El referéndum, la impunidad y las concesiones del gobierno

Por Miguel Angel Hernández Arvelo (*)
Opción de Izquierda Revolucionaria (OIR), 17/06/04

El pueblo y los trabajadores venezolanos vamos hacia una confrontación compleja y difícil. El proceso que culminará el 15 de agosto en el referéndum que la oposición logró imponernos mediante el fraude, no está exento de peligros y dificultades.

Al pueblo hay que hablarle con claridad sobre lo que se avecina. Lo peor que podemos hacer es adoptar una actitud triunfalista y dormirnos en los laureles. La derecha y el imperialismo no necesitan ser mayoría para liquidar un proceso revolucionario. Esto ha sido demostrado hasta la saciedad por la historia.

En un artículo que publicáramos previamente en Aporrea, explicábamos las razones por las cuales consideramos que no podía ni debía haber referéndum. Exponíamos las razones por las cuales –desde nuestro punto de vista- habíamos llegado hasta los reparos. En las líneas que siguen trataremos de exponer, desde una perspectiva más amplia, los errores y falencias del gobierno frente al golpismo, que han posibilitado que estos aún mantengan los arrestos y la capacidad de lograr recoger las firmas, con fraude por supuesto, y que ahora se preparen para el referéndum.

Es importante recordar el pasado reciente. Acordémonos que los golpistas hace exactamente dos años, después del golpe, se encontraban desarticulados y con el rabo entre las piernas, después que los trabajadores y el pueblo le propináramos una felpa en las calles del país, recuperando mediante la movilización las libertades democráticas cercenadas por la dictadura brevísima de Carmona, y restituyendo a Chávez en el poder. Era el momento para liquidarlos política y económicamente. El gobierno estaba en todo su derecho para castigar a unos golpistas convictos y confesos. Nadie internacionalmente hubiera levantado la voz si Chávez procedía a aplicarles mano dura a unos fascistas que habían derrocado un gobierno legítimamente constituido –si nos atenemos a las formas democrático-burguesas-, aprovechando para desarticularlos económica y mediáticamente. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió. Aún recordamos con estupor que lo primero que hizo Chávez al regresar a Palacio después del golpe fue pedir perdón a los golpistas, blandiendo un Cristo en la mano. A los dueños de los medios de comunicación, a los jerarcas de la Iglesia, a los empresarios que provocaron cientos de muertes, miles de desaparecidos y allanamientos. Y como si fuera poco, restituyó a los meritócratas de PDVSA, que pocos días antes habían sido despedidos en un espectáculo circense.

Toda esta jauría fascista, apoyada por el imperialismo, aprovechó la ocasión para reorganizarse poco a poco. Los gerentes de PDVSA restituidos en sus cargos reiniciaron sus labores de sabotaje y preparación del nuevo golpe. Lo canales de televisión continuaron envenenando y engañando vil e impunemente.

Es cierto que la impunidad fue institucionalizada por el TSJ al negar que hubo golpe, pero muy poco fue lo que hizo el gobierno –más allá del discurso- por castigar a los golpistas, por afectarlos económicamente. Más bien, los ha tratado con sumo cuidado, por ejemplo, a los canales de televisión, de acuerdo a la Ley de Impuesto Sobre Sucesiones, Donaciones y demás Ramos Conexos, les corresponde cancelar impuestos por haber “donado” espacios televisivos para promocionar el paro golpista de 2002-2003. Sin embargo, el gobierno en lugar de aplicarles la tasa máxima fijada por la ley, que asciende a 55%, se limita a una benevolente tasa de 25%. Esta medida debía ser aplicada a partir de abril del pasado año, sin embargo, se decidió no cobrarles multas ni moras!!!

Durante el golpe petrolero de diciembre 2002 y enero 2003 el gobierno pudo afectar económicamente a los golpistas, con las naturales consecuencias que esto les ocasionaría en su capacidad de respuesta política. En lugar del eructo de Acosta Carlés, que algunos aplaudieron como una gran acción revolucionaria, el gobierno, apoyándose en la movilización de las masas, pudo expropiar y pasar a control obrero las empresas del grupo Polar, las cuales producen y distribuyen productos esenciales de la cesta básica. Empresas como Parmalat, de capital transnacional, productora de leche y otros rubros lácteos de gran sensibilidad social, se unieron al paro, y el gobierno no tomó ninguna medida contundente contra estos criminales que pretendían matar de hambre al pueblo con tal de tumbar a Chávez y liquidar el proceso revolucionario. Otro sector al cual el gobierno pudo expropiar en aquellos días aciagos del paro golpista, fue el bancario. Estos establecieron un horario restringido, así como limitaciones ilegales a los retiros de los ahorristas. Es decir, nos impusieron un “corralito”, lo cual era motivo suficiente para que el gobierno apoyándose en el pueblo y en los mismos ahorristas movilizados, expropiara a los bancos y los entregara a sus trabajadores, en el marco de la centralización de todo el sistema financiero. Esto hubiera sido un rudo golpe a los instigadores del paro, conectado directamente a donde más les duele: el bolsillo. Ante cada ataque del imperialismo y sus lacayos nacionales, la respuesta tenía que ser dura y contundente, sin embargo, el gobierno no hizo nada de esto, afortunadamente contó con un pueblo heroico y movilizado, que se erigió en baluarte de la resistencia contra el golpismo.

Luego del paro sabotaje petrolero el gobierno nuevamente hincó las rodillas y buscó el diálogo con los golpistas. Esta vez se conformaron mesas de negociación con la participación de la OEA y el Centro Carter, ambos, organismos proimperialistas, sin una pizca de imparcialidad, como luego se ha corroborado hasta la saciedad. ¿Y quién los sentó en la mesa de negociación? El mismo gobierno, es decir, “cuchillo para su propio pescuezo”. De estas mesas de negociación surgió el acuerdo de mayo del pasado año, mediante el cual los golpistas lograron imponernos el referéndum, apelando a toda clase de trampas y presiones –guarimba y paramilitares de por medio- a pesar de haber sido derrotados en dos ocasiones por la movilización popular. Mientras tanto, los empresarios que habían estado involucrados hasta los tuétanos en el paro-sabotaje, comenzaron un ataque despiadado contra los trabajadores, tratando de recuperarse de las pérdidas que Carlos Ortega y Carlos Fernández les habían ocasionado con el fracasado paro golpista. Una ola de despidos, fábricas cerradas y violación sistemática de los derechos laborales, llevó a cientos de trabajadores a tomar las empresas que los patronos cerraban con el cuento de los perjuicios que el paro que ellos mismos habían orquestado, les había ocasionado. De nuevo, el gobierno no hizo nada. Ni siquiera con casos tan claros como el de Constructora Nacional de Válvulas, industria que produce válvulas para la empresa petrolera, la cual ha podido ser expropiada y pasada a control de los trabajadores, por causa de utilidad pública. Tratándose de una fábrica que produce insumos para nuestra principal industria y que además es propiedad del connotado golpista Andrés Sosa Pietri, amo del Valle, copeyano, para más señas, y expresidente de PDVSA.

Desde el mes de enero de 2003 el gobierno tuvo que importar gasolina a un costo para el país de 600 millones de dólares, así como alimentos de la cesta básica, secuestrados por los empresarios golpistas. Debido al paro, la economía cayó un 29% en los tres primeros meses del año 2003, y un 11% en todo el año. Las pérdidas en la producción se calculan en 6.188 millones de dólares y al fisco le dejaron de entrar por ingreso petrolero 1.600 millones de dólares. Un verdadero desastre económico y social. ¿No es esto motivo suficiente para expropiarlos? ¿Quién en su sano juicio puede decir que lo que estamos planteando es radical, ante la magnitud del crimen que la burguesía con la anuencia del imperialismo cometió contra el pueblo venezolano? Sin embargo, resulta paradójico que a estos mismos hambreadores de los trabajadores, el gobierno les continúe cancelando religiosamente los Certificados Especiales de Reintegro Tributario (CERT), el cual, según la Ley de Impuesto al Valor Agregado es un sistema de compensación para “apoyar al sector empresarial privado”. Entre el 2002 y el 2003, es decir, en pleno paro golpista, el gobierno les ha cancelado a los exportadores 880.000 millones de bolívares. Algún ingenuo nos podría argumentar que el gobierno debe cumplir con la ley, nosotros le preguntaríamos: ¿quién le paga a los trabajadores de Constructora Nacional de Válvulas, Industrial de Perfumes, Plásticos Vinílicos, Textiles Fénix, Pirelli, Sanitarios Maracay, y otras empresas cerradas por los empresarios golpistas?

Ahora vamos a un referéndum conquistado por la burguesía y el imperialismo por medio de todo género de trampas. No llegaron a él como consecuencia de una imposición sobre el movimiento de masas, sino después de reiteradas derrotas propinadas por la movilización de los trabajadores. No les quedó otra opción. Pero lograron meternos en el terreno de ellos.

El gran peligro que hoy se cierne sobre el proceso revolucionario está determinado por el hecho de que durante dos años el gobierno les dio toda clase de concesiones. No se apoyó en la movilización para seguirles juicio y castigarlos por los delitos perpetrados. No los expropió cuando existieron posibilidades ciertas de hacerlo. Cuando los tenía al borde del KO, se sentaba en una mesa a negociar. Ahora estos criminales aupados y financiados por el imperialismo, a pesar de los golpes recibidos, mantienen sus fuerzas intactas y se aprestan a cometer un nuevo fraude. Las grandes empresas petroleras transnacionales (españolas, norteamericanas, francesas, etc.), han ganado más dinero con este gobierno que con cualquier otro, y sin embargo, siguen conspirando. El gobierno le concedió a la Chevron Texaco a Conoco-Phillips, a Statoil y a la British Petroleum 3 bloques de la Plataforma Deltana, para la explotación de gas, sin abrir una discusión entre los trabajadores petroleros sobre la pertinencia de este negocio. Lo mismo sucede con los bancos nacionales y transnacionales, que en el período enero-abril del presente año aumentaron sus ganancias en 130% con respecto al mismo período del pasado año. Los canales de televisión siguen muy campantes, mintiendo descaradamente como si no hubiera pasado nada. Los grandes grupos económicos nacionales siguen aumentando los precios de los productos y obteniendo extraordinarias ganancias en el mercado negro del dólar gracias al prolongado control de cambios. Todas estas concesiones y la lenidad del gobierno los ha fortalecido, y se constituyen en un verdadero peligro para el proceso revolucionario.

Sin embargo, a pesar de todo lo antes dicho, confiamos en la poderosa energía y disposición de lucha de nuestro pueblo. No obstante, para desarticular y quebrar la resistencia de la burguesía y del imperialismo es necesario profundizar el proceso revolucionario conformando un verdadero y genuino gobierno de los trabajadores y del pueblo, a través de la participación democrática de sus organizaciones, y que lleve a término las tareas antes planteadas, así como un plan económico y social, para ello es imprescindible la construcción de un poderoso partido revolucionario que organice y dirija esta lucha impostergable para los trabajadores y el pueblo venezolano.

(*) Profesor de la Escuela de Sociología de la UCV y dirigente nacional de Opción de Izquierda Revolucionaria (OIR)