Golpe de estado en Washington

Rendición silenciosa en Norteamérica y el mundo

Por Andre Gunder Frank (*)
Memoria, revista mensual de política y cultura, N° 185, México, julio 2004

Desconfíe de las teorías conspirativas, preocúpese de las conspiraciones reales y esté atento cuando se apropian del poder.

Esto ha sucedido en Washington y sus instigadores están siguiendo una política de hechos consumados que atrae todavía a más gente a embarcarse en ella. Sin embargo, Pat Buchanan ha dicho que esta política ya ha ofendido a gran parte del público americano.

La administración Bush ha dado un golpe de Estado real y aparentemente ha conseguido la aceptación tácita de Estados Unidos y del mundo. Aun Hitler y Mussolini llegaron al poder por caminos electorales y Stalin y los dictadores de América Latina debieron recurrir a la violencia para realizar sus golpes de Estado. Bush y su pequeña camarilla no precisó de nada de esto para establecerse en el poder. Desde entonces, repetidamente y groseramente ha violado su juramento al tomar el cargo, de “preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos”.

El golpe

Para comenzar, el ascenso de Bush a la presidencia fue una violación a la Constitución. No es porque haya recibido una minoría de votos populares, ya que la Constitución establece la elección de presidente por un colegio electoral, sino porque Bush recibió el voto del colegio electoral mediante el fraude, pues perdió el voto popular decisivo y con ello el voto del colegio electoral de Florida. Su hermano Jeb, como gobernador de Florida, con la ayuda de la señora Harris, como secretaria de Estado, primero privaron a cientos de miles de votantes negros, presumiblemente demócratas, de su voto mediante la incineración, la intimidación y otros medios.

La mafia cubana republicana envió físicamente a sus escuadras terroristas a impedir un recuento en Broward County. La señora Harris hizo todo lo que pudo, que era mucho, para interferir en el recuento de votos en otros condados de Florida. Los supuestos recuentos que se hicieron fueron una farsa. Ellos solamente recontaron votos que no fueron contados en el primer escrutinio por votantes que habían sido incapaces de agujerear completamente las plantillas de votos sin dejar los infames pedacitos colgando.

Más importante todavía fue la decisión que repiten los periódicos de no contar nunca los votos que habían sido para los demócratas, sino que se descontaron, ya que los votantes equivocadamente pincharon un segundo agujero en un voto que confundía, hasta el punto que el tercer candidato, Pat Buchanan, declaraba públicamente que estos votos duplicados en condados densamente judíos o demócratas, no eran seguramente para él, sino para el candidato del Partido Demócrata. Estos votos, o siquiera la mitad de ellos (si se distribuían entre los otros candidatos), habrían dado una mayoría decisiva del voto popular y, con eso, los votos del colegio electoral en Florida a los demócratas. Sin embargo nunca fueron contados o recontados para los demócratas.

Al fin, Bush no fue electo, sino selecto en la Corte Suprema por el voto político vacilante del juez Kennedy. El voto del juez Scallia ya estaba en la bolsa y tenía dos hijos que trabajaron en la campaña de Bush. La apelación a la Corte Suprema basada en la enmienda 14, que garantiza el debido proceso legal, fue irónicamente sesgado, pues se aplicó selectivamente sin el debido proceso para aplastar el voto popular en Florida, pero los mismos procedimientos de proceso debido no se aplicaron a votos discutidos en otros estados. Esto, en sí mismo, ya era un coup d'etat de facto.

Entonces, varios miembros de la Cámara de Representantes llamaron a recusar al colegio electoral bajo las disposiciones constitucionales que permiten al Congreso hacerlo, si tiene el apoyo de al menos un miembro de ambas cámaras, pero no pudieron encontrar ni un solo senador, que pudiera hacer efectiva esta recusación. En otras palabras, el Congreso simplemente tuvo que inclinarse ante este asalto del poder mediante un coup d'etat de parte de la administración Bush que estaba dándose con el apoyo de la Corte Suprema y en clara violación de la Constitución.

Este fue el comienzo de la violación de la separación de poderes y del sistema de equilibrio constitucional. Desde entonces, la administración Bush ha conducido estas violaciones a extremos no conocidos en la historia de EU. Ni el presidente Lincoln en la Guerra Civil ni el presidente Roosevelt en la Segunda Guerra ni en intentos previos por tumbar a la Corte Suprema, nunca tanto poder se había apropiado y concentrado en la Poder Ejecutivo, marginando al Legislativo y Judicial.

Estemos alertas frente a las teorías conspirativas, pero enterémonos que fue realmente el vicepresidente electo Dick Cheney quien amasó la administración Bush, seleccionando a quien poner en las posiciones de poder adecuadas, especialmente en los asuntos relacionados con la defensa.

Estemos alertas frente al PNAC, el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, que ya estaba negociándose en Washington con sus planes para una “Pax Americana” en 1992, 1997 y 2000, entre otras fechas notables.

El PNAC produjo un largo informe en septiembre del 2000, titulado Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New Century. Su declaración de principios hace un llamado a un aumento masivo del poder militar, a la dominación militar por parte de EU en Eurasia, para prevenir el surgimiento de poderes hostiles, y la acción militar preemptiva (y no sólo preventiva) contra Estados sospechosos de desarrollar armas de destrucción masiva. Las prescripciones del PNAC han sido convertidas en la política oficial norteamericana y en la praxis de la administración Bush.

Los miembros fundadores del PNAC y firmantes de sus declaraciones incluyen al mismo Cheney; a Lewis Libby, el máximo asesor en materia de seguridad de Cheney, actualmente vicepresidente de su staff; a Donald Rumfsfeld, también miembro fundador, actualmente Secretario de la Defensa; a Paul Wolfowitz, actualmente subsecretario de la Defensa e ideólogo del grupo; a Elliot Abrams, perdonado por Bush padre en el escándalo Irán-Contra y actualmente miembro del Consejo de Seguridad Nacional; a John Bolton, subsecretario de Control de Armas y de Seguridad Internacional; a Richard Perle, el halcón más comunicativo en la administración Reagan que aboga por el hundimiento de Naciones Unidas, luego presidente del poderoso Defense Policy Board, que fue obligado a renunciar de sus posiciones por un escandaloso conflicto de intereses; a Randy Scheunemann, presidente del Comité por la Liberación de Iraq, que fue ayudante de Trent Lott en materias de seguridad y que sirvió como consejero de Rumsfeld sobre Iraq en 2001; a Bruce Jackson, ahora presidente del PNAC y antiguo vicepresidente de la manufacturera de armas Lockheed-Martin, que encabezó el Comité de Seguridad Nacional de la Plataforma del Partido Republicano –desde donde hizo un llamado, como lo había estado haciendo Wolfowitz por algunos años– para remover a Saddam Hussein; a William Kristol, escritor del Weekley Standard, una revista de propiedad de Ruppert Murdoch y de los halcones extremos de la Fox News Network; a Norman Podhoretz, editor del derechista Commentary; y otros como Robert Kaplan y Douglas Feith.

El grupo central del PNAC ahora ocupa las más altas posiciones en las esferas de poder en el Pentágono y domina en la Casa Blanca. También han ubicado a uno de su grupo en el Departamento de Estado para vigilar a Collin Powell, que es el único jugador en política exterior que no es miembro de este santísimo círculo interior.

Wolfowitz proporciona una interesante luz lateral. Perle y Feith también fueron a Israel a servir como consejeros del partido del primer ministro Ariel Sharon, para quien diseñaron un plan de batalla contra los palestinos. Detrás está la extraña política de alianzas en concubinato de dos de los más poderosas camarillas de cabildeo en EU: el sionismo organizado y el fundamentalismo cristiano. Por si acaso, también participa allí la mafia cubana.

Otra cuestión a considerar es alguna de las conexiones de esta misma gente con el sector privado. Dos ejemplos pudieran bastar para dar una idea general. Cheney era presidente de Halliburton Inc., que a su vez es propietaria de Brown&Root y de otros contratistas habituales del Departamento de Defensa para construcciones y grandes proyectos petroleros alrededor del mundo. A una de estas compañías se otorgó un contrato por un billón de dólares para reconstruir los campos de petróleos de Iraq en caso de que fueran dañados por la guerra. Otra, en la que el actual “primer Ministro” de Afganistán fue un director, está adelante en la línea para construir las cañerías de gas y petróleo a través de Afganistán, Asia Central y el Océano Índico. La familia Bush y el propio George W. Bush desde hace tiempo tienen negocios con Carlyle Group, que también representa a la familia Bin Laden, incluido Osama, con quien han mantenido también relaciones directas.

La Casa Blanca y el Poder Ejecutivo generalmente han hecho uso de sus plenos poderes para servir a sus aliados económicos y políticos. Aquellos que hicieron las más grandes contribuciones a la campaña han sido generosamente premiados con gratuidades y regulaciones o, más bien, liberación de regulaciones. La administración Bush ha expedido al menos 200 órdenes ejecutivas para dejar de lado normatividades establecidas por gobiernos previos, aun republicanos, para proteger el ambiente, la salud pública y la seguridad. Una orden ejecutiva tiene ahora un significado completamente diferente. Los intereses especiales escriben una orden que pasan al presidente para su firma y, en la mayoría de las veces, sin saber lo que hace, ésta las convierte en órdenes ejecutivas.

El Pentágono ha pedido a la Casa Blanca que lo exima de reglas de protección ambiental que estorban su disposición a gastar municiones y otro equipo que interfieren en la “seguridad nacional”. Deliberadamente, el presidente nombró como secretario del Interior a una persona conocida por sus lazos con las industrias de la madera y del petróleo, para cuya explotación ellas buscan abrir miles de acres de tierras federales, así como la Alaska Wilderness para la construcción de nuevas cañerías, todo, por supuesto, en interés de la “seguridad nacional”.

El bill of rights y la Constitución

Algo más serio todavía, la administración Bush ha desgarrado la Declaración de Derechos, derogado la Constitución y hasta ha violado la antigua Ley de Habeas Hábeas, que prohíbe la detención y la retención de cualquier persona contra su voluntad o sin el debido proceso de ley.

En otra parte del Ejecutivo, el presidente Bush nombró y dio todo su apoyo al Fiscal General John Ashcroft, que ya era conocido por sus inclinaciones racistas y autoritarias. Aunque muchos senadores tenían dudas acerca de su nombramiento, de todos modos el senado lo ratificó.

Desde entonces, Ashcroft y su estado mayor han convertido diversas ramas del Departamento de Justicia en las de un estado policial. El Ejecutivo ha alentado y permitido al Fiscal General y a la rama Judicial del Departamento de Justicia violar el Bill of Rights y la Constitución en múltiples casos. Por ejemplo, el gobierno de EU ya reclama el derecho a monitorear todos los correos electrónicos, escuchar clandestinamente las conversaciones telefónicas sin permiso judicial específico.

La administración Bush trajo de regreso al gobierno al almirante Pointdexter, tras su participación en el escándalo Irán-Contra y por mentir al Congreso. Su nueva misión es un proyecto llamado Total Information Awarness (TIA) para desarrollar computadoras para monitorear “vastas cantidades de datos generados por los civiles de EU en su vida diaria: notas académicas, recibos ATM, recetas médicas, llamadas telefónicas, licencias de conducir, pasajes de avión, permisos de parqueo, pagos hipotecarios, información bancaria, e-mails, visitas a internet y uso de tarjetas de crédito” (The Guardian, 23 de noviembre de 2002).

Para criticar todo esto y la Patriot Act, sólo se levantó una voz en la Cámara de Representantes, Dennis J. Kucinich (D-Ohio), que preguntó: “¿Cómo podemos justificar la cancelación en efecto de la Primera Enmienda y del derecho a la libre expresión, el derecho a reunirnos pacíficamente?, ¿la Cuarta Enmienda, probable causa, la prohibición contra investigaciones irrazonables o detención arbitraria?, ¿la Quinta Enmienda, al anular el debido proceso y al permitir el encarcelamiento infinito sin juicio?, ¿la Sexta Enmienda, el derecho a un juicio pronto y público?, ¿la Octava Enmienda, que protege contra castigos crueles y arbitrarios?”. La Enmienda Catorce, que garantiza el debido proceso de ley, está siendo violada todos los días.

Y ¿la justicia para todos?

La Constitución hace que todos los derechos que garantiza sean extensivos para todos en EU, pero el Fiscal General ha declarado que los no nacionales no merecen la protección de la Constitución. No sabemos todavía qué pérdida significa esto, ya que el Departamento de Justicia y su servicio de Inmigración y Naturalización (INS) también han propuesto despojar a naturalizados y hasta a ciudadanos nacidos en EU de su ciudadanía, en clara violación de la Constitución. Aun aquellos que permanecen como nacionales americanos están bajo constante amenaza que sus derechos sean violados sin el debido proceso bajo la Enmienda Catorce o de ser detenidos en violación al Habeas Hábeas. Se niega a ellos representación legal y juicio en tribunales civiles, como lo provee la Constitución. En particular, cientos de miles de americanos residentes y de ciudadanos de ascendencia árabe o por rasgos que les hace pensar a agentes individuales del Departamento de Justicia o a la percepción racial de la policía, de que se trata de árabes o musulmanes, o quizá otra cosa, son llevados a interrogatorios. Cuando aparecen en Los Ángeles, son detenidos sin cargos. Ellos viven en el miedo constante a los infames golpeteos de puertas a las 3 de la mañana, que hizo infames a la gestapo de Hitler y a la GPU de Stalin. Es así si todavía son favorecidos por el golpe en la puerta antes de una ráfaga de ametralladora o el disparar primero y preguntar después, cosa que también ha ocurrido.

Hasta ahora, según se sabe, más de 700 personas han sido mantenidas en detención desde septiembre de 2001, aun cuando pudiera haber muchas más, ya que nadie sabe o dice dónde están, quiénes son o de qué se les acusa. De ellos, sólo una docena ha sido acusada de algo. Los otros permanecen fuera de la vista –y fuera de la mente–, excepto para sus familias a las que no se permite recurrir a ninguna representación legal segura. Eso pasa con los inocentes prisioneros afganos arrojados encadenados en Guantánamo, en donde no se da cuenta de nadie, y de los incontables que aún están detenidos en horribles condiciones en Afganistán. ¿Cómo es esto que no haya ninguna protesta pública? La Associated Press del 18 de junio de 2003 señala que “los nombres de los detenidos del 11/9 pueden mantenerse en secreto, dictaminó la Corte”, mientras “el Fiscal General John Ashcroft elogió el dictamen (en el que)... por primera vez en la historia de EU, una corte ha aprobado los arrestos secretos”.

Por otro lado, el mismo Ejecutivo ha despojado al Judicial de poderes y a los ciudadanos de la protección judicial, al transferir poderes de la rama judicial a la propia. Quizá la punta de iceberg más visible de este proceso es la declaración de la administración Bush y del Pentágono de que conducirá normalmente juicios civiles ante tribunales militares que operan bajo reglas de Corte Marcial y otros procedimientos de la “justicia” militar que pueden ordenar penas de muerte sin apelación. Todavía más, los acusados no saben dónde encontrar ni pueden elegir consejería legal y sus conversaciones con quien sea son vigiladas por las autoridades.

El prestigioso y muy conservador publicista William Saffire se refiere a éstas como “tribunales canguros” y observa que ya la rama judicial y el jurado independiente no se levantan entre el gobierno y el acusado. En lugar de esos sistemas de vigilancia y equilibrio de nuestro sistema legal, ahora el no-ciudadano enfrenta un ejecutivo que es investigador, fiscal, juez, jurado, carcelero o verdugo. En un giro orwelliano, el orden de Bush llama a esta abominación de estilo soviético “un juicio pleno y justo”.

La tierra de los libres

John Ashcroft también ha dado instrucciones al Departamento de Justicia para resistir hasta donde sea posible la entrega de documentos bajo la Freedom Act. El mismo Ejecutivo ha restringido severamente la clase y el número de documentos que emanan de él y que está preparado para hacer públicos. En otras palabras, la transparencia y, con eso, el control o aun la crítica de estos poderes en constante expansión y de su uso por el Poder Ejecutivo, están siendo severamente restringidos. Por otro lado, el Poder Ejecutivo ha multiplicado sus propios accesos a la información. Durante el debate congresal sobre la Patriot Act de John Ashcroft , una nota de información de la American Civil Liberties Union sobre los asaltos del proyecto al Bill of Rights se revelaba en la sección 215 del Acta , que decía a la letra: “Se garantiza a los agentes del FBI a través del país plena autoridad para obtener una orden de la corte del FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act)... para requerir a cualquier persona o empresa a presentar cualquier libro, grabación, documentos u otros items.” Esto incluye a librerías y bibliotecas públicas que estarían obligadas a divulgar qué está leyendo quién. Ahora esta es la ley.

¡Qué lástima! El Congreso ha sido intimidado para la aceptación pasiva de virtualmente todo lo que proponga el Ejecutivo. Aprobó La Patriot Act, que restringe severamente las libertades civiles, prácticamente sin ni siquiera leerla. La propuesta de una Patriot Act 2 todavía no ha sido sometida al Congreso para estudio aun cuando hay una versión que se ha filtrado por la prensa y que sugiere que ésta viene a proponer más de un estado policial que la primera. Cuando el líder de la mayoría demócrata en el Senado voceó sólo unas pequeñas dudas acerca de las movidas militares de Bush, fue inmediatamente reprimido por su contraparte Lott, el líder de la mayoría republicana, pues “¿Cómo se atrevía a criticar al presidente en tiempos de guerra?” Ambos fueron obligados a renunciar poco después, pero por escándalos que no tenían que ver con éste.

Todavía más, el Ejecutivo ha sido más que sigiloso acerca de los sucesos y circunstancias del 11 de septiembre de 2001 y el Congreso no ha lanzado por su cuenta ninguna investigación seria. Ni aun ha habido cualquier investigación pública para aclarar esos fracasos de la Fuerza Aérea o de la Guardia Nacional para escudriñar en la confusión de la aviación de guerra, en investigar a aviones comerciales que iban fuera de vía. Estas son rutinas estándard en procedimientos de operación, pero fueron suspendidas o no puestas en operación durante los 90 minutos que transcurrieron entre el primer impacto en las torres del World Trade Center y el del Pentágono, esto si el Pentágono fue dañado por un avión, lo que viene cuestionándose muy seriamente, porque ninguna evidencia se ha hecho pública de que haya sido alcanzado por un avión y no por un misil, como algunos alegan. El gobierno ni siquiera ha dado cuenta de sus avisos y de haber hecho a un lado las muchas advertencias de agencias de inteligencia entre sus aliados en Pakistán, Rusia, Alemania, Francia, Israel. En otras palabras, las mismas circunstancias que reclaman todas estas respuestas domésticas y extranjeras por parte de la administración Bush están envueltas en el velo del secreto autoimpuesto más completo.

La violación de las provisiones constitucionales sobre la división de poderes es particularmente flagrante con respecto a los poderes reservados al Legislativo y a la prohibición constitucional contra la acción militar en asuntos civiles domésticos.

Bush también desconoció la disposición constitucional de que sólo el Congreso podía declarar la guerra, y violó la War Powers Act de 1976, que aprobó el Congreso para regular esa norma constitucional después de que fue violada tan manifiestamente en la guerra de Vietnam. La administración Bush derogó de facto la Posse Comitatus Act de 1878, que prohibía la participación militar para apoyar a la ley civil, y violó la norma general constitucional contra la acción militar en asuntos domésticos. La administración Bush ha movilizado visiblemente a las fuerzas armadas y a la Guardia Nacional en todos los aeropuertos de EU y en todo lugar y el Pentágono está diseñando planes para su intervención en incontables asuntos domésticos.

Queda para la razón establecer que las ametralladoras que totalizan la presencia militar en las áreas de pasajeros de los aeropuertos no han agregado ni una jota a la seguridad, sino que sólo sirven para aterrorizar al público y llevarlo a una ciega y pasiva aceptación de la violación de sus derechos civiles allí y en todas partes. Hasta el gobierno ha declarado repetidas veces que cualquier otro ataque terrorista en EU no será un calco del 11 de septiembre de 2001, sino que tomará diferentes formas antes las que esta presencia militar no ofrecerá defensa. Por supuesto, no fue capaz de prevenir ni siquiera ése del 11 de septiembre. El pretexto de que el país está en guerra está siendo usado como cobertura para el terror gubernamental de EU hacia sus propios en casa y afuera y el país está siendo militarizado como nunca antes, ni siquiera en tiempos de guerra.

El Pentágono está extendiendo sus acciones en los asuntos civiles norteamericanos todavía más, estableciendo una nueva oficina bajo el subsecretario de la Defensa para la Seguridad Interna (Homeland Security), que creó un comando del Norte para coordinar la respuesta militar a las amenazas domésticas. El Pentágono también tiene un nuevo subsecretario de Inteligencia, Stephen Cambone, que dice que las agencias existentes continuarán con su labor, pero que su unidad asegurará que ellas estén cumpliendo con las prioridades y necesidades de inteligencia puestas por el Pentágono, también en casa (Boston Globe, 8 de junio de 2003).

Pax americana

El Pentágono también está expandiéndose hacia lugares de ultramar y en roles previamente no imaginados. Actualmente, hay sobre 100 bases militares de EU alrededor del mundo y operaciones militares en curso en Iraq, Afganistán, el Cuerno de África, Colombia, la ex Yugoeslavia, Corea del Sur, las Filipinas, y en antiguas repúblicas de la ex URSS, tales como Georgia. Los últimos detalles, descubiertos por el Wall Street Journal el 10 de junio, incluye planes para aumentar las fuerzas de EU en Djibuti, en el Cuerno de África a través del Mar Rojo, Yemen, estableciendo bases semipermanentes “de avanzada” en Argelia, Marruecos y posiblemente en Túnez, y pequeñas estructuras en Senegal, Ghana y Mali, que puden ser usadas para intervenir en los países ricos en petróleo del África del Oeste, particularmente Nigeria. Bases similares –o como algunos las llaman “plantitas de lilas”– ya se conciben o están expandiéndose en el norte de Australia, Tailandia, Singapur, Filipinas, Kenya, Georgia, Azerbajan, a través del Asia Central, Polonia, Rumania, Bulgaria, Qatar y aun Vietnam e Iraq. Las nuevas repúblicas de la antigua Asia Central soviética y los antiguos satélites soviéticos en Europa Oriental son fuertes magnetos de atracción para la presencia militar de EU y una mirada al mapa mostrará que EU está cercando sistemáticamente a China. Todavía más, las misiones militares del Pentágono están marginando a las diplomáticas del Departamento de Estado, con oficiales militares de alto rango que tienen mayor influencia y recursos que el embajador norteamericano (Boston Globe, 8 de junio de 2003).

Así, la Associated Press informaba, el 24 de febrero, que “oficiales de EU de alto rango habían sido despachados sigilosamente en los días recientes hacia capitales de países claves en el Consejo de Seguridad a donde debían llevar advertencias a los líderes para que voten con EU sobre Iraq, a riesgo de pagar un pesado precio. Aunque esta clase de chantaje ha sido SOP en toda administración americana, la administración Bush ha llevado la amenaza y su práctica a alturas nunca vistas. En su mensaje sobre el estado de la Unión, el presidente Bush, refiriéndose a su batalla contra el terrorismo, como lo hizo John Foster Dulles durante la Guerra Fría, dijo: aquellos que no están con nosotros, están contra nosotros y pagarán un pesado precio.

“Estamos en proceso de tomar decisiones fundamentales sobre nuestra postura en el mundo, incluyendo EU”, dijo el diputado para la defensa, Paul Wolfowitz, en su reciente visita a Singapur, donde se encontró con jefes militares y ministros de defensa de todo el Este de Asia para tratar sobre los planes de EU. “Estamos enfrentando una amenaza muy diferente a lo que nadie antes enfrentó en la historia”. Pero recuerden que este es el mismo Wolfowitz de Arabia el que está hablando, el que diseñó los planes del PNAC para enfrentar “esta amenaza diferente”, como está en sus memos de 1992, 1997 y 2000.

La ley del oeste

La administración Bush también ha dejado de lado siglos de derecho internacional. Libra guerras ilegales, prohibidas por numerosos tratados internacionales y por la Carta de las Naciones Unidas. Hasta hace la guerra sin ni siquiera declararla, algo que hasta Hitler se tomó la molestia de hacer. Las fuerzas armadas de EU descaradamente violan las Convenciones de Ginebra sobre crímenes contra la humanidad, genocidio, armas de destrucción masiva, tales como uranio decaído, bombas racimos, bombas “Cortadoras de Margaritas”, destrucción de servicios civiles que proveen electricidad, agua y salud, y aun de las vías acuáticas internacionales, como cuando deliberadamente bloqueó el transporte marítimo por el Danubio.

La administración Bush (aunque ya lo hacían en épocas más tempranas Bush padre y el Presidente Clinton) ha ensuciado completamente los instrumentos y procedimientos de las Naciones Unidas, establecidos por EU y sus aliados después de la Segunda Guerra Mundial para preservar la paz. Bush ha tenido aun el desplante de ir a Naciones Unidas y acusarla de faltar a su deber al no darle el sello aprobatorio para su guerra contra Iraq, cuando el deber muy claro de las Naciones Unidas y especialmente de su Consejo de Seguridad es no hacer la guerra sino guardar la paz. Su gobierno y su prensa lacaya engañaron al público con la creencia de que una resolución del Consejo de Seguridad podía legalizar su guerra. El hecho es que aun con una resolución del CS, la guerra de su padre contra Iraq en 1991 fue una clara violación de los artículos 2, 27, 41, 42, 43 y 53 de la Carta de las Naciones Unidas, entre otros.

El fracaso de los Estados de la NATO aun para consultar a las UN antes de ir a la guerra con Yugoslavia, como lo hizo el presidente Clinton y la NATO, y luego este Presidente que entra en guerra con Afganistán, sin que mediara la menor provocación de su gobierno, y luego, que la guerra a Iraq en clara violación a los deseos expresos de los miembros de la ONU... sólo ilustra el total abandono de la ONU como una institución y como un instrumento para la paz. Por el contrario, después de que EU bombardeó un país hasta dejarlo en ruinas, va a las Naciones Unidas a pedir que junte los pedacitos, o en pleno idioma inglés alega para legitimizar la ocupación militar del país que acaba de destruir. Pero no es sólo esto; la violación al derecho internacional también constituye ipso facto la violación a de la ley nacional, ya que la ratificación por el Senado de un tratado internacional lo convierte también en una ley de EU. Además, también la democracia doméstica ha sido sacrificada en aras de guerras internacionales, como lo hizo la NATO en su guerra contra Yugoslavia sin que siquiera uno solo de los gobiernos de los países miembros se molestara en solicitar la autorización para proceder así a su parlamento o congreso.

En una palabra, EU ha reemplazado el derecho internacional existente por la Nueva Ley en el Oeste sobre el modelo de su propia vieja Ley del Oeste. Entonces, en el siglo XIX, las multitudes de vigilantes linchadores formadas para la ocasión se echaban a colgar a cualquiera que se les diera la gana y ahora EU está imponiendo esta “Ley” del vigilante sobre el resto del mundo y por la fuerza. Como los vigilantes compraban o aterrorizaban al sheriff o a los jueces para “legitimarse” a sí mismos, esto mismo está haciendo EU con el mundo entero y en el mundo real, aun cuando en ambas instancias esté usando los guiones de filmes de ficción spaghetti western.

Los medios

¿Qué pasa con el cuarto Estado, los medios? Son estrictamente los portavoces de la administración.

Nótese su conducta en las conferencias de prensa en la Casa Blanca, el Departamento de Estado o en el Pentágono. Todas sus preguntas se limitan a aspectos técnicos acerca de la ejecución de las políticas de la administración, que ellos aceptan a carta blanca. Nunca jamás cualquier representante de los medios planteó una pregunta que desafiara la base de la política oficial, ni siquiera de la manera más tímida. Por supuesto, no sólo lo que la prensa dice, sino también en lo que no dice, refleja la política y los comunicados de prensa de la administración. La misma selección de los medios sobre lo que es o no es “noticia”, ejemplo en las Evenings News de las 6:30 de ABC, NBC, CBS, CNN, Fox, y vergüenza sobre PPS por seguir con el justamente tan malo Jim Leherer. News Hour es un simple reflejo de lo que la Casa Blanca o el Departamento de Estado han declarado ser “noticias” para esa mañana. No importa cómo se haya estremecido el mundo con un suceso; si no estremeció al montador de tuberías, no vale la pena mencionarlo en los medios, pero cualquier cosa que la Casa Blanca o el Departamento de Estado declare es noticia, es noticia.

Sus piezas en la prensa son algo mejores. En una encuesta de editores populares en el Washington Post, de hace unos cuatro meses, Russell Mokhiber y Robert Weissman encontraron el doble de columnas a favor de la guerra de las que estaban en contra y, en febrero de 2003, la cuenta era de 23 a favor y de 10 en contra, mientras el mismo Washington Post produjo 9 editoriales propios en apoyo a la guerra. Esto era con respecto a una guerra que tiene la más alta oposición popular, como nunca antes.

Los shows de conversaciones en TV y radio están todavía más dominados por los defensores de las políticas de la administración. No importa que ésta cocine, muela, masajee o simplemente invente las noticias, o si finalmente se aparece con respecto a las armas de destrucción masiva inexistentes, que fueron la razón alegada para ir a la guerra contra Iraq

La patria de los valientes desde 1984 a 2003

George Orwell debería haber visto hoy sus horrendas predicciones del Big Brother para 1984 como una benigna Alicia en una encantadora versión de la Animal Farm (La Granja de los Animales) para el País de las Maravillas, si se compara la realidad de 2003 de Bush y Ashcroft, de doble pensamiento y new-speak , en donde, sin embargo, algunos ya no serán más iguales a otros, sea afuera o en casa, pero en donde realmente todavía la guerra es paz, y es cierto, el presidente dijo eso.

(*) Andre Gunder Frank es uno de los principales economistas políticos del mundo. Actualmente es Senior Fellow en el World History Center, Northeastern University. Copyright André Gunder Frank 2003. Traducción de F. García para Globalización, Revista Web.