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Los
abundantes petrodólares venezolanos, junto a la empatía política de
los gobiernos de Néstor Kirchner y Hugo Chávez, arrimaron a muchas
empresas argentinas casi a las puertas del paraíso
Tropicalísimo
Por
Cledis Candelaresi
Cash
– Página 12, 25/03/07
Los
prejuicios de muchos empresarios locales respecto de Hugo Chávez son
abandonados cuando se trata de celebrar millonarios contratos. Ya se
cerraron operaciones como el salvataje financiero de SanCor, la
asociación Enarsa–Pdvsa o el renacer de Astilleros Río Santiago.
Desde pymes hasta los exitosos de siempre, encabezados por Techint,
Roggio, Cartellone, Pescarmona, Grobocopatel, Cirigliano y Macri, están
en primera fila para concretar negocios en Venezuela.
Los
abundantes petrodólares venezolanos, junto a la empatía política de
los gobiernos de Néstor Kirchner y Hugo Chávez, arrimaron a muchas
empresas argentinas casi a las puertas del paraíso. O, al menos, a la
posibilidad de hacer negocios hasta hace poco impensados, como el
salvataje financiero de SanCor o el renacer de Astilleros Río
Santiago, que construye dos buques petroleros por 58 millones de dólares
cada uno. Una prueba de ese creciente vínculo es que en cuatro años
se triplicó el superávit comercial a favor de Buenos Aires, que cada
vez le vende más y más variados productos a Caracas. Así consiguió
en el último año un saldo a su favor superior a los 700 millones de
dólares vendiendo desde carne a hardware hospitalario. Argentina
también se perfila como una destacada proveedora de tecnología al país
caribeño, que utilizará inteligencia local para construir viviendas
sociales, desarrollar la industria metalmecánica o para sembrar soja.
El plan chavista para reemplazar gradualmente las naftas por el gas
natural comprimido e invertir 1850 millones de dólares en la
industria del GNC habilitó la formación de empresas mixtas con
socios argentinos. Al calor de este maridaje económico, en este
extremo del continente se entusiasman desde pymes hasta los exitosos
de siempre, listado encabezado por Techint, al que se fueron sumando
Roggio, Cartellone, Pescarmona, Grobocopatel, Cirigliano y Macri,
entre otros.
Esta
favorable perspectiva fue minando los prejuicios que muchos
empresarios locales tienen respecto de la administración chavista. La
presunta hostilidad del mandatario venezolano hacia el capital privado
no talla cuando se trata de celebrar contratos de servicio, como el
cerrado por Gustavo Grobocopatel, que proveerá know how para que
Venezuela se autoabastezca de soja y otros cereales en cuatro años.
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Asociación
ENARSA–PDVSA y los negocios de Techint
Petróleo
y acero
Venezuela
no sólo es para la Argentina una buena alternativa para ampliar la
frontera de los negocios privados sino, básicamente, el reaseguro de
conseguir combustible en la cantidad y momento que lo precise, eso sí,
a riguroso precio de mercado. Otra buena chance, quizá más
contundente, es la incipiente apertura de la riquísima Faja del
Orinoco a la estatal Enarsa que, a pesar de la escasez de capital para
explotar el subsuelo argentino, está a punto de trasnacionalizarse de
la mano de Pdvsa. Los detalles de esta comunión entre las dos
empresas estatales aún no están definidos, pero hay dos cuestiones
fuera de duda: que la administración de Hugo Chávez formalizó el
convite y que cualquier emprendimiento en la Faja entrañará muchos
cientos de millones de dólares de inversión.
Procesar
el petróleo extra pesado venezolano implicaría también la
construcción de una refinería cuyo valor supera los 2 mil millones
de dólares. Montos difíciles para Enarsa, cuyo principal capital hoy
es un intangible, como el derecho para explorar y explotar áreas
offshore en la costa argentina. Conociendo esa restricción, algunas
petroleras privadas que operan en el mercado local ya le acercaron a
Julio De Vido la idea de asociarse a la empresa pública para aportar
dinero.
La
asociación es una fórmula recurrente a la que apela Pdvsa para el área
de hidrocarburos, ahora con el fin de que el Estado gane participación
en ese rubro vital para su economía.
Bajo
la amenaza cierta de tomar las plantas de producción, Chávez obligó
a reconvertir un grupo de contratos de servicios con las petroleras
privadas, que habían sido celebrados por anteriores gobiernos. La fórmula
impuesta le da a Pdvsa la mayoría accionaria, con el 60 por ciento. A
cambio, sus socios tienen un acuerdo por más plazo que el original y
pueden disponer libremente del 40 por ciento del crudo que produzcan.
Casi todas aceptaron las nuevas condiciones impuestas, salvo la
norteamericana Exxon, que vendió su contrato; la italiana Eni, que
acudió al Ciadi; y la francesa Total, cuyo campo fue tomado. Un
proceso similar está comenzando en la Faja, zona a la que Enarsa fue
invitada.
Estos
vericuetos negociadores son bien conocidos por Techint, que a través
de Tecpetrol opera varias áreas en Venezuela con contratos
reconvertidos. El holding de la familia Rocca también conoce el paño
a través de la acería Sidor, con la que el destino le dio
oportunidad de un desquite. El grupo había construido esa planta en
la década del '70, a través de un contrato de obra pública que,
inflación mediante, le resultó un negocio pésimo. Años después, y
privatización mediante, la trasnacional argentina se alzó con la
planta como adjudicataria. A fines de 2006 se avino a la exigencia
chavista de pagar muy por encima del valor de contrato el hierro que
le compra a la estatal Ferrominera. Aun así, Paolo se muestra como un
inversor entusiasta en Venezuela.
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También
se archivó la "ideología" cuando la mendocina Impsa
consigue colarse en el emprendimiento hidroeléctrico Macagua I y,
posiblemente, Macagua II, represas a orillas del río Carolín a las
que proveerá turbinas por más de 100 millones de dólares en cada
caso. Desde que consiguió el primer contrato, Enrique Pescarmona
hasta eludió con esmero cualquier crítica a la política
kirchnerista, consciente de que su logro fue favorecido por la gestión
del Gobierno. Finalmente, tanto en este caso como en el de
Grobocopatel, no se trata de invertir a riesgo bajo las pautas del
Palacio Miraflores sino de venderle bienes o servicios.
El
otro estímulo que tienen las empresas locales es la posibilidad de
hacer buenos negocios con el dinero de ambos estados. Cammesa, la
administradora del mercado eléctrico mayorista argentino, compra para
las generadoras fueloil y gasoil a Venezuela, cuyo pago integra un
fondo fiduciario administrado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico
y Social de aquel país. En los dos últimos años, allí se
acumularon poco más de 390 millones de dólares que, en virtud del
Convenio Integral de Cooperación firmado el 6 de abril del 2004,
deben ser utilizados para la compra de productos argentinos.
Así
Medix pudo lo que nunca: exportar incubadoras por 23 millones de dólares;
otros 50 millones fueron capturados por las grúas de Hidroé y 113 se
los llevaron los fabricantes de maquinaria agrícola. Una lista de
operaciones que también incluyó ganado en pie, los ascensores de
Servas o el software provisto por la filial local de Philips, entre
otras.
Las
operaciones hechas en ese marco tienen algunos alicientes adicionales,
como que Venezuela adelanta el 30 por ciento del valor a su proveedor
argentino, que por esta vía consigue prefinanciarse. Amén que el
Estado venezolano puede reforzar el fideicomiso con recursos propios a
voluntad, sin esperar que Argentina le compre más combustible. El
presupuesto local para este año contempla unos 230 millones de dólares
para la compra de carburante venezolano que nutrirán ese fondo
utilizado para comprar productos argentinos. Pero si Chávez tuviera
el ánimo de promover las importaciones desde este extremo sur del
continente, puede asignar una partida extra en cualquier momento.
El
convenio es un marco auspicioso, pero superado por la prolífica
relación bilateral. De hecho, no se honró estrictamente la pauta
original de usar el fondo para importar productos "agropecuarios
y petroenergéticos" argentinos porque, en este último caso, la
competencia de los norteamericanos resultó insuperable. Pero sí se
vendieron alimentos por fuera de este esquema a la estatal venezolana
Coordinadora de Abastecimiento de Servicios Alimentarios. Otra vía
alternativa ha sido la singular operación cerrada con SanCor por la
cual la cooperativa fundada en Santa Fe repagará con leche en polvo
el préstamo de 135 millones de dólares otorgado por aquel país.
La
nutrida comitiva empresaria que acompañó en febrero al presidente
argentino a Puerto Ordaz se explica por el amplio abanico de negocios
que se está desplegando ante las firmas locales, a veces más
prometedores que los que pueden en su propia tierra. El del GNC es un
caso testigo. Venezuela encaró un ambicioso plan para reconvertir a
gas natural comprimido los vehículos particulares y todo el
transporte público, incluida la flota oficial, de un total superior a
los 600 mil vehículos. La meta es llegar en el 2009 a propulsar con
GNC 312 mil unidades, número que podría duplicarse un poco después.
De esa manera, los venezolanos irían liberando el petróleo y sus
derivados para la exportación. El gas es igualmente abundante pero
difícil de aprovechar si no se consume internamente. Con ese
objetivo, Pdvsa asignó 1850 millones de dólares al desarrollo un
parque industrial del rubro. Las fábricas mixtas de kits y
compresores a integrar con socios argentinos privados reservarán a la
petrolera el 51 por ciento en todos los casos y, en algunos, ésta será
la única aportante de capital. El programa oficial prevé que ese país
regalará los equipos de gas a los automovilistas venezolanos, que
comprarán el GNC por un valor casi simbólico.
Otro
beneficiario de este amplio programa es Claudio Cirigliano, dueño del
Grupo Plaza y operador de Trenes de Buenos Aires. Tatsa (Tecnología
Avanzada de Transporte Sociedad Anónima), su fábrica de carrocería
radicada en San Martín, está preparando un prototipo de colectivo
propulsado a gas que, de conquistar el aval venezolano, activará un
programa de fabricación de 1000 unidades para aquel mercado.
Tampoco
se quedan atrás los constructores. Aldo Roggio viajó con Kirchner en
representación de la Cámara Argentina de la Construcción junto a
otros socios como Iecsa (grupo Macri), Homa, Cartellone, Pescarmona y
Electroingeniería, flamante socia de Enarsa para Transener. Este
renglón de la movida patronal se fundó en el afán de analizar cómo
sumarse al plan venezolano de construir 180 mil viviendas sociales por
año y subsanar un déficit de 2,5 millones de casas. El Instituto
Social de Venezuela tiene el presupuesto pero no la tecnología ni la
capacidad de gerenciarla y ahí tallan las firmas locales. El otro
gran anzuelo es el amplio programa de infraestructura, al que algunos
locales consiguieron sumarse disputándoles el negocio a otras firmas,
como la brasileña Oberdrech o la italiana Impregilo.
El
conocimiento local es a los venezolanos tan atractivo como para los
argentinos su subsuelo pródigo en hidrocarburos. En esta creciente
venta de tecnología también interviene activamente el Estado, a través
de empresas como Invap, que provee hardware para usos medicinales, y
organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria o el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El INTA hizo punta con
un asesoramiento para mejorar los rindes agrarios que complementará
al de Los Grobo. Entre otros aportes, el INTI auxiliará a Chávez a
desarrollar la industria metalúrgica aguas abajo para aprovechar allí
mismo el acero que produce Sidor, de Techint, argentina pionera en
este desembarco en tierra de Chávez.
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