
apoyarán la quinta legislatura de Hosni Mubarak sobre la base de que
el Corán dice que los musulmanes deben obedecer a su líder. Esta es
una maniobra política diseñada para persuadir al gobierno para que
legalice a la sociedad, una meta anhelada hace tiempo. Los líderes
liberales de los Hermanos Musulmanes, los que ahora están en la
cincuentena y se unieron durante el auge islámico de los años 70,
objetaron ruidosamente y públicamente la declaración de Akif. La
organización está profundamente dividida y no está claro si podrá
mantener su históricamente férrea disciplina.
Una cara diferente de islamismo fue
evidente en la rueda de prensa convocada por Human Rights Watch el 22
de febrero para hacer público un informe sobre las detenciones
masivas y torturas de al menos 800 residentes de la ciudad de al–Arish,
al norte de Sinaí, tras los atentados terroristas de Taba . Ocho
mujeres de al–Arish (esposas, madres y hermanas de los encarcelados)
asistieron al acto. Se hacen llamar salafistas, una referencia a la
era del Profeta Mahoma y sus primeros cuatro califas. Los salafistas
creen que el credo y la práctica legal islámica deben derivar
exclusivamente del ejemplo de este primer periodo en la historia islámica.
Una mujer, con acento cairota, dijo su nombre y relató las historias
de sus familiares varones encarcelados. Dijo que su hermano, que
llevaba 18 años encarcelado, le había instado a que se pronunciara
contundentemente contra el régimen. Si no, su marido, que había sido
detenido sin justificación ni orden judicial tras los atentados de
Taba y está siendo retenido sin cargos, permanecería en la cárcel
18 años también. Atacó con dureza y de forma directa a Hosni
Mubarak utilizando un lenguaje raramente oído en público.
De acuerdo con Human Rights Watch,
las autoridades egipcias están reteniendo a 2.400 personas sin cargos
después de la redada en la ciudad costera, a pesar de haber
identificado a sólo nueve personas involucradas en los atentados de
Taba. El 4 de marzo, unas 50 mujeres de al–Arish se manifestaron
contra las detenciones continuadas de sus familiares varones y
gritaron eslóganes contra el gobierno. La policía intervino y cerró
la zona.
Una oposición al estilo
norteamericano
Los miembros del Partido Ghad, que
adopta una política pro EEUU y pro mercado libre, han gritado eslóganes
y colgado en varias ocasiones pancartas en las ventanas de sus
oficinas centrales en la Plaza Talaat Harb, una intersección
importante de El Cairo, desde que su líder fuera detenido el 29 de
enero. Nur, un abogado aristócrata y rico, fue detenido bajo la
acusación algo ridícula de que había falsificado firmas en la
solicitud para fundar el partido. Algunos piensan que Nur fue
encarcelado porque había publicado un borrador para una nueva
constitución con cambios mucho más sustanciales que los que Mubarak
y sus acólitos están discutiendo en estos momentos.
El Partido Ghad proponía la
abolición de las leyes de emergencia vigentes desde 1981, poner límites
a los poderes dictatoriales del presidente, y poner un límite al número
de legislaturas presidenciales. Estas demandas son un eco de aquellas
de otros partidos e individuos con influencia. En otras palabras, en
contraste con el ampliamente formal "diálogo político
nacional" que se convocó a finales de enero, Nur y el Partido
Ghad pusieron en la agenda pública algunas cuestiones políticas
fundamentales con las que se enfrenta Egipto. Aunque aún se encuentre
encarcelado, Nur ha anunciado que se presentará a la presidencia. Es
el candidato con mayor credibilidad que puede ser propuesto por los
partidos legalizados. Uno de los demonios en los detalles de la
"bomba" de Mubarak es que los partidos que el régimen no
reconoce, como los Hermanos Musulmanes, no podrán presentar un
candidato.
Existen pocas dudas de que Hosni
Mubarak ganará incluso en una elección relativamente libre,
asumiendo que se presente, porque la infraestructura política, de los
medios de comunicación y educativa para un sistema político democrático
y viable no existe y no puede instalarse para septiembre. Es probable
que se diera un escenario similar si el padre ideara con magnanimidad
retirar su nombre de la carrera presidencial a favor de su hijo. Por
consiguiente, el futuro de la política egipcia no estará determinado
por la enmienda de la constitución. Sino más bien, dependerá si
estas iniciativas políticas populares son capaces de construir un
movimiento social para el cambio. Mientras que tal movimiento no se ha
unido todavía, los desafíos al régimen llevadas a cabo por los
activistas de derechos humanos, trabajadores y otros estratos
marginados no muestran signos de calmarse y se están haciendo cada
vez más fuertes. Ahmad Sayf al–Islam, el director del Centro Legal
Hisham Mubarak, asistió a Human Rights Watch en su investigación
sobre las detenciones de al–Arish. En la conferencia de prensa de
HRW, acusó al gobierno de entrar en su casa y robar su ordenador portátil
por segunda vez hacía dos días. La excepcional y atrevida declaración
pública de Sayf al–Islam se dirigía a "los faraones tiranos
de Egipto" y concluyó, "el pescado empieza a pudrirse por
la cabeza. ¿No huelen la putrefacción de nuestro pescado?".
(*) Joel Beinin es profesor de
Oriente Medio en la Universidad de Stanford y el editor de Middle
East Report. Escribió este artículo desde El Cairo.
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