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Bajo
la mirada de Washington
Amenazas
sobre el presidente
Por
Maurice Lemoine
Le
Monde Diplomatique, 03/03/05
Reproducido
por Rebelión, 07/03/05
Traducido
por Juan Vivanco
El
31 de enero de 2005 el presidente venezolano Hugo Chávez fue recibido
triunfalmente por los militantes altermundialistas del Foro Social
Mundial de Porto Alegre. El que para la izquierda latinoamericana se
ha convertido en el símbolo de la resistencia al neoliberalismo y a
la hegemonía estadounidense habló en aquella ocasión de la
necesidad de «implantar una economía social para superar el
capitalismo». Después de haber soportado las intrigas de la Casa
Blanca, que lo intentó todo para desestabilizarle, Chávez vuelve a
ser la bestia negra de la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y de
los nostálgicos de la guerra fría como el Secretario de Estado
Adjunto, Roger Noriega, el Subsecretario de Estado, John Bolton, el «duro»
Elliot Abrams, Viceconsejero de Seguridad Nacional, o John Negroponte,
veterano de la guerra sucia en Centroamérica y actual director de la
todopoderosa Agencia Nacional de Seguridad. Obsesionados por impedir
que, según ellos, surja una... «nueva Cuba», recurren a los métodos
aplicados contra todos los gobiernos y países que han tratado de
independizarse del Imperio.
Tras
salir airoso del intento de golpe de estado del 11 de abril de 2002,
del cierre patronal de diciembre de 2002-enero de 2003 (64 días de
cese de la actividad económica), del referéndum revocatorio del 15
de agosto de 2004 y de las elecciones del 31 de octubre del mismo año,
que dieron a su movimiento 20 de los 22 gobernadores y 270 de los 337
alcaldes, el presidente bolivariano aplica una audaz política en pro
de los sectores desfavorecidos. Tras recuperar el control de la
empresa nacional petrolera PDVSA, en 2004 se han invertido en planes
sociales 3.500 millones de dólares de la renta petrolera(1). Por otro
lado, Chávez ha desempeñado un papel decisivo en el escenario
latinoamericano, donde ya no está aislado (aunque no siempre bien
acompañado).
Los
efectos perversos del dogmatismo liberal promovido por Washington, el
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo han ocasionado un indudable giro a la
izquierda en el subcontinente (Argentina, Brasil, Panamá, Uruguay)
durante los últimos años. Hasta en Méjico se vislumbra una victoria
del actual alcalde de la capital, Manuel López Obrador, del Partido
de la Revolución Democrática (PRD). Frente al Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA), proyecto estadounidense de
recolonización económica del continente, la situación le permite al
presidente venezolano impulsar su proyecto de Alternativa Bolivariana
para las Américas (ALBA), una integración basada en la colaboración
y no en la competencia, inspirada en el principio del desarrollo endógeno
y dirigida a los sectores más desfavorecidos de la población.
En
este sentido, un primer paso ha sido la creación en Perú de la
Comunidad Suramericana de Naciones, formada por doce estados («Declaración
de Cuzco», 8 de diciembre de 2004)(2), aunque de momento es una
organización más bien simbólica y Estados Unidos conserva en ella
varios aliados incondicionales (Colombia, Ecuador, Perú y, fuera de
esta área geográfica, los países centroamericanos).
Más
concretamente, además de la alianza estratégica con La Habana
(mediante un acuerdo de petróleo a cambio de médicos y maestros),
Venezuela acaba de concertar otra con Brasilia. El 14 de febrero se
firmaron en Caracas 26 acuerdos que van del sector energético
(cooperación entre PDVSA y Petrobrás en los ámbitos de exploración,
refino, etc.) al militar. A ellas hay que sumar, el 1 de marzo de
2005, la declaración conjunta de Chávez con Néstor Kirchner
(Argentina) y Luiz Inacio Lula Da Silva (Brasil), durante la toma de
posesión del nuevo presidente uruguayo Tabaré Vázquez, exponentes
los tres de una izquierda moderada. En esta «minicumbre» los cuatro
presidentes han decidido reforzar la integración regional y la
cooperación multilateral, una decisión que se concreta en varios
acuerdos bilaterales entre Venezuela y Brasil y Venezuela y Argentina,
y la perspectiva de futuros acuerdos trilaterales. Por su lado Tabaré
Vázquez ha firmado un acuerdo de intercambio de petróleo venezolano
por productos alimentarios uruguayos.
Como
elementos de su proyecto bolivariano, Chávez trabaja activamente en
la creación de una cadena de televisión regional, Telesur —para
contrarrestar la influencia de la CNN—, de Petrosur —un bloque
petrolero latinoamericano—, un fondo económico para enfrentar el
agudo problema de la pobreza y un Banco Suramericano de Desarrollo.
En
su afán por reducir la dependencia tradicional venezolana del mercado
estadounidense, Chávez ha llegado a importantes acuerdos con países
emergentes como India, Suráfrica y China. En diciembre de 2004 se
entrevistó con su homólogo Hu Jintao en Pekín para discutir un
nuevo acuerdo bilateral (China va a duplicar su consumo petrolero en
la próxima década).
El
27 de marzo de 2001, en una declaración ante el Congreso de Estados
Unidos, el general Peter Pace, a la sazón jefe del Comando Sur del ejército,
consideró que en el esquema de poder global, que incluye el control
del petróleo, América Latina y el Caribe tienen más importancia
para Estados Unidos que Oriente Próximo. Así las cosas, además del
papel de locomotora que desempeña el presidente Chávez en la
resistencia latinoamericana al orden dominante, Washington ve con
desagrado la entrada de China, Rusia y Brasil, a medio plazo y por la
puerta grande, en la Faja del Orinoco, que está considerada como la
mayor reserva planetaria de crudo. Después de haber respaldado el
golpe de estado del 11 de abril de 2002 (el «11-A») y haber tomado
partido sistemáticamente por la oposición, hasta que esta se liquidó
a sí misma, Estados Unidos vuelve a la carga para crear una situación
similar a la que precedió al 11-A. Un goteo constante de
declaraciones de «altos funcionarios de la Casa Blanca» y
periodistas «bien informados» prepara a la opinión pública
estadounidense de cara a una desestabilización de Venezuela. En
noviembre de 2004 Condoleezza Rice alertaba a los países de la región
«sobre el riesgo que supone el régimen chavista», llamaba «ex
rebelde» al presidente (en alusión a su intentona de golpe de estado
del 4 de febrero de 1992) y a Venezuela, «problema real». Chávez
replicó: «Se equivocan, yo no soy un ex rebelde, soy un rebelde».
El 18 de enero la nueva responsable de la diplomacia estadounidense
volvió a calificar a su gobierno de «fuerza negativa en la región».
En
febrero de 2005, durante varios días, valiéndose de los voceros de
varias instituciones —Casa Blanca, Departamento de Estado, CIA—,
Washington relacionó la revolución bolivariana pacífica con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y acusó a Caracas
de ser una «amenaza regional», tener un gobierno «inestable», ser
un «proveedor poco fiable de petróleo», y desatar una carrera de
armamentos.
Tras
la acusación de vínculos con las guerrillas colombianas (recurrente
y desempolvada al menor pretexto, por burdo que sea) está la crisis,
tan grave como breve, entre Colombia y Venezuela tras el secuestro en
Caracas, el 13 de diciembre, del «embajador» de las FARC Rodrigo
Granda, llevado clandestinamente al país vecino (por los servicios de
información colombianos en combinación con oficiales venezolanos «untados»
con más de un millón de dólares) con desprecio de las formalidades
legales y vulneración de las leyes internacionales sobre la extradición
(3).
El
«arsenal de Chávez», por su parte, consiste en la compra de 40
helicópteros de combate MI-35 y Mig a Rusia (Washington se niega a
vender a Venezuela repuestos para sus F-16, adquiridos en la década
de 1980), 24 aviones de caza Super Tucán a Brasil, radares a China y
Brasil para la protección de su espacio aéreo, cuatro corbetas
construidas en los astilleros españoles Izar y seis aviones de
transporte C-295 fabricados por la filial ibérica del consorcio
europeo EADS (4), y por último 100.000 fusiles de asalto A-47 a Moscú.
Al
respecto, nadie parece haber reparado en que gracias a la ayuda masiva
de Washington a Bogotá en el marco del Plan Colombia, la capacidad
convencional del ejército colombiano ha aumentado considerablemente,
y no sólo en materia contrainsurgente, lo que en teoría carece de
sentido, ya que la estructura convencional de un ejército no sirve
para luchar contra las guerrillas. Hoy en día las Fuerzas Armadas
colombianas son cuatro veces superiores a las venezolanas en potencia
de fuego. Para la revolución bolivariana el peligro puede proceder
tanto de Bogotá como de Washington, ya que Colombia, en relación con
los intereses estratégicos de la Casa Blanca, está considerada
acertadamente como el Israel de la región andina.
Por
último, para la historia menuda (y la ironía de la situación), cabe
recordar que la debilidad estratégica del ejército venezolano fue
esgrimida como argumento por varios oficiales que participaron en el
golpe de estado de abril de 2002 —especialmente por los generales
Pedro Antonio Pereira (aviación) y Efraín Vásquez Velasco (ejército
de tierra) y el contraalmirante Daniel Comisso Urdaneta (armada)—,
quienes acusaban al presidente Chávez de debilitar la institución
militar. En efecto, con unos precios del petróleo muy inferiores a
los actuales, Chávez había reducido el presupuesto del ejército en
un 47% y lo había «aligerado» de la cuarta parte de sus efectivos,
desviando recursos para los programas sociales. De modo que se ha
limitado a restablecer un equilibrio roto momentáneamente.
Roger
Noriega, subsecretario de estado para América Latina, ha declarado
sin embargo que la compra de 100.000 A-47 y 40 helicópteros a Rusia
«es un motivo de gran preocupación para nuestros aliados de América
Latina, así como para el pueblo venezolano» (5). En el Washington
Post del 27 de febrero, Robert D. Novak, con el título de «La
infección de América Latina», denuncia que Chávez extiende su
influencia «con más facilidad de lo que nunca habría soñado su
amigo y aliado Fidel Castro» y le acusa de querer desestabilizar
Nicaragua, Bolivia, Perú y Ecuador. Juan Manuel Santos, ex ministro
de Hacienda colombiano y miembro de la familia propietaria del diario
El Tiempo (lo mismo que el actual vicepresidente Francisco Santos),
acusa al presidente bolivariano en un artículo titulado «Venezuela
arde... y puede incendiar Colombia» (6).
Para
acentuar la presión y apuntando claramente a Caracas y a su «democracia
participativa», Washington propone modificar la Carta Democrática de
la Organización de Estados Americanos (OEA) en su próxima reunión,
que se celebrará en el mes de julio en Fort Lauderdale (Florida), dotándola
de «un instrumento que permitiría a la región aislar los regímenes
que se aparten gradualmente de la democracia e intervenir en ellos».
El director de la CIA, Porter Goss, pone la guinda al predecir que en
2005 habrá una «situación inestable» en Venezuela.
Fortalecido
por sus indiscutibles éxitos electorales, Chávez ya no tiene
enfrente una oposición creíble. Pero la solución democrática no es
necesariamente el método más utilizado para reducir la soberanía y
la independencia de las naciones. George W. Bush refuerza el Comando
Sur. El Plan Colombia, al que se ha sumado el Plan Patriota, se
despliega este año a lo largo de la frontera venezolana. De Colombia,
precisamente, procedían los 91 paramilitares detenidos el 2 de mayo
de 2004 en los alrededores de Caracas. Los habían reclutado para que,
vestidos con uniformes del ejército venezolano, perpetrasen una
matanza, atacasen cuarteles y asesinasen al presidente Chávez,
haciendo recaer la responsabilidad en las tropas oficiales para
provocar el caos y justificar una intervención extranjera (7).
La
amenaza se mantiene. «Chávez debe morir como un perro, lo merece»,
declaró fríamente desde su exilio el ex presidente Carlos Andrés Pérez
(destituido por corrupción), y añadió: «No se puede salir de Chávez
y entrar inmediatamente a la democracia. (...) Se requiere una etapa
de transición, de dos o tres años, para sentar las bases de un
Estado de Derecho»; «el día que caiga Chávez hay que cerrar la
Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia también» (8). ¡Como
el 12 de abril de 2002! El 25 de octubre de 2004, desde Estados
Unidos, en un programa de televisión de la cadena 22 de Miami, el
actor y comunicador Orlando Urdaneta llamó a sus conciudadanos a
asesinar al presidente, diciendo que «el problema venezolano se
resuelve con un rifle de mira telescópica». Sin que hubiese ninguna
reacción del gobierno estadounidense, que tampoco se preocupa por la
presencia de campos de entrenamiento paramilitares de sectores
golpistas vinculados a los anticastristas exiliados en Homestead
(Florida) (9). En abril de 2004 el general «disidente» Felipe Rodríguez,
que había pasado a la clandestinidad hacía cinco meses, declaró sin
ambages que estaba organizando grupos clandestinos para derrocar al
presidente (10).
El
18 de noviembre de 2004 fue asesinado el fiscal Danilo Anderson, que
había procesado a los firmantes del decreto del 12 de abril de 2002
por el que se instauraba una dictadura en Venezuela. Fue algo más que
un aviso. Las amenazas no deben tomarse a la ligera, y las palabras de
Chávez en el programa Aló Presidente del 20 de febrero: «Si me
asesinan, hago responsable al presidente de Estados Unidos, George
Bush», tampoco.
Notas:
(*)
Maurice Lemoine es autor de Chávez presidente!, Editions Flammarion,
Paris, que saldrá en abril de este año.
(1)
El País, Madrid, 20 de febrero de 2005.
(2)
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay (Mercosur), Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela (Comunidad Andina), Chile, Guyana y
Surinam.
(3)
Ex marido de Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC en febrero de
2002, Jean-Charles Lecompte ha afirmado que el gobierno colombiano
conocía la presencia de Granda en Caracas y quiso así impedir la
reunión que iba a celebrar con una delegación suiza para abordar el
asunto del intercambio hmanitario y la liberación de la senadora (El
Universal, Caracas, 2 de marzo de 2005).
(4)
El País, 20 de febrero de 2005.
(5)
CNN, Atlanta, 13 de febrero de 2005.
(6)
Revista Dinners.
(7)
Véase Hernando Calvo Ospina, «Aux frontières du Plan Colombie», Le
Monde diplomatique, febrero de 2005.
(8)
El Nacional, Caracas, 25 de julio de 2004.
(9)
También cuentan con una extraña protección los tenientes de la
Guardia Nacional José Colina Pulido y Germán Rodolfo Varela,
implicados en los atentados contra las embajadas de España y Colombia
en Caracas, en 2003, que pidieron asilo en Estados Unidos en diciembre
de 2003. Seguirán en este país «porque existen pruebas suficientes
de que correrían peligro si fueran extraditados a Venezuela»(El
Universal, Caracas, 23 de febrero de 2005).
(10)
Miami Herald, 10 de abril de 2004.
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