Críticas
a Musharraf, pero no sanciones
Por Haider Rizvi
Inter Press Service (IPS), 06/11/07
Naciones
Unidas.- El estado de emergencia en Pakistán impuesto por el
presidente Pervez Musharraf es objeto de condenas de parte de naciones
democráticas y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo,
pero nada indica que su régimen vaya a sufrir sanciones.
"El
estado de emergencia es una ruptura flagrante del derecho
internacional y de los principios de derechos humanos", dijo la
secretaria general de la organización de derechos humanos Amnistía
Internacional, Irene Khan.
Esta
institución con sede en Londres exigió a Musharraf el inmediato
retorno al estado de derecho y la liberación de todos los detenidos
en el marco de las medidas de emergencia.
Poco
después de declarado el estado de emergencia el sábado, las
autoridades arrestaron a cientos de dirigentes opositores, abogados,
jueces y activistas de derechos humanos. Además, se restringió la
actividad de la prensa.
El
régimen dictó las medidas luego de que la Corte Suprema de Justicia
se aprestaba a fallar sobre la constitucionalidad de la presentación
de la candidatura presidencial de Musharraf mientras ejercía el mando
del ejército.
Este
general fue reelecto por una abrumadora mayoría de los parlamentos
nacional y provinciales, muchos de cuyos integrantes, según la
oposición, obtuvieron sus escaños en elecciones fraguadas celebradas
en 2002.
En
protesta por la presentación de la candidatura de Musharraf, la
oposición boicoteó la elección y pisdió la intervención de la
Corte Suprema, que reclamó la suspensión de la investidura hasta que
dictara su veredicto.
Según
observadores, Musharraf supo que la Corte dictaría un fallo contra su
candidatura, y para evitarlo dispuso el estado de emergencia con la
excusa de que pretendía reprimir el extremismo religioso, como aseguró
el sábado por cadena de televisión.
Pero
los primeros objetivos de la represión no fueron militantes
islamistas sino abogados, jueces, miembros de la independiente Comisión
de Derechos Humanos y líderes seculares y liberales.
Unos
3.000 abogados y activistas, entre ellos 55 miembros de la Comisión
de Derechos Humanos --la mitad, mujeres-- continúan en prisión, sin
posibilidad de recurrir su detención porque el sistema judicial está
bloqueado.
Entre
los detenidos figuran Asma Jehangir, presidenta de la Comisión y
relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
sobre libertad de credo, así como su hermana.
El
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, urgió el lunes al gobierno
pakistaní a liberar a todos los detenidos y manifestó "gran
preocupación" por las restricciones, en especial a la prensa.
La
Unión Europea también deploró el estado de emergencia, y sugirió
que podría suspender su asistencia a Pakistán. Funcionarios británicos
indicaron que tienen esa opción a estudio, pero agregaron que
"no es momento de amenazar con suspender la ayuda".
El
lunes, en su único comentario público sobre la crisis hasta ahora,
el presidente estadounidense George W. Bush urgió a Musharraf a
"restaurar la democracia tan pronto como sea posible", pero
agregó que los dos países podrían "continuar trabajando juntos
contra el terrorismo".
Muchos
activistas dentro y fuera de Pakistán leyeron el mensaje como
contradictorio. "La comunidad jurídica y la sociedad civil
desafiarán al gobierno, y el escenario se pondrá peor", dijo un
activista bajo arresto domiciliario en Lahore. "Queremos que los
amigos de Pakistán urjan al gobierno de Bush a detener todo su apoyo
al insaciable dictador."
La
organización de derechos humanos Human Rights Watch advirtió que
Washington debería suspender su ayuda militar al régimen de
Musharraf. "El apoyo a un gobierno militar no hizo más que
conducir a una crisis política sin precedentes, que podría llevar a
Pakistán al desastre", dijo el director para Asia de HRW, Brad
Adams. "Esta es una gran prueba para Bush y para Musharraf."
A
cambio de su cooperación en la "guerra contra el
terrorismo", el régimen pakistaní se ha convertido en uno de
los principales receptores de asistencia estadounidense, según el
Centro para la Integridad Pública, una institución de estudios con
sede en Washington.
La
asistencia militar en 1998 ascendía a nueve millones de dólares
anuales. Pero luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, esa
suma subió a 5.000 millones de dólares.
De
todos modos, funcionarios del gobierno estadounidense acusan a
Musharraf de hacer oídos sordos ante las operaciones de la organización
islamista Talibán y la red terrorista Al Qaeda en territorio pakistaní.
Pakistán
es el sexto país del mundo por su población, y cuenta con la segunda
comunidad musulmana después de Indonesia. La violencia y la
inestabilidad política caracterizan a esta nación desde su creación
en 1947, tras la partición del subcontinente indio al cabo de la
colonización británica.
En
Islamabad hubo regímenes militares durante buena parte de sus 60 años
de historia independiente, todos ellos apoyados por Washington.
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