Bolivia: Constituyente, autonomías, etnia y clase

La unidad nacional en riesgo

Por Martín Camacho y José Luis Rojo
Socialismo o Barbarie, revista Nº 21, noviembre 2007

“Actuaremos pacificando. Para eso somos gobierno, para hacer respetar las leyes, las normas, para garantizar la tranquilidad del país. Esa es nuestra obligación y nuestro juramento. Pero se habilita un nivel de incertidumbre muy riesgoso para las propias fuerzas conservadoras que no supieron aprovechar el escenario de diálogo, de paz y de esfuerzos que la historia nos dio como generación. Ellos tendrán la responsabilidad histórica de haber asfixiado ese escenario y de haber provocado la emergencia de fuerzas sociales que cuestionarán de manera radical el latifundio, la propiedad de la tierra y las riquezas” (Álvaro García Linera, en Página 12, 23-10-07)

Presentamos un análisis actualizado de la marcha de la situación política en Bolivia, país que sigue estando en el centro de la posible evolución de la región, dedicado casi enteramente a dar cuenta del proceso en curso en el seno de la Asamblea Constituyente, instancia que está hoy en el epicentro de la vida política del país andino.

En agosto último, el gobierno de Evo Morales había pasado un acuerdo de 14 puntos con la derecha burguesa para que la Constituyente llegara “a buen puerto”. Pero este acuerdo duró lo que un suspiro. Inmediatamente, volvieron a crecer todo tipo de tensiones que, ahora sí, han puesto sobre la mesa el probable fracaso de la convención.

Sin ir más lejos, en el momento mismo de escribir estas líneas la Asamblea se haya “suspendida” sin fecha cierta de recomienzo. Un “Consejo Político” encabezado por el vicepresidente García Linera se encuentra abocado hace ya un mes a nuevas y febriles negociaciones para volver a poner en marcha la Constituyente.

La importancia de esta situación no se reduce sólo al golpe político que podría significar su fracaso sobre el propio gobierno de Evo Morales. Se trata de algo mucho más relevante: los concomitantes peligros que se podrían cernir sobre la unidad nacional del país. Una sombra gravísima que, de concretarse, produciría un vuelco en toda la situación regional.

Una asamblea que apenas respira

En agosto último, el Congreso boliviano había vuelto a pasar un acuerdo entre el gobierno y la oposición política (Podemos, MNR, UN, etc.) para postergar la Constituyente hacia el 14 de diciembre. Con fecha de vencimiento el 6 de agosto pasado, se tenía que cerrar este acuerdo con las oligarquías de la Media Luna para que el paquete constitucional pudiera quedar encaminado. Es que a medida que se acercaba la fecha tope, se venían sumando tensiones y más tensiones. A la propuesta masista –en la comisión de “visión del país”– de que la nueva Constitución reconozca “45 autonomías originarias y 36 lenguas oficiales”... los departamentos del Oriente respondieron apoyando el reclamo chuquisaqueño de la “capitalidad plena” para la ciudad de Sucre (ciudad que es sede hoy solamente del Poder Judicial y, hasta ahora, del funcionamiento de la Constituyente). Ante esta exigencia, las autoridades departamentales de La Paz (sin mayor distinción de banderías políticas (1)) redoblaron la apuesta convocando a un masivo Cabildo Abierto en El Alto con un millón y medio de asistentes.(2) Ni lerdas ni perezosas, las autoridades de Sucre hicieron lo propio, movilizando entre 200.000 y 300.000 personas en apoyo a sus reclamos, una cantidad nada despreciable dada la limitada población de la ciudad.

Pero a pesar de la firma del susodicho acuerdo de 14 puntos, como era de suponerse, la crisis no se detuvo y se expresó con el espectáculo del enfrentamiento a las trompadas en el Congreso entre la bancada oficialista y la oposición.

En estas condiciones, y con la “papa caliente” de la capitalidad de Sucre –tema no contemplado inicialmente para la Constituyente y echado a rodar por los Comités Cívicos– quemando las manos, acontecimientos desarrollados en la capital chuquisaqueña derivaron en el cierre de la Constituyente. Y una y otra vez –hasta el momento de redactar este texto– su recomienzo ha sido postergado. A tal punto que el vicepresidente Linera ha llegado a abrir un abanico de posibilidades que incluye el levantamiento liso y llano de la Constituyente y llevar algunas de las materias de debate a referéndum.

Este eventual curso significaría un redondo fracaso político para el gobierno, que, como alerta Linera, podría radicalizar la situación política al quedar expuesta la frustración del curso tibiamente reformista del MAS. Por esto mismo, no está claro que a la oligarquía cruceña le convenga no ver contenidos en un nuevo texto constitucional sus reclamos autonómicos. Es así que, nuevamente, a estas horas no se pueda descartar que Consejo Político mediante no se llegue a un nuevo pacto, eventualmente tan provisorio como los anteriores.

La querella de la capitalidad

El acuerdo de los primeros días de agosto básicamente establecía el compromiso masista de aprobar por 2/3 cada artículo de la Constitución, tal como era el reclamo de las oligarquías, en lo que constituía, una vez más, otra concesión del gobierno a la derecha.

Además, se había acordado que cada despacho por mayoría y minoría, en los artículos en que no se lograra consenso, iría al Congreso Nacional, que tendría la tarea de formular preguntas a ser sometidas a referéndum popular. Y también iría a referéndum la Constitución reformada como un todo.

Sin embargo, si se había hecho nuevamente evidente la voluntad “pactista” del MAS y la reafirmación de garantías a las oligarquías de la Media Luna, esto no significó que la crisis política se cerrara. A estas alturas ha quedado claro, por si hacían falta más evidencias, que ésta es crónica y recurrente.

En esos días, altos representantes del propio oficialismo en la Constituyente aparecieron cuestionando la “intromisión” del Congreso. Está claro por qué: ¿acaso no había dicho Evo Morales que la Constituyente sería “soberana” y “fundacional”? ¿Cómo entonces se la podría subordinar a un acuerdo en el seno de un poder “derivado”, como el Congreso Nacional, que para colmo de males llegó a ser la institución más desprestigiada del país en el 2003 y aun así, a todos los efectos prácticos, no ha sido renovada? En este contexto, era de esperar que los tironeos y amagues continuaran. Efectivamente, así fue, amenazando en determinados momentos con desbordarse.

¿Por qué? En otras oportunidades hemos señalado la caracterización de que tanto el gobierno del MAS como las oligarquías del Oriente, al convocar a los Cabildos Abiertos “cruzados” del mes de agosto pasado, estuvieron jugando con fuego. Es decir, al haber convocando a movilizaciones de tal magnitud –aun por objetivos que no son propios de las masas (3)–, no se podía descartar que las cosas se les terminaran yendo de las manos. Porque cuando se sacan cientos de miles a las calles con consignas contrapuestas como “la sede no se mueve, la sede NO se cede” (en La Paz) o “la sede sí se mueve, la sede SI se cede” (en el caso de Sucre) y se crispan y polarizan los sentimientos a tal punto, las consecuencias pueden terminar yendo más allá de los deseos de los convocantes.

Incluso ha surgido en las últimas semanas, otra posibilidad que tiene que ver –en última instancia– con la cobardía gubernamental y su intento de evitar que “la sangre llegue al río”. Posibilidad que –a estas horas- no se puede descartar: un abierto fracaso de esta Constituyente que redunde en su cierre definitivo, y que abra paso –como reconoce el mismo Linera– a una radicalización política de determinados sectores.

“Si no se resuelve el tema de la capitalidad, la Asamblea Constituyente se va a cerrar y no queda otro camino que buscar otros mecanismos para profundizar los cambios que está realizando el gobierno”, fue la amenaza apenas velada del constituyente Romero (MAS). Coincide el subjefe de la bancada de ese partido, Armando Terrazas, quien asegura que tal cierre no se debería tomar como un “fracaso”, porque los cambios “igual llegarán al país por otros medios”... Los masistas son conscientes de que, aunque continúe el foro, no lograrán aprobar la constitución revolucionaria que pretendían en un principio, debido a que ya cedieron mucho para ello, en especial en el sistema de votación para la aprobación de la nueva Carta Magna (Pulso 417, La Paz, 28 de septiembre al 4 de octubre 2007).

De lo que se trata es de explicar qué problemas de fondo están en juego en esta peligrosa movida de fichas, que podría resultar en que, más temprano que tarde, las masas terminen entrando en la escena política, como fue el caso de octubre 2003 y mayo-junio 2005. Posibilidad que no es querida por ninguno de los contendientes que se baten en las alturas del poder en la búsqueda de algún tipo de pacto que responda a sus intereses, pero que podría sobrevenir si sus diferencias no logran encaminarse.

¿Cuestiones de “procedimiento”?

Desde la convocatoria misma a la Constituyente, ésta estuvo cruzada por cuestiones de “procedimiento”. Hay que recordar el sinnúmero de problemas que estuvieron y siguen estando en discusión, evidenciando la intención del gobierno masista de llegar a algún tipo de “pacto” constitucional con los cruceños, que sin embargo no inhabilitara al MAS a imponer algunas tibias reformas vía la Constituyente para satisfacer las expectativas de su base social. La contradicción ha sido que la vocación de esta oligarquía ha venido siendo, precisamente, la de imponer límites estrictos a los alcances de la Constituyente misma, incluso al punto de hacerla naufragar.

El comienzo de esta historia se puede fechar en las elecciones del 6 de julio del 2006, en las que no sólo se votaron los constituyentes sino que, al mismo tiempo, se llevó a cabo el “plebiscito por las autonomías departamentales”, en el cual, si bien el NO a las autonomistas ganó nacionalmente... “casualmente” el SI se termino imponiendo en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando (exigiendo estos departamentos, a partir de esa fecha, su efectivización (4)).

Pero si se estaba convocando en esa misma jornada a la elección de los constituyentes, ¿no debería una auténtica Constituyente como “poder soberano” (“fundacional”, como propagandizaba el gobierno) supuestamente colocada por encima de todos los demás, resolver también acerca de esta cuestión? Está claro que en este marco la Constituyente nacía ya condicionada y pactada, y de ninguna manera “originaria” o “fundacional” como pretendía venderla de modo propagandístico el MAS de Morales.

No se trataba de la única limitación. La segunda fue el pacto que pasó Morales con Podemos, UN, MNR, MIR y demás partidos de derecha (5) acerca de la famosa “cláusula cerrojo” de los 2/3. Es decir, que nada importante podría ser votado en la Constituyente sin que mediara por una votación del 66% de los constituyentes electos.

Por si esto fuera poco, se daba a las oligarquías una doble garantía (por eso se llamó a este mecanismo “doble cerrojo”) mediante la instrumentación de un complejo sistema de votación (uninominales y departamentales) por la cual incluso obteniendo el MAS una abrumadora mayoría de los votos, quedaba garantizada una representación de tipo “federativa”, por la cual las minorías se alzaban con una representación de al menos el 38% de los votos.(6)

Claro está que el mecanismo pactado y aceptado de esta cláusula cerrojo cuando pretendió ser “desconocido” –y se sigue tironeando alrededor de él– por el propio gobierno, lo que desató esa larga serie de semanas y meses en la cual la Constituyente estuvo en un punto muerto por la discusión, precisamente, del artículo 70 del reglamento de funcionamiento de la misma. De paso, se le entregó una falsa bandera “democrática” a las oligarquías, que ahora se vuelve a desplegar alrededor de la cuestión de la capitalidad para Sucre.

¿Pero qué es lo que hay verdaderamente detrás de esta interminable querella de procedimientos que se renueva a cada paso? Que Morales y Linera eligieron la vía pactada para avanzar, capitulando así en el efectivo carácter “soberano” y “fundacional” que estaba llamada a tener la Constituyente, dando garantías, y garantías suplementarias, a las oligarquías de que nada sería tocado en lo fundamental en lo que hace a las bases estructurales del Estado boliviano.

Sin embargo, también está el hecho de que Morales y Linera arrastraban y arrastran una contradicción real: algunas reformas, vía la Constituyente, necesitan sí o sí ser consagradas.

Pero, al mismo tiempo, desde la derecha no se hace más que meter presión para que estas garantías sean respetadas, temerosas de cualquier cambio que se pretenda introducir y buscando incluso –en lo posible– inclinar más y más la vara para que el reordenamiento del país que pudiera, finalmente, salir de la Constituyente sea lo menos desfavorable para sus intereses.

Dos proyectos en pugna

En suma: detrás de las cuestiones de procedimiento lo que hay es una discusión de fondo acerca de “modelos” de país. Que quede claro desde el vamos: ni el gobierno de Morales y Linera ni, claro está, la derecha, cuestionan las bases estructurales que hacen de Bolivia un país capitalista y dependiente. No es esto realmente lo que está en juego entre ellos. Pero, sin embargo, sí es verdad que ambos sectores que están en pugna –en última instancia, defensores del capitalismo– sí rivalizan a la hora de dos proyectos diversos de país.

En el caso del MAS, y sobre la base de una orientación que intenta recomponer la gobernabilidad del país, lo que se está adelantando es un proyecto tibiamente reformista que, como alfa y omega de todo, tiene el recolocar al Estado en un lugar preponderante en la vida política y económica del país.

Sin llegar a ser un modelo verdaderamente capitalista de Estado ni haber tocado bases fundantes del modelo neoliberal (no olvidar que sigue vigente –en lo esencial– la 21.060(7)) tiene elementos que van para ese lado. Varias veces ha repetido García Linera sus planteos acerca de que “nuestras fuerzas se encaminan a la puesta en marcha de un nuevo modelo económico que he denominado, provisoriamente, «capitalismo andino-amazónico». Es decir, la construcción de un Estado fuerte que regule la expansión de la economía industrial, extraiga sus excedentes y los transfiera al ámbito comunitario (...). Para ello contamos con el Estado y con el excedente de los hidrocarburos nacionalizados” (Le Monde Diplomatique, edición argentina, Nº 79).

Los elementos capitalistas de Estado mencionados suponen, entre otras cosas, un cierto replanteo de las relaciones de expoliación del país por parte de las potencias imperialistas y “subimperialistas” (el caso, sobre todo, de Brasil) en la búsqueda de que una parte mayor de la renta petrolera y gasífera quede en manos del Estado para que éste pueda garantizar la gobernabilidad del país. Esto no elimina los estrechos límites en los que se ha movido la “nacionalización” del gas, denunciada por el propio Solís Rada (ex ministro nacionalizador) como una “cáscara vacía”: “El decreto de nacionalización ha quedado a mitad de camino y ha sufrido severos retrocesos. En lugar de contratos de operación (...) fueron suscriptos contratos de producción compartida, por los que las petroleras (...) podrían volver a inscribir en las bolsas internacionales las reservas que controlan en Bolivia” (Entrevista a Andrés Solís Rada, www.lahaine.org).

Junto con esto, Morales y Linera pretenden dar satisfacción, sobre todo, a las reivindicaciones democráticas originarias de la abrumadora mayoría de la población, harta ya del dominio oligárquico-opresor histórico.

Por otra parte, si los grandes grupos capitalistas de la minería y del entorno del Altiplano (la “vieja” oligarquía, la reciclada después de 1952) quedaron a la defensiva después de octubre de 2003, la posta reaccionaria fue tomada desde el Oriente. Región que no casualmente es sede de las reservas gasíferas e hidrocarburíferas, así como de una pujante producción agrícola, ganadera y agroindustrial, lo que ha dado lugar a la emergencia de una “nueva oligarquía”, una “nueva rosca” capitalista.

El vicepresidente García Linera la describe así: “El otro polo ordenador del campo político, el sector que posee una clara imagen de lo que debería ser el país en términos de vinculación a los mercados externos, del papel de la inversión extranjera, de subordinación del Estado a los negocios privados y de preservación, o restauración, del viejo orden que los ha encumbrado (...), es el empresariado agro-exportador, financiero y de las petroleras, que posee el papel más dinámico, modernizador y ascendente de la actividad económica nacional” (A. García Linera, Memorias de octubre, La Paz, La Muela del Diablo, 2004, p. 76).

Estos sectores reaccionarios tienen la particularidad de que han venido logrando arrastrar a amplios sectores de masas en la convicción de que los problemas de sus departamentos supuestamente dependerían del... excesivo “centralismo” de La Paz. Es decir, han logrado erigir un taparrabos regionalista como forma de asegurar sus intereses (en el fondo, lo que buscan es asegurarse las ganancias de 20 años de neoliberalismo brutal y de despojo de las masas) frente al vendaval que se abrió como subproducto de la rebelión popular. Se trata de una reaccionaria hegemonía regionalista que, si venía a la defensiva, está comenzando a proyectarse nacionalmente y es ampliamente hegemónica en la Media Luna. Esta oligarquía, alternativamente, podría abrir la vía de la ruptura de la unidad nacional del país si es que se exasperan aún más las contradicciones.

Una crisis de Estado

Lo anterior nos lleva a profundizar en el diagnóstico de la crisis del país. Está claro que se trata de una crisis muy compleja que combina –en sus bases materiales– la catástrofe de la expoliación redoblada en los últimos 20 años por la imposición del capitalismo neoliberal y una crisis del régimen político que sirvió de marco a la 21.060, con todos los brutales ataques antiobreros y antipopulares que vinieron junto y después de ella.

Pero sobre esta base hay un elemento más: bajo la presión de la emergencia de las masas en las calles y del surgimiento del Oriente como polo económicamente dinámico y políticamente conservador, lo que se terminó abriendo es una verdadera crisis de Estado. Es decir, una crisis donde lo que termina estando en cuestión es la misma unidad nacional del país. Situación que lógicamente no ocurre en cualquier circunstancia, en estados “exitosos” o que pasan por situaciones de estabilidad.

Ilustrando esta idea, el mismo Linera señala que “no se debe olvidar que las construcciones nacionales modernas, como hechos de unificación cultural y política, se levantan sobre procesos exitosos de retención y redistribución del excedente industrial-mercantil; de ahí que las propuestas de autonomía departamental de los Comités Cívicos, cíclicamente reivindicada cada vez que hay una renta hidrocarburífera a disponer, o de autogobierno indígena, con la que distintos grupos sociales regionales cuestionan la configuración del bloque de poder estatal y el ordenamiento institucional; develan a su modo las fallas de un orden económico de larga data” (ídem, p. 36).

Pero precisamente cuando lo que se vive es una crisis de la magnitud de la que está latente en el país –aunque todavía mediatizada por el gobierno del MAS–, lo que emerge son las tensiones de los sectores que buscan “salvarse” de alguna manera y poner a resguardo sus intereses económico-sociales. De ahí las reaccionarias campañas cruceñas en cuanto a que en el Altiplano la población es “vaga”, que “no les gusta trabajar”, etc. En el fondo, lo que buscan, es una manera de protegerse de la emergencia de rebelión popular que ha tenido núcleo en el centro político del país, ya que desconfían de la receta masista para lograr aplacar los ánimos.

Es decir, la crisis ha llevado a una “disociación entre el poderío económico en Oriente y poderío político de los movimientos sociales en Occidente. Y, con ello, a una apertura de las “tijeras” de la estabilidad, pues los componentes del poder se hallan repartidos en dos regiones distintas sin posibilidad inmediata de que una logre derrotar o desplazar a la otra de la posición que ocupa. El poder económico ascendente, pese a sus problemas, se ha desplazado de Occidente a Oriente, pero el poder sociopolítico de movilización se ha reforzado en Occidente, dando lugar a una nueva incertidumbre geográfica del poder estatal en los próximos años” (ídem, p. 67).

Es decir, la verdadera crisis de Estado que se ha terminado configurando en Bolivia es el subproducto de dos elementos: uno más “estructural”, que da cuenta de la señalada “incertidumbre geográfica del poder”, y otro más “político”, que tiene que ver con la emergencia de los movimientos sociales en el eje de El Alto, La Paz y Oruro. Lo que no está claro es si esta “incertidumbre geográfica del poder”, que configura una crisis de Estado a su vez montada sobre el ciclo de rebelión popular y sus dramáticas contradicciones económico-sociales, podrá ser resuelta de manera “pactada” o detonarán la aparición de elementos de guerra civil...

Crisis en la vía pactada para la Constituyente

Es en estas condiciones que se ven los límites estrictamente reformistas del gobierno del MAS. Desde el vamos, aun antes de asumir, García Linera señalaba que en Bolivia habría un “empate catastrófico” en las relaciones de fuerzas y que “no habría otra alternativa” que ir a una salida pactada de la crisis... El propio Evo Morales, cuando inauguraba la Constituyente el 6 de agosto de 2006, señalaba que “la Asamblea Constituyente no es para subordinar a nadie, el movimiento campesino originario jamás ha sometido a nadie, pero ha sido sometido; jamás ha discriminado a nadie, pero ha sido discriminado. No se trata de revanchismos, sino de cambios concertados para descolonizar y desneoliberalizar Bolivia”.

“Cambios concertados”: he ahí, sintéticamente expuesto, el programa del MAS, ahora al borde del fracaso, para la Constituyente y, más en general, para toda su acción de gobierno. De ahí, precisamente, la estrategia de la búsqueda de una Constituyente pactada. Como directa consecuencia de ello, vinieron las “cláusulas cerrojo” y todas las garantías suplementarias a la Media Luna.

Pero esto encierra un problema y una grave contradicción que de manera recurrente se ha venido haciendo presente y que amenaza hoy con el cierre de la Convención. Es que al tiempo que se busca pactar la Constituyente con la derecha, el gobierno del MAS tiene la necesidad de conceder algo a las masas originarias y populares, que siguen mirando con expectativa lo que de la Constituyente pueda salir. No queremos decir que esto haya sido un obstáculo absoluto para que el gobierno masista fuera vaciando de contenido, una a una, las reivindicaciones del octubre. Así ha ocurrido con la falsa “nacionalización” del gas (en el fondo, no se trató más que de una renegociación de los contratos con las petroleras) o el caso de la anunciada con bombos y platillos “revolución agraria”, que no llega siquiera a una mera reforma consecuente.

Sin embargo, cada artículo que se puso en discusión dio lugar a debate y contradicción, porque existen tensiones reales a la hora del reordenamiento del país, que se hacen difíciles de saldar. Hay en las alturas un choque entre dos tendencias contrapuestas: la del MAS, que pretende imponer lo más que pueda de su agenda “reformista” (que incluye un determinado nivel de autonomía para los pueblos originarios), y la de la derecha y los cruceños, que pretende acotar los aires “reformistas” a su mínima expresión, con la expectativa suplementaria de imponer su propia agenda.

Los cruceños pretenden dar status constitucional a las autonomías departamentales. El MAS, para “negociar” pero también para dar alguna satisfacción a su base social (básicamente campesina-originaria) “contraataca” con el planteo del reconocimiento de 45 autonomías originarias y 36 idiomas oficiales... La derecha, entonces, dice que las autonomías departamentales quedarían “en papel mojado”(8)... y el conflicto queda una y otra vez planteado.

Como señalaba el semanario Pulso ya meses atrás: “La vedette del debate de fondo de este momento de crisis es, sin duda, la autonomía (...). Mario Orellana Mamani, asambleísta masista de la comisión de «Visión de País», asegura que «el nuevo tipo de Estado que proponen, el Plurinacional, unitario y comunitario y el de la comunidad de naciones (...) tiene que ver con la mayor participación que los pueblos indígenas tendrán en el Congreso o Asamblea Plurinacional»”. (revista Pulso 403). Pero –mostrando la contradicción existente entre ambas “autonomías”– luego agrega que “los comités cívicos y los prefectos de la autodenominada Media Luna seguramente pretenden imponer un modelo de autonomía departamental que, por un lado, no comparta sus recursos financieros con las provincias y, por el otro, no permita que los pueblos indígenas desarrollen dinámicas autonómicas” y subraya que “ahora no queda duda de que el principal objetivo del modelo de autonomía que propugnan los cívicos cruceños es la captura del control de los bosques y la tierra” (ídem).

A esto se le agregan otros elementos de disputa. El gobierno plantea el derecho de voto a partir de los 16 años, el voto para los inmigrantes que viven en el exterior del país, la reelección presidencial ilimitada con el mecanismo del referéndum revocatorio... Y la oposición lanza entonces la acusación de que Morales pretendería “erigirse en un dictador estilo Hugo Chávez”, y últimamente puso una verdadera bomba sobre la mesa: la capitalidad de Sucre, que amenaza, como señalamos, con el cierre definitivo de la Constituyente.

Las contradicciones anteriores ilustran entonces los problemas recurrentes que enfrenta la vía “pactista”, y abren interrogantes respecto de su éxito.(9) El final está abierto, pero amenaza con un rotundo fracaso.

Constituyente, etnia y clase

“La Constituyente puede inclusive no cambiar nada; lo fundamental es que los indígenas, históricamente excluidos, sean los que estampen con su firma la nueva Constitución” (Álvaro García Linera).

Sumado a lo anterior, hay –a nuestro modo de ver– otra contradicción mucho más básica y fundamental, que no tiene que ver con las peleas en las alturas, sino con la relación entre el gobierno del MAS, la Constituyente y las propias masas explotadas y oprimidas. Porque la Constituyente boliviana está cruzada por el problema que enfrentan –en el límite– todas las constituyentes, por “soberanas” que se declaren. Es que por más “derechos” que se otorguen en el papel, si las condiciones sociales básicas de la vida y explotación de los obreros y campesinos no cambian, estos derechos –por mínimos que sean– quedarán vaciados de contenido real. El propio Linera da cuenta de ese vaciamiento de todo contenido que expresa el propio proyecto de nueva constitución del MAS.

Silvia Rivera Cusicanqui señala que desde los sectores populares del campo y la ciudad se ha llegado a concebir la Asamblea Constituyente como “una suerte de talismán o varita mágica, mediante la cual se revertirían  radicalmente todos los procesos de degradación de la democracia y erosión de las condiciones de vida de la población” (Subversión Nº 1, Cochabamba, 2006).

Pero aquí está justamente el gran problema: se podrá declarar una y mil veces el carácter “multiétnico”, “pluricultural” e, incluso, “plurinacional” del país(10); se podrá decretar la “igualdad étnica” de las personas. Pero resulta que si el originario es a la vez un obrero o asalariado explotado por un patrón, en la medida que Bolivia siga siendo capitalista... su condición social básica de explotado cambiaría poco y nada. Mientras que el patrón seguirá viviendo de la explotación del trabajo del obrero-originario, éste seguirá padeciendo miseria, y no hay derecho ni dios “igualitario” que pueda cambiar esto, por más que esté sancionado en la “ley de leyes”.

El propio Félix Patzi Paco, reconocido intelectual indigenista y ex ministro de Educación del gobierno del MAS, se interroga: “¿Ustedes creen en la Constitución Política del Estado? Cuando se habla, en el artículo primero y en el 171, del reconocimiento (de los derechos indígenas) ¿qué implicancia tiene este reconocimiento? ¿Será que reconoce la diversidad, la multiculturalidad con toda su implicancia en cuanto sistema económico y político?” (F. Patzi Paco, “La pluriculturalidad en la CPE”, Subversión Nº 1).

En un sentido convergente, plantea un agudo analista: “El cuarto escenario nos llevaría a una constitución recortada (...) a una constitución imposible de hacer valer, incapaz de ser puesta en práctica, como una ley que no norma nada (...) el resultado de un pacto entre nuestros representantes populares y la derecha (...) un pacto de todo a cambio de nada. El error que cometimos no fue sólo mal pactar nuestro futuro (nuestras vidas y libertades) con los amos del pasado, y habernos tragado sin chistar el cuentito de que ése era el único camino que nos quedaba. No; el error fue mayor, fue la actitud colonial con la que obramos. ¿Dónde se ha visto que el esclavo le pida permiso al amo para liberarse y de paso le pida ingenuamente que éste sancione el proceso de emancipación con una norma? El esclavo se libera o no se libera. Un pueblo no le pide a nadie una ley para constituirse en nación, lo hace de hecho, porque en él reside la soberanía. ¿Cómo es posible no ver que en la medida en que sigamos avalando con nuestras acciones y decires su andamiaje de legalidad (...) no hacemos otras cosa que refrendar con nuestro silencio uno de los mecanismos mediante el cual nos la cuentan, nos explotan, nos dominan?” (René Fernández, idearium@gmail.com).

Precisamente, ya hace dos años alertábamos que los planteos de reforma meramente “democráticos-formales” (como los que enarbola –y muy tibiamente– el MAS en la Constituyente) tienen el talón de Aquiles de que “al no cuestionar las bases sociales del Estado capitalista boliviano, de ninguna manera pueden crear las condiciones para una verdadera solución del problema nacional indígena” (R. Sáenz, “Crítica al romanticismo anticapitalista”, en SoB 16, abril 2005).

En suma, ni siquiera los problemas democráticos más elementales tienen solución bajo la continuidad de una Bolivia capitalista y dependiente, aunque ésta sea la Bolivia “reformada” por el MAS. Y agregábamos al respecto que “lo que constituye un error y una recaída idealista es perder de vista que toda sociedad se basa en determinadas relaciones materiales de intercambio del hombre con la naturaleza (y entre sí) a nivel de su formación social. Si se pierde de vista esta articulación (...), lo que se perderá es la formación de clase de la sociedad (...). El hecho de que en Bolivia exista una cuestión nacional de importancia inmensa, como la cuestión indígena, no puede hacer perder de vista sobre qué relaciones de producción y explotación se apoya esa misma sociedad” (ídem, p. 22).

En el mismo sentido, un reciente Boletín del CEDLA (Foro Permanente sobre la Reforma del Estado, Nº 5, enero 2007) señalaba muy apropiadamente que “muchas veces tendemos a mirar la división administrativa y política del país con un sentido de abstracción de lo que son las relaciones sociales, en las que normalmente se encuentran las relaciones de dominación por el uso del poder y relaciones de explotación (...) ¿Quién nos puede asegurar que con mayor autonomía vamos a tener menos explotación del trabajo en La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Beni o Pando? ¿Quién nos puede asegurar que, por ejemplo, vamos a poder tener un salario mínimo mayor al actual? ¿Quién nos puede asegurar que la autonomía soluciona los grandes problemas de desarrollo en Bolivia?”

Está claro que nadie, porque resolver los problemas planteados por el CEDLA requiere de una revolución social y no una meramente “popular y democrática”, como la que dice defender él MAS. Porque, en última instancia, si no se solucionan los problemas a nivel de la base material de la sociedad, no habrá derechos democráticos que valgan: “A todo lo más que llega este planteo es a un formalismo «democrático» que, para colmo, al no cuestionar realmente las bases sociales del Estado capitalista boliviano, sólo reclama inclusión, pero de ninguna manera puede crear las condiciones para una verdadera solución del problema nacional indígena” (ídem, p. 23).

Aquí está, precisamente, el límite del tímido reformismo del MAS: de ninguna manera está dispuesto a cuestionar el carácter capitalista del país.(11) El eventual fracaso de este tibio reformismo es lo que podría abrir paso a un proceso de radicalización y desborde en la situación política.

Por una Bolivia Socialista

En este contexto de pugnas, pactismo y eventual fracaso constituyente, no es casual que el 6 de agosto pasado Morales haya convocado a un desfile militar en Santa Cruz en la semana de la independencia. Es que Morales (a no olvidarlo) es –al mismo tiempo que un símbolo, más virtual que real, de “poder” originario-campesino– el actual jefe de Estado de la Bolivia capitalista, que históricamente ha tenido una conformación unitaria y que el proyecto de Constitución del MAS busca ratificar.

Esto es, el gobierno masista pretende presentarse también como el emblema de la unidad del país. Y no es casual tampoco que la principal institución del mismo Estado, las Fuerzas Armadas –a la cual Morales viene dedicando importantes esfuerzos de reconocimiento a lo largo de toda su gestión– también sean presentadas (y de hecho lo son, por lo menos en lo que hace a la actual conducción) como “garantes” de esa unidad nacional del país. De ahí el deliberado desfile oficialista en Santa Cruz y el discurso de Wilfredo Vargas (comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia) contra los que “amenazan la institucionalidad y unidad del país”.

En estas condiciones, y a pesar de las múltiples contradicciones descriptas aquí, para nada se puede descartar que una de las perspectivas sea que, entre múltiples presiones, contradicciones, crisis y eventual fracaso de la Constituyente, finalmente se arribe a algún tipo de pacto entre las fracciones del poder. Esto es así, incluso, por consideraciones políticas que hacen al momento de “mediación” que se sigue viviendo hoy en el ciclo de las rebeliones populares en Latinoamérica; “estabilización” que, claro está, volaría por los aires en la eventualidad de que se desataran “tambores de guerra” en Bolivia.

Sin embargo, también hay que tener presente esta última alternativa, que expresa otra de las tendencias actuantes en la región: la eventualidad del desencadenamiento de elementos de enfrentamiento físico y/o de guerra civil con base territorial y con sectores patronales divididos entre los dos “bandos”. Es que al tiempo que se hacen presentes los elementos de “mediación”, la crisis de fondo que ha dado origen a este verdadero ciclo de rebeliones populares regional y local no ha sido resuelta. Y las contradicciones podrían, en cualquier giro de las circunstancias, polarizarse. Ya hemos señalado cómo ambos contendientes ensayaron pases de aprendices de brujo al poner en las calles sectores de masas alrededor de la pugna por la capitalidad.

Linera refleja también esta posibilidad cuando afirma que “la Asamblea fue propuesta como un lugar democrático de ensamblaje de intereses del país. Es un escenario conflictivo, pero dialógico. Es, a su modo, el reconocimiento de las fuerzas emergentes al derecho de las replegantes a sentarse sobre la mesa e incorporar sus derechos y puntos de vista en el horizonte del país. Si eso se cierra, los sectores conservadores pueden decir que es un buen logro, «lo cerramos»; pero puede dar lugar a que los sectores populares se radicalicen, que algunas alas ya no se planteen reconocer los derechos del otro, sino consolidar su propio interés. Eso es preocupante. No necesariamente es una confrontación bélica o una guerra civil, pero es una exacerbación de las luchas de los sectores populares. Les decía a los constituyentes, cuando los reuní por primera vez, que si fuera de derecha, cometería un grave error al desperdiciar la Asamblea, porque ahí tengo certidumbre y opción de que me tomen en cuenta. El otro escenario es pura correlación de fuerzas” (Página 12, 23-10-07).

En este escenario, lo importante es subrayar que frente a cualquiera de las circunstancias se hace más perentorio e imprescindible que los trabajadores den pasos por poner en pie una alternativa independiente, de clase. Es muy grave el curso de creciente adaptación política al gobierno de la COB. Esto es, el hecho de que, salvo los contingentes mineros asalariados de Huanuni, los docentes urbanos de La Paz, algunos sectores universitarios y lugares de radicación de la nueva clase obrera de El Alto, todas las demás representaciones siguen al día de hoy literalmente cooptadas por el gobierno masista.

Ni el gobierno de Frente Popular ni obviamente la oligarquía cruceña expresan realmente los intereses más profundos de las masas explotados y oprimidas del país. Con “pactismo” o con guerra civil, los trabajadores de la ciudad y el campo no deberán embanderarse con ninguno de los “campos” en pugna, sino construir un camino propio e independiente: una Bolivia socialista, obrera, originaria, campesina y popular.

Notas:

1 Políticos conservadores como José Luis Paredes (ex MIR) o Manuel Doria Medina (UN) se hicieron ver por el Cabildo, que fue convocado por Juan del Granado (del Movimiento Sin Miedo), alcalde de La Paz. Los que no se hicieron ver, pero obviamente apoyaron, fueron los funcionarios del gobierno masista.

2 Los medios periodísticos han referido que el de El Alto habría sido “la mayor concentración de personas que jamás se haya visto en el país en toda su historia”. Y señalan que entre otras referencias comparativas inmediatas (“olvidándose”, no casualmente, de las jornadas de octubre 2003) estarían “el Cabildo cruceño del 2 de julio de 2006, la misa oficiada por el papa Juan Pablo II en 1987 y la concentración en la plaza San Francisco de La Paz el 10 de octubre de 1982, cuando el retorno de la democracia”.

3 No deja de tener gran importancia política dónde esté la sede del poder; que evidentemente se intenta sacar de El Alto y La Paz, lugar de las jornadas revolucionarias de octubre y mayo-junio. Pero, al mismo tiempo, se trata de una cuestión que no tiene que ver con reivindicaciones propias de los obreros y campesinos o con sus intereses de clase. Se trata, más bien, de una disputa por la distribución del poder y las influencia en las alturas de las clases dominantes.

4 Que esto no era todo estaba claro desde el comienzo mismo de la elección presidencial en diciembre del 2005, cuando bajo el gobierno transitorio de Rodríguez Velzé ya las oligarquías se habían asegurado, el mismo día de la elección presidencial, la instauración de las elecciones de los prefectos departamentales por voto universal, que se efectivizó entonces. Esto es, un condicionamiento más al poder central de La Paz desde el comienzo mismo del gobierno del MAS.

5 Podemos es el partido de Jorge Quiroga, ex vice de Banzer y candidato presidencial de la oposición en las elecciones que ganó Evo. UN (Unión Nacional) es otro partido patronal, desprendimiento del MIR, liderado por el empresario occidental y del cemento Doria Medina. El MNR es el viejo partido de Paz Estensoro y Sánchez de Losada, que quedó muy golpeado luego de la caída de éste en octubre 2003.

6 El complejo mecanismo consagró que en las 70 circunscripciones locales (antes llamadas “uninominales”), el vencedor lograba dos constituyentes y la primera minoría una tercera, sumando un total de 210 elegidos. Al mismo tiempo, en las 9 circunscripciones departamentales, el vencedor lograba sólo 2 curiles, mientras que los otros tres se repartían de a uno entre las tres siguientes minorías. Por lo tanto, incluso si un partido ganaba en todas las circunscripciones, tendría no más de un 62% de los constituyentes..., es decir, un 4% por debajo del 66% como mínimo exigible para las votaciones en la Constituyente misma. En estas condiciones, con el 51% de los votos, el MAS ganó 137 de los 255 curiles, mientras que Podemos, con sólo el 15% de los votos, y demás agrupaciones de la derecha, con una proporción de votos mucho menor, quedaron claramente sobrerrepresentados. Para no repetir el hecho de que, contra las promesas anteriores del MAS, en la elección de Constituyentes solamente se aceptó la votación vía voto universal, y no los mecanismos de representación comunitarios y sindicales de los que tanto se había hablando anteriormente (revista Willka Nº1, El Alto, Bolivia, 2007).

7 Dice a este respecto el analista progubernamental Pablo Stefanoni: “Con todo, en buena medida la política económica sigue enmarcada en las formulas neoliberales de carácter monetarista, que privilegian el equilibrio fiscal y dejan de lado el manejo de las variables económicas, incluyendo la inflación controlada, como instrumentos para la redistribución del excedente” (Pulso 417).

8 En este sentido, el congresista conservador y también conocido sociólogo Jorge Lazarte señala a este respecto que: “Si se define el Estado como plurinacional en el primer artículo de la Constitución Política del Estado, entonces todas las naciones integrantes tendrán derecho a un territorio y, por tanto, perderán sentido las autonomías departamentales” (Pulso 402).

9 Comenta también Pulso, en referencia a las “tribulaciones” de distintos congresistas respecto de la evolución de las sesiones: “¿Cómo se resolverá la Asamblea? ¿Habrá llegado la hora de realizar un pacto entre las fuerzas políticas que la conforman? Para el MNR (...) no hay otra alternativa (...) si no es a través de un gran acuerdo entre todos los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas”. Y luego transcribe la opinión de Saúl Avalos (del MAS) acerca de que los asambleístas “están obligados a realizar un pacto. Este se lograría sentándose en una mesa y dialogando con las fuerzas opositoras”. Y luego la revista señala que “el asambleísta oficialista reconoce que para conseguirlo habrá que relegar consignas incluso de su partido; «somos concientes de que no todo puede estar. Esperemos que todas las fuerzas políticas entren a esta negociación predispuestos a perder algo»” (Pulso 403).

10 Hay que señalar que ya estas palabras encierran también materia de debate en la Constituyente, porque si en realidad la multiculturalidad y multietnicidad ya está reconocida en la Constitución de 1994, el planteo de “plurinacionalidad” sí ha dado lugar a un agudo debate. Con ser esta cuestión una específica que, de aplicarse consecuentemente –lo que dudamos– haría a la autodeterminación de los pueblos indígenas, nunca podría ser plenamente aprovechada sobre una base material estrecha, tributaria de la continuidad del capitalismo en Bolivia.

11 Esto mismo atañe a las miradas románticas que se hace de las formas de producción comunales desde las corrientes indigenistas. Por más derechos “iguales” que se puedan reconocer, en el contexto de una economía nacional, regional y mundial capitalista, ¿de qué manera estas economías comunales podrían competir en un pie de igualdad con una gran empresa capitalista de producción? No hay cómo lograr esto, por más “sostenimiento” que García Linera pretenda otorgarles desde el Estado.