|
La
lógica del proceso de negociación ha favorecido que se perpetúe el
control territorial, demográfico, político y económico de Israel sobre
los territorios y la población palestinos
La
negociación palestino-israelí: una evaluación crítica
Por
Loles
Oliván (*)
Nación Árabe,
Nº 42, Madrid, septiembre 2000
A
pocos días de que se cumpla el plazo previsto para la consecución del
acuerdo palestino-israelí sobre el estatuto final que debería haber
conducido a la declaración del Estado independiente de Palestina, el
denominado fracaso de Camp David ha venido a demostrar que los últimos
siete años de negociaciones entre la Autoridad Palestina (AP) e Israel no
han servido para avanzar hacia una solución que ponga fin al corazón
del conflicto. Por el contrario, Jerusalén, los refugiados, los
asentamientos y la soberanía palestina se han evidenciado como las
cuestiones innegociables de la intransigencia israelí y por ello
indefinidamente postergadas desde los primeros acuerdos con la AP.
Sin
embargo, los efectos del proceso abierto en Madrid en 1991 han tenido ya
serias implicaciones: mientras los acuerdos han permitido a Israel seguir
consolidando su proyecto sionista para Palestina, la consecución de las
aspiraciones nacionales de independencia y soberanía palestinas se han
visto progresivamente frustradas. En consecuencia, las expectativas
creadas en 1991 han derivado en un aumento creciente de las voces
palestinas que, en el interior y en la diáspora, manifiestan su
escepticismo y rechazo a los acuerdos por las negativas repercusiones que
su aplicación está teniendo dentro de los territorios palestinos.
Incluso son muchos los que se manifiestan contrarios a la declaración de
un Estado palestino bajo las presentes circunstancias que Israel ha
impuesto a través de las negociaciones (1). Ello constituye un indicador
determinante que obliga a reflexionar a cerca de la denominada paz que
ofrece el actual marco negociador entre la Autoridad Palestina (AP) e
Israel.
Varias
son las cuestiones sobre las que cabe plantear dicha reflexión. La
primera, necesariamente, es el punto de partida que dio origen al proceso
de paz en la Conferencia de Madrid (noviembre, 1991) cuando, terminada la
Guerra del Golfo, la nueva realidad creada por la intervención
internacional contra Iraq culminó con una extrema división del mundo árabe
oficial que determinaría la radicalización de su debilidad como conjunto
regional frente al nuevo ordenamiento internacional marcado por la hegemonía
de EEUU. En lo que respecta a Oriente Medio, tal hegemonía significó la
determinación norteamericana de poner en marcha el llamado Nuevo Orden
Regional, cuya configuración abarca, al menos, tres facetas integradas:
la política, a través de la apertura del proceso de paz árabe-israelí;
la económica, mediante la implantación de procesos de transformación de
las estructuras económicas de los estados árabes, de acuerdo con las
prerrogativas derivadas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del
Banco Mundial (BM); y la de seguridad, a través de la instalación de
nuevos sistemas que han repercutido, por ejemplo, en la presencia y
estacionamiento indefinidos de tropas militares de EEUU y Reino Unido en
varios países árabes, en la creación de una alianza militar entre Turquía
e Israel, y en el compromiso de varios estados árabes con el diseño
estratégico-militar que la Administración estadounidense ha definido
para la zona.
En
este contexto, la convocatoria de una Conferencia Internacional de Paz árabe-israelí
promovida y auspiciada por Naciones Unidas (NNUU) y basada en la legalidad
y cumplimiento de todas sus resoluciones referente básico para la
resolución del conflicto reclamado desde las dos décadas anteriores no sólo
por el conjunto popular y oficial árabe sino por la comunidad
internacional, vino a substituirse por una convocatoria que abrió un
proceso diseñado, establecido y supervisado unilateralmente por EEUU. La
participación árabe y de la OLP en este nuevo marco supuso asumir un
proceso negociador notoriamente desequilibrado, en el que la parte más débil,
la palestina, ha debido aceptar las imposiciones, ritmos y criterios de la
parte más fuerte, Israel, con el respaldo norteamericano que ha operado,
sin duda, a favor de los intereses israelíes. Paralelamente, la comunidad
internacional y la UE en particular, han ajustado su posición a la
mediación unilateral de EEUU reduciendo su función a una labor diplomática
de escasa repercusión y al sustento financiero del proyecto derivado de
los acuerdos.
Con
estos antecedentes, tras casi diez años de iniciadas las primeras
negociaciones palestino-israelíes y firmados varios acuerdos entre la OLP
e Israel, siempre bajo la supervisión unilateral norteamericana, la nueva
realidad que se ha gestado para el pueblo palestino en su conjunto ha
demostrado sobradamente que la lógica que subyace a este proceso no sólo
no ha derivado en un arreglo justo y digno que garantice el
establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano de acuerdo
con las legítimas aspiraciones palestinas, sino que ha favorecido que se
perpetúe el control israelí sobre los territorios palestinos y sobre su
población.
Acuerdos
provisionales y hechos irreversibles
La
firma de la Declaración de principios (13 de septiembre de 1993) (2). El
primer acuerdo entre la OLP e Israel, denominado también Oslo I, por el
cual el ejército israelí desalojó militarmente Jericó y la mayor parte
de la Franja de Gaza confiriéndole un régimen de autonomía (3),
significó aprobar un modelo negociador basado en la transitoriedad
que además de relegar las cuestiones centrales (soberanía,
asentamientos, refugiados y Jerusalén) a una fase posterior de la
negociación, contribuyó a legitimar, gracias a la ambigüedad calculada
de algunos términos o a lo explícito de otros, la posición israelí
como parte con derechos adquiridos sobre los Territorios Ocupados
palestinos. Así, los ejes que vertebran el conflicto, la ocupación
militar y la usurpación israelí de la soberanía palestina, se fueron
difuminando progresivamente mientras se afianzaba la noción de paridad
entre dos partes que "se disputan" territorios "en
litigio". El avance hacia el establecimiento de la AP y el traspaso
israelí a ésta de ciertas competencias exclusivamente administrativas
(educación y cultura, sanidad, asuntos sociales, impuestos directos,
turismo) y de seguridad (mediante un contingente policial de más de
30.000 miembros repartidos en varios cuerpos), no ha sentado las bases
sino para un reparto de funciones determinado por Israel en el que este
Estado ha seguido reteniendo el control efectivo que le brinda la ocupación
de los territorios palestinos tanto en lo político, en lo militar y en lo
económico.
Tras
el reparto de competencias y funciones entre la AP e Israel, el Acuerdo de
París (29 de mayo de 1994) (4) dio lugar a la formulación de un modelo
económico para el futuro de la autonomía palestina basado
fundamentalmente en tres premisas: la vinculación permanente de la economía
palestina a la israelí, la dependencia para su desarrollo de la ayuda
internacional de los países donantes y la adopción del modelo económico
neoliberal bajo la supervisión del FMI y el BM. A pesar de los múltiples
incumplimientos israelíes de las provisiones de este acuerdo (5) ,
conviene destacar que la puesta en marcha del modelo económico que
propugna (y que la AP ha aceptado) ha condicionado que la economía de la
AP haya nacido ya con las cargas de una deuda exterior calculada para 1995
en 760 millones de dólares (6) y que debido al esquema de dependencia que
fomenta respecto de Israel y de la ayuda internacional institucional y
privada impedirá la creación de un desarrollo autosostenido para
Palestina. Así, la aplicación de este acuerdo transitorio
determinará ha determinado ya una realidad económica funesta para el
futuro de los palestinos.
La
perpetuación del control israelí
Tras
el establecimiento de la AP en Gaza y Jericó, las negociaciones dieron
paso a través del acuerdo de Oslo II (23 de septiembre de 1995) a un
proceso de repliegues escalonados y parciales por parte del ejército
israelí que se acomodan a la premisa histórica de este Estado: mantener
el control del territorio palestino desembarazándose del problema demográfico
que representa su población. Así, la nueva configuración del espacio
creada por este acuerdo determina la existencia de tres áreas desiguales
tanto en extensión física como en volumen demográfico: Zona A,
territorios de repliegue israelí y control exclusivo palestino que
incluye las áreas más densamente pobladas; Zona B, territorios de
competencias compartidas entre el ejército israelí y la AP, en los que
se encuentran buena parte de los asentamientos de colonos judíos, y Zona
C, de jurisdicción exclusiva israelí donde se ubican las zonas acuíferas
palestinas y en donde hay un índice muy bajo de población palestina.
Este
diseño territorial, aceptado por la AP, ha permitido a Israel soslayar el
trazado de fronteras de acuerdo con las líneas anteriores a la ocupación
de 1967, creando un nuevo referente fronterizo. Asimismo, la división
territorial tiene una función política precisa para Israel al resolver
la cuestión palestina estableciendo un mero reparto de funciones y
responsabilidades entre Israel y la AP. Es revelador a estos efectos
comprender que la Zona A, en que la AP tiene competencias exclusivas para
gestionar las cuestiones de seguridad (con un dispositivo previsto en los
acuerdos de más de 30.000 miembros) y administrativas locales (7), y que
representa tan solo un 18% de los Territorios Ocupados, sea también el área
donde se concentra la mayor parte de la población palestina de dichos
Territorios Ocupados: los núcleos urbanos y las grandes ciudades. Tras
los últimos repliegues del ejército israelí en mayo de 2000, la Zona B
ocupa el 217% del territorio y la Zona C el 603%. En las zonas A y B vive
el 98% de toda la población palestina de Cisjordania (8).
Esta
nueva configuración del espacio geográfica y demográfica está asociada
a dos condicionantes: los recursos naturales palestinos principalmente acuíferos
y eléctricos, ubicados en su mayoría en la Zona C, es decir, de control
exclusivo israelí, y los asentamientos de colonos judíos, en su mayor
parte situados en las Zonas B (de jurisdicción compartida) y C (bajo
control exclusivo israelí).
El
diseño territorial que la transitoriedad de Oslo prefigura tiene
una primera repercusión negativa para los palestinos: rompe la
continuidad territorial imprescindible para la configuración de un futuro
Estado independiente y soberano al quedar los territorios rodeados por
asentamientos protegidos por la presencia militar del ejército israelí y
escindidos mediante una nueva red de carreteras construida desde
principios de los años 90 que, partiendo del Estado de Israel, cruzan los
territorios palestinos aislándolos entre sí para conectar los
asentamientos con dicho Estado.
Asentado
el proyecto de control territorial por parte de Israel de acuerdo con la
aplicación de los acuerdos de Oslo, la conclusión de un acuerdo final
sobre el territorio de la futura entidad palestina y del Estado de Israel
debería abordar la definición de las fronteras y de la soberanía
interna de dicha entidad (9). Según el mapa
propuesto por Israel sobre el estatuto final para Cisjordania el pasado
mes de mayo (10), la única soberanía que Israel contempla
para el Estado palestino se basa en las provisiones que los acuerdos de
Oslo han instituido: mantenimiento de la escisión del territorio
palestino y atribución de competencias limitadas a la AP según varios
grados de jurisdicción. En cuanto a la disposición geográfica y la
delimitación de sus fronteras, la primera consideración destacable es
que el futuro Estado palestino aparece rodeado en todas sus partes por el
Estado de Israel, lo que significa que además de quedar insertado en el
"territorio israelí" estará aislado de su contexto natural árabe
al no compartir fronteras exteriores con ningún país vecino. Asimismo,
la propuesta israelí consolida la división territorial de Palestina
derivada de Oslo definiendo cuatro grandes áreas que permanecen
inconexas: área de Nablús-Yenin; área de Ramala; área de Belén-Hebrón
y área de Jericó, cuyo único elemento de conexión será la construcción
de puentes y túneles que necesariamente tendrán que bordear los
territorios de Israel y, por tanto, estarán sujetos a su control. La
consideración de que en el mapa propuesto por Israel no aparezca la
Franja de Gaza despierta la inquietud del futuro de dicho territorio en
tanto que a pesar del establecimiento de la AP en el 60% de la Franja, los
asentamientos sujetos a la jurisdicción israelí esparcidos en el
restante 40% han aumentado su población judía en los últimos años
hasta 7.400 colonos. Por lo que toca a la retirada del ejército, Israel
dará por finalizado el compromiso de devolución de territorios por fases
con los últimos repliegues previstos en el acuerdo de Sharm al-Sheij
(septiembre, 1999) (11).
Respecto
a las atribuciones de soberanía, y pese a denominarse "mapa para el
estatuto definitivo", la lógica imperante de la provisionalidad
que ha marcado los acuerdos transitorios sigue siendo constante en la
definición israelí: así, la demarcación de las llamadas "líneas
verdes" (que hacen referencia al corredor del valle del Jordán que
linda con Jordania y que rodea el área de Jericó) como territorio
temporalmente bajo control israelí no contempla para un futuro indefinido
sino una cesión limitada de competencias y atribuciones para la entidad
palestina, reteniendo y detentando el control militar las fuerzas de
seguridad israelíes permanentemente (12).
Asimismo,
no hay que olvidar que las funciones de la AP han sido otorgadas
por Israel y que las provisiones de los acuerdos definen bien explícitamente
el alcance limitado de sus competencias, hasta el extremo de que su
autoridad en cuestiones como la defensa exterior (terrestre, marítima y aérea)
o las relaciones exteriores con terceros países, han quedado supeditadas
a la autoridad política de Israel. Por contra, Israel se ha asegurado
bien que sea la AP quien tenga soberanía para gestionar el problema que
representa la aglomeración poblacional en un medio con las grandes
carencias en infraestructuras y falta de servicios derivadas de 30 años
de ocupación devastadora. De igual modo ha sabido resolver Israel a su
favor la cuestión de la seguridad, determinando que sea la AP
quien garantice el control, a través de sus propias fuerzas de seguridad,
de los críticos y opositores palestinos al proceso de paz. Si se
considera que tal competencia ha quedado sometida al asesoramiento y
supervisión de los servicios secretos norteamericanos la CIA desde la
conclusión del acuerdo Memorándum de Wye Plantation, (octubre, 1998), ¿qué
grado de soberanía puede esperarse de la entidad política resultante de
este proceso negociador si desde su gestación se ha aceptado explícita y
vergonzosamente que esté controlada por la CIA?
Control
económico y social de la población
Pero
no es sólo el mecanismo de control político el que Israel ha impuesto en
los acuerdos con la AP. Es el control permanente sobre el territorio y
sobre toda la población palestina incluso en las llamadas "áreas
liberadas" lo que Israel ejerce asimismo desde 1993 siempre que,
aclamando "razones de seguridad", ejecuta la llamada "política
de cierres de fronteras" que implica aislar a la población de los
centros urbanos y las aldeas y que paraliza la vida pública y privada de
toda la población (13).
Los
cierres valorados como una práctica israelí de castigo colectivo y
justificados oficialmente como "medida de seguridad" ante la
previsión de eventuales "acciones terroristas" o tras su
ejecución afectan a todos los ordenes de la vida palestina y tienen
efectos devastadores para la economía local, al impedir que los obreros
palestinos mano de obra barata en el mercado laboral israelí puedan
acceder a sus puestos de trabajo con normalidad. En 1994, antes de
firmarse el Acuerdo económico de París, el número de permisos de
trabajo concedidos a los palestinos para engrosar el mercado laboral
israelí ascendía a 120.000, cifra que debía mantenerse según lo
previsto en dicho acuerdo; en 1997 la cifra descendió a 17.365, siendo
todos ellos susceptibles de quedar en suspenso siempre que se declara un
cierre (14) .
Asimismo,
la actividad comercial palestina, principalmente la exportación de los
productos agrícolas producidos en los Territorios Ocupados y en las Áreas
Autónomas cítricos y flores que se exportan a Israel o vía Israel a
terceros países, el intercambio de bienes entre Cisjordania y Gaza, y la
importación de productos desde Israel o desde el exterior, se ve
seriamente dañada por efecto de los cierres. De acuerdo con fuentes de
NNUU, la pérdida económica acumulada en la economía palestina como
consecuencia de la política de cierres es de 6,5 mil millones de dólares
entre 1993 y 1996, 4,4 millones de dólares al día. Esta cantidad
representa cinco veces la suma total de la ayuda internacional de los países
donantes en el mismo periodo e implica un empobrecimiento alarmante del
nivel de vida palestino: en la actualidad dos tercios de la población
vive por debajo del nivel de la pobreza. El BM y el FMI han calculado un
descenso del Producto Interior Bruto (PIB) palestino entre 1995 y 1999 de
más de un 20% asociado a las consecuencias del cierre.
Asimismo,
los cierres de fronteras alteran la cotidianidad palestina en todas las
facetas: la libertad de movimiento se suspende rompiéndose el ritmo, por
ejemplo, del curso político del Consejo Legislativo Palestino (CLP), que
debe interrumpir sus sesiones permanentemente ante la imposibilidad de
reunir a todos sus miembros. La actividad educativa y académica de los
estudiantes que se desplazan habitualmente a otras ciudades o pueblos
palestinos para atender sus clases en los institutos o en las
universidades se paraliza a veces durante semanas. La cobertura sanitaria
palestina ya de por sí pobremente desarrollada después de tres décadas
de ocupación israelí se bloquea al impedir el ejército israelí el
acceso a los hospitales de aquellos palestinos necesitados de tratamientos
médicos continuados o puntuales, habiéndose registrado más de diez
muertes de enfermos como consecuencia de los retrasos en los puntos
fronterizos o por la negativa israelí a permitir el paso de ambulancias.
El
control del territorio: los asentamientos
Cuestión
central del proceso y por ello dejada su resolución para las
negociaciones del estatuto final, los asentamientos constituyen una de las
piedras angulares de la estrategia de control israelí sobre el territorio
palestino. Pieza clave del proyecto de colonización sionista para
Palestina, su creación y ampliación ha sido y sigue siendo objeto de un
consenso unánime por parte de todos los gobiernos israelíes
independientemente de su signo político, y por todos ellos apoyados y
financiados.
La
creación de asentamientos está directamente asociada desde el inicio de
la ocupación y, particularmente desde que comenzara el proceso de paz, a
alterar la composición demográfica de los territorios palestinos por
medio de la creación de hechos consumados que deriven en una realidad
irreversible ante una prevista negociación final entre la AP e Israel. Así,
los acuerdos de Oslo perpetúan el estatuto especial otorgado a los
asentamientos al menos "hasta que las partes alcancen una resolución
final", si bien estipulan que no se crearán nuevos ni se extenderán
los ya existentes.
Sin
embargo, Israel ha incumplido permanentemente dicho acuerdo; desde 1993 el
número de colonos se ha incrementado de 100.000 a más de 400.000 para lo
que ha sido preciso confiscar buena parte de las mejores tierras agrícolas
de Cisjordania y Gaza y crear nuevas colonias y autovías que las
comuniquen con el interior de Israel. Desde julio de 1999 en que se
produjo la llegada del Partido Laborista al poder, el gobierno de Ehud
Barak ha potenciado la creación y ampliación de asentamientos a un ritmo
que supera no sólo al marcado por el anterior gobierno de Netanyahu sino
al de la época de mayor creación de asentamientos, durante la
Administración de Isaac Shamir en los años 80. Así, entre el 15 de
octubre y el 13 de diciembre de 1999, el gobierno de Barak dio luz verde a
la construcción de 2.757 nuevas viviendas en asentamientos ya existentes
de Cisjordania, aprobó el proyecto de 2.139 unidades adicionales y el
montaje de 85 viviendas prefabricadas; asimismo presentó un nuevo plan de
construcción de 3,196 viviendas en Cisjordania (sin incluir Jerusalén) y
Gaza. A finales de febrero de 2000, 7.120 viviendas estaban en diversas
fases de construcción en Cisjordania y en Gaza, cuya previsión de
población debía aumentar la presencia de colonos en 30.000 (15).
Asimismo,
Israel ha demolido desde 1993 hasta Julio de 2000 más de 968 viviendas
palestinas en Cisjordania y Jerusalén (16) bajo la excusa de que no cumplían
con la autorización requerida. La imposición de un restrictivo sistema
de permisos para la construcción de viviendas palestinas sigue siendo
utilizada por Israel al objeto de limitar el crecimiento natural de la
población palestina y de consolidar el control del territorio por medio
de los asentamientos, las carreteras y las áreas militares israelíes.
De
igual modo ha de evaluarse la administración israelí de los recursos
palestinos, principalmente el agua (17): Israel desvía anualmente unos
500 millones de metros cúbicos de agua palestina desde la base acuífera
del este de Cisjordania. Mientras la población palestina solamente está
autorizada a consumir un total de 218 metros cúbicos anuales per cápita,
los colonos consumen 2.500 (18). Dicho consumo es tres veces más caro
para los palestinos que para los colonos israelíes. Además, alrededor
del 25% de la población palestina carece de conexión a los sistemas de
distribución de agua para consumo doméstico.
La
postura israelí respecto a las exigencias palestinas de desmantelar los
asentamientos que estén dentro de los Territorios Ocupados ha quedado ya
fijada: Israel no desmantelará ningún asentamiento; antes bien anexionará
el territorio de la gran mayoría de los ubicados en Cisjordania.
Igualmente, la Administración israelí ya ha puesto sobre la mesa la
discusión a cerca de los derechos de los 40.000 colonos cuyos
asentamientos inevitablemente queden integrados en áreas de la
futura entidad palestina (19).
Capitalidad:
el futuro de Jerusalén
Jerusalén
Oriental, ocupada y anexionada por Israel, es, más allá de la cuestión
religiosa, un lugar central en la vida de los palestinos, en el que se
ubica la actividad económica, social y cultural palestina. Su alcance
simbólico y político al ser reivindicada como la capital de un futuro
Estado palestino se contrapone a los intereses israelíes, por lo que su
solución definitiva ha quedado relegada a la negociación sobre el
estatuto final aunque sea causa irrenunciable para los palestinos, cuyos
derechos reivindican de acuerdo con las resoluciones de NNUU (20).
Desde
1967 la determinación de los gobiernos israelíes y de las autoridades
municipales de la ciudad ha operado a favor de la transformación de la
realidad social, política y demográfica de la ciudad con el fin de
lograr una mayoría de población judía (21). Con ese fin se creó tras
la ocupación un departamento interministerial que programa y aplica políticas
específicas de judeización de la parte oriental y que combina la
restricción del crecimiento demográfico palestino (por medio de las
trabas administrativas a la construcción y rehabilitación de viviendas
palestinas y/o la demolición de las ya existentes) con la expansión del
círculo metropolitano de la ciudad mediante la adquisición de tierras
palestinas expropiadas en áreas de Cisjordania. La extensión del círculo
del Gran Jerusalén en dichas tierras está directamente relacionada con
la creación de nuevos asentamientos y con la incorporación de los ya
existentes ubicados en territorio palestino ocupado (22). El gobierno
laborista autorizó en 1995 la creación de 5.000 nuevas viviendas para
familias judías en Jerusalén Oriental, que se unieron a las 3.350 ya
existentes y a las 11.000 aprobadas por el anterior gobierno del Likud.
Paralelamente, los palestinos de Jerusalén ven cómo una normativa
administrativa discriminatoria les hace perder los permisos de residencia
en la ciudad, les prohibe construir viviendas o les impide la reunificación
familiar. El objetivo de la administración israelí es lograr un
porcentaje del 72% de habitantes judíos frente a un 28% de palestinos en
la ciudad ocupada.
La
determinación israelí de mantener el control sobre Jerusalén y sobre la
mayor parte de los Territorios Ocupados sigue siendo objeto de consenso
entre las fuerzas políticas mayoritarias de Israel (Likud y Laborismo),
como lo demuestran las directrices del denominado Documento Beilin-Eitan
(23) (enero, 1997), un acuerdo suscrito entre ambas fuerzas políticas
orientado a crear un frente de consenso nacional ante las eventuales
negociaciones del estatuto final entre palestinos e israelíes. Dicho
acuerdo constituye toda una declaración de principios, intereses y
proyectos cuya aplicación garantiza la preservación de los objetivos
sionistas en Palestina mediante el mantenimiento de la soberanía israelí
en la mayor parte del territorio ocupado, rechazando el retorno de los
refugiados palestinos de 1948 y 1967, manteniendo la unificación y anexión
de Jerusalén bajo exclusivo control israelí, y haciendo de la futura
entidad palestina una zona desmilitarizada pero dotada de un fuerte
contingente policial para control de la población interna aunque sin
prerrogativas de poder político para los palestinos.
La
cuestión de los refugiados
La
población palestina en su conjunto supera en la actualidad los seis
millones y medio de personas, de las cuales un tercio vive en Gaza
(1.054.000) y en Cisjordania (1.707.000). La mitad de toda la población
palestina es refugiada (24). Un tercio de los refugiados y desplazados están
repartidos en 59 campamentos ubicados en Gaza, Cisjordania, Jordania,
Siria y Líbano (25). En contra de lo que la resolución 194 de NNUU ha
reclamado desde 1948 derecho al retorno o indemnización económica por
parte de Israel, la dinámica del proceso de paz ha conducido a postergar
la resolución del problema de los refugiados hasta la negociación sobre
el estatuto final. Mientras tanto, Israel ha fijado su posición
rechazando considerar la inclusión de los refugiados de 1948 y aceptando
negociar exclusivamente el regreso a Cisjordania de un número limitado de
desplazados de 1967, excluyendo así la mencionada resolución 194 como
base para un acuerdo. En 1993 EEUU rechazó por primera vez votar la
renovación anual de esta resolución en la Asamblea General de NNUU
argumentando que el futuro de los refugiados está fuera de la competencia
de ese marco internacional desde que se iniciara el proceso de paz. A ello
hay que sumar que esta cuestión se aborda desde una perspectiva
humanitaria y no política orientada a una resolución que pasa por la
naturalización de la población refugiada en los países de acogida y/o a
una mera compensación económica parcial de una minoría de desplazados.
La consideración de que los acuerdos de Oslo no hacen mención alguna de
los refugiados de Líbano, Jordania y Siria ha generado una extrema
sensación de abandono entre esta población, agudizada por el hecho de
que la agencia especializada que NNUU creó en 1948 y que ha mantenido la
asistencia de los campamentos desde entonces, la UNRWA, haya entrado desde
principios de los años 90 en abierta descomposición como consecuencia de
la crisis financiera que padece y de la marginalización de la que es
objeto en el marco de las negociaciones.
A
la dramática situación que padecen los refugiados, al deterioro de las
condiciones de vida, a la discriminación política, social y laboral que
sufren y a su marginalidad y miseria hay que sumar el hecho de que Israel,
la AP y los propios países árabes que los acogen utilizan esta cuestión
como baza negociadora en sus respectivos acuerdos de paz. La debilidad de
la parte árabe en las negociaciones con Israel permite presagiar la
imposibilidad de alcanzar un arreglo justo basado en el cumplimiento de la
resolución 194. Antes bien, el liderazgo de la AP podría haber
comprometido ya su solución aceptando ciertas indemnizaciones económicas
por parte de Israel a cambio de asentar a un número escaso de refugiados
de 1948 en sus áreas. La Administración Clinton ha ofrecido a la AP la
creación de un fondo de compensación internacional de más de 100 mil
millones de dólares para la rehabilitación de los refugiados en un
periodo de 10 a 20 años (26). Dicho fondo se repartiría en 40 mil
millones de dólares para la AP, 40 mil millones para Jordania, 10 mil
millones para Líbano y otros 10 mil millones para Siria. El fondo de
compensación, cuya financiación correría a cargo de EEUU en un 25%,
estaría gestionado por el BM y el FMI, reemplazando así a la UNRWA y
anulando el mandato de protección y apoyo a los refugiados que NNUU ha
depositado en esta agencia desde 1948. La concesión de los fondos de
compensación a la AP ha sido explícitamente condicionada por parte de
EEUU a la aceptación por parte del liderazgo palestino de un compromiso
sobre Jerusalén que reduzca las reivindicaciones palestinas a las
exigencias de Israel (27). Del mismo modo, el régimen jordano habría
aceptado naturalizar a más de un millón y medio de refugiados a cambio
de recibir asistencia financiera de EEUU para su realojo económico. En
esta dinámica, la UE ha aceptado aunque no formalmente favorecer la
concesión de visados a palestinos refugiados en Jordania, mientras EEUU
ha hecho ya pública su aceptación de un número indeterminado de
palestinos en su territorio. En un ejemplo de lo que constituye una
negociación desequilibrada que reduce injustamente los derechos
nacionales palestinos y el derecho al retorno de los refugiados a una
simple cuestión de mercadeo y acomodo al reordenamiento regional
impulsado por norteamericanos e israelíes en Oriente Medio, EEUU habría
propuesto a Iraq la aceptación de 300.000 palestinos a cambio de
favorecer el levantamiento definitivo del embargo y la incorporación del
Estado iraquí al proceso de normalización de relaciones con
Israel.
Presos
palestinos: moneda de cambio
La
cuestión de los presos representa para toda la población palestina un símbolo
de la resistencia popular frente a la ocupación militar, y por ello el
movimiento de apoyo a los presos ha sido tradicionalmente impulsado por
todos los sectores de la sociedad palestina sin diferencia de afiliación
política o de estrato social. De ahí se deriva que la excarcelación
incondicional y generalizada de todos los presos fuese una máxima
reivindicada como condición para establecer cualquier inicio de negociación
con Israel. Abandonada esta máxima por el liderazgo palestino al inicio
de las conversaciones de paz y diez años después de iniciado el proceso,
siguen encarcelados en prisiones israelíes más de 1.600 presos y
detenidos administrativos palestinos y árabes no palestinos por causas
políticas, cuya excarcelación se ha utilizado reiteradamente en el marco
negociador como moneda de cambio para favorecer concesiones entre las
partes.
La
conmoción que genera la causa de los presos en el seno de la sociedad
palestina se recrudece tanto más cuanto aumenta la frustración por los
nulos beneficios de una paz que excluye la amnistía incondicional
de quienes fueron hechos prisioneros en su día por defender los derechos
nacionales palestinos y enfrentar a la ocupación, mientras el liderazgo a
cuyas órdenes lucharon se rehabilita en su imagen internacional y
adquiere pleno reconocimiento y legitimación en las negociaciones con
Israel. La cuestión de los presos palestinos constituye el barómetro más
significativo para evaluar el proceso de paz desde el punto de vista
palestino. No en vano, la llamada "Intifada de los presos" que
tuvo lugar el pasado mes de mayo en los Territorios Ocupados y en las Áreas
Autónomas y que se saldó con ocho muertos como consecuencia de la
represión del ejército israelí fue desencadenada por una nueva huelga
de hambre que el colectivo de presos palestinos inició el 30 de abril
para protestar por su situación en el interior de las prisiones (28).
Los
acuerdos de Oslo II contemplan en su artículo XVI el compromiso de una
excarcelación escalonada y parcial de los presos políticos palestinos de
acuerdo con varias categorías (mujeres, menores, presos que hayan
cumplido dos tercios de sus condenas, detenidos administrativos y presos
árabes no palestinos). Las excarcelaciones aceptadas por Israel desde
1995 se efectuaron siempre fuera de plazo y atendiendo básicamente a dos
criterios unilateralmente establecidos: la mayoría de los presos
liberados ya habían cumplido sus condenas íntegramente y/o aquellos
excarcelados pertenecían a facciones políticas comprometidas con el
proceso de paz debiendo garantizar mediante documento firmado no
vincularse al activismo político palestino y renunciar a volver a sus
lugares de residencia si éstos no se encuentran dentro de las áreas de
la AP. La firma del Acuerdo de Way Plantation (noviembre, 1998) introdujo
nuevos criterios de excarcelación determinados por las fechas en que se
cometieron los delitos (anteriores a 1995), la procedencia geográfica de
los presos, sus afiliaciones políticas y el tipo de delitos cometidos.
Ello originó que quedasen excluidos de las posibles excarcelaciones todos
los presos de Jerusalén, los procedentes del interior de la llamada Línea
Verde de armisticio entre 1948 y 1967, los presos de las organizaciones
políticas de Hamas y de Yihad Islámica, y todos aquellos acusados de
asesinato o de herir seriamente a ciudadanos israelíes. Este último
criterio causa indignación si se traen a la memoria las miles de víctimas
mortales palestinas que la represión del ejército israelí y la
violencia de los colonos judíos han ocasionado entre la población
palestina durante años.
Además
del establecimiento unilateral de criterios y de los incumplimientos
israelíes en las excarcelaciones, hay que añadir la consideración de
que las fuerzas de seguridad israelíes siguen aplicando el procedimiento
de la detención administrativa, es decir, sin juicio ni cargos. Esta
practica ilegal utilizada desde los años posteriores a la ocupación y
especialmente durante la Intifada, se ha extendido en los últimos años
hasta el punto de que su regulación ha sido revisada y modificada por el
Ministerio de Justicia israelí, habiéndose aprobado en 1996 la extensión
de los periodos de detención hasta seis meses susceptibles de renovarse
indefinidamente en otros seis y seis meses. La detención administrativa y
la extensión de su periodo constituye un instrumento político y no
judicial de represión y castigo contra la población palestina políticamente
activa que opere en contra de los intereses de Israel en el proceso
negociador. Desde 1993 cerca de 1.000 palestinos han sido detenidos
administrativamente y privados de libertad durante meses sin que
existieran cargos contra ellos. En la actualidad más de 300 palestinos
son detenidos administrativos. A esta práctica se suma la utilización
sistemática que las fuerzas de seguridad israelíes hacen de la tortura
contra los detenidos palestinos en los periodos de interrogatorio. La
legalización de esta práctica por el Tribunal Supremo israelí y
ratificada por el Parlamento en 1997 convirtió a Israel en el primer
Estado que legalizó la tortura, si bien la contestación que tuvo por
parte de movimientos asociativos de derechos humanos israelíes y
palestinos así como la presión internacional obligaron a revisar dicha
legislación que ha quedado parcialmente derogada hasta una nueva revisión.
Balance
final
Tras
casi diez años de "proceso de paz", el balance de la aplicación
de los acuerdos y sus múltiples incumplimientos por parte de
Israel, permiten caracterizar el proceso en sí como un fraude político
amparado por el respaldo norteamericano a los intereses de Israel,
mientras la UE se inhibe permanentemente de su papel político y asume una
funcionalidad financiera subsidiaria (oficial, privada y a través de las
ONG) para dar viabilidad económica a las Áreas Autónomas palestinas.
Ello, junto a la intransigencia israelí, ha operado en contra de los
derechos nacionales palestinos.
Hay
que recordar que han sido los propios acuerdos de Oslo, por su concepción,
diseño y aplicación parcial, los que han favorecido la permanencia de un
statu quo que beneficia a los intereses israelíes consolidando su
control territorial, demográfico, político y económico sobre los
Territorios Ocupados y las Áreas Autónomas. Por ello, la realidad que
subyace bajo del proceso negociador tiene que ver menos con el
establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano que con la
prioridad israelí de asegurar la normalización con los países árabes
vecinos afianzando su inserción en la economía regional (como ya ocurre
en el caso de Jordania (29)). Hasta el momento, Israel ha utilizado los
acuerdos de paz a su conveniencia, ignorando las obligaciones asumidas con
la parte palestina sobre calendarios e incumpliéndolas, o recurriendo a
ellos cuando exige de la AP garantías de control interno y represión de
la población palestina políticamente contraria al proceso negociador.
Asimismo,
mientras la frustración y el empobrecimiento son las únicas
contrapartidas para la población palestina del interior y para los
refugiados que siguen reclamando su derecho al retorno, el liderazgo
palestino de la AP se instala progresivamente en las prácticas más
contrarias a los principios legales y democráticos del poder: la corrupción
generalizada y la malversación de fondos públicos, junto a la
desactivación de la oposición interna mediante una fuerte represión
inspirada en las peores prácticas israelíes, son causa de una
desconfianza creciente y de un sentimiento colectivo de fracaso entre la
población palestina.
Las
perspectivas que esta situación abre para la consecución de un acuerdo
sobre el estatuto final no pueden sino despertar, como despiertan entre
los palestinos, un intenso temor de que la paz firmada por su
liderazgo haya conducido a la renuncia.
Notas:
*
Arabista, miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
1.
Las últimas encuestas en el interior
de los Territorios Ocupados y de las Áreas Autónomas, han mostrado un
evidente descenso en el entusiasmo palestino ante la posible declaración
del Estado de Palestina por parte de Arafat. Citado en Jatib, G.: "State or not State, thats not the question",
Palestinian Report on Line, vol. 6, núm. 44, 30 de mayo, 2000.
2.
Para una revisión de los acuerdos palestino-israelíes entre 1993
y 1998, véase la sección Informe "De Oslo al Memorándum Wye",
Nación Árabe, núm. 36, 1998. Veáse en este mismos Informe el
cuadro de la cronología del proceso de negociación de 1991 a 2000.
3.
A pesar de la implantación de la AP en Gaza, el ejército israelí
sigue controlando el 40% del territorio de la Franja incluyendo
asentamientos, instalaciones militares creadas por Israel durante los años
de la ocupación, y las denominadas "áreas amarillas"
designadas como "áreas de seguridad" y bajo control unilateral
israelí.
4.
Véase en este mismo informe Samara, A.: "Paz y
globalización: un modelo neoliberal para Palestina".
5.
De acuerdo con el Protocolo de París, la economía palestina debería
transformarse de un modelo primario basado en la exportación de mano de
obra a otro de exportación de bienes a través del comercio con Israel y
con terceros mercados. Con ese fin los productos manufacturados y agrícolas
palestinos e israelíes deberían estar sujetos al libre comercio a
excepción de cinco tipos de productos agrícolas a los que se les impuso
cuotas de acuerdo con un plan quinquenal. Sin embargo, la administración
israelí ha seguido empleando diversos mecanismos que contravienen este
acuerdo: los cierres de fronteras interiores, las trabas administrativas
en las fronteras externas, que impiden la exportación e importación
normalizada de los productos palestinos a terceros países o la existencia
de una unión aduanera que impide a la AP defender sus intereses
comerciales con terceros países.
6.
Brynen, R.: The very Political Economy of the West Bank and Gaza:
Learning Lessons about Peace Building and Development Assistance,
Montreal, McGill University, 1996, pp. 3-4.
7.
El Acuerdo sobre la Franja de Gaza y Jericó de 1994, en su
artículo 6, apartado 2.a no reconoce a la AP sino competencias
administrativas muy limitadas que por ejemplo no contemplan desarrollar
funciones en política exterior ni firmar acuerdos con terceros Estados.
8.
La posición israelí sobre futuros repliegues es tajante: lo
extensión máxima de desalojo no afectará a más del 80% de Cisjordania
y en ningún caso se desmantelarán asentamientos de colonos.
9.
Conviene recordar en este punto que debido a la naturaleza
colonizadora y ocupante del Estado, Israel no ha definido nunca
formalmente la extensión de sus fronteras ni promulgado una Constitución,
habiéndose regido desde su creación por un compendio de leyes básicas y
provisiones que integran el corpus legal del Estado.
10.
Véase la reproducción que del mismo hace el geógrafo holandés
Jan de Jong.
11.
Hasta le fecha y en lo que afecta a los repliegues del ejército
israelí que prevén los acuerdos, Israel sólo ha cumplido con la primera
fase del primer repliegue (10 de septiembre, 1999) y, fuera de plazo, con
la segunda fase del mismo (21 de marzo, 2000). Véase en esta sección la
reproducción del mapa de la retirada hecha por Jan de Jong.
12.
Aronson, G.: "Mapping Palestinian Sovereignty", Center
for Policy Analysis on Palestine, en http://www.palestinecenter.org.
13.
El número de días de cierre en Cisjordania fueron 17 en 1993, 58
en 1994, 84 en 1995 y 132 en 1996. En el caso de Gaza fueron 26 días en
1993, 76 en 1994, 102 en 1995 y 138 en 1996. Israel ha seguido utilizando
esta práctica hasta la actualidad.
14.
Solamente desde el 15 de febrero al 13 de marzo de 1999, Israel
canceló más de 1.200 permisos de trabajo a palestinos residentes en Gaza.
15.
"Report on Israeli Settlement Activity and Land Confiscation
in the West Bank and Gaza Strip (July 1999-Present)", en página web
oficial de la AP, 18 de mayo, /2000.
16.
Según cifras de la organización de derechos humanos israelí
Btselem, en página web.
17.
Izquierdo Brichs, F.: "El agua en la cuenca del Jordán pieza
clave de la negociación árabe-israelí", Nación Árabe, núm.
36, 1998.
18.
"Enforcing the International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights", CESR Reports on Israel, January, 2000,
Center for Economic and Social Rights, Gaza, January, 2000, pág. 14.
19.
"An American Report on the Secret Talks", artículo
aparecido en el diario israelí Yedioth Ahronoth, 2/6/2000) y
difundido por Nisar Shakakini.
20.
Resoluciones del Consejo de Seguridad de NNUU 242 (1967), 252
(1968), 276 (1969), 338 (1973), etc.
21.
Sobre el proyecto israelí para Jerusalén véase Nación Árabe
núm. 28, 1996 y núm. 36, 1998.
22.
El Plan Urbanístico del Gran Jerusalén, aprobado por el anterior
gobierno del Likud y ratificado por el actual Laborista, implica la anexión
de los territorios donde se ubican dichos asentamientos que son, a su vez,
territorios ocupados de Cisjordania y, por tanto, objeto de la futura
negociación sobre Jerusalén.
23.
El Documento Beilín Eitán está recogido en Nación Árabe,
núm. 31/32, 1997.
24.
Naciones Unidas reconoce como refugiados a los palestinos
que tuvieron que abandonar sus hogares en 1948 y a sus descendientes y desplazados
a los que huyeron durante la guerra de 1967 y a sus descendientes.
25.
Sobre los refugiados palestinos, véase el Informe dedicado a la
cuestión en Nación Árabe, núm. 34, 1998, actualizado en el núm.
41, 2000.
26.
"An American Report on the Secret Talks", op. cit.
27.
Según Selim al-Sanun, miembro del equipo negociador palestino, Jordan
Times, 19 de agosto, 2000. Selim al-Sanum cifra la cantidad del fondo
destinado a la AP en 30 mil millones de dólares.
28.
Nación Árabe,
núm. 41, 2000.
29.
Jordania firmó un tratado de paz con Israel en 1994 que, no
obstante, ha generado un fuerte movimiento antinormalizador entre
la población.
|
|
