Derechos humanos
El servicio de Inteligencia israelí
niega a los palestinos tratamientos médicos vitales
Traducido de
Haaretz por Ivan
Vanney para SoB, 14/10/06
Nota del traductor:
al leer el siguiente articulo el lector debe recordar que desde el
triunfo de Hamas en las elecciones palestinas, Israel impuso un boicot
económico y un bloqueo en los territorios ocupados que desato una
crisis humanitaria y la falta de provisiones medicas, entre otros
productos básicos conforme a la ley internacional de derechos
humanos.
El servicio de seguridad del Shin Bet
(servicio de inteligencia israelí) prohíbe sistemáticamente a los
palestinos que necesitan tratamientos médicos inexistentes en sus
territorios el ingreso a Israel, reportó la organización Médicos
por los Derechos Humanos (PHR por sus siglas en inglés).
Según la organización, en muchos
casos, a los pacientes se les negó tratamientos urgentes para salvar
sus vidas.
El reporte dice que el Shin Bet
rechaza automáticamente permisos de ingreso, y reconsidera su decisión
sólo si se toman acciones legales.
En respuesta, el Shin Bet dijo que las
medidas de seguridad contra los derechos humanos son necesarios, y que
“grupos terroristas” intentaron sacar ventaja de palestinos
enfermos con permisos de ingreso para llevar a cabo ataques en Israel.
El reporte, del cual una copia fue
entregado al periódico Haaretz, denuncia que el Shin Bet goza de
poder de veto sobre todos los pedidos de pacientes palestinos para
ingresar a Israel con motivos médicos o para viajar a otros
territorios. Muchas de las peticiones son rechazadas alegando
solamente “petición denegada”. Así son clasificados los
palestinos que el Shin Bet considera potencialmente peligrosos para la
seguridad nacional.
Sin embargo, es muy raro que a alguien
se le niegue el acceso alegando información especifica sobre ese
individuo, generalmente se basan en perfiles de “terroristas
potenciales”.
El grupo de derechos humanos presento
un análisis sobre el rechazo de los pedidos de ingreso y concluyo que
el Shin Bet aplica un criterio generalizado en sus decisiones.
Según el análisis, las personas
entre los 16 y 35 años de edad y a veces entre los 18 y 40 son
considerados “peligrosas”. Mujeres y hombres solteros o sin hijos,
son generalmente rechazados. Cualquiera que sea “sospechoso” de
tener “intenciones contra la seguridad de Israel”, incluso menores
(ex prisioneros), o por razones de venganza (personas a quien el
Ejercito Israelí asesinó o hirió a algún familiar) son también
rechazados. Lo mismo sucede con todos los estudiantes, sólo por el
rumor de que las universidades suelen ser “semilleros de
terroristas”. También los pacientes de sida, pues es una enfermedad
mal vista en la sociedad palestina y el Servicio de Inteligencia alega
que el paciente pueda cometer algún ataque “terrorista” con el
fin de limpiar el honor de la familia.
La organización médica describe el
uso de estos perfiles como castigos colectivos, y enfatiza que negando
tratamiento a los pacientes palestinos se violan sus derechos humanos.
Para algunos pacientes la privación de tratamiento medico equivale a
una sentencia de muerte.
Aunque la responsabilidad de los
servicios médicos en los territorios ocupados fueron transferidos a
la Autoridad Palestina (AP) bajo el acuerdo de Gaza y Jericó en 1994,
en la practica la AP no puede asistir las necesidades medicas de su
población, por lo que envía a muchos de sus pacientes a Israel o a
naciones árabes para hacer tratamientos médicos.
Según Médicos por los Derechos
Humanos, la ley internacional y los acuerdos en los cuales Israel tomo
parte, exigen que Israel se responsabilice por las necesidades médicas
en los territorios ocupados. Israel rechaza esto como una obligación
legal. Sin embargo, responde a algunos “pedidos humanitarios”...
en esos casos, Israel cobra a los palestinos el tratamiento medico.
Los autores del reporte dijeron que el
Shin Bet se niega a invertir en infraestructura y mano de obra
necesaria para realizar evaluaciones más detalladas de los palestinos
que solicitan su ingreso a Israel con fines médicos, y en
consecuencia, la mayoria son automáticamente rechazados sin previa
evaluación del caso. Al aspirante que recibe la respuesta por medio
del Ministerio de Asuntos Internos, nunca se le informa sobre la causa
del rechazo, ni hay un método fácil de apelación. La mayoría de
los aspirantes incluso desconocen que existe la posibilidad de apelar.
Aunque cientos de aspirantes
palestinos fueron rechazados, la mayoría de los que apelaron con el
asesoramiento de la organización PHR, recibieron el permiso de
ingreso a Israel. Según esta organización, de las 138 solicitudes
que fueron rechazadas el año pasado, 116 (el 84%), fueron finalmente
aprobadas.
Sin embargo, cuando el grupo intenta
acudir a la Suprema Corte de Justicia, el Estado le solicitó a la
Corte que trate el caso como una excepción y evite levantar leyes que
otorguen previo acceso a los pacientes palestinos. En los casos en los
que el Estado insiste en rechazar las peticiones de ingreso a Israel,
la Corte favorece su postura debido a razones que el demandante jamás
puede conocer.
Los autores del reporte exigen un
cambio de los métodos empleados para evaluar las solicitudes. Según
PHR, “el Shin Bet goza de un anonimato que le proporciona seguridad
e infinito control, ante el cual incluso la Suprema Corte se ve
limitada. Negar a los pacientes atención medica constituye una
tortura”. El grupo por lo tanto sugiere anular el poder de veto del
Shin Bet sobre las solicitudes de ingreso, argumentando que la decisión
debería estar en manos de personal medico autorizado.
El reporte también acusa al Shin Bet
de intentar aprovechar las críticas condiciones de los enfermos
palestinos con el objetivo de obligarlos a actuar como informantes. Si
proveen de información, se les da tratamiento medico.
El Shin Bet respondió que su objetivo
es evitar el terrorismo, y que sólo según ese criterio se evalúan
las peticiones de ingreso al país. El Shin Bet también sostuvo que
sus políticas están protegidas por el sistema legal de Israel.
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