Estados
Unidos planifica el derrocamiento de los Saud
Ninguna
amistad se resiste al petróleo
Red
Voltaire, París, 01/08/05
El
18 de noviembre de 2003, el Departamento de Estado norteamericano
organizó una Comisión Consultiva para la libertad religiosa en el
extranjero. Los participantes se esforzaron por describir al wahabismo
como "una amenaza estratégica contra la seguridad de Estados
Unidos". Esta iniciativa no constituye un hecho aislado sino que
forma parte de una campaña cuyo objetivo es justificar la injerencia
estadounidense en Arabia Saudita cuando se aproxima el fin del acuerdo
suscrito entre ambos países que garantiza a Washington el monopolio
de las concesiones petroleras.
Ha
llegado la hora para Washington de renegociar el acuerdo firmado por
un período de cincuenta años entre Ibn Saud y Franklin D. Roosevelt
el 13 de febrero de 1945, a bordo del Quincy. Arabia Saudita podría
cuestionar el monopolio de las concesiones petroleras concedido a
Estados Unidos así como el monto de las regalías que percibe.
Ante
esta perspectiva, el control del proceso de sucesión monárquica se
ha convertido en una obsesión para las grandes compañías
petroleras. En caso de que falleciera el rey Fadh, gravemente enfermo
desde hace años, el príncipe regente Abdallah podría ocupar el
poder. Ahora bien, se sabe que este último busca el establecimiento
de relaciones de igualdad y ya no de vasallaje con Washington. Si se
viera impedido de hacerlo, su hermanastro, el príncipe Sultán, quien
goza de la reputación de ser más pragmático, podría suceder al rey
Fadh.
Desde
el 13 de septiembre de 2001, el gobierno de Bush afirmó que los
atentados que acababan de producirse en Nueva York y Washington habían
sido perpetrados por diecinueve piratas del aire, quince de ellos de
nacionalidad saudita.
Sin
embargo, el FBI no señaló nunca de qué forma había elaborado la
lista de estos sospechosos, quienes no aparecían en las listas de los
pasajeros embarcados suministradas por las compañías de aviación.
Además, el gobierno saudita encontró vivos a cinco de los
sospechosos dados por muertos durante los supuestos atentados suicidas
(Abdulaziz Alomari, Mohand Alshehri, Salem Alhazmi y Saeed Alghamdi
viven en Arabia Saudita mientras que Waleed M. Alsheri es piloto de
Royal Air Maroc). Sea como sea y contra toda evidencia, el FBI
mantiene sus fantasiosas acusaciones, retomadas sin discusión por los
políticos estadounidenses y la prensa occidental.
Más
tarde se llevaron a cabo operaciones de desinformación para hacer
creer que algunas personalidades y sociedades sauditas habían
financiado dichos atentados. De esta forma, en Francia, un
investigador del grupo Vivendi, Jean–Charles Brisard, ex asesor
parlamentario del Congreso de Estados Unidos, realizó un estudio
sobre el medio económico de Osama Bin Laden en el que acusaba al
millonario Khalid Ben Mafuz y a la Société de Banca Árabe (SBA).
Según
nuestros colegas de Pli(informativo), el documento fue entregado en
propia mano por Jean–Marie Messier, director general de Vivendi y
americanófilo convencido, al presidente Jacques Chirac para alertarlo
de las maniobras de la SBA en Francia.
El
informe fue publicado por Guillaume Dasquié en el sitio Internet de
la revista Intelligence Online, de la que era jefe de redacción.
También fue transmitido por Vivendi a la Misión de Información
Parlamentaria sobre el Lavado de Capitales y anexado a un informe público
de la Asamblea Nacional. Ahora bien, las acusaciones formuladas en el
documento con relación a Khalid Ben Mafuz y a la SBA eran falsas.
Al
descubrir que había sido manipulado, el relator parlamentario, Arnaud
Montebourg, publicó de inmediato una nota rectificativa y retiró de
la circulación el texto litigioso.
Los
mismos Jean–Charles Brisard y Guillaume Dasquié redactaron poco
después una versión modificada del documento que fue publicada por
Ediciones francesas Denoël con el título de: "Ben Laden, la vérité
interdite" ("Binladen la verdad prohibida". Si bien las
acusaciones relativas a la SBA habían sido retiradas, la nueva versión
incluía incriminaciones contra la familia de Osama Bin Laden.
Considerado difamatorio por los tribunales helvéticos, el libro fue
prohibido en Suiza donde radican varios miembros de la familia de Bin
Laden.
Un
bufete de abogados acudió entonces a familias de las víctimas de los
atentados del 11 de septiembre para en su nombre entablar juicio por
complicidad contra la familia real saudita.
El
bufete incluyó en su equipo al investigador y jurista francés
Jean–Charles Brisard. Sin embargo, luego de un largo proceso, la
justicia estadounidense desestimó la denuncia. Los solicitantes no
habían sido capaces de sustentar sus alegaciones de que los
dirigentes sauditas habían realizado pagos a título personal a
organizaciones caritativas que habrían financiado los atentados.
El
10 de julio de 2002, Richard Perle presidió en el Pentágono la reunión
trimestral del Comité Consultivo de Política de Defensa que escuchó
la exposición de Laurent Murawiec, ex asesor de Lyndon LaRouche y de
Jean–Pierre Chevènement (ex–ministro francés) e investigador a
continuación de la Rand Corporation.
Murawiec
lanzó un ataque contra Arabia Saudita y concluyó recomendando el
derrocamiento de los Saud, la confiscación de los pozos de petróleo
y la transferencia de la administración de los lugares santos a la
monarquía jordana.
En
mayo de 2003, el mismo Laurent Murawiec acusaba por su nombre en el
diario parisino Le Figaro al príncipe Turki de ser el jefe de Al
Qaeda y el patrocinador de los atentados del 11 de septiembre.
A
partir de este momento, los ataques contra Arabia Saudita se centran
en el papel del wahabismo en el reino. Esta corriente religiosa
fundamentalista se caracteriza por su rechazo intransigente de los ídolos,
lo que la llevó, por ejemplo, a destruir la casa de Mahoma porque se
estaba convirtiendo en sitio de peregrinaje.
En
un universo musulmán, se trata por lo tanto de un movimiento
equivalente al de los iconoclastas cristianos, que se desarrolló además
en la misma región. El secretario adjunto de Defensa, Paul Wolfowitz,
multiplicó las acusaciones contra el wahabismo, "escuela del
odio", responsable de la formación de los piratas del aire
sauditas que habrían cometido los atentados del 11 de septiembre.
Luego,
el secretario Donald Rumsfeld denunció las "madrasas",
financiadas por los wahabitas sauditas, que se encargarían de
transmitir ese odio por el mundo. Estas acusaciones fueron repetidas
por el centro de investigación, propaganda y divulgación de ideas
del que se valen los señores Wolfowitz y Rumsfeld, el think–tank
Center for Security Policy.
Uno
de los investigadores que trabajan en esta organización, Alex Alexiev,
prestó testimonio ante el Senado el 26 de junio de que el wahabismo
era un extremismo apoyado por un Estado y propagado en el mundo
entero.
El
18 de noviembre, el Departamento de Estado organizó una mesa redonda
sobre el tema: "Arabia Saudita, una amenaza estratégica: la
propagación global de la intolerancia". Entre los expertos
participantes se encontraban el ex oficial de la CIA Robert Baer,
autor del libro "Or noir et Maison–Blanche: Comment l'Amérique
a vendu son âme pour le pétrole saoudien" ("El Oro negro y
la Casa Blanca: Cómo los EEUU han vendido su alma por le petróleo
saudí"), y Martin S. Indyk, ex embajador en Israel.
Los
participantes subrayaron, no sin razón, el oscurantismo del clero
wahabita para introducir una amalgama sin vínculo lógico con el
terrorismo contra Estados Unidos.
En
Riad, donde se multiplican los atentados desde hace varios meses, las
autoridades están convencidas de que se enfrentan a una amplia
escenificación con el objetivo de derrocarlas.
A medias
palabras acusan a Washington de atizar los extremismos con el objetivo
de desestabilizar al régimen y justificar su injerencia para así
salvar sus concesiones petroleras.
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