|
Colombia, Estados Unidos y la amenaza a la soberanía venezolana
Por James Petras
Rebelión, 07/02/05
Traducido para Rebelión por J. A. Julián
Un conflicto diplomático y político de importancia surgió entre
Colombia y Venezuela tras el descubrimiento de una operación
encubierta del Gobierno colombiano en Venezuela, consistente en el
secuestro de un líder izquierdista colombiano, Rodrigo Granda, en la
que estuvieron implicados efectivos reclutados entre los servicios
militares y de seguridad de Venezuela.
Tras una investigación realizada por el Ministerio venezolano del
Interior y tras analizar el testimonio y los informes de periodistas y
otros observadores políticos bien informados se llegó a la conclusión
de que la planificación y la ejecución de esta violación flagrante
de la soberanía venezolana es responsabilidad de los más altos
niveles del Gobierno colombiano, incluido su presidente, Álvaro
Uribe. Una vez establecida la participación directa del Gobierno de
Colombia, el Gobierno venezolano solicitó una disculpa pública, a la
vez que buscaba una solución diplomática, cargando la
responsabilidad en los consejeros presidenciales colombianos. El régimen
colombiano pasó inmediatamente a la ofensiva y puso en marcha una
agresiva defensa de su implicación en la violación de la soberanía
venezolana y, a mayor abundamiento, de su pretensión de legitimar
actos futuros de agresión en base al concepto de "seguridad
nacional". Como consecuencia, el presidente Hugo Chávez retiró
a su embajador en Bogotá y suspendió todos los acuerdos comerciales
y políticos de Estado a Estado hasta tanto se produzca una disculpa pública
oficial. En respuesta, el Gobierno de EE UU dio su apoyo incondicional
a la violación colombiana de la soberanía venezolana y exhortó al régimen
de Uribe a agravar aún más el conflicto. Lo que comenzó como un
conflicto diplomático relacionado con un incidente específico se ha
convertido en una crisis grave y definitoria en las relaciones políticas
de EE UU y América Latina, con consecuencias militares, económicas y
políticas potencialmente explosivas para toda la región.
Un conflicto con mucho en juego
Al justificar el secuestro en Venezuela de Rodrigo Granda, líder
izquierdista colombiano, el Gobierno de Uribe anunció una nueva
doctrina de política exterior que reproduce la de la Administración
Bush: el derecho de intervención unilateral en cualquier país del
que el Gobierno colombiano sospeche o asegure que está proporcionando
refugio a adversarios políticos del Gobierno (que el régimen tacha
de "terroristas") que pudieran amenazar la seguridad del
Estado. La doctrina Uribe de intervención unilateral reproduce el
discurso de guerra preventiva lanzado a finales de 2001 por el
presidente Bush. Resulta evidente que la acción y las declaraciones
de Uribe muestran una influencia profunda de la dominación que
Washington ejerce sobre las políticas del actual gobierno colombiano
a través de su programa ampliado de ayuda militar, de 3.000 millones
de dólares por año, y la consiguiente penetración de todo el
aparato de la política de defensa.
La doctrina militar ofensiva de Uribe implica varias propuestas políticas
importantes:
1. el derecho a violar la soberanía de cualquier país, incluso mediante
el uso de la fuerza y la violencia, directamente o con ayuda de
mercenarios locales;
2. el derecho a reclutar y corromper funcionarios militares y de
seguridad para servir los intereses del Estado colombiano;
3. el derecho a asignar fondos destinados a contratar cazadores de
recompensas o "terceros" a fin de que realicen acciones
violentas e ilegales en otros países;
4. la confirmación de la supremacía de las leyes, los decretos y las
políticas colombianas sobre y contra las leyes soberanas del país en
el que se decide intervenir.
La doctrina Uribe es con toda evidencia una repetición flagrante de las
declaraciones globales imperialistas de Washington, que tiene por
objeto hacer de Colombia una potencia subimperialista regional
subordinada a EE UU. Si bien la actual agresión concreta afecta a las
relaciones de Colombia con Venezuela, la doctrina Uribe sienta las
bases para la intervención militar unilateral en todo el hemisferio.
La doctrina Uribe es una amenaza para la soberanía de cualquier país
en el hemisferio: su intervención en Venezuela y la justificación de
ésta proporciona un precedente para la agresiones futuras.
Precedentes recientes de intervención unilateral
La doctrina Uribe no es original: es una imitación de las declaraciones
de la Administración Bush y del Gobierno israelí. Ambos Gobiernos
han proporcionado un falso marco legal para su intervención
extraterritorial en otros países. En los últimos cinco años, el
Pentágono se ha venido jactando abiertamente de tener "fuerzas
especiales" dedicadas a realizar operaciones de comando en el
mundo entero, entre cuyas misiones figuran asesinatos de
"terroristas sospechosos". El Estado judío es conocido por
sus "pelotones de la muerte" extraterritoriales, las
acciones de algunos de los cuales se han llegado a conocer públicamente.
La adopción y la práctica colombiana de la citada política
extraterritorial, como parte de su estrategia de intervención
unilateral, no es una coincidencia, toda vez que las fuerzas
colombianas de seguridad han sido formadas y aconsejadas por las policías
políticas secretas estadounidense e israelí. Más directamente,
Washington, a través de su programa militar de ayuda de 3.000
millones de dólares, está en una posición de control y mando de
todos los sectores del Estado colombiano, y es por lo tanto capaz de
determinar la doctrina de seguridad del Gobierno. Es todavía más
relevante el hecho de que Uribe cuenta personalmente con una larga práctica,
a gran escala, de utilización de pelotones de la muerte antes de su
llegada a la Presidencia y antes de la recepción de la ayuda masiva
de EE UU. Al tomar prestada la doctrina Bush de su Estado-patrón,
Uribe ha internacionalizado las prácticas de terror que ha llevado a
cabo durante los últimos veinte años en Colombia.
Antes de la reciente oleada de secuestros transfronterizos de perfil alto
(Trinidad en Ecuador, Granda en Venezuela), el Gobierno Uribe realizó
intervenciones frecuentes de secuestro y asesinato líderes de
populares y soldados de países vecinos, a la vez que proporcionó
apoyo material y político a presuntos golpistas, especialmente en
Venezuela. Docenas de refugiados colombianos que huían de los
pelotones de la muerte fueron perseguidos hasta Venezuela y asesinados
o secuestrados durante los últimos tres años por fuerzas colombianas
paramilitares y de seguridad. Seis soldados venezolanos cayeron víctimas
de las fuerzas colombianas de seguridad en un incidente
"inexplicado". Más recientemente, en 2004, más de 130
efectivos paramilitares colombianos, y otros irregulares, se
infiltraron en Venezuela para realizar actos de violencia terrorista
de provocación, a fin de encaminar el golpe de estado de los
opositores venezolanos y sus colaboradores estadounidenses. Poco después,
las fuerzas colombianas de seguridad y la CIA intervinieron en Ecuador
para secuestrar a un antiguo negociador de paz de las FARC, el más
importante grupo guerrillero de Colombia.
Lo que es nuevo, y más nefasto, es que la política de facto del
Gobierno Uribe de extraterritorialidad se ha convertido en una
doctrina estratégica de jure de intervención militar unilateral.
Colombia ni siquiera disimula en su práctica de una política
selectiva encubierta de violación de la soberanía de otros países,
sino que ha declarado públicamente la supremacía de sus leyes y de
su derecho a aplicarlas en cualquier lugar del mundo en el que
unilateralmente decida que está en juego su seguridad nacional. Las
groseras violaciones por parte de Colombia de la soberanía venezolana
y ecuatoriana son una política aprobada y dictada exclusivamente a
los más altos niveles del Estado colombiano –prerrogativa exclusiva
del presidente Uribe– aprobada claramente al más alto nivel del
Gobierno de EE UU por su principal portavoz diplomático en Colombia,
el embajador Woods ("Aprobamos la acción de Uribe al
100%"). El incidente Granda no es simplemente un incidente diplomático
aislado que pueda resolverse a través de unas negociaciones
bilaterales de la buena fe. El secuestro forma parte de una más
amplia estrategia que implica preparativos –ideológicos, políticos
y militares– para una confrontación político-militar de gran
envergadura con Venezuela.
Las finalidades de la doctrina Uribe
La articulación y práctica de la doctrina Uribe tiene varias
finalidades.
Una coincide con la política imperialista estadounidense y de las élites
colombianas, de derrocar el Gobierno Chávez para eliminar la oposición
a la dominación imperial de EE UU a nivel internacional y regional.
Chávez se opone a las guerras de EE UU en Irak y Afganistán, así
como a sus planes para invadir Irán y, en América Latina, Chávez se
opone al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas.
En segundo lugar, la doctrina Uribe intenta destruir los lazos
comerciales cubano-venezolanos, a fin de desestabilizar el Gobierno
revolucionario cubano.
En tercer lugar, la doctrina Uribe está dirigida a mantener a Venezuela
como exportador exclusivo de petróleo a EE UU, en un momento en que
el Gobierno Chávez ha firmado acuerdos comerciales para diversificar
sus mercados petroleros a China y otros países.
En cuarto lugar –y sin duda es el aspecto más importante desde la
perspectiva estricta de la supervivencia del Gobierno Uribe–,
resulta fuertemente perturbador para el Gobierno colombiano el impacto
social positivo que las políticas de bienestar Chávez tienen entre
la mayoría de colombianos que viven en la pobreza, especialmente su
reforma agraria recientemente anunciada y su defensa de las empresas públicas
nacionales (especialmente la empresa petrolera estatal) dentro del
marco de instituciones libres y democráticas. Las políticas de
austeridad de Uribe, el desplazamiento por vía militar y paramilitar
de 3 millones de campesinos, su promoción creciente de la concentración
de la riqueza y de la reducción radical de los servicios sociales, y,
peor aún, las violaciones sistemáticas y de gran envergadura y largo
plazo de los derechos humanos y democráticos colocan a Uribe en las
antípodas de la Venezuela del presidente Chávez, que proporciona una
alternativa viable, accesible y visible de fácil comprensión para
los miles colombianos que emigran a Venezuela. Con su intervención en
Venezuela, su apoyo a EE UU y a sus golpistas locales, Uribe espera
socavar el atractivo político de toda política revolucionaria, tanto
si ésta toma la forma electoral, guerrillera o de movimientos
sociales.
La finalidad más inmediata de la doctrina Uribe es derrotar los
movimientos guerrilleros colombianos, formados por unos 20.000
combatientes, que controlan o influencian la mitad del territorio de
Colombia. El propósito de las recientes intervenciones es ejercer
presión sobre los Gobiernos vecinos para aliarse con los pelotones de
muerte colombianos en una campaña regional destinada a resolver los
problemas internos de las élites sociales colombianas; es decir, el
propósito es la aniquilación de la oposición a la dominación
regional por parte de EE UU. La rimbombante campaña internacional de
propaganda "antiterrorismo" del Gobierno Uribe es la admisión
del fracaso de su campaña interna de contrainsurgencia. Las
acusaciones de Uribe de que el Estado venezolano "está
protegiendo" o "está proporcionando santuario a los
terroristas" son claramente falsas, y Uribe no proporciona
ninguna prueba sistemática de ello. El objetivo real es someter a
chantaje al Estado venezolano –o a sus sectores más débiles y
maleables– para que abdiquen de su papel de mediadores neutrales de
paz y se sometan a las órdenes del aparato securitario de Colombia y
EE UU.
Terrorismo: Propaganda y práctica
Es un hecho reconocido mundialmente que el Gobierno Uribe es uno de los
gobiernos que practican las peores formas de terrorismo de Estado en
el mundo en el nuevo milenio. Decenas de miles de campesinos,
activistas de los derechos sociales y humanos, sindicalistas y
periodistas han sido asesinados directamente por las fuerzas de
seguridad, sea directamente por los militares, sea por grupos
paramilitares financiados por el Estado. Cada día del año, docenas
de campesinos y críticos del régimen son asesinados. El terror de
Estado es la característica definitoria del Gobierno Uribe y de la
misión consultiva y militar de EE UU que lo asiste. Sin embargo, a la
manera más clásicamente totalitaria, es el verdugo terrorista quien
acusa a las víctimas de los crímenes cometidos contra éstas.
Uribe envió un cuerpo de 130 paramilitares para aterrorizar Venezuela,
dio apoyo a un golpe violento fallido y luego proporcionó asilo y
apoyo material a los miembros principales del golpe en su exilio, y de
manera flagrante sobornó a soldados venezolanos para que traicionasen
a su país para perpetrar un secuestro: este Uribe acusa ahora a Chávez
de acoger a terroristas y pide una "conferencia internacional
sobre el terrorismo". El propósito de Uribe al hacer esta
demanda de una conferencia regional no es discutir el terrorismo de
Estado, que es endémico y está fuertemente incrustado en su régimen
(con el apoyo de EE UU), sino justificar la propia doctrina Uribe de
intervención unilateral y movilizar a otros clientes regionales de EE
UU en apoyo de su guerra interna y ejercer presión sobre el Gobierno
Chávez para que se subordine a la doctrina securitaria de Colombia.
Chávez ha reconocido la amenaza mayor a la seguridad que plantea el
secuestro antes citado y ha suspendido los proyectos económicos y
militares de Estado a Estado, a la vez que ha retirado a su embajador
en Bogotá. Ha propuesto a Uribe una reunión bilateral de jefes de
Estado para resolver las diferencias por lo que se refiere al
secuestro y a otros incidentes parecidos. Ni las importantes maniobras
diplomáticas del Ministerio de Asuntos Exteriores venezolano ni la
agresiva campaña de propaganda del Estado de seguridad colombiano
permiten ignorar el hecho de que el Estado colombiano, en defensa de
sus propios intereses y de los del Estado imperial de EE UU, están
siguiendo una línea de confrontación militar directa con Venezuela.
Implicaciones de la doctrina Uribe
Las implicaciones políticas y militares de la doctrina Uribe suponen un
desvío extremo de las normas reconocidas del Derecho internacional y
se aproximan a las prácticas beligerantes de los sátrapas
imperiales. Si todos los países aplicasen la doctrina Uribe estaríamos
ante un mundo de guerras constantes, conquistas y luchas de liberación
prolongadas en América Latina.
La doctrina Uribe exige un estado de beligerancia permanente que le
permita intervenir militarmente más allá de sus fronteras nacionales
en la persecución de su oposición revolucionaria. Esta política
significa que todos y cada uno de los países latinoamericanos debería
limitar su soberanía según las definiciones colombianas de la
"seguridad nacional". Esto es claramente inaceptable para
cualquier país independiente, como Venezuela, pero en cambio el régimen
de Gutiérrez en Ecuador ha aceptado ser un "cliente de segundo
nivel", un cliente del Gobierno Uribe que a su vez es un cliente
de EE UU.
Igualmente grave, la doctrina Uribe rechaza las fronteras reconocidas, lo
que significa que se otorga el derecho a violar fronteras nacionales
sin consultar a los países cuyas fronteras viola. El no
reconocimiento de fronteras y límites nacionales está a un paso,
corto, de la anexión de regiones adyacentes, por razones de
"seguridad" o económicas. En el reciente pasado (1992),
Colombia estuvo a punto de provocar la guerra con Venezuela, al enviar
sus buques de guerra a aguas venezolanas. El concepto que maneja Uribe
de una guerra ideológica internacional sin fronteras es una
reproducción exacta del proyecto imperial de Bush trasladado a la
región andina. Claramente, Uribe aspira a desempeñar un papel
subimperial en la región septentrional de América del Sur, bajo la
tutela de EE UU.
La doctrina Uribe constituye un rechazo inequívoco de todos los
principios de las Naciones Unidas y es una violación del derecho
internacional, ya debilitado por el asentimiento de la mayoría de los
principales países latinoamericanos a la invasión conducida por EE
UU de Haití, el secuestro de su líder elegido (el presidente
Bertrand Aristide) y la presencia de unidades militares coloniales
latinoamericanas en la isla.
Por último, la doctrina Uribe permite hacer avanzar el funcionamiento
militar conjunto entre EE UU y las fuerzas armadas de Colombia como
escudo avanzado para la consolidación del poder imperial de EE UU en
América Latina. El cínico apoyo –al 100%– de Washington a la
intervención de Uribe pone en claro que se trata de una actividad
conjunta, sancionada y aprobada por los funcionarios de las fuerzas
militares y especiales de EE UU que actúan en el Ministerio
colombiano de Defensa.
Venezuela-Colombia: ¿lucha nacional o lucha de clases?
La amenaza colombiana a la soberanía de Venezuela es considerada por la
oposición de derecha de Venezuela como una intervención afortunada.
Tras fracasar en todos sus esfuerzos, violentos e inconstitucionales,
para derrocar al presidente Chávez, la oposición burguesa está
dispuesta a aceptar la hegemonía reaccionaria colombiana a cambio de
la eliminación de su enemigo de clase, el movimiento chavista. Esta
actitud quedó meridianamente clara en los debates del Congreso
venezolano tras el secuestro de Granda: los grupos parlamentarios de
la oposición condenaron la defensa hecha por el Gobierno venezolano
de la soberanía nacional y justificaron la intervención de Uribe en
Venezuela. Un congresista chavista, Luis Tascón, calificó de traición
la defensa que hizo la oposición de las acciones de Uribe. Esto podría
tener un significado más profundo: que los intereses de clase de los
burgueses venezolanos son más importantes que cualquier lealtad hacia
su país.
La idea de crear un "frente patriótico nacional" contra la
agresión colombiana, presentada por algunos congresistas chavistas,
pronto quedó claramente de manifiesto que era pura ilusión. La
burguesía venezolana elige sus posiciones políticas basándose en
lealtades de clase y no en llamadas al patriotismo. Los únicos
defensores consecuentes de la soberanía venezolana se encuentran en
la gran masa pobres urbanos, en los trabajadores con conciencia de
clase y en las clases medias bajas progresistas de Venezuela, y entre
sus contrapartes en Colombia. La vida real demuestra que el conflicto
no es entre "colombianos" y "venezolanos" sino
entre los trabajadores y campesinos patrióticos de Venezuela y sus
enemigos entre las elites colombianas y sus auxiliares entre el
burguesía traidora venezolana (escuálidos). La burguesía venezolana
será un "caballo de Troya" en caso de invasión proveniente
de Colombia y de EE UU. Hoy apoyan el secuestro criminal de Granda
realizado por Uribe; mañana se convertirán en los quintacolumnistas
saboteadores de apoyo a una invasión.
Colombia: un cliente estratégico del imperio de EE UU
Washington ha proporcionado más ayuda militar a Colombia que a todo el
resto de América Latina junta, y más que a ningún otro país del
mundo, con la excepción de Israel. La estrategia de EE UU gira en
torno a la derrota del movimiento masivo e influyente de guerrilla
como paso previo hacia la consolidación de su poder en la región
andina y la cuenca superior del Amazonas. Una vez asegurada esta región,
se convertiría en un trampolín para la invasión y ocupación de
Venezuela y de sus yacimientos petrolíferos, y daría un fuerte golpe
al Gobierno revolucionario en Cuba. EE UU, a través de Uribe, ha
triplicado durante los últimos años el tamaño de las fuerzas
armadas colombianas, que en la actualidad cuentan con más de 267.000
efectivos. Ha aumentado en gran medida su potencia de fuego aérea
(helicópteros y aviones de combate) y ha proporcionado el armamento
tecnológico más avanzado para detectar y seguir los movimientos de
guerrilla.
Sin embargo, esta estrategia, capaz de masacrar a miles de campesinos
simpatizantes de la guerrilla y de desplazar a varios algunos
millones, no han podido conseguir ninguna ventaja militar estratégica
sobre la guerrilla. Mientras el régimen colombiano esté trabado por
la resistencia guerrillera, sólo puede desempeñar un papel limitado
en cualquier invasión militar de Venezuela. Si Uribe se embarca en
una invasión de Venezuela patrocinada por EE UU, puede situarse en
una postura arriesgada que abra una buena parte del territorio
colombiano a una ofensiva de la guerrilla. Entrar en una guerra de dos
frentes (Este y Oeste) es una propuesta arriesgada, como Hitler pudo
comprobar en la Segunda Guerra Mundial y como Bush está aprendiendo
hoy en Oriente Medio.
El secuestro de Granda es sólo un "ensayo general" de un más
amplio proyecto de escalada de las provocaciones destinado a comprobar
la lealtad, la disciplina y la eficacia del sistema venezolano de
seguridad. Washington está verificando hasta dónde puede empujar a
Venezuela en la rendición de su soberanía y su control de las
fronteras.
La inmediata decisión del presidente Chávez de romper las relaciones
económicas y militares, de llamar a su embajador y de exigir de que
Uribe renuncie a su política de intervención unilateral (enmarcada
en el lenguaje diplomático de petición de disculpas) fue un duro
golpe a esta clase de intervención paso a paso, que conduciría a la
invasión.
Los esfuerzos de Uribe y Washington de introducir una cuña entre la
resistencia popular en Colombia y el Gobierno Chávez utilizando el
"problema terrorista" como cachiporra política, ha tenido
en parte resultados inesperados: ha despertado una potente corriente
oculta de sentimiento nacionalista en Venezuela, a la vez que afecta
seriamente a sectores importantes de la economía colombiana,
incluidas las élites que apoyan generalmente a Uribe.
La propuesta de Washington y Uribe de una conferencia internacional en la
que se discuta el problema del terrorismo se basa en su reconocimiento
de que, hoy, la mayoría de los regímenes latinoamericanos están
impacientes por servir a los intereses imperiales de EE UU. Durante el
período previo de guerra económica y política continua contra el
Gobierno elegido de Chávez por parte de la derecha autoritaria, el
brasileño Celso Amorin organizó un grupo de países que llamó
"Amigos de Venezuela" compuesto por líderes neoliberales
iberoamericanos hostiles, entre otros el ex presidente Aznar y el
presidente Bush (ambos apoyaron el fallido golpe militar), los
presidentes Fox de México y Lagos de Chile (destacados
librecambistas) y, por supuesto, Brasil, que otorgó a la oposición
política derechista venezolana un estatuto idéntico al del Gobierno
elegido. Con todo acierto, Chávez rechazó la mediación de tales
"amigos". Hoy Lula ofrece sus servicios de nuevo "para
mediar" entre un agresor internacional y un país soberano. Cuba
aparte, ni uno solo de los regímenes clientelares latinoamericano ha
condenado la agresión de Uribe; peor aún, ni uno solo ha mostrado
claramente su oposición a la doctrina de extraterritorialidad implícita.
El presidente Chávez es claramente consciente de las trampas de una
"cumbre internacional" dominada por gobiernos neoliberales
hostiles y favorables al imperio, que ya han aceptado y se han
sometido a la doctrina antiterrorista Bush-Uribe.
Chávez actúa con todo acierto al contraponer el concepto de un foro
bilateral en que el foco esté en la intervención y las pretensiones
hegemónicas de Colombia, donde los problemas de la política brutal
de Uribe de terrorismo de Estado puedan convertirse en parte del
debate público sobre el "terrorismo". Por supuesto,
Washington "aconsejará" a Uribe que no lo acepte. Chávez
podría entonces ordenar a su ministro de Asuntos Exteriores que lleve
el asunto la Asamblea General de la ONU como cuestión de urgente
importancia para la paz, la seguridad y la soberanía nacional. Chávez
ha dado respuesta ya a la agresión pública continua de EE UU
firmando acuerdos de exportación de petróleo y de inversiones con
China, Rusia, América Latina y Europa. La suspensión de
importaciones de productos agrícolas colombianos podía desencadenar
un esfuerzo más intenso para promover la producción agrícola local,
dar empuje a una reforma agraria más expeditiva y mas inversión pública
en la producción local de alimentos.
El secuestro de Granda y la corrupción de algunos funcionarios
venezolanos pueden servir de llamada de atención para los líderes
venezolanos sobre las amenazas reales para la soberanía nacional que
emanan de la doctrina Uribe, apoyada por EE UU. La amenaza es real,
sistémica e inmediata. El presidente Uribe tiene el apoyo de una
potencia imperial, pero Chávez tiene el apoyo de la mayoría
abrumadora de venezolanos y cuenta con el hecho de que estarían
dispuestos a luchar para defender su tierra, su Gobierno y su derecho
a vivir como pueblo soberano. La cuestión de la soberanía venezolana
no es ahora simplemente una cuestión de maniobras diplomáticas, sino
de organización de la gran masa de los venezolanos para convertirse
en una fuerza de disuasión militar formidable ante toda agresión
armada.
20 enero 2005
|
